María Teresa Colorado Ramos
Expediente 1018/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1018/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Teresa Colorado Ramos
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha y tomando en consideración que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la promovente María Teresa Colorado Ramos, hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de diez de noviembre del año en curso, por el cual se desechó la demanda de derechos fundamentales con la que se formó este expediente. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. Por consiguiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el siete de diciembre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa y anexo. Atento a su contenido, estese a lo acordado en proveído de cuatro de noviembre del año en curso, en el que se tuvo a dicho Tribunal comunicando el auto de veintiocho de octubre pasado, emitido en el expediente 588/2007-IV de su índice, en el que se señalaron las once horas del siete del presente mes y año, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago al Municipio demandado. En ese tenor, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial Del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del día siguiente al que quede debidamente notificado de este proveído, remita copia certificada, legible, completa y ordenada de las constancias relativas a la diligencia de requerimiento de pago del numerario adeudado a Felipa Chávez Fabián, en su carácter de beneficiaria de Inocente Chávez Fabián, actor en el juicio laboral 588/2007 de su índice, de siete de noviembre del presente año, o bien informe el impedimento legal que tenga para ello. Apercibido que de no cumplir con lo solicitado o no informar el impedimento para ello, se le impondrá al omiso multa de cien unidades de medida y su actualización, de conformidad con los preceptos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, la cual hoy equivale a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional); misma que se actualizará al momento de realizarse la conducta sancionada. Notifíquese, por oficio a la referida autoridad responsable y por lista a las demás partes.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 10/11/2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C... Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por María Teresa Colorado Ramos, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1018/2022-2 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). De lo anterior, se evidencia que si bien se refiere a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en la sentencia, también lo es que resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, de la cual se advierte que el promovente expuso hechos o antecedentes, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, de acuerdo al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2007, Tomo XXVI, página 2613, con número de registro 171389, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." (Lo destacado es propio). En este sentido, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la promovente reclama al Juez Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, la resolución de fecha once de octubre de dos mil veintidós, dictada en los autos del expediente 798/2022/VII, formado con motivo de las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por Roberto Martín Hidalgo Martínez y Susana Ruiz Vela, en contra de la aquí quejosa. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda, al advertirse, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, párrafo primero, de la ley invocada, pues la quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, al presentar la demanda de amparo de manera extemporánea. En efecto, el precepto legal antes citado prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." A su vez, los artículos 17, párrafo primero, y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame o tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, por lo que el cómputo de dicho término depende, básicamente, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado y de su naturaleza; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis, a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama y, con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos y, por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación, sino más bien una serie de datos que se obtengan, ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Las anteriores reglas operan siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: Se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda será de treinta días; Se controvierta la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años; Los actos tengan o puedan privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el cual el plazo será de siete años; o, Cuando el acto implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda se podrá presentar en cualquier tiempo. Ahora, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Así, en la especie, se estima que se actualiza la primera de las hipótesis aludidas. Luego, para el caso planteado como acto reclamado en la demanda de amparo que se provee, se advierte que se hace consistir, esencialmente, en la resolución de once de octubre de dos mil veintidós, dictada por el siguiente Juez Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, en los autos del expediente 798/2022/VII, diligencia de jurisdicción voluntaria promovida por Roberto Martín Hidalgo Martínez y Susana Ruiz Vela, en contra de la aquí quejosa. Ahora bien, resulta relevante lo aducido bajo protesta de decir verdad por la propia promovente respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, pues del apartado señalado con el nombre de "V.- CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO", se lee lo siguiente: ". V.- CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.- De dicha resolución tuve conocimiento el día doce del mes de octubre del año en curso en el que apareció publicada dicha resolución en los autos de las diligencias arriba citadas." En este sentido, respecto a las notificaciones, el Capítulo V de "Notificaciones", del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece: "ARTÍCULO 73 Las notificaciones, requerimientos, entrega de expedientes o emplazamientos, se efectuarán a más tardar al día siguiente a aquel en que se dicten las resoluciones que los prevengan, siempre que en éstas, el Juez o Tribunal no dispusieren otra cosa. A los infractores de esta disposición se les impondrá de plano una multa equivalente a un día de salario del notificador." "ARTÍCULO 74 Las notificaciones podrán ser: I.- Personales; II.- Por lista de acuerdos; III.- Por edictos; IV.- Por correo; y V.- Por telégrafo. Las diversas formas de notificación se ajustarán a las reglas que se establecen en los artículos siguientes." Los preceptos transcritos establecen la clase de notificaciones y la forma en que deben realizarse a las partes en materia civil, entre ellas, por lista de acuerdos. Por otra parte, el artículo 92 del mismo Código de Procedimientos Civiles de la entidad federativa, establece: "ARTÍCULO 92 Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que hubiere quedado hecho el emplazamiento o notificación." Dicho numeral estatuye que los términos judiciales empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que hubiera quedado hecha la notificación. En ese sentido, para que una notificación pueda considerarse legalmente hecha es necesario que esta surta sus efectos, pues, precisamente, el surtir efectos forma parte de su perfeccionamiento, por lo que cuando esto no haya sucedido no pueden legalmente computarse en los términos que la ley conceda para la interposición de los recursos. Es decir, una notificación se tiene por legalmente hecha cuando ha surtido efectos, y es a partir de entonces que el notificado está en aptitud de intentar, contra la resolución mandada notificar, los recursos o medios de defensa que la ley autorice. Por tanto, debe concluirse que conforme al transcrito numeral 92 del código procesal de la materia, la notificación surte efectos desde el momento en que se efectúa y, por ende, que los términos a que se refiere dicha codificación procesal civil deben computarse a partir del día siguiente al en que esta se realiza. Entonces, si bien la promovente manifestó que "tuvo conocimiento" del acto reclamado el doce de octubre de este año, en el que apareció publicada dicha resolución; es importante señalar que el cómputo conducente se deberá realizar tomando en cuenta la notificación, pues la propia quejosa hace referencia a la existencia de una publicación, de lo que se infiere que se trata de la lista de acuerdos a que se refiere la fracción II del artículo 74 de la ley adjetiva civil de la entidad; aunado a que se aprecia que quedó enterada en forma completa del acto reclamado, puesto que formula motivos de disenso tendentes a cuestionar las consideraciones que lo sustentan. Sobre esa base, debe considerarse que el doce de octubre del año en curso fue inhábil, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; por tanto, la notificación respectiva surtió efectos el trece de octubre siguiente y el cómputo para la presentación de la demanda de derechos fundamentales debe realizarse a partir del día siguiente hábil, esto es, en el particular, el catorce de octubre de dos mil veintidós. Así se considera, pues como ya se precisó, la notificación de la resolución reclamada se efectuó a la parte quejosa el día doce de octubre de dos mil veintidós, surtió efectos el trece siguiente y, por ende, el cómputo del plazo inició el catorce de octubre de este año y feneció el ocho de noviembre siguiente, sin incluir en él los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre del año en curso, así como los días cinco y seis de noviembre del año que transcurre, al haber sido sábados y domingos; así como tampoco los días treinta y uno de octubre, uno y dos de este mes y año, por haber sido inhábiles, ello de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Cabe precisar que, en términos de la jurisprudencia 10/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las notificaciones surten efectos en el momento en el que se practican, salvo disposición legal expresa. Dicha jurisprudencia es de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa". Bajo ese orden de ideas, si el escrito por el que se promovió el juicio de amparo fue presentado hasta el nueve de noviembre de dos mil veintidós, como se aprecia del sello impreso por personal de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es evidente que su presentación se realizó fuera del plazo de quince días que contempla el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, es claro que la parte quejosa consintió tácitamente tal acto. Consecuentemente, al actualizarse en la especie la mencionada causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, relacionada con los diversos numerales 17 y 18 del propio ordenamiento, lo procedente es desechar la demanda en estudio por ser extemporánea, con apoyo en el artículo 113 de la aludida ley de la materia. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero 2011, Tomo XXXIII, página 5, con número de registro 163172, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el señalado en el ocurso de cuenta. Se tiene como autorizado con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Gilberto Galicia Ortega y Paola Yazmín Álvarez, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho mediante el registro de su cédula en el en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe.Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por María Teresa Colorado Ramos, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1018/2022-2 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). De lo anterior, se evidencia que si bien se refiere a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en la sentencia, también lo es que resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, de la cual se advierte que el promovente expuso hechos o antecedentes, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, de acuerdo al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2007, Tomo XXVI, página 2613, con número de registro 171389, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." (Lo destacado es propio). En este sentido, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la promovente reclama al Juez Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, la resolución de fecha once de octubre de dos mil veintidós, dictada en los autos del expediente 798/2022/VII, formado con motivo de las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por Roberto Martín Hidalgo Martínez y Susana Ruiz Vela, en contra de la aquí quejosa. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda, al advertirse, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, párrafo primero, de la ley invocada, pues la quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, al presentar la demanda de amparo de manera extemporánea. En efecto, el precepto legal antes citado prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." A su vez, los artículos 17, párrafo primero, y 18 de la ley de la materia, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame o tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, por lo que el cómputo de dicho término depende, básicamente, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado y de su naturaleza; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis, a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama y, con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos y, por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación, sino más bien una serie de datos que se obtengan, ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Las anteriores reglas operan siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: Se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda será de treinta días; Se controvierta la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años; Los actos tengan o puedan privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el cual el plazo será de siete años; o, Cuando el acto implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda se podrá presentar en cualquier tiempo. Ahora, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Así, en la especie, se estima que se actualiza la primera de las hipótesis aludidas. Luego, para el caso planteado como acto reclamado en la demanda de amparo que se provee, se advierte que se hace consistir, esencialmente, en la resolución de once de octubre de dos mil veintidós, dictada por el siguiente Juez Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, en los autos del expediente 798/2022/VII, diligencia de jurisdicción voluntaria promovida por Roberto Martín Hidalgo Martínez y Susana Ruiz Vela, en contra de la aquí quejosa. Ahora bien, resulta relevante lo aducido bajo protesta de decir verdad por la propia promovente respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, pues del apartado señalado con el nombre de "V.- CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO", se lee lo siguiente: ". V.- CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.- De dicha resolución tuve conocimiento el día doce del mes de octubre del año en curso en el que apareció publicada dicha resolución en los autos de las diligencias arriba citadas." En este sentido, respecto a las notificaciones, el Capítulo V de "Notificaciones", del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece: "ARTÍCULO 73 Las notificaciones, requerimientos, entrega de expedientes o emplazamientos, se efectuarán a más tardar al día siguiente a aquel en que se dicten las resoluciones que los prevengan, siempre que en éstas, el Juez o Tribunal no dispusieren otra cosa. A los infractores de esta disposición se les impondrá de plano una multa equivalente a un día de salario del notificador." "ARTÍCULO 74 Las notificaciones podrán ser: I.- Personales; II.- Por lista de acuerdos; III.- Por edictos; IV.- Por correo; y V.- Por telégrafo. Las diversas formas de notificación se ajustarán a las reglas que se establecen en los artículos siguientes." Los preceptos transcritos establecen la clase de notificaciones y la forma en que deben realizarse a las partes en materia civil, entre ellas, por lista de acuerdos. Por otra parte, el artículo 92 del mismo Código de Procedimientos Civiles de la entidad federativa, establece: "ARTÍCULO 92 Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que hubiere quedado hecho el emplazamiento o notificación." Dicho numeral estatuye que los términos judiciales empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que hubiera quedado hecha la notificación. En ese sentido, para que una notificación pueda considerarse legalmente hecha es necesario que esta surta sus efectos, pues, precisamente, el surtir efectos forma parte de su perfeccionamiento, por lo que cuando esto no haya sucedido no pueden legalmente computarse en los términos que la ley conceda para la interposición de los recursos. Es decir, una notificación se tiene por legalmente hecha cuando ha surtido efectos, y es a partir de entonces que el notificado está en aptitud de intentar, contra la resolución mandada notificar, los recursos o medios de defensa que la ley autorice. Por tanto, debe concluirse que conforme al transcrito numeral 92 del código procesal de la materia, la notificación surte efectos desde el momento en que se efectúa y, por ende, que los términos a que se refiere dicha codificación procesal civil deben computarse a partir del día siguiente al en que esta se realiza. Entonces, si bien la promovente manifestó que "tuvo conocimiento" del acto reclamado el doce de octubre de este año, en el que apareció publicada dicha resolución; es importante señalar que el cómputo conducente se deberá realizar tomando en cuenta la notificación, pues la propia quejosa hace referencia a la existencia de una publicación, de lo que se infiere que se trata de la lista de acuerdos a que se refiere la fracción II del artículo 74 de la ley adjetiva civil de la entidad; aunado a que se aprecia que quedó enterada en forma completa del acto reclamado, puesto que formula motivos de disenso tendentes a cuestionar las consideraciones que lo sustentan. Sobre esa base, debe considerarse que el doce de octubre del año en curso fue inhábil, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; por tanto, la notificación respectiva surtió efectos el trece de octubre siguiente y el cómputo para la presentación de la demanda de derechos fundamentales debe realizarse a partir del día siguiente hábil, esto es, en el particular, el catorce de octubre de dos mil veintidós. Así se considera, pues como ya se precisó, la notificación de la resolución reclamada se efectuó a la parte quejosa el día doce de octubre de dos mil veintidós, surtió efectos el trece siguiente y, por ende, el cómputo del plazo inició el catorce de octubre de este año y feneció el ocho de noviembre siguiente, sin incluir en él los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre del año en curso, así como los días cinco y seis de noviembre del año que transcurre, al haber sido sábados y domingos; así como tampoco los días treinta y uno de octubre, uno y dos de este mes y año, por haber sido inhábiles, ello de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Cabe precisar que, en términos de la jurisprudencia 10/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las notificaciones surten efectos en el momento en el que se practican, salvo disposición legal expresa. Dicha jurisprudencia es de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa". Bajo ese orden de ideas, si el escrito por el que se promovió el juicio de amparo fue presentado hasta el nueve de noviembre de dos mil veintidós, como se aprecia del sello impreso por personal de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es evidente que su presentación se realizó fuera del plazo de quince días que contempla el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, es claro que la parte quejosa consintió tácitamente tal acto. Consecuentemente, al actualizarse en la especie la mencionada causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, relacionada con los diversos numerales 17 y 18 del propio ordenamiento, lo procedente es desechar la demanda en estudio por ser extemporánea, con apoyo en el artículo 113 de la aludida ley de la materia. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, enero 2011, Tomo XXXIII, página 5, con número de registro 163172, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el señalado en el ocurso de cuenta. Se tiene como autorizado con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Gilberto Galicia Ortega y Paola Yazmín Álvarez, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho mediante el registro de su cédula en el en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la promovente...
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