María Teresa Bragado Rivera

Expediente 629/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 27 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
629/2017
Año
2017
Actuaciones
27
Última actuación
08/03/2018

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • María Teresa Bragado Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio firmado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Fianzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que la aquí quejosa María Teresa Bragado Rivera, compareció ante las oficinas que ocupa dicha dirección y exhibió el comprobante de depósito expedido por la institución bancaria Santander, en el que se consigna a favor de esa dependencia la cantidad de $211.75 (doscientos once pesos con setenta y cinco centavos). Sin embargo, únicamente agréguense a los presentes autos para que obren como legalmente corresponda el libelo y documental de mérito, en virtud de que en proveído de seis de marzo actual, se tuvo a la parte quejosa informando lo propio, oportunidad en la cual se acordó lo conducente.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa ***********************, con sello original de recibido por la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Fianzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a través del cual en atención al requerimiento contenido en el proveído de veintiséis de febrero de la presente anualidad, adjunta copia simple del comprobante de depósito expedido por la institución bancaria Santander, en el que se consigna la cantidad de $211.75 (doscientos once pesos con setenta y cinco centavos); por tanto, agréguense a sus autos el líbelo de mérito y documental que anexa para los efectos legales a que haya lugar. Por consiguiente, en obvio de dilaciones innecesarias, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." En ese orden de ideas, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el siete de septiembre de dos mil diecisiete, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María Teresa Bragado Rivera, para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito." (.) "2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de las cantidades de $8,782.56, (ocho mil setecientos ochenta y dos pesos 56/100 moneda nacional) y $4,155.08 (cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos 08/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado e inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. (.) 3.- De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto..." Resolución que causó ejecutoria el veintiocho de septiembre del año próximo pasado. De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la quejosa el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que la misma vigilara que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolverle el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de las cantidades de $8,782.56, (ocho mil setecientos ochenta y dos pesos 56/100 moneda nacional) y $4,155.08 (cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos 08/100 moneda nacional); las cuales debían ser actualizadas en términos de la ejecutoria de que se trata. En acatamiento a lo anterior, mediante proveídos de catorce de noviembre de dos mil diecisiete y treinta de enero de este año, se tuvo al Director General Jurídico Secretaría de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informando la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó impresión del reporte de transferencias en la que se advierte que depositó a la quejosa la cantidad de $11,817.64 (once mil ochocientos diecisiete pesos con sesenta y cuatro centavos moneda nacional), así como copia inserta del cheque 0000178 de quince de enero del año en curso, con firma original de recibido, en el que se consigna la cantidad de $1,395.02 (mil trescientos noventa y cinco pesos con dos centavos), por concepto de actualización. No obstante, mediante proveído de treinta de enero de dos mil diecisiete, se determinó que esta última cantidad excedía el monto correspondiente a la actualización, que se obtuvo en el acuerdo de catorce de noviembre de ese año, por un monto total de $211.75 (ciento treinta y ocho pesos 52/100 moneda nacional); derivado de lo anterior, se requirió a la promovente del amparo a fin de que devolviera el numerario recibido con exceso a la responsable ejecutora, lo cual tendría que acreditar con las constancias respectivas. En atención a ello, por escrito recibido el día de hoy signado por la quejosa María Teresa Bragado Rivera, con sello original de recibido por la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Fianzas de Gobierno del Estado de Nayarit, adjunta copia simple del comprobante de depósito expedido por la institución bancaria Santander, en el que se consigna la cantidad de $211.75 (doscientos once pesos con setenta y cinco centavos). En consecuencia, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del ordinal 77 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asuntos concluidos, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa ***********************, con sello original de recibido por la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Fianzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a través del cual en atención al requerimiento contenido en el proveído de veintiséis de febrero de la presente anualidad, adjunta copia simple del comprobante de depósito expedido por la institución bancaria Santander, en el que se consigna la cantidad de $211.75 (doscientos once pesos con setenta y cinco centavos); por tanto, agréguense a sus autos el líbelo de mérito y documental que anexa para los efectos legales a que haya lugar. Por consiguiente, en obvio de dilaciones innecesarias, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." En ese orden de ideas, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el siete de septiembre de dos mil diecisiete, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María Teresa Bragado Rivera, para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito." (.) "2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de las cantidades de $8,782.56, (ocho mil setecientos ochenta y dos pesos 56/100 moneda nacional) y $4,155.08 (cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos 08/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado e inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. (.) 3.- De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto..." Resolución que causó ejecutoria el veintiocho de septiembre del año próximo pasado. De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la quejosa el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que la misma vigilara que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolverle el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de las cantidades de $8,782.56, (ocho mil setecientos ochenta y dos pesos 56/100 moneda nacional) y $4,155.08 (cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos 08/100 moneda nacional); las cuales debían ser actualizadas en términos de la ejecutoria de que se trata. En acatamiento a lo anterior, mediante proveídos de catorce de noviembre de dos mil diecisiete y treinta de enero de este año, se tuvo al Director General Jurídico Secretaría de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informando la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó impresión del reporte de transferencias en la que se advierte que depositó a la quejosa la cantidad de $11,817.64 (once mil ochocientos diecisiete pesos con sesenta y cuatro centavos moneda nacional), así como copia inserta del cheque 0000178 de quince de enero del año en curso, con firma original de recibido, en el que se consigna la cantidad de $1,395.02 (mil trescientos noventa y cinco pesos con dos centavos), por concepto de actualización. No obstante, mediante proveído de treinta de enero de dos mil diecisiete, se determinó que esta última cantidad excedía el monto correspondiente a la actualización, que se obtuvo en el acuerdo de catorce de noviembre de ese año, por un monto total de $211.75 (ciento treinta y ocho pesos 52/100 moneda nacional); derivado de lo anterior, se requirió a la promovente del amparo a fin de que devolviera el numerario recibido con exceso a la responsable ejecutora, lo cual tendría que acreditar con las constancias respectivas. En atención a ello, por escrito recibido el día de hoy signado por la quejosa María Teresa Bragado Rivera, con sello original de recibido por la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Fianzas de Gobierno del Estado de Nayarit, adjunta copia simple del comprobante de depósito expedido por la institución bancaria Santander, en el que se consigna la cantidad de $211.75 (doscientos once pesos con setenta y cinco centavos). En consecuencia, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del ordinal 77 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asuntos concluidos, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos se advierte que en proveído de treinta de enero del año en curso (fojas 173 y 174), se requirió a la parte quejosa a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación que se le practicara de ese auto, devolviera a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, la cantidad de $********************hecho lo cual, debía exhibir ante esta instancia constitucional las constancias que así lo acreditaran; sin embargo, a la fecha ha sido omisa en informar lo conducente, no obstante que el plazo de que se trata transcurrió con exceso, en virtud de que la notificación correspondiente se practicó el seis de febrero de este año (foja 178).********************En ese tenor, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, por última ocasión requiérase a ********************, por conducto de su autorizado en términos amplios ********************, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que sea notificada de la presente determinación, exhiba las documentales de las que se obtenga que devolvió al ente responsable en comento la cantidad que se preció en el párrafo que antecede. ********************Se le apercibe que de no hacerlo así o de manifestar el impedimento legal que tenga para ello, dentro del plazo que se le indica, con apoyo en el numeral 259, en relación con el 237, fracción I de la ley de la materia, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a tres días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México.********************En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis.

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