María Teresa Espinosa Damian
Expediente 926/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 926/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/07/2023
Partes del expediente
- María Teresa Espinosa Damian
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de julio de dos mil veintitrés. RAZÓN ACTUARIAL En otro orden, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario judicial para notificar el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés a la parte quejosa, por los motivos que expone. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO Toda vez que en el acuerdo de veintiuno de junio del año en curso, se le apercibió a la parte quejosa, que en caso de que el domicilio señalado en su escrito de demanda, fuere impreciso o inexistente y no se le pudiese localizar en él, se le harían las notificaciones, incluso las personales, por medio de lista. SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el auto de veintinueve de junio del año en curso, así como los subsecuentes, por medio de la lista que se fija en un lugar visible de este órgano jurisdiccional, hasta que señale diverso domicilio para tal fin. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Eduardo López Reyes, secretario que autoriza y da fe.Mfsm Toluca, Estado de México; veintinueve de junio de dos mil veintitrés. ESCRITO DE DESAHOGO DE PREVENCIÓN Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención realizada en acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en consecuencia, se realiza pronunciamiento respecto a su escrito de demanda. De la lectura íntegra del escrito de demanda y anexos, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado y autoridad responsable los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE Departamento de Pensiones y Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Toluca, Estado de México. ACTO RECLAMADO El oficio DPSH/AMGG/3067/2023 emitido en cumplimiento a la sentencia de diez de mayo de dos mil veintitrés y resolución de queja de diez de marzo de dos mil veintitrés, pronunciadas en el Juicio de Nulidad número 58/22-29-01-4, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. DESECHAMIENTO Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por tanto, después de analizar la demanda de amparo en su integridad, este órgano de control constitucional advierte que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos preceptos legales 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.] Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Al respecto, debe puntualizarse que la fracción XXIII del artículo 61, de la invocada Ley de Amparo, contempla la posibilidad de actualizarse alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, mismas que pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica y de la Jurisprudencia. Lo anterior implica que los supuestos legales establecidos en las primeras veintidós fracciones del numeral 61 de la ley de la materia, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, pues existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, derivada de otra disposición de Ley de Amparo, de la Constitución General de la República o de la Jurisprudencia. Para lo cual, del escrito de demanda y desahogo se aprecia que la parte quejosa reclama el oficio DPSH/AMGG/3067/2023 emitido en cumplimiento a la sentencia de diez de mayo de dos mil veintitrés y resolución de queja de diez de marzo de dos mil veintitrés, pronunciadas en el Juicio de Nulidad número 58/22-29-01-4, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora bien, en principio, si bien es cierto que la autoridad señalada como responsable es ente público, también lo es que en el contexto del asunto sometido a la consideración de este juzgado, exclusivamente para efectos del sumario constitucional, aquélla no ejecuta el acto que se le reclama como autoridad, es decir, en un plano de supra a subordinación, sino dentro de una relación jurídica de coordinación. Se afirma lo anterior, dado que la autoridad responsable, derivado de sus facultades legales, actúa en un doble carácter: a) Como ente público autónomo cuando actúa en un plano de supra a subordinación en relación con la función o actividades que le confiere la ley, frente a la ciudadanía en general; y, b) Como ente privado, cuando lo hace en un plano de igualdad, dentro de una relación jurídica de coordinación (en el caso, al actuar como parte dentro de un proceso legal). En esa tesitura, el acto reclamado, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que tiene su origen en una relación jurídica entre la parte quejosa (como parte actora) y el Departamento de Pensiones y Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Toluca, Estado de México (demandado) y, por tanto, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de un juicio entablado entre particulares. En ese sentido, el Departamento de Pensiones y Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Toluca, Estado de México, señalado como responsable, no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, exclusivamente en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 79/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2007066, es visible en la página 699, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor. En las condiciones expuestas, esta juzgadora sostiene que la acción constitucional promovida es improcedente, pues la responsable referida, no está investida de las facultades que caracterizan a las autoridades, ello en atención a que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso demandó del Departamento de Pensiones y Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Toluca, Estado de México la nulidad de la resolución negativa ficta en que incurrió la encargada de la Subdelegación de Prestaciones económicas de esa institución, el cual se radicó ante la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien la radicó con el número 58/22-29-01-4, y seguido en sus etapas procesales declaró la nulidad de dicha resolución, para el efecto de que esa autoridad emitiera una resolución en la que realizara los cálculos de los incrementos a la cuota del ahora quejoso, conforme el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, en virtud de que el actor había adquirido el carácter de pensionista a partir del dieciséis de enero de mil novecientos noventa y cinco. En ese sentido, debe entenderse que el Departamento de Pensiones y Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Toluca, Estado de México, es contraparte del aquí quejoso, de ahí que no pueda tener el carácter de responsable, en virtud de que actúa en una relación de coordinación respecto del quejoso y no de supra a subordinación. Actuar de otra manera, implicaría que este Juzgado de Distrito se substituyera en las funciones de la autoridad jurisdiccional a quien compete lograr ese cumplimiento. Se sostiene tal aserto, porque en el Juicio de Nulidad número 58/22-29-01-4, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Departamento de Pensiones y Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Toluca, Estado de México (demandado) mantiene una relación de igualdad con el quejoso (actor), no de supra a subordinación, pues, tal como si fuese un ente privado, en contra de ese ente público se puede y se debe substanciar hasta su culminación la ejecución forzosa de la resolución reclamada dictada en favor del peticionario, lo cual evidencia que, en tal procedimiento, dicho departamento, no actúa con el carácter de autoridad; por el contrario, se asemeja a un particular en contra del cual se dictó una ejecutoria que declara nula una resolución que debe cumplir, de forma obligatoria. Resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, consultable en la página 1089, del Tomo: XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, de la misma ley, en razón de que el Departamento de Pensiones y Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Toluca, Estado de México, (parte demandada en el Juicio de Nulidad número 58/22-29-01-4, del índice de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa), señalado como responsable en el presente juicio de garantías, no tienen el carácter de autoridad para efectos del amparo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe. Jueza de Distrito. La Secretaria. Mfsm
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta de junio de dos mil veintitrés. RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese a los autos la razón actuarial de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario para realizar la diligencia de notificación a la parte quejosa. Sin realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de veintinueve de junio del año en curso, se tuvo a la parte quejosa desahogando el requerimiento realizado en autos y se desechó la demanda planteada. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Eduardo López Reyes, secretario que autoriza y da fe. Jueza de Distrito. El Secretario. Mfsm
- Principal
Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual, remite testimonio de la resolución de veintidós de junio de dos mil veintitrés, emitida en autos del recurso de revisión 48/2023, en la que se resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee respecto del acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el apartado IV del Considerando quinto de esta resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a J. Guadalupe Martínez Luna, respecto de los actos reclamados precisados en la parte final de esta resolución." Atento a lo anterior, este Órgano de Control Constitucional toma conocimiento de lo resuelto por la Superioridad, para los efectos legales conducentes; acúsese de recibo y háganse las anotaciones respectivas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiuno de junio de dos mil veintitrés.****************************************Visto lo de cuenta, y en atención a que la parte quejosa realizó manifestación sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. ********************Por sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veintidós (fojas 152 a 167), este Juzgado de Distrito negó el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, ******************** y ********************.********************Inconformes con dicha determinación, los quejosos interpusieron recurso de revisión por conducto de su autorizada (fojas 175 a 192); medio de impugnación que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien lo radicó con el número ********************, en el que por resolución de veintisiete de abril de dos mil veintitrés (fojas 209 a 220), determinó:********************"PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.********************SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** y ********************, ambos de apellidos ******************** y ********************, contra el acto y autoridad señalados en esta ejecutoria, y para los efectos precisados en el considerando QUINTO, apartado IV." ****************************************De la parte considerativa de la ejecutoria de amparo se advierte que los efectos de la protección constitucional son:********************".que la Juez de Control Especializada en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en el Estado de México, realice lo siguiente:********************Deje insubsistente la resolución de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en la carpeta administrativa ******************** y, en su lugar, emita una nueva en la que realice lo siguiente:********************Reitere los aspectos que no son materia de la concesión de amparo; esto es, lo relativo a la acreditación de los requisitos para la emisión de la orden de aprehensión por el delito de homicidio en grado de tentativa, empero, al efectuar el estudio tendente a la acreditación de las calificativas, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, concluya que no está demostrada la relativa a la premeditación y resuelva lo que conforme a derecho proceda."****************************************En atención a lo anterior, mediante proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento de la sentencia a la autoridad responsable (fojas 221 y 222).****************************************Por oficio 2613/2023, recibido en este Juzgado Federal el nueve de junio de dos mil veintitrés, la Jueza de Control Especializada en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México, remitió el diverso 2112/2023, dirigido a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través del cual le informó que dejó insubsistente la orden de aprehensión librada en contra de ********************, ******************** y ********************, en la carpeta administrativa ********************; asimismo, remitió copia autorizada de la nueva resolución de ocho de junio de dos mil veintitrés, dictada en cumplimiento a la ejecutoria amparante, así como del proveído de dieciocho de mayo del año en curso (fojas 246 a 270).********************Con dichas constancias se dio vista a las partes en proveído de doce de junio de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera (foja 271).********************En ese tenor, del examen de las documentales que remitió la autoridad responsable, las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable Jueza de Control Especializada en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en el Estado de México, llevó a cabo las siguientes actuaciones:****************************************Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dejó sin efectos la orden de aprehensión de uno de agosto de dos mil veintidós, dictada en la carpeta administrativa ********************, en contra de los aquí quejosos.**************************************** El ocho de junio de dos mil veintitrés emitió nueva resolución en la que reiteró los aspectos que no fueron materia de la concesión de amparo; esto es, lo relativo a la acreditación de los requisitos para la emisión de la orden de aprehensión por el delito de homicidio en grado de tentativa, y al efectuar el estudio tendente a la acreditación de las calificativas, determinó que la relativa a la premeditación no estaba demostrada y que la diversa de ventaja si se acreditó, por lo que resolvió:****************************************"Se ordena la búsqueda, localización y aprehensión de ******************** ********************, ******************** Y ******************** ********************, al ser probable que hayan intervenido en el hecho delictuoso de HOMICIDIO CALIFICADO POR HABERSE COMETIDO CON VENTAJA EN GRADO DE TENTATIVA, ilícito previsto por el artículo 241 y sancionado por el artículo 242 fracción II y 245 fracción II en relación a los diversos 6, 7, 8 fracción I, III, 10, 11 fracción I inciso d) y 59 todos del Código Penal Vigente en el Estado de México, en agravio de la víctima DONACIANO MEJÍA TÉLLEZ".****************************************En consecuencia, se desprende que se atendieron los efectos del fallo protector, por lo que se restituyó a los quejosos en el pleno goce de los derechos fundamentales violados; por lo que, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo.********************Ahora bien, los quejosos manifiestan por conducto de su autorizada, que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida en razón a que respecto al segundo de los efectos para los cuales el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no se encuentra colmado ya que la juez responsable es omisa en precisar en la orden de captura que el hecho delictuoso analizado no trae aparejada la prisión preventiva oficiosa.********************No asiste razón a los quejosos.********************Lo anterior, ya que si bien es cierto el Tribunal de Alzada refirió en la ejecutoria que no era exacto el argumento relativo a que el delito en estudio ameritaba prisión preventiva oficiosa, pues la descripción típica de homicidio calificado en grado de tentativa no está prevista expresamente en los artículos 19 de la Constitución Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para efectos de extender la imposición de dicha medida cautelar oficiosa; esa cuestión no fue materia de la concesión del amparo, ya que determinó que en la nueva resolución, la autoridad responsable reiterara los aspectos que no fueron materia de la concesión de amparo; esto es, lo relativo a la acreditación de los requisitos para la emisión de la orden de aprehensión por el delito de homicidio en grado de tentativa (entre los cuales está la necesidad de cautela), y que al efectuar el estudio tendente a la acreditación de las calificativas, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, concluyera que no estaba demostrada la relativa a la premeditación y resolviera lo que conforme a derecho procediera; lo que así hizo la autoridad responsable.********************ARCHIVO DEL EXPEDIENTE********************Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente juicio como asunto concluido.****************************************En ese orden, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es conservable ya que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; motivo por el que, en términos de lo dispuesto en el artículo 9 de Acuerdo invocado, una vez que transcurran tres años a partir de este acuerdo, remítase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.****************************************DESTINO DEL EXPEDIENTE ORIGINAL DEL INCIDENTE********************Ahora bien, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), de dicho Acuerdo General, el original del incidente de suspensión también es conservable, toda vez que se concedió la suspensión definitiva.****************************************Dado que el destino de dicho cuaderno es el mismo que el del expediente principal, glósese a éste último.****************************************DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE********************Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, en términos del artículo 19, fracción II, inciso a).****************************************RELEVANCIA DOCUMENTAL********************De conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente asunto carece de relevancia documental.****************************************ARCHIVO FÍSICO********************Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. ****************************************Notifíquese como legalmente corresponda.
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