María Teresa Bautista Mora
Expediente 82/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Teresa Bautista Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Boca del Río, Veracruz, seis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, y anexo; atento a su contenido, téngasele remitiendo copia certificada de la ejecutoria pronunciada en la queja 23/2023; acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes, en su oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y comuníquese a la parte quejosa que en lo conducente, que el Tribunal Colegiado en mención, resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Es declara infundado el presente recurso de queja." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el seis de junio de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente.
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Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; atento a su contenido, téngasele comunicando la admisión del recurso de queja interpuesto por el autorizado de la parte quejosa contra el acuerdo de desechamiento dictado el tres de febrero de este año, en el presente asunto; radicándose al efecto la queja 23/2023. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe. AMH/cpg*
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Boca del Río, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el escrito signado por Héctor Ulises Orduña Hernández, autorizado de la parte quejosa en el presente asunto, un anexo y dos copias; atento a su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja contra el auto de tres de febrero del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; por consiguiente, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, remítase sin dilación alguna el escrito original de agravios al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, así como copia certificada del juicio de amparo 82/2023, para los efectos legales a que haya lugar; y ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, ya que en el referido auto, se desechó la demanda de amparo al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 113, del mismo ordenamiento. En este orden de ideas, se estima conveniente destacar que el motivo del desechamiento de la demanda fue que las autoridades municipales señaladas como responsables por la quejosa, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, no tienen dicho carácter para efectos del juicio de amparo; por lo que resulta inexacto lo expuesto por el autorizado de la quejosa en cuanto refiere que su representada se encuentra en un supuesto de excepción al principio de definitividad y, por ende, se debió haber dado trámite a su demanda. Ahora, no pasa inadvertido para este juzgador que el promovente expone en su ocurso los agravios respectivos, dirigidos a los Señores Magistrados que les corresponda el conocimiento del mismo, y expresa también manifestaciones que indica son con atención para la Señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de manera que, en todo caso, será el Tribunal Colegiado que conozca del medio de impugnación, el que determine lo conducente en cuanto a tales alegaciones. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de René Antonio Sorcia Galván, secretario con quien actúa y da fe. /cpg*
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Boca del Río, Veracruz, tres de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, al que se acompaña el escrito presentado por María Teresa Bautista Zamora y veintiún copias, se evidencia que en el juicio de amparo 898/2022-2, mediante acuerdo de dos de febrero pasado, se determinó que no era procedente la ampliación de demanda intentada por la parte quejosa, sino tramitarse como una demanda independiente, por tanto, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 82/2023-2 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por advertirse de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia. El artículo 113 de la ley de la materia impone al juzgador de amparo la obligación de revisar, ante todo, el escrito de demanda y, en el caso de que encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, a desecharla de plano. En ese sentido, del ocurso de cuenta se advierte que la promovente María Teresa Bautista Zamora señala como actos reclamados: a) La resolución a través de la cual la Presidenta Municipal del citado Ayuntamiento, ordenó la cancelación absoluta y definitiva de su salario como trabajadora del mencionado Ayuntamiento. b) La orden por la cual se le dio de baja del padrón de trabajadores del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz. c) Las consecuencias humanas, jurídicas y patrimoniales, que representó en su persona, como son el hecho, de que se deje sin alimentación, sin salario vital de subsistencia, cuando la quejosa, se encuentra gravemente enferma, siendo una persona vulnerable, que no puede allegarse ningún ingreso, de manera alguna, al tener cáncer diseminado en varias áreas de su cuerpo, en fase 3. d) La violación a los derechos humanos más substanciales como son la vida, la salud, la alimentación, la remuneración, el trabajo digno y honesto, la integridad y dignidad humana, en perjuicio de los numerales 1, 4, 5, 14, 16, 17 y demás correlacionados de la Constitución en correlación con los derechos humanos contemplados en los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, suscritos por el estado mexicano. e) La falta de notificación formal y efectiva de la resolución que por esta vía se combate, toda vez que la quejosa, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que nunca fue notificada, enterada, o de alguna manera, se le hizo saber, el contenido de la resolución o procedimiento por el cual, se determinó de manera fundada y motivada, la razón legal para dar de baja a la hoy quejosa como trabajadora del H. Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, y se determinó además cancelar su salario. Una vez precisado lo anterior, como se adelantó, debe desecharse la demanda de plano, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, dado su naturaleza de orden público. El que suscribe estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, atento que dichos actos no provienen de una autoridad para efectos del juicio de derechos fundamentales, sino que deriva de una relación eminentemente laboral (empleador-trabajador). Los preceptos legales citados, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De las disposiciones trascritas se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos o normas generales que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, de su contenido se aprecia que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en aquellos casos en que sus funciones estén determinadas por una norma general. En cuanto a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo el criterio de que quienes disponían de fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, tenían el carácter de autoridad; lo que se interpretó con rigor en el sentido de que sólo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de fuerza pública, identificando la calidad de autoridad con la disposición de la fuerza pública. Dicho criterio se superó al sustentar con posterioridad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tesis P. XXVII/97, publicada en la página ciento dieciocho, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.", de la que en síntesis debe destacarse, según las consideraciones que en ella se contienen, que se estima una autoridad para efectos del amparo, la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características que distinguen a una autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Ahora bien, dicho criterio se emitió en interpretación de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, concretamente en torno al artículo 11 que establecía las notas distintivas de la autoridad; sin embargo, resulta útil e ilustrativo para detectar las notas distintivas de los actos de autoridad, así como los criterios que han orientado sus características, los cuales como se verá en seguida, fueron acogidos en gran medida, por el texto de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. En efecto, en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable, la que independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, prevé una modalidad consistente en que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se advierte, el concepto de autoridad responsable queda desvinculada de su naturaleza formal y atiende ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas y se señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es decir, del proceso legislativo de la Ley de Amparo vigente se puso de manifiesto la necesidad de ampliar la procedencia del juicio en contra de actos provenientes de particulares a través de los cuales se afectara la esfera de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que tales actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la interpretación de esas hipótesis, atendiendo a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que por autoridad responsable debe considerarse a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Otro elemento para considerar, según lo estableció nuestro Máximo Tribunal, en diversas ejecutorias sobre el tema, es que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Esto, porque la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, y contra de particulares en los casos especificados, por lo que es indispensable fijar las bases para distinguir un acto de autoridad, para lo cual se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales de los gobernados y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. En esa tesitura, la procedencia del juicio de amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad que tenga potestad para dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para los efectos del juicio de amparo, las notas que distinguen a una autoridad son las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, en donde se dota al órgano del Estado una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.164/2011, que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161133, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". En ese contexto, del estudio de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama a los funcionarios del Ayuntamiento de Veracruz como lo son Presidenta, Secretario, Regidores, Tesorero, Director de Administración, Directos de Asuntos Legales y Subdirección de Recursos Humanos, en lo medular, la orden de baja del padrón de trabajadores del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz; y, la resolución a través de la cual la Presidenta Municipal del citado Ayuntamiento, ordenó la cancelación absoluta y definitiva de su salario como trabajadora del mencionado Ayuntamiento. De lo anterior, es dable sostener que dichos actos no se realizaron en un plano de supra a subordinación, sino con base en derechos derivados de una relación laboral, que sostienen las autoridades con la promovente del amparo, por lo que su actividad no puede equipararse a una actividad de imperio. Es decir, el acto reclamado tiene consecuencia comprendida dentro de la relación de trabajo; relación contractual regulada por el derecho del trabajo, en el que los entes públicos actúan en un plano de igualdad, y no como autoridades para efectos del juicio de amparo, de modo que sus actuaciones no implican actos de autoridad. En efecto, la relación que puede existir entre la quejosa y el ente señalado como autoridad responsable es de coordinación con motivo de la prestación de servicios que aduce los une; por lo que se concluye que sus actos no se traducen en el ejercicio de una auténtica potestad administrativa que tenga la calidad de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que al señalar como autoridad responsable al ente que en realidad tiene el carácter de empleador, incluso en caso de plantear un tema de inconstitucionalidad o aplicación de los lineamientos de la administración pública, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Es el caso que ahora refiere la quejosa que a la fecha ya se le canceló totalmente su salario y se le dio de baja del padrón de trabajadores del Ayuntamiento en cita; de lo que se advierte que lo reclamado tiene una naturaleza eminentemente laboral, que nace del vínculo jurídico que se genera entre un trabajador y su empleador, esto es, una relación de trabajo que se da en un plano de coordinación y no de supra a subordinación, de manera que en esas condiciones, el Estado también queda sometido -como empleador de la quejosa- a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruente con la doble personalidad del Estado. Se cita como apoyo a lo anterior, la tesis I.13o.T.207 L (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, diciembre de 2018, Tomo II, página 1096, Décima Época, registro digital 2018679, que señala: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA CUANDO SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A ENTES QUE EN REALIDAD TIENEN EL CARÁCTER DE PATRÓN, AUNQUE SE PLANTEE LA INCONSTITUCIONALIDAD O APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO). Uno de los requisitos indispensables para la procedencia del juicio de amparo es que se señalen a entes o funcionarios de los organismos públicos que actúen con las características de unilateralidad y coercitividad, de manera que si en el amparo indirecto se especifican a ciertos funcionarios como autoridades responsables, pero se deduce que en realidad tienen el carácter de patrón, es decir, que están vinculados con el quejoso por una relación de trabajo, el juicio de amparo indirecto es improcedente, y no es impedimento para considerarlo así, el hecho de que se reclame la inconstitucionalidad o aplicación de los Lineamientos de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en atención a que son dos situaciones íntimamente relacionadas (autoridad responsable y acto reclamado), por lo que, al no ser autoridades para los efectos del juicio de amparo, no se actualiza el supuesto de admisión de la demanda, aun cuando se precise que se reclama la inconstitucionalidad de una ley u ordenamiento jurídico.". De ahí que, al integrarse el interés jurídico de la quejosa por una cuestión laboral, en la cual su relación con la responsable es de coordinación, el acto que por esta vía se reclama, no constituye acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, y por ende, la cancelación de su salario no puede ser objeto de estudio en esta instancia constitucional. En este rubro se considera relevante destacar el concepto de salario, el cual define el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo como la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, de tal manera que, al ser el motivo esencial del reclamo de la quejosa la cancelación de su salario, mismo que obtenía dadas las funciones en jardinería que desempeñaba para el Ayuntamiento de Veracruz, resulta evidente que su estudio no puede realizarse en esta vía constitucional. En este orden de ideas, se estiman ilustrativos los criterios de rubros siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN." y "TRABAJADOR DE CONFIANZA DEL AYUNTAMIENTO, SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO". Entonces, si bien el juicio constitucional constituye un recurso efectivo en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en forma alguna conlleva a su procedencia en todos los casos, a fin de que se realice el estudio de fondo del asunto, toda vez que por razones de seguridad jurídica para la correcta y funcional administración de justicia y, para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados tienen el deber de establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole, resultando aplicable al respecto los siguientes criterios. Jurisprudencia número 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos ochenta y siete, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Registro 2005717, Décimo Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la Jurisprudencia número 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos veinticinco, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Registro 2005917, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental.". Aunado a lo anterior, es necesario destacar que del líbelo de cuenta se advierte que la aquí quejosa María Teresa Bautista Zamora manifiesta padecer una enfermedad degenerativa "cáncer", lo que este juzgador toma en consideración; sin embargo, con la presente determinación no se están vulnerando los derechos humanos tutelados en el artículo 1° constitucional y no se deja en estado de indefensión a la promovente, pues las consecuencias jurídicas que pudieran impactar en su salud, derivado de la resolución de cancelación absoluta de su salario como trabajadora de dicho Ayuntamiento, puede resarcirse de manera provisional en la instancia laboral, ya que puede solicitar providencias cautelares para que tenga acceso a las prestaciones de seguridad social que venía gozando o que le corresponde con motivo del trabajo que desempeñaba, respecto del cual el Ayuntamiento de Veracruz ordenó la cancelación absoluta de su salario; ello, atendiendo a que la salud constituye un derecho humano amplio e integral que establece el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, por las ideas contenidas, la tesis III.5o.T.7 L (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, libro 83, febrero de 2021, tomo III, página 2901, registro digital 2022750, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "PROVIDENCIAS CAUTELARES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL BUROCRÁTICO. ATENTO A LOS DERECHOS DE NO DISCRIMINACIÓN Y ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, PROCEDE DECRETAR LAS NECESARIAS PARA PROPORCIONAR EL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUANDO LA MATERIA DEL JUICIO EN EL QUE SE SOLICITAN VERSA SOBRE EL DESPIDO INJUSTIFICADO DE UNA TRABAJADORA EMBARAZADA. Hechos: Durante la tramitación de un juicio laboral burocrático en el Estado de Jalisco, cuya materia versa sobre el despido injustificado de la trabajadora por su embarazo, fueron declaradas improcedentes las providencias cautelares que solicitó, entre ellas, obligar al patrón a que le siga proporcionando los servicios médicos hasta la resolución del juicio, básicamente por considerar que la solicitud estaba relacionada con el fondo del asunto y concederlas significaría resolver anticipadamente. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina resolver con perspectiva de género, y en aplicación de los principios de no discriminación y estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada, para garantizar el curso del juicio laboral con equilibrio entre la trabajadora y el patrón demandado, de ahí que es procedente decretar las medidas precautorias necesarias para que la trabajadora tenga acceso a las prestaciones de seguridad social que venía gozando y/o que le corresponden con motivo del trabajo desempeñado del que se dice despedida. Justificación: Lo anterior, porque el tribunal burocrático local está obligado a resolver sobre la protección cautelar solicitada con perspectiva de género, y decidir teniendo en cuenta la prohibición de discriminación y el derecho a la estabilidad laboral reforzada (de la mujer embarazada), por estar frente a un posible despido discriminatorio por razones de género (embarazo), pues debe tener en consideración que la Ley Federal del Trabajo, aplicable supletoriamente a la ley burocrática local, protege especialmente la maternidad, con los derechos y beneficios acordes en cada uno de sus periodos, así como el derecho a regresar al puesto desempeñado, lo que se armoniza con los derechos que se tutelan por la Constitución General y las normas internacionales, particularmente lo dispuesto en los artículos 1o. constitucional, que prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas, y establece la obligación de las autoridades, incluidas las jurisdiccionales, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y 123 constitucional, que establece el derecho de las mujeres embarazadas a conservar su trabajo; así como los artículos 11, numeral 2, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que reconoce el derecho de la mujer a no ser despedida con motivo de su embarazo, y 4, numeral 2, que obliga a todas las autoridades de los Estados Parte a tutelar la vida, salud, reposo y sustento adecuados de la madre y el producto; 1, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prevé la especial protección durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tutela el principio de igualdad y no discriminación contra la mujer; en relación con el derecho a la no discriminación en el ámbito laboral, previsto en el Convenio Número 183 de la OIT, sobre la Protección de la Maternidad, el cual resulta orientador para el Estado Mexicano, de cuyo artículo 8 se advierte una medida especial de protección a las mujeres trabajadoras durante el embarazo, al señalar que el patrón no debe despedir a la empleada cuando se encuentre embarazada, ni posteriormente, durante el periodo de post parto. Ello, aun cuando la providencia cautelar, consistente en obligar al patrón a continuar pagando las prestaciones de seguridad social no esté prevista en el artículo 857 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma de 1 de mayo de 2019 en tanto que encuentran sustento en la normativa nacional e internacional citadas, especialmente en los artículos 1o. constitucional y 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que establecen el deber de las autoridades de adoptar medidas adecuadas a fin de evitar prácticas que constituyan discriminación contra la mujer, lo que en algunos casos implica la necesidad de un trato diferenciado, a fin de evitar o prevenir los posibles riesgos para la integridad de la mujer por falta de cuidados y servicios médicos adecuados.". Así como la diversa III.5o.T.6 L (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, libro 83, febrero de 2021, tomo III, página 2903, registro digital 2022751, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PROVIDENCIAS CAUTELARES SOLICITADAS EN UN JUICIO LABORAL CON MOTIVO DEL EMBARAZO. CON EL ALUMBRAMIENTO NO CESAN LOS EFECTOS DE SU NEGATIVA, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: La quejosa reclamó en amparo indirecto la resolución que declaró improcedentes las providencias cautelares consistentes en que el patrón proporcionara la atención médica, hospitalaria y suministros necesarios de manera oportuna, suficiente y bastante con el fin de garantizar el buen curso del embarazo y el alumbramiento sano y normal del producto de la concepción, solicitadas durante la tramitación del juicio laboral promovido con motivo del despido injustificado por razón de su embarazo. El Juez de Distrito consideró que el acto reclamado cesó en sus efectos, debido a que a la fecha de presentación de la demanda de amparo ya había ocurrido el alumbramiento, por lo que sobreseyó en el juicio, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, determinación que constituye el acto reclamado. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegido de Circuito determina que con el alumbramiento no cesa en sus efectos la resolución negativa de providencias precautorias (seguridad social) solicitadas en el juicio laboral que versa sobre el despido injustificado por razón del embarazo, ya que la necesidad de seguridad social a cargo del patrón, y sus beneficios, como la atención médica en su concepción más amplia, son requeridos por la trabajadora después del parto, y constituyen el medio para asegurar su derecho a la integridad personal, en relación con su derecho a la salud (en razón del embarazo), máxime que el juzgador debió considerar que se encontraba frente a un caso de derecho a la estabilidad laboral reforzada de aquélla, que lo obligaba a un escrutinio estricto del acto reclamado en relación con los derechos humanos de la quejosa; de ahí que no se actualice la causa de improcedencia referida. Justificación: El reclamo de una resolución que niega la providencia cautelar, consistente en seguir gozando de los beneficios de la seguridad social, como es la atención médica, hasta en tanto se resuelve el juicio laboral en el que demandó al patrón por despido injustificado por razón del embarazo, debe resolverse bajo la perspectiva de género y el principio de estabilidad laboral reforzada, que permiten advertir que asegurar la salud de la mujer embarazada obliga a tomar medidas especiales, no sólo durante el embarazo sino también después de éste, a fin garantizar el derecho a la salud sin discriminación de la mujer trabajadora y que, incluso, en muchos casos los beneficios de seguridad social con motivo del trabajo se extienden hacia sus beneficiarios o dependientes económicos. Lo anterior encuentra fundamento en los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en sus dos apartados establece el derecho de las mujeres embarazadas a conservar su empleo; 11, numeral 2, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que reconoce expresamente el derecho de la mujer a no ser despedida con motivo de su embarazo; así como los artículos 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", en cuanto a la relación entre el derecho a la integridad personal y el derecho a la salud cuando se trata de la atención a la salud de la mujer embarazada.". Consecuentemente, al actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el ordinal 113 del citado ordenamiento legal se desecha de plano la demanda. Es de reiterarse que, quien esto suscribe toma en consideración lo manifestado por la quejosa en su escrito de demanda de amparo, en la que refiere las afectaciones a su salud que padece; sin embargo, se precisa que no se desconoce la reforma constitucional que integró el principio pro persona consagrado en el artículo 1º de la Norma Fundamental en el país, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once; sin embargo, ello no significa que se soslayen los requisitos de procedencia previstos por la legislación que rige el juicio de amparo, lo anterior, debido a que las formalidades procesales son la vía que hace posible un correcto procedimiento que derive en una adecuada resolución, pues no se deben soslayar las reglas y principios que rigen el juicio de control constitucional. En ese sentido, al operar la hipótesis de improcedencia abordada, no es factible admitir la demanda de amparo promovida por la quejosa, conforme con sus pretensiones, ya que previamente al análisis de fondo de la cuestión planteada deben observarse las reglas procesales de la institución del amparo; ello, en virtud que en todo proceso o procedimiento existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, como son las formalidades previstas por ley que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas, aun cuando el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. El hecho que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales y presupuestos necesarios para su procedencia -como en el caso particular-, no se estima que se vulnere en contra de los accionantes su derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, como es el amparo. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1ª./J. 104/2013 (10ª.), sustentada por la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, Libro XXV, correspondiente al mes de octubre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Además, quien esto suscribe considera que de admitirse la demanda de amparo que nos ocupa, crearía una falsa expectativa de derecho en esta vía constitucional a la parte quejosa, dado que como se ha establecido, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada. A más que de admitirse y tramitarse por todas sus etapas el juicio de amparo que se promueve, no traería como consecuencia a un resultado distinto, lo que implicaría un retraso en la impartición de justicia en contravención a lo establecido en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, no se omite manifestar que en sesión de veinticinco de enero pasado, los Señores Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en lo autos del expediente 170/2022, declararon infundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa en contra del desechamiento parcial de demanda que se realizó por cuanto hace al Ayuntamiento de Veracruz, Secretaría de Salud del Estado de Veracruz e Instituto Mexicano del Seguro Social, así como los funcionarios adscritos a éstas y respecto de los actos reclamados en contra de ellas, emitido en el juicio de amparo 898/2022, pues consideraron que, dada la naturaleza de éstos, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Ahora, ya que en el ocurso de mérito la promovente no se advierte señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones, con el fin de no dejarla en estado de indefensión y salvaguardar el derecho humano a la tutela efectiva, que consagra el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo 898/2022 de este índice, y como autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas designadas en aquél, es decir, a Héctor Ulises Orduña Hernández, Carlos Flores Hernández, Manuel Alberto Toledo Arroyo, Miguel Lamberto Orduña Mendoza, Carlos Enrique Orduña Trujillo, Eva Leticia Orduña Trujillo, Raúl Orduña Castañeda, Luis Guillermo Castillo Valencia, José Francisco Albarrán Mendoza, Leovani Arellano Rodríguez, Raúl Vargas del Ángel, José Luis López Hernández y Yair Luengas Sánchez, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona restante en aquel, ya que no acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte promovente del amparo.
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