María Teresa Rodríguez Sánchez

Expediente 329/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
329/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
30/07/2021

Partes del expediente

  • María Teresa Rodríguez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda que dio origen al presente expediente, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. IDENTIFICACIÓN DE PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por ..... contra actos del Juez Primero de lo Civil de esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales; personalidad que acredita con el documento que anexó a su demanda. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 329/2021-I-A DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. A efecto de acordar lo que en derecho corresponda, se procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda relativa, de la que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones V, ambos de la Ley de Amparo. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XXlll y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Bien, conforme con lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para determinar la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, es menester que las violaciones que se impugnen afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para que un acto pueda ser considerado como de imposible reparación sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, al lesionar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Ahora, del libelo constitucional se advierte que en la especie la quejosa reclama la determinación de veintitrés de junio del año en curso, dictada en el expediente 288/2020, que promovió en contra del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima y otra, por prescripción del crédito hipotecario aperturado en la citada institución bancaria, interlocutoria que resolvió el recurso de revocación que instó contra el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veinte, pues aduce es contraria a sus intereses, ya que en ésta el juez indebidamente determinó que en el juicio de origen se actualizaba la figura del litisconsorcio pasivo necesario respecto de la diversa personal moral FEREZCO, I.S de R.L. de C.V., toda vez que la institución crediticia Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, señaló que el crédito del que deriva la hipoteca materia de la solicitud de prescripción, había sido cedido a la primera de las señaladas, lo que alega le causa agravio, toda vez que el Juez natural involucra a la citada persona moral y que a su parecer no tiene facultades para atender sus reclamos, con lo que se conculca sus garantías contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que el acto reclamado, no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión, puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es así, dado que el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra. Así, se considera que la resolución reclamada que declaró firme el auto que determinó que se actualizaba el litisconsorcio pasivo, no constituye un acto que sea de imposible reparación, dado que no se emitió pronunciamiento que haya causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, pues sólo ocasiona que se integre a la relación jurídica procesal la parte involucrada y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen y, en caso contrario, aún puede remediarse a través del juicio de amparo que en su caso se promueva en contra de la sentencia que ponga fin al mismo. Lo anterior, además, si se tiene en cuenta que en el juicio de origen se encuentra en trámite, pues así se advierte de la lectura de la demanda. En consecuencia, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, ni adjetivos de imposible reparación, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, se concluye que, por lo que hace al acto reclamado relativo a la interlocutoria de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación y con el que declaró la firmeza de lo determinado el treinta de noviembre de dos mil veinte, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, a contrario sensu, lo que procede desechar de plano la presente demanda de garantías de que se trata, con apoyo en el invocado numeral 113, de la ley de la materia. AUTORIZADOS Y DOMICILIO. En otro contexto, con fundamento en los artículos 12 y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como autorizados y domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los que señala en su escrito inicial de demanda. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Y DATOS DE CONTACTO. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

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