María Teresa García Santiago

Expediente 104/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
104/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • María Teresa García Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Cumplido el plazo de conservación y cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Toda vez que se encuentra un documento que anexó la parte quejosa al presente asunto como prueba documental, se le previene para que lo recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega del mismo, apercibido que de no hacerlo en el plazo indicado, el citado documento correrá la misma suerte que este expediente. Notifíquese y personalmente.

  2. Principal

    IDENTIFICACIÓN PROMOVENTE Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por ...apoderado legal de ...personalidad que se le tiene reconocida en términos del artículo 11 de la Ley de amparo, al tenor de la documental que acompaña, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, por trasgresión que estima del artículo 17 Constitucional; en consecuencia, regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 104/2021. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo que se recibe, de la que se advierte que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo. En los artículos 113, 61, fracción XXlll y 217, todos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Conforme con lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para determinar la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, es menester que las violaciones que se impugnen afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para que un acto pueda ser considerado como de imposible reparación sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, al lesionar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En el particular, el quejoso en su demanda de amparo señaló como acto reclamado la omisión por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, de llevar a cabo todos y cada uno de los actos válidos y eficaces para dictar el auto de cierre de instrucción del juicio, ello no obstante que han transcurrido poco más de noventa días, de no existir prueba pendiente por desahogar y haber puesto los autos a la vista de las partes para alegar. De lo expuesto, se advierte que la omisión reclamada por el quejoso no constituye un acto de imposible reparación y, por ende, no es reclamable en vía de amparo indirecto. Es así, dado que si bien en el artículo 17 constitucional se previene que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la omisión de que se duele no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, ya que se originó dentro del procedimiento seguido ante el Tribunal competente, en la especie, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, y no fuera de él, de tal suerte que es la propia autoridad que debe resolver sobre el cierre de instrucción respectivo, cuya actuación debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento relativo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, libro 30, tomo II, mayo de dos mil dieciséis, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Máxime que de lo expuesto en su demanda no se advierte que exista una abierta dilación en el procedimiento, toda vez que de la fecha en que señala que se desahogó la última prueba ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, (trece de noviembre de dos mil veinte), a la data de la presentación de la demanda (cinco de marzo de dos mil veintiuno), no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió acordarse el cierre de instrucción. Ello, porque debe tenerse en cuenta que el citado Tribunal tuvo su periodo vacacional del diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, reincorporando actividades a partir del cuatro de enero de dos mil veintiuno, pero bajo el esquema de suspensión de plazos y términos procesales vigente del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. De igual forma, a partir del veintidós de enero de dos mil veintiuno, suspendió funciones de conformidad con el Acuerdo por el que se determina la suspensión total de actividades jurisdiccionales del veinticinco al veintinueve de enero del año en curso. También fueron suspendidas las actividades del dos al nueve de febrero de dos mil veintiuno. Finalmente, el doce de febrero de dos mil veintiuno, dicha autoridad estimó necesario continuar con la suspensión de términos y plazos procesales del quince al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, fecha a partir de la cual corrieron nuevamente todos los términos y plazos legales. Lo anterior, en términos del oficio 64/2021 de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, remitido a este órgano jurisdiccional por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el que se tiene como un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral segundo, por lo que esos periodos no son susceptibles de ser computados a efecto de aseverar que existe una dilación excesiva, conforme con lo previsto en el diverso numeral 734 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, si conforme a lo establecido en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajol al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá a declarar cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo. Proyecto de laudo que se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta para que dentro de los cinco días hábiles siguientes soliciten, en su caso, la práctica de diligencias. En el caso negativo el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Luego, si el quejoso refiere que el trece de noviembre de dos mil veinte, se desahogó la prueba confesional a su cargo, sin que hubiere pendiente desahogo de pruebas, por lo que la autoridad puso los autos a la vista de ambas partes para alegar de buena prueba, plazo que feneció el diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Posteriormente, debieron transcurrir tres días con la certificación del secretario de que no había pruebas pendientes de desahogo, los cuales se computaron del veintitrés al veinticinco del citado mes y año, data en la que se debió cerrar la instrucción, a efecto de proceder a la elaboración del proyecto de laudo. De manera que del veinticinco de noviembre de dos mil veinte, a la fecha de presentación de la demanda -cinco de marzo de dos mil veintiuno-, transcurrieron treinta y cinco días, descontando los periodos de suspensión de plazos y términos indicados en el oficio 64/2021, antes indicado. De tal suerte que, en el caso, no se evidencia una abierta demora en la emisión del acuerdo de cierre de instrucción, cuya omisión reclama el promovente. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, tomo II, marzo de 2019, página 1643, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos,laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En esa tesitura, es inconcuso que la presente instancia constitucional resulta improcedente, al no revestir el acto reclamado la naturaleza de irreparable, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues su afectación es adjetiva y no directa a los derechos sustantivos que tutela la Ley Suprema, como son la libertad, integridad física, posesiones o derechos para que sea procedente el juicio biinstancial; por ende, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de que se trata, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda, y como lo solicita, sus autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a Carlos Alejandro Bustos Ruiz, Romina Verónica Castillo y Saúl Ruiz Calixto. Sin que sea el caso tener como autorizado para tal efecto a Maximiano Castillo Balleza, en virtud de que éste tiene reconocida la personalidad de apoderado legal de la directa quejosa dentro de los presentes autos. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que, de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

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