María Teresa Acuña Subirán
Expediente 103/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- María Teresa Acuña Subirán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. I. Estado procesal. Del estado de autos se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para realizar manifestaciones respecto del cumplimiento de ejecutoria; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si la responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia protectora. II. Relación de constancias. Mediante resolución constitucional emitida el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, por una parte, sobreseyó y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado para efecto de que la autoridad responsable síndico Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo Sonora: "(.) conteste con libertad de decisión la petición de la parte quejosa presentada el ocho de octubre de dos mil veinte." Por proveído de dos de junio siguiente, causó ejecutoria la sentencia y se tuvo por recibido oficio en el que la autoridad responsable informó el cumplimiento dado al fallo constitucional dictado en el sumario. III. Calificativo de cumplimiento. Anexo al oficio recibido en este juzgado el veintiocho de mayo de la anualidad que transcurre, el síndico municipal y representante legal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, comunicó a este órgano jurisdiccional la respuesta dada a la solicitud planteada por la parte quejosa mediante escrito de ocho de octubre de dos mil veinte, así como las acciones llevadas a cabo en atención al contenido del mismo, y para tal efecto remitió constancias. En virtud de lo anterior, mediante acuerdo de dos de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese proveído se manifestara al respecto, con la prevención de que transcurrido dicho plazo este juzgador se pronunciaría sobre el cumplimiento de ejecutoria, sin que al respecto hiciera manifestación alguna. Por las consideraciones vertidas la sentencia de amparo se califica cumplida sin exceso ni defecto para todos los efectos legales a que haya lugar. IV. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años toda vez que se concedió el amparo solicitado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. V. Devolución de documentos. De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que la parte quejosa exhibió documentos originales, por tanto, requiérasele para que, dentro de un plazo de noventa días hábiles, acuda al órgano jurisdiccional a recuperarlos; con apercibimiento que de no hacerlo, en términos del numeral 18, segundo párrafo, del referido acuerdo general, la documentación será destruida. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negó la medida cautelar provisional y la suspensión definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de junio de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que, por una parte, sobreseyó y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado para efecto de que la responsable: "La autoridad responsable síndico Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo Sonora, conteste con libertad de decisión la petición de la parte quejosa presentada el ocho de octubre de dos mil veinte." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incorporación de oficio. Agréguese el oficio mediante el cual la autoridad responsable síndico Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, mediante el cual informa respecto al cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y al efecto, remite copia del título de propiedad con número 80/2021. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días exprese lo que a su interés legal convenga, transcurrido ese plazo, este juzgado se pronunciará sobre tal cumplimiento. Sin que resulta obstáculo para lo anterior, que el referido título fue exhibido en copia simple, dado que al provenir de un funcionario público participa del principio de buena fe procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis III.3o.T.41 L (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. VALORACIÓN DE UNA COPIA SIMPLE OFRECIDA POR UN SERVIDOR PÚBLICO DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO CON LA QUE PRETENDE ACREDITAR SU PERSONALIDAD EN EL JUICIO EN EL QUE COMPARECE COMO APODERADO DEL TRABAJADOR. Si bien la copia simple de un documento no tiene valor probatorio pleno, sino que éste queda a la libre apreciación del juzgador, lo cierto es que para ello puede atenderse al principio de buena fe procesal, que consiste en presuponer que las partes en el juicio actúan con probidad y el sincero convencimiento de que les asiste la razón; es decir, un obrar honesto sobre la convicción de que la prueba no es ilícita, que debe compaginarse con el derecho humano de tutela judicial efectiva, que está relacionado con los derechos de defensa, igualdad y expeditez en la administración de justicia. Bajo ese principio, puede tenerse por acreditada la personalidad en un juicio en el que interviene como apoderado un servidor público de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, con la copia simple de su credencial vigente, porque la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional para que defienda el derecho que asiste a la parte que lo solicite, es el medio por el cual el Estado dirime las controversias y, con ello, hacer efectivo el mandato de que ninguna persona pueda hacerse justicia por sí misma; por ello, se llega a la convicción de que con la referida copia el interesado efectivamente es un servidor público que presta sus servicios para la procuraduría mencionada, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, con ese carácter, representa dentro del juicio de amparo al
- Principal
En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con tres minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Acto seguido, abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Ahora, dada la naturaleza del acto reclamado, no se advierte la existencia de terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y la secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa junto con su escrito de demanda y por la autoridad responsable síndico municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, anexas a su informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 103/2021; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido por razón de turno el día hábil siguiente, a este juzgado de Distrito, María Teresa Acuña Subirán solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado al síndico municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, en esta ciudad, y otra autoridad. Subsanada la prevención impuesta en autos, por proveído de cuatro de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, previo diferimiento dio inicio la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes. II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal III. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La omisión de dar contestación a la solicitud presentada por la parte quejosa el ocho de octubre de dos mil veinte. Inexistencia del acto reclamado No es cierto el acto que se reclama a la autoridad responsable directora general de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. En ese orden de ideas, se concluye la actualización de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se sobresee en el presente juicio por lo que hace al acto reclamado antes referido. V. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado al síndico municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Lo anterior se corrobora con el ocurso de petición que se anexó al escrito de demanda de amparo, el cual, está dirigido a la referida autoridad; donde se le pide realizar el trámite para la entrega del título de propiedad a nombre de la parte quejosa en la que aduce vive desde hace treinta años. Documentales a las que dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consideraciones jurídicas Del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio, este órgano de control constitucional no advierte la actualización de alguna causa que involucre improcedencia respecto al acto que resultó ser cierto; por otra parte, las partes tampoco invocaron algún motivo por el que estimara improcedente el juicio, de ahí que proceda analizar la legalidad del acto reclamado. En el único concepto de violación, se expone que la autoridad responsable transgrede el artículo 8º de la Constitución Federal pues no ha contestado la petición a ella formulada. Sobre el particular, conviene destacar que el artículo 8° constitucional establece, lo siguiente: "ARTICULO 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." La transcrita disposición normativa establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, siempre y cuando éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término y de forma indubitable al peticionario. Para el examen del argumento propuesto se toma en consideración que la parte quejosa allegó al sumario de amparo el escrito original presentado ante la responsable el ocho de octubre de dos mil veinte, a través del cual solicita se le otorgue el título de propiedad a su nombre de la casa en la que vive desde hace treinta años. Como se refirió en párrafos que anteceden, el citado documento tiene valor probatorio pleno, máxime que la autoridad no lo desvirtuó en cuento a su autenticidad, por el contrario, aceptó el acto reclamado. De lo anterior se desprende que tal y como lo dispone el artículo 8º constitucional, dicha petición fue formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa, por lo que la autoridad responsable tiene la obligación de contestarla conforme a los lineamientos establecidos en ese precepto. En ese orden de ideas, de las constancias que obran en autos no se advierte que se haya dado respuesta a la solicitud que la parte quejosa formuló al síndico municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, resultando clara la falta de atención a la petición realizada y la transgresión a lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución Federal, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que la principal pretensión de la justiciable es que se le otorgue el título de propiedad de la casa donde vive desde hace treinta años; sin embargo, le corresponde a la citada autoridad pronunciarse, en primer término, sobre ese tópico jurídico, esto es, se necesita de su arbitrio para establecer la procedencia o no de la misma; sin que sea dable para este tribunal de amparo pronunciarse sobre su otorgamiento o no, pues ello equivaldría a sustituirse a la autoridad responsable, hecho que está vedado en este momento. VII. Decisión De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: La autoridad responsable síndico Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo Sonora, conteste con libertad de decisión la petición de la parte quejosa presentada el ocho de octubre de dos mil veinte. Por lo expuesto y fundado, además conforme a los artículos 74 al 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: VIII. Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo por las razones expuestas en el considerando IV, del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Teresa Acuña Subirán, respecto del acto reclamado referido en el apartado III, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados VI y VII de este fallo. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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