María Teresa Alcantara Arvizu

Expediente 6/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
6/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
02/03/2023

Partes del expediente

  • María Teresa Alcantara Arvizu
  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dos********************. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de febrero de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguense sin mayor determinación los oficios remitidos por la presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto el diez de febrero de dos mil veintitrés. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diez de febrero de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente el informe justificado rendido por la presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por exhibidas las documentales que anexa la autoridad oficiante, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, y en cuanto a su contenido, se acuerda lo siguiente. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de las documentales agregadas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: La omisión de la Junta responsable de señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral **. Al rendir su informe justificado, la presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, aceptó parcialmente la existencia del reclamo constitucional; no obstante lo anterior, este debe tomarse por totalmente cierto, ya que esta exhibió copia certificada del acuerdo de doce de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral de origen, del que se desprende que señaló nueva fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, con lo que subsanó dicha irregularidad. De ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dos de enero de dos mil veintitrés), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de señalar de nueva cuenta, fecha y hora para la celebración de la audiencia bifásica prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual ya aconteció, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto sus pretensiones se encuentran satisfechas, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -once horas con seis minutos del dos de marzo de dos mil veintitrés-. También, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajusten a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, tres de febrero de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos el oficio enviado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y en cuanto a sus anexos, se acuerda lo siguiente: Contesta requerimiento. Glósese a los autos el oficio suscrito por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, manifiesta la imposibilidad para dar cumplimiento a lo requerido en auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, en virtud de que el expediente de origen 2077/20JE1 del índice de dicha Junta, se encuentra extraviado. Atento a lo anterior, se provee lo siguiente: Se requieren constancias. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable citada, a fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, haga saber el estado procesal en el que se encuentra el juicio laboral de origen, es decir, si se ordenó el incidente de reposición de constancias, o en caso de haberse localizado, atienda lo conminado en el citado auto de cuatro de enero del presente año. En el entendido de que deberá exhibir las constancias pertinentes que acrediten lo que tenga a bien manifestar. O bien, haga saber a este juzgado la imposibilidad que tenga para ello, esto, a fin de estar en aptitud de resolver el asunto en que se actúa conforme a derecho. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Prórroga. Por otro lado, no ha lugar, a conceder la prórroga que solicita, en virtud de que a la fecha la responsable no ha demostrado la pretensión objetiva de dar cumplimiento al requerimiento precisado en líneas anteriores, aún por las razones que expone. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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