María Teresa Carrillo Díaz

Expediente 1789/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1789/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
13/03/2018

Partes del expediente

  • María Teresa Carrillo Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que mediante auto de dos de marzo de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informó el cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio, como lo justificó con la copia certificada del cheque 0000226 de dieciocho de enero del año en curso y con la constancia de notificación practicada el veintidós de enero de ese año. En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte promovente del amparo, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que durante dicho plazo hubiera hecho uso de ese derecho, como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que existen en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." En ese sentido, mediante sentencia dictada en el presente sumario constitucional el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María Teresa Carrillo Díaz, por lo que se determinó que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones debían: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 9, 10, 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito." (.) "2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva a la quejosa la cantidad de $7,904.54 (siete mil novecientos cuatro pesos 57/100 Moneda Nacional), que pagó el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "MINISUPER, ABARR., TENDAJONES Y SIM. CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICACS, SUP. NO>A 200M2", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social", "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", multa de pago extemporáneo y comisión bancaria (fojas 13, 15 y 52), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo." (.) "3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto..." Resolución que causó ejecutoria el seis de diciembre del año próximo pasado. De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la quejosa el artículo 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 9, 10, 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; esto es, para que vigilaran que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolver a la impetrante la suma de $7,904.54 (siete mil novecientos cuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional); cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Al respecto, mediante oficio DJC/1300/2018 signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que se había dado cumplimiento al fallo protector, tal y como lo demostró con la copia certificada del cheque 0000226 de dieciocho de enero del año en curso y con la constancia de notificación practicada el veintidós de febrero de ese año, de las que se advierte que se dejó a disposición de María Teresa Carrillo Díaz, la cantidad erogada con motivo del cobro declarado inconstitucional y que se le hizo del conocimiento esa circunstancia. En ese tenor, si tenemos que debía entregarse a la parte quejosa la cantidad de $7,904.54 (siete mil novecientos cuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional), debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. Ahora, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete y en el mes de enero del año actual, se elaboró el cheque a favor de la parte quejosa por la cantidad precisada en la ejecutoria de que se trata; por ende, la actualización de que se habla comprende el periodo transcurrido entre dichos meses; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, en el caso, los meses de julio y diciembre del año inmediato anterior. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre entre el índice para el mes de julio de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores al periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil diecisiete fue de 126.886; y para el mes de diciembre de ese año de 130.813. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03094. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad de $7,904.54 (siete mil novecientos cuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $8,149.10 (ocho mil ciento cuarenta y nueve pesos con diez centavos moneda nacional); entonces, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa a devolver, esto es, $7,904.54 (siete mil novecientos cuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $244.56 (doscientos cuarenta y cuatro pesos con cincuenta y seis centavos moneda nacional). Por tanto, si el recaudador responsable dejó a disposición de la parte quejosa un cheque valioso por la cantidad de $8,149.21 (ocho mil ciento cuarenta y nueve pesos con veintiún centavos moneda nacional), es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No es obstáculo que la quejosa no haya recogido el cheque expedido en su favor, en virtud de que la responsable ejecutora acreditó que le notificó que se encontraba a su disposición; por lo que únicamente resta que dicha parte acuda ante el ente de que se trata, a fin de que le sea entregado el título nominativo en comento. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "..." Bajo ese contexto, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que mediante auto de dos de marzo de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informó el cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio, como lo justificó con la copia certificada del cheque 0000226 de dieciocho de enero del año en curso y con la constancia de notificación practicada el veintidós de enero de ese año. En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte promovente del amparo, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que durante dicho plazo hubiera hecho uso de ese derecho, como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que existen en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." En ese sentido, mediante sentencia dictada en el presente sumario constitucional el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María Teresa Carrillo Díaz, por lo que se determinó que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones debían: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 9, 10, 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito." (.) "2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva a la quejosa la cantidad de $7,904.54 (siete mil novecientos cuatro pesos 57/100 Moneda Nacional), que pagó el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de "MINISUPER, ABARR., TENDAJONES Y SIM. CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICACS, SUP. NO>A 200M2", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social", "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", multa de pago extemporáneo y comisión bancaria (fojas 13, 15 y 52), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo." (.) "3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto..." Resolución que causó ejecutoria el seis de diciembre del año próximo pasado. De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la quejosa el artículo 23, fracción XXIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 9, 10, 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; esto es, para que vigilaran que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolver a la impetrante la suma de $7,904.54 (siete mil novecientos cuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional); cantidad que debía ser actualizada en términos de la ejecutoria de que se trata. Al respecto, mediante oficio DJC/1300/2018 signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que se había dado cumplimiento al fallo protector, tal y como lo demostró con la copia certificada del cheque 0000226 de dieciocho de enero del año en curso y con la constancia de notificación practicada el veintidós de febrero de ese año, de las que se advierte que se dejó a disposición de María Teresa Carrillo Díaz, la cantidad erogada con motivo del cobro declarado inconstitucional y que se le hizo del conocimiento esa circunstancia. En ese tenor, si tenemos que debía entregarse a la parte quejosa la cantidad de $7,904.54 (siete mil novecientos cuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional), debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. Ahora, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete y en el mes de enero del año actual, se elaboró el cheque a favor de la parte quejosa por la cantidad precisada en la ejecutoria de que se trata; por ende, la actualización de que se habla comprende el periodo transcurrido entre dichos meses; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, en el caso, los meses de julio y diciembre del año inmediato anterior. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre entre el índice para el mes de julio de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores al periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil diecisiete fue de 126.886; y para el mes de diciembre de ese año de 130.813. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.03094. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad de $7,904.54 (siete mil novecientos cuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $8,149.10 (ocho mil ciento cuarenta y nueve pesos con diez centavos moneda nacional); entonces, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa a devolver, esto es, $7,904.54 (siete mil novecientos cuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $244.56 (doscientos cuarenta y cuatro pesos con cincuenta y seis centavos moneda nacional). Por tanto, si el recaudador responsable dejó a disposición de la parte quejosa un cheque valioso por la cantidad de $8,149.21 (ocho mil ciento cuarenta y nueve pesos con veintiún centavos moneda nacional), es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. No es obstáculo que la quejosa no haya recogido el cheque expedido en su favor, en virtud de que la responsable ejecutora acreditó que le notificó que se encontraba a su disposición; por lo que únicamente resta que dicha parte acuda ante el ente de que se trata, a fin de que le sea entregado el título nominativo en comento. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "..." Bajo ese contexto, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha en que se actúa la autoridad responsable denominada Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, ha sido omisa en informar los trámites realizados a fin de dar cabal cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa. En consecuencia, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a dicho ente, a fin de que dentro del plazo improrrogable de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, informe el acatamiento total a la sentencia concesoria de amparo. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Luego, se le hace del conocimiento a la mencionada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la ley en comento.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos el libelo de cuenta mediante el cual el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio, como lo justifica con la copia inserta del cheque *** de dieciocho de enero del año en curso, con firma original de recibido; así como con la diversa documental simple que adjunta. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de referencia, dése vista a la parte quejosa a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, con apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en la ejecutoria de que se trata y demás constancias que obran en el presente sumario, este órgano jurisdiccional se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

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