María Teresa de Jesús Barrera Tapia

Expediente 1304/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1304/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2021

Partes del expediente

  • María Teresa de Jesús Barrera Tapia

Actuaciones

  1. Principal

    L Toluca, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 4, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    L Toluca, Estado de México, trece de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda que promueve *******, por propio derecho. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1304/2021-VI. DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia tal y como se indica a continuación. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El numeral reproducido en primer término prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Mientras que el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es decir, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión de informarle el estado procesal del expediente 779/2021, que le fue remitido por el Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México. Acto reclamado que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trascienden en el interior o trámite del juicio laboral que se tramita ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; de ahí que contra tales violaciones resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Para evidenciarlo, conviene destacar lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal del País, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se inconforma exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violación al artículo 8o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ahora, es importante señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al respecto en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la que sostuvo medularmente que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Criterio anterior que dio origen a la diversa 2a./J. 33/2019 (10a.), donde la citada Sala del máximo Tribunal estimó que resultaría difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecer de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, por lo que debía complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determinara que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procedía cuando transcurrieran más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, lo anterior, si se tomaba en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. La citada jurisprudencia fue aprobada, en sesión privada del treinta de enero de dos mil diecinueve, y publicada el viernes uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Décima Época, número de registro 2019400, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador". Cabe precisar que si bien dicho criterio analiza el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que la ley burocrática aplicable al caso concreto, a saber, el artículo 204 A de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establece que transcurridos ciento veinte días contados a partir de la notificación de la última determinación del Tribunal o la Sala, se declarará la caducidad de instancia si no hubiere promoción que tienda a impulsar el procedimiento por la parte actora. Ahora bien, la quejosa manifiesta que el cinco, diez y diecisiete de noviembre, así como el dos de diciembre pasado, se presentó ante la autoridad responsable para solicitar informes del expediente 779/2021; sin embargo, en el apartado de antecedentes, también refiere que el dieciséis de noviembre del año en curso, el Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, con residencia en Xonacatlán, Estado de México, determinó carecer de competencia para conocer de dicho asunto, y mediante oficio remitió dichos autos al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para que se avocara a su conocimiento. Luego, el plazo de ciento veinte días naturales que se menciona en 204 A de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en su caso, transcurrirá del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno al dieciséis de marzo de dos mil veintidós, por lo que a la fecha no es dable afirmar que exista una abierta demora del procedimiento o su paralización total. Lo anterior, pone de relieve que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -nueve de diciembre de dos mil veintiuno-, no han transcurrido más de ciento veinte días naturales que establece el artículo 204 A de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. En consecuencia, en el presente asunto se actualiza la referida regla general consistente en que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza (actos omisivos), es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; máxime que del contenido de la demanda no se aprecia que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia al principio invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por María Teresa de Jesús Barrera Tapia. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se le tiene las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional para que la quejosa oiga y reciba notificaciones, aun las de carácter personal, por así solicitarlo expresamente. AUTORIZADOS En relación con los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS Se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesales), el correo electrónico proporcionado. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos de la circular SECNO/10/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese como legalmente corresponda.

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