María Teresa Menéndez Sala
Expediente 117/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 117/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/03/2019
Partes del expediente
- María Teresa Menéndez Sala
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente dos documentos originales aportados por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones relativas en la carátula del expediente. Además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo del artículo vigésimo primero. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, deberá llevarse a cabo la digitalización de la demanda y la sentencia respectiva, así como de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio y anexo suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante el cual remite las constancias de notificación a las partes del laudo emitido en el juicio 1295/2016 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante la secretaria Ileana Hernández Castañeda, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. I. Informe justificado Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio de los cuales rinde su informe justificado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad rindiendo el informe indicado. II. Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en vigor, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del laudo emitido en el expediente 1295/2016 de su índice y de su notificación a las partes. III. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 1295/2019 de su índice, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2ª/J 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente. ESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.. Así, la cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido los criterios siguientes. ... En ese contexto, se tiene que la parte quejosa reclamó la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 1295/2019 de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla; sin embargo, de las constancias enviadas por la propia autoridad responsable mediante oficio 595/2019/AI, de diecinueve de febrero del año en curso, se advierte que dictó el laudo correspondiente, tal como se aprecia de la siguiente reproducción: (.) Como se advierte de lo anterior, el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dictó el laudo en el juicio laboral 1295/2016 de su índice; en consecuencia, dado que ha cesado la omisión de dictar el laudo dentro del juicio de origen, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Asimismo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el laudo de veinticinco de enero de dos mil diecinueve fue notificado a las partes el diecinueve de febrero siguiente, tal como se desprende de la siguiente reproducción. Por lo tanto, se considera que con motivo de la emisión del laudo de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, notificado a las partes el diecinueve de febrero posterior, se actualiza la causa de improcedencia invocada. En ese orden de ideas, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. ... IV. Terceros interesados Por otra parte, si bien en proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se reservó acordar lo relativo al reconocimiento de terceros interesados hasta en tanto la autoridad responsable remitiera las constancias que le fueron requeridas en dicho auto y toda vez que ello ya aconteció; no ha lugar a tener como terceros a los señalados en la demanda de amparo, en virtud del sentido de este proveído. VI. Se deja sin efectos audiencia constitucional Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
I. Admisión de la demanda de amparo Vista la demanda de amparo, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 117/2019-V; asimismo, se advierten los siguientes datos. A. Parte quejosa. *** B. Terceros interesados: *** C. Autoridad responsable: Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla D. Acto reclamado: La omisión de dictar laudo en el expediente laboral 1295/2016, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de Puebla, Puebla. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 35, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. II. Informe justificado Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal, en el que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. III. Se solicitan constancias Se precisa que en el plazo señalado deberá acompañar la totalidad de las constancias que justifiquen el acto reclamado, anexando copias certificadas legibles, completas y ordenadas del expediente. IV. Apercibimiento Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ella se reclame, cuando así corresponda, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. V. Información sobre causas de improcedencia Se solicita a la autoridad responsable a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informe, apercibida que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. VI. Información sobre otros juicios de amparo Por otro lado, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación indique si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañe las constancias respectivas. VII. Audiencia constitucional Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. VIII. Incidente de suspensión No se tramita el incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa y a criterio de quien aquí resuelve no procede tramitarlo de oficio, ya que el acto reclamado no encuadra en los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. IX. Intervención del Ministerio Público Adscrito Dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención legal que le corresponde. X. Terceros interesados En el artículo 5, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo se establece que tienen el carácter de tercero interesado: la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario. En cuanto al señalamiento de la parte quejosa en el sentido de que le asiste el carácter de tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Principal Afore, sociedad anónima de capital variable, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto se remitan las constancias solicitadas en párrafos precedentes. XI. Pruebas De conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por ofrecidas las documentales públicas ofrecidas por la parte quejosa consistentes comprobante de pago de quince de diciembre de dos mil dieciocho y recibo de luz a nombre de **, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con ellas en la audiencia constitucional. XII. Domicilio Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. XIII. Se habilitan días y horas inhábiles Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. XIV. Digitalización Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. XV. Transparencia Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. XVI. Información reservada En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". XVII. Documentación confidencial Por otro lado, se informa a la autoridad responsable que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. XVIII. Obligación de recibir oficios Se informa a la autoridad responsable que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. XIX. Existencia de las autoridades responsables con la denominación indicada En caso de que la autoridad señalada como responsable, con la denominación que se indica en la demanda no exista, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que precisa las obligaciones del quejoso, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de la autoridad responsable), sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes y no se les dirigirá comunicación procesal alguna; y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables, lo anterior tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notifíquese.
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