María Teresa Alcalá Gascón y/o Gazcón

Expediente 558/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 35 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
558/2019
Año
2019
Actuaciones
35
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • María Teresa Alcalá Gascón y/o Gazcón
  • Marcos Cervantes Madrigal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en sentencia de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se ordenó notificar personalmente a las partes dicha resolución, sin que del expediente se advierta que se haya practicado la notificación correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento, para lo cual, subsánese tal omisión; por tanto, se comisiona al Actuario Judicial de la Adscripción, a fin de que notifique personalmente a las partes la sentencia dictada el veintiocho de enero del año en curso. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES LA SENTENCIA.

  2. Principal

    EN RAZÓN DE QUE MARÍA TERESA ALCALÁ GASCÓN ( PARTE QUEJOSO) o sus autorizados, no comparecieron dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el VENTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO; SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AHÍ DECRETADO, Y LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo,mismos que en lo conducente dicen:Uruapan, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en sentencia de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se ordenó notificar personalmente a las partes dicha resolución, sin que del expediente se advierta que se haya practicado la notificación correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento, para lo cual, subsánese tal omisión; por tanto, se comisiona al Actuario Judicial de la Adscripción, a fin de que notifique personalmente a las partes la sentencia dictada el veintiocho de enero del año en curso. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES LA SENTENCIA. RESOLUCIÓN QUE CONCLUYÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:PRIMERO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Teresa Alcalá Gascón, contra los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia de Tanhuato, Michoacán, por los motivos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO.- Se hace constar que la publicación de esta resolución se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Y por oficio a la autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.

  3. Principal

    EN RAZÓN DE QUE MARCOS CERVANTES MADRIGAL ( PARTE TERCERO INTERESADO) o sus autorizados, no comparecieron dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el VENTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO; SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AHÍ DECRETADO, Y LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo,mismos que en lo conducente dicen:Uruapan, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en sentencia de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se ordenó notificar personalmente a las partes dicha resolución, sin que del expediente se advierta que se haya practicado la notificación correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento, para lo cual, subsánese tal omisión; por tanto, se comisiona al Actuario Judicial de la Adscripción, a fin de que notifique personalmente a las partes la sentencia dictada el veintiocho de enero del año en curso. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES LA SENTENCIA. RESOLUCIÓN QUE CONCLUYÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:PRIMERO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Teresa Alcalá Gascón, contra los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia de Tanhuato, Michoacán, por los motivos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO.- Se hace constar que la publicación de esta resolución se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Y por oficio a la autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda.- Mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito en la misma fecha, María Teresa Alcalá Gascón, promovió demanda de amparo indirecto contra actos de autoridad consistentes en: Del Juez Mixto de Primera Instancia de Tanhuato, Michoacán: Todo lo actuado en el juicio ordinario civil 520/2015, que sobre acción reivindicatoria promovió Marcos Cervantes Madrigal, incluyendo la sentencia y el auto de once de octubre de dos mil diecinueve, en el que se ordenó poner en posesión del actor el tractor marca JHON DEERE MODLO 6403, AÑO 2011, SERIE NÚMERO 1P06403XPAT020393, del cual la quejosa dice tener la propiedad y posesión, por virtud del convenio firmado con dicho actor. SEGUNDO.- Derechos fundamentales violados.- La quejosa narró los antecedentes del caso bajo protesta de decir verdad e invocó como garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO.- Admisión, Trámite y Audiencia Constitucional.- En proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, previa aclaración desahogada, este juzgado registró la demanda con el número 558/2019, se admitió a trámite, se pidió informe justificado a la autoridad responsables, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le corresponde, se reconoció el carácter de terceros interesados a Marcos Cervantes Madrigal y José Concepción Cervantes Madrigal al primero de los cuales se le tuvo por apersonándose en auto de cinco de marzo de dos mil veinte, en tanto que al segundo de los mencionados en auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo a las doce horas con treinta minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que el acto reclamado tendrá ejecución en Tanhuato, Michoacán, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de técnica del juicio de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados. Para lograr ese propósito, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer los actos reclamados, como son: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relacionados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan de los actos reclamados. Apoya lo anterior las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que María Teresa Alcalá Gascón, por su propio derecho, reclama: Del Juez Mixto de Primera Instancia de Tanhuato, Michoacán: Todo lo actuado en el juicio ordinario civil 520/2015, que sobre acción reivindicatoria que promovió Marcos Cervantes Madrigal, incluyendo la sentencia y el auto de once de octubre de dos mil diecinueve, en el que se ordenó poner en posesión del actor el tractor marca JOHN DEERE MODLO 6403, AÑO 2011, SERIE NÚMERO 1P06403XPAT020393, del cual la quejosa dice tener la propiedad y posesión, por virtud del convenio firmado con dicho actor. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Precisado el acto reclamado, corresponde determinar su existencia o inexistencia, con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis aislada de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad". Bajo la precisión anotada, ES CIERTO el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Tanhuato, Michoacán, pues así lo reconoció en su informe justificado e informó que en ese juzgado se tramita el juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria 520/2015, promovido por Marcos Cervantes Madrigal frente a José Concepción Cervantes Madrigal, en el que se dictó sentencia, la cual fue confirmada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; por lo que el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se mandó requerir al demandado para que dentro del término de tres días, cumpliera voluntariamente con la sentencia, se pusieron los autos en estado de ejecución ordenando al ministro ejecutor se constituyera en el domicilio del demandado y lo requiriera de la entrega del automotor con sus frutos y accesorios bajo apercibimiento que de no hacerlo, se aplicarían en su contra los medios de apremio. La existencia del acto reclamado se corrobora con el original del juicio ordinario civil 520/2015, sobre reivindicación promovido por Marcos Cervantes Madrigal frente a José Concepción Cervantes Madrigal que el Juez responsable remitió como complemento a su informe justificado; mismo que adquiere el carácter de documento público y se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, por tratarse de documentos expedidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones y que obran en sus registros. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal del país, consultable en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO.- ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Previo a su estudio y para la mejor comprensión del presente asunto, es oportuno hacer relación de los antecedentes del acto reclamado que se desprenden del original del juicio ordinario civil 520/2015, sobre reivindicación promovido por Marcos Cervantes Madrigal frente a José Concepción Cervantes Madrigal que el Juez responsable remitió como complemento a su informe justificado: 1.- Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil quince, en el Juzgado de Primera Instancia en Tanhuato, Michoacán, Marcos Cervantes Madrigal, promovió demanda en la vía ordinara civil frente a José Concepción Cervantes Madrigal, de quien reclamó la reivindicación del tractor de la marca Jonhn Deere modelo 6403, DT, 95.7 HP A LA TDF, MOTOR JD, POWERTECH 4 CIL., TURBOCARGADOR, TDFI 540 RPM, RODADOS 18.4X38 Y 14.9X24, 6 CONTRAPESOS DE LANTEROS Y 4 TRASEROS MODELO 2011, NUMERO DE SERIE 1P06403XPAT020393, y otro, entre otras prestaciones. 2.- El catorce de octubre de dos mi quince, se admitió a trámite la demanda, se mandó emplazar al demandado, a quien s ele tuvo dando contestación en tiempo y forma en auto de cuatro de noviembre del mismo año, así como oponiendo demanda reconvencional sobre entrega de documentos y endoso de los mismos. 3.- El doce de agosto de dos mil dieciséis, se abrió el juicio a prueba por el término de veinticinco días comunes y el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se dio por concluido dicho plazo y se pusieron los autos a la vista de las partes por el término de tres días para que formularan sus respecticos alegatos. El treinta de octubre siguiente, se ordenó citar a las partes para oír sentencia. 4.- En resolución de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró parcialmente procedente la acción y se declaró al actor propietario y tiene dominio sobre el tractor de la marca Jonhn Deere modelo 6403, DT, 95.7 HP A LA TDF, MOTOR JD, POWERTECH 4 CIL., TURBOCARGADOR, TDFI 540 RPM, RODADOS 18.4X38 Y 14.9X24, 6 CONTRAPESOS DE LANTEROS Y 4 TRASEROS MODELO 2011, NUMERO DE SERIE 1P06403XPAT020393, en consecuencia se condenó a la parte reo a entregar dicho automotor con sus frutos y accesiones. 5.- En resolución de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca I-93/2018, el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, confirmó la sentencia apelada por ambas partes. 6.- En auto de once de octubre de dos mil diecinueve, se pusieron los autos en estado de ejecución, y se autorizó al ministro ejecutor para que se constituyera en el domicilio del demandado y le requiriera la entrega del automotor bajo apercibimiento que de no hacerlo, se aplicarían los medios de apremio. De los anteriores antecedentes del acto reclamado, se aprecia que efectivamente la quejosa es ajena al juicio de origen, pues no se advierte que haya sido llamada a juicio como tampoco se advierte que la misma compareció. El expediente original del juicio ordinario civil sobre reivindicación 520/2015, cuyas constancias se acaban de describir, adquiere el carácter de documental pública, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, respecto de los hechos afirmados por la autoridad que los emitió, pero no respecto de las declaraciones o manifestaciones de hechos de los particulares, ya que de estos únicamente se prueba que se hicieron tales declaraciones durante el procedimiento, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país, que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO.- IMPROCEDENCIA. Corresponde analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tal como lo impone la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Este Juzgado de Distrito advierte de oficio, que en el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". El precepto legal transcrito establece que el ejercicio de la acción constitucional está reservado, a quien resienta una afectación en sus derechos jurídicos o legítimos con motivo de un acto de autoridad o contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En el particular María Teresa Alcalá Gascón reclama del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Tanhuato, Michoacán, todo lo actuado en el juicio ordinario civil 520/2015, que sobre acción reivindicatoria que promovió Marcos Cervantes Madrigal, incluyendo la sentencia y el auto de once de octubre de dos mil diecinueve, en el que se ordenó poner en posesión del actor el tractor marca JOHN DEERE MODLO 6403, AÑO 2011, SERIE NÚMERO 1P06403XPAT020393, del cual la quejosa dice tener la propiedad y posesión, por virtud del convenio firmado con dicho actor. De lo anterior se sigue que el perjuicio que resiente la quejosa con el acto reclamado es que se le pretende desposeer de un tractor que dice ser de su propiedad y tiene en posesión; es decir, el perjuicio lo resiente sobre su derecho de propiedad y posesión. En vista de lo anterior, la quejosa acude al presente juicio de garantías, con base en un interés jurídico, que se deduce del derecho de propiedad y posesión que considera le asiste con motivo del convenio que firmó con la parte actora del juicio de origen. Esto es así, ya que el interés jurídico a que alude el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". En tales condiciones, para la procedencia del presente juicio de amparo, debe atenderse a la demostración del interés jurídico a que se refiere el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo. Ahora bien, para la demostración de interés jurídico tratándose de la posesión de un bien mueble, consistente en un tractor, la factura constituye un documento suficiente para acreditar la propiedad de dicho tractor. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL CONTRA EL EMBARGO AHI PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS FACTURAS NO OBJETADAS QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES. El artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la substanciación y decisión de los juicios de garantías por disposición expresa del artículo 2o., de la Ley de Amparo, establece que el documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta, y que en caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse con otras pruebas. En consecuencia, siendo las facturas documentos privados, aun cuando provengan de terceros, hacen prueba en favor del quejoso y en contra del tercero perjudicado que no las objeta, debiendo tenerse, en este supuesto, como tácitamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados si están expedidas a nombre del agraviado e identifican dichos bienes de forma que permitan fijar su identidad. La propiedad así acreditada basta para estimar demostrado el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio natural contra el embargo ahí practicado sobre bienes muebles que alega son de su propiedad y posesión, sin que se requiera de ningún otro elemento probatorio, concretamente de la testimonial, para probar, por un lado, la vigencia del derecho de propiedad y la identidad de los bienes pues estos elementos están ya acreditados con las facturas de referencia, y por el otro, la posesión de dichos bienes pues su embargo afecta el derecho de propiedad sobre los mismos". En su demanda de amparo, la quejosa aduce que en el mes de noviembre de dos mil diez, su "aún esposo" (demandado del juicio natural) José Concepción Cervantes Madrigal, le dijo que había visto un tractor para comprar y ella accedió a que usara el dinero que ambos tenían para comprarlo, tiempo después su esposo le comentó que la compra se había hecho a nombre de su hermano Marcos Cervantes Madrigal (actor del juicio natural), ya que ellos se encontraban en Estados Unidos, a lo que ella contestó que a pesar de la confianza que le pudiera tener a su hermano, en cuanto tuviera la oportunidad de llegar a México, le iba a pedir a su hermano que firmara un documento donde constara que el tractor era de ella, dicho tractor siempre lo tuvo y lo ha seguido usando, el cual ha estado en su domicilio en la comunidad de Monte León municipio de Yurécuaro, Michoacán; que el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, su esposo le dijo que tenía que entregar el tractor por así ordenarlo el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tanhuato, Michoacán. Para acreditar su derecho, la quejosa exhibió la siguiente documentación: Contrato que celebra por una parte Marcos Cervantes Madrigal, y por otra María Teresa Alcalá Gascón de fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece, ratificado ante el Notario Público Número 23 con ejercicio y residencia en Jiquilpan, Michoacán, en la misma fecha, en cuyas cláusulas se estableció que el primero celebró contrato de compraventa con la empresa John Deere respecto de un tractocamión, del cual la segunda cubrió el costo mediante depósitos a la cuenta bancaria del primero; por lo que el primero se compromete a que recoger la correspondiente factura y endosarla a favor de la segunda, quien cuenta con la posesión del mismo. El citado convenio adquiere el carácter y valor probatorio de documento privado, de conformidad con los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por disposición de su numeral 2°, el cual se advierte tiene fecha cierta por haber sido ratificado ante Notario Público, el veintiséis de diciembre de dos mil trece, es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al juicio natural (trece de octubre de dos mil quince). Dicho convenio hace prueba de su existencia y de que se realizaron las declaraciones en él contenidas, así como de la fecha en que se materializó el acto jurídico; sin embargo, no hace prueba de los hechos declarados en él, por tanto, no es el documento idóneo para acreditar la propiedad ni posesión del tractor materia del convenio, toda vez que el endoso de la factura correspondiente, quedó sujeta a condición de que se cubriera el costo total del precio del tractor y que se hiciera el endoso respectivo a favor de la ahora quejosa; de ahí que dicho convenio por sí mismo es insuficiente para demostrar la propiedad del tractor en favor de la quejosa, pues como se dijo, es un convenio sujeto a condición y no existe evidencia de si se cumplió o no la misma, de modo que no se puede saber si la quejosa adquirió algún derecho de propiedad sobre el bien de que se trata pues ese contrato, por sí, no es de compraventa ni traslativo de dominio. En cuanto a la posesión del tractor de que se trata, si bien es verdad que en el convenio de veintiséis de diciembre de dos mil trece, exhibido por la quejosa se asentó que ésta tiene la posesión del tractor; lo cierto es que tal circunstancia resulta insuficiente para demostrar el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, pues no se trata de la presunción jurídica de un título de propiedad, como podría ser la factura, sino de la manifestación asentada en un convenio que quedó sujeto a condición. Máxime que consta de autos del juicio de reivindicación de origen 520/2015, que la posesión del tractor la detenta José Concepción Cervantes Madrigal, quien compareció a juicio a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, manifestando ser propietario y poseedor del mismo; medio de convicción que no fue objetado por la quejosa. De ahí que correspondía a la quejosa aportar las pruebas necesarias que corroboraran y robustecieran la información contenida en el convenio exhibido, a fin de justificar la propiedad y posesión que dice tener del tractor que reclama, y con ello demostrar su interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional, pues el mismo debe acreditarse fehacientemente y no con base en presunciones; sin que lo hubiera hecho ya que en el presente juicio de amparo no exhibió pruebas eficientes para justificar que, en la actualidad, tiene la posesión del bien mueble que pretende defender. Consecuentemente, el solo convenio sujeto a condición exhibido por la quejosa por sí mismo resulta insuficiente para acreditar su interés jurídico en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Así como la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 63, fracción V, de la citada Ley, se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. Son aplicables los criterios jurisprudenciales siguientes: "POSESION. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACION Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERES JURIDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCION Y MODIFICACION DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica". "INTERES JURIDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA PRUEBA IDONEA, EN TERMINOS DE LA LEY APLICABLE. Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo". SEXTO.- PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Teresa Alcalá Gascón, contra los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia de Tanhuato, Michoacán, por los motivos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO.- Se hace constar que la publicación de esta resolución se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Y por oficio a la autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.

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