María Teresa Guadalupe Montiel Lima
Expediente 1374/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1374/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2021
Partes del expediente
- María Teresa Guadalupe Montiel Lima
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. TCC. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, remite los autos originales del juicio de amparo y testimonio de la ejecutoria pronunciada el quince de abril de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 200/2019 de su índice, y en cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: PRIMERO. Se declara infundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma la resolución recurrida dictada el ocho de julio de dos mil diecinueve por el Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 1374/2019. TERCERO. Se desecha la demanda de amparo promovida por ..., en contra del acto que reclamo del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, consistente en la omisión por parte de dicha autoridad a dar trámite a la demanda de amparo directo presentada el tres de junio de dos mil diecinueve, que promovió en contra del auto de veintiséis de abril del mismo año, que desecho la demanda de procedimiento familiar para designación de tutor legitimo ... Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), glósense las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes. Acúsese de recibo del expediente original del juicio de amparo y del testimonio. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrúyase: el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General citado, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: [.] d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 151 del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. No existen en autos documentos originales. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de cuenta de ***, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído del ocho de julio de la presente anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido de ser cierto que este Juzgado de Distrito dictó el acuerdo recurrido. Ahora, tomando en consideración que el auto recurrido lo constituye la determinación que desechó la demanda, se estima innecesario otorgar plazo a la parte quejosa para que señale las constancias que en copia certificada deban remitirse para resolver el recurso de queja. En ese sentido, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, el escrito de agravios original, así como el expediente en que se actúa. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copia de la papeleta de turno, de la demanda de amparo, del auto de ocho de julio de dos mil diecinueve, del escrito de agravios, así como el auto que al efecto se emite.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de julio de dos mil diecinueve. Diferimiento. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la audiencia constitucional está programada para este día; sin embargo, en esta fecha se ordena emplazar a una autoridad responsable de la ampliación. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional. Se fijan para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Emplazamiento. El quejoso amplió la demanda de amparo el veintidós de mayo de dos mil diecinueve y señaló como autoridad responsable, entre otras, al Policía Vial Miguel Ángel Rodríguez Orea, adscrito a la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. En auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve se admitió a trámite la ampliación; sin embargo, no se giró oficio a esa autoridad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 28, 117 y 124 de la Ley de Amparo se ordena emplazar como autoridad responsable al Policía Vial Miguel Ángel Rodríguez Orea, adscrito a la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; corriéndole traslado con la ampliación de la demanda y su admisión. Se requiere a la autoridad responsable para que, dentro del plazo de quince días, rinda su informe justificado ante este Juzgado Federal; en el que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso que de no rendir su informe o no anexar las constancias en que lo apoye, legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entreselladas, además de presumirse cierto el acto que de ella se reclame, cuando así corresponda, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Información sobre causas de improcedencia. Se solicita a la(s) autoridad(es) responsable(s) a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informe(n), apercibida(s) que en caso de no hacerlo se le(s) impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Información sobre otros juicios de amparo. Por otro lado, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que al rendir su informe con justificación indique(n) si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañe(n) las constancias respectivas. Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá(n) enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida(s) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Vista al quejoso para el caso de que la(s) autoridad(es) responsable(s) no exista(n) con la denominación indicada. En caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que se indica en la demanda no existan, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que precisa las obligaciones del quejoso, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de la autoridad responsable), sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes y no se les dirigirá comunicación procesal alguna; y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables, lo anterior tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Obligación de recibir oficios. Se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está(n) obligada(s) a recibir los oficios que en relación con este juicio se le(s) dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la(s) autoridad(es), el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es), en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá(n) por hecha(s); además de que se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Requerimiento al Ayuntamiento. Finalmente, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere al Ayuntamiento del Municipio de Puebla para que, en el plazo de tres días, remita copia certificada del Tabulador de Infracciones y Sanciones vigente en dos mil diecinueve, previsto en el artículo 354 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia P./J. 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 108, cuyo texto es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Se apercibe a la autoridad requerida que, de no cumplir lo ordenado, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Miguel Ángel González Anaya, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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