Maria Santiago Rodriguez
Expediente 128/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Santiago Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el primero de los oficios de cuenta; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Secretario de Salud de Michoacán, y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General de Uruapan, "Dr. Pedro Daniel Martínez", a través de sus apoderados Jurídicos. Con el informe de referencia, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacerlo en la audiencia constitucional. Por otro lado, glósese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el diverso oficio del apoderado jurídico de las citadas autoridades responsables, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de doce de abril pasado, informa que a fin de acatar la suspensión de plano decretada en auto de diez de marzo del año en curso, informa lo siguiente: (.) En cumplimiento a requerimiento que ese juzgado de distrito realizó a las autoridades que represento mediante acuerdo de fecha 12 de abril de 2021, notificado a través de oficio número 6647, el14 del mismo mes y año, estando dentro del plazo legal que nos fue concedido para tal efecto, me permito manifestar que de acuerdo con información proporcionada en el nosocomio señalado como responsable, que la impetrante de amparo a la fecha no ha comparecido a solicitar atención médica, situación que se ha venido informando a esta autoridad desde el informe Previo y posteriormente en el Informe Justificado. No obstante, lo anterior a fin de garantizar el derecho a la salud que le asiste a la quejosa y en aras de salvaguardad su estado de salud, mis mandantes han determinado desde estos momentos brindarle 2 sesiones de hemodiálisis por semana, de manera subrogada en la Clínica Particular; Grupo Médico Luar, la cual está ubicada en la calle Salazar Número 71 Colonia fa Magdalena. Uruapan, Michoacán, los días Miércoles y sábados e la 8:00 horas, para lo cual solicitamos a que se le conmine a la accionante de amparo, en el domicilio procesal que tiene señalado en autos, para que acuda de manera puntual a partir del próximo sábado a' la hora señalada. De lo anterior se advierte que la autoridad responsable agendó la siguiente cita médica: Diecisiete de abril de dos mil veintiuno: 8:00 a.m, en la clínica Clínica Particular; Grupo Médico Luar. Lo anterior, a fin de que la quejosa acuda Clínica Particular; Grupo Médico Luar, ubicada en la calle Salazar Número 71 colonia fa Magdalena. Uruapan, Michoacán, en el horario y día fijado, para comenzar con su plan de tratamiento médico; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, agréguese a sus autos para que obren como legalmente corresponde, el oficio signado por la Vicente Zarco Suayd apoderado Jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diez de marzo del año en curso, informa que, a fin de acatar la suspensión de plano decretada en el referido auto, refiere lo siguiente: (.) "Ahora bien en aras de cumplir con la medida cautelar otorgada por ese órgano constitucional se invita a la quejosa a acudir el día y hora que ella determine, al nosocomio señalado como responsable a fin de realizarle su historial clínico y apertura del expediente que corresponde, siguiendo los protocolos establecidos en el hospital para tal efecto, para ello debe comparecer con tres copias fotostáticas de los siguientes documentos: Acta de nacimiento. Identificación oficial. Curp. Constancia de no derechohabiente de IMSS e ISSSTE." Lo anterior, a fin de que la quejosa acuda al Hospital General de Uruapan, "Dr. Pedro Daniel Martínez", a fin de realizar su historial clínico y apertura el expediente que corresponde con la documentación antes descrita; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y se da vista a la parte quejosa, en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo, para que se constituya ante la autoridad responsable a abrir el expediente respectivo y, una vez hecho lo anterior, dicha quejosa lo haga del conocimiento de este juzgado. En virtud de la proximidad de la fecha para la cita médica de referencia, se ordena enviar los oficios de cuenta al correo electrónico que se proporcionó en la demanda de amparo, a efecto de que se imponga la quejosa de su contenido. Asimismo, con fundamento en los artículos 9° y 28 de la Ley de Amparo, téngaseles a dichas autoridades responsables, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican y como delegados a las personas que mencionan en sus informes de cuenta. Finalmente, es necesario precisar que los comunicados de cuenta, fueron remitidos por correo electrónico y su recepción en el correo oficial de este juzgado fue certificada por la Secretaria de este juzgado, por ende, tiene la misma calidad que si se hubiera recibido en físico, en razón de que, a criterio del suscrito, la información proporcionada por medio del correo electrónico, forma parte del sistema mundial diseminación y obtención de datos, que es comúnmente utilizado en la actualidad para transmisión de documentos; estimándose apto para ese fin el uso correo electrónico entre autoridades, al contar con cuentas oficiales; además, su base legal se encuentra en la aplicación por interpretación extensiva, del concepto "medios magnéticos", que se estima incluye a los electrónicos, a través del cual la autoridad responsable, puede rendir información y desahogar requerimientos. En otra vertiente, agréguese el escrito signado por Enrique Villanueva Arreola autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso María Santiago Rodríguez; mediante el cual manifiesta que al día doce de abril del año en curso la quejosa no ha recibido tratamiento que requiere, por lo que solicita se aperciba a las autoridades responsables para que den cumplimiento a la suspensión de plano; al respecto dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. No obstante lo anterior, se toman medidas de cumplimiento como lo autoriza el artículo 158 de la Ley de Amparo, con la finalidad de tener debidamente acreditado en este juicio, el cumplimiento de la suspensión de que se trata, se comisiona a cualquiera de los actuarios de este juzgado, para que el día de la cita, dentro de horario hábil, espere a la quejosa en al lugar donde deben darle la atención médica, (Diecisiete de abril de dos mil veintiuno: 8:00 a.m, en la Clínica Particular; Grupo Médico Luar), y se cerciore de que se le prestará la misma; para lo cual bastará con que tome la manifestación de la persona responsable de la institución que reciba a la quejosa y que le informe de la certeza de que se le prestará, en ese momento, la atención de hemodiálisis respectiva; hecho lo cual, el actuario podrá retirarse. Artículo 158. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de esta Ley. En caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas para el cumplimiento. NOTIFIQUESE; y personalmente a la parte quejosa y se ordena enviar los oficios de cuenta al correo electrónico que se proporcionó en la demanda de amparo, a efecto de que se imponga la quejosa de su contenido.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de cuenta levantada por el actuario de la adscripción en la que se advierte lo siguiente: " (.)Que a las veintiún horas de esta fecha, recibí una llamada del licenciado Enrique Villanueva Areola, quien me informó que con la finalidad de hacer del conocimiento de la parte quejosa el contenido del acuerdo dictado en esta fecha, en los autos del juicio de amparo 128/2021, entabló comunicación con el esposo de la aludida ********************, quien le informó que el dos de marzo de dos mil veintiuno, su esposa (********************) había fallecido, razón por la cual, a la brevedad posible, presentaría el acta de defunción respectiva para que obre en autos del juicio de amparo aludido..." Por tanto, en atención a lo anterior se deja sin efectos la diligencia encomendada al actuario de la adscripción, programada para las ocho horas del día diecisiete de abril de dos mil veintiuno, en la Clínica Particular; Grupo Médico Luar), con residencia en esta ciudad, que tenía como finalidad que la quejosa recibiera la atención médica requerida (hemodiálisis). Por otra parte, requiérase a Enrique Villanueva Arreola autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa ********************, para que en el término des tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada, en atención a lo manifestado en la razón actuarial de cuenta, manifieste lo que a su interés convenga y, de ser el caso, exhiba el acta de defunción respectiva; lo anterior para estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. NOTIFIQUESE; y personalmente al autorizado de la parte quejosa.
- Principal
Uruapan, Michoacán, doce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable a la fecha no ha dado cumplimiento a la suspensión de plano decretada en auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, por tanto, tomando en cuenta la trascendencia del acto reclamado, se requiere a la autoridad responsable Director del "Hospital Regional de Uruapan", perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que, dentro del término de veinticuatro horas, siguientes al en que reciba el oficio respectivo, informe a este órgano jurisdiccional, la forma y términos en que ha dado cumplimiento a la suspensión de plano que le fue concedida al quejoso en auto de diez de marzo de dos mil veintiuno; además, se le hace del conocimiento a dicha responsable que subsisten los apercibimientos ahí decretados. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede se advierte que por auto de diez de marzo de dos mil veintiuno se remitió a través de correo electrónico el oficio 4456, sin embargo, del expediente electrónico se advierte que la autoridad responsable no acusó de recibo del mismo. Por tanto, reenviase el oficio 4456 dirigido a la SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACÁN al que deberá adjuntar el oficio 4456 y escrito de demanda; a fin de que se encuentre debidamente notificada del auto de diez de marzo del año en curso y se encuentre en condiciones de rendir su informe justificado. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el escrito signado por Enrique Villanueva Arreola autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso María Santiago Rodríguez; mediante el cual manifiesta lo siguiente: (.) vengo a manifestar que al día de hoy 23 veintitrés de marzo del 2021 dos mil veintiuno, la quejosa MARIA SANTIAGO RODRIGUEZ, no ha recibido el tratamiento que requiere para vivir, asi como tampoco se tiene conocimiento o instrucciones que deba realizar a fin de que se le proporcione el tratamiento necesario por lo tanto, es evidente que las autoridades responsables tan solo están realizando actos evasivos y dilatorios para no dar cabal cumplimiento a la suspensión de oficio y plano que le fue concedida por su señoría además, desde el escrito inicial de demanda quedo debidamente acreditado que el tratamiento que la quejosa necesita es el de HEMODIÁLISISS (.)" (sic) En tales condiciones y, en atención al ocurso de cuenta, debe decirse que, como bien lo establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prestación de servicios de salud en el Estado, se debe procurar bajo diversos regímenes, complementados entre sí, como se refiere en la jurisprudencia de pleno número 168549; sin embargo, la comprensión actual de las obligaciones del Estado en este tema, son distintas a las condiciones existentes en el momento en que se emitió la jurisprudencia. En efecto, como se analiza, la jurisprudencia se emitió en el dos mil ocho, por ende, se considera plenamente aplicable, a los asuntos generados en ese momento; sin embargo, en la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, se generó un cambio paradigmático en el entorno de derechos humanos, en el Estado Mexicano, y quedaron plasmados en el antepenúltimo párrafo del artículo 1 de la Constitución Federal, las nuevas obligaciones de las autoridades que conforman el derecho mexicano, que dice: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Párrafo reformado DOF 10-06-2011 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 Ese precepto, generó una nueva forma de comprender la interpretación y aplicación de la norma, aplicando junto con el artículo 133 de la Ley de Amparo, un nuevo bloque constitucional, de modo que, en materia de derechos humanos, constituye el régimen superior como marco normativo, tanto en nuestra Constitución, como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, y primordialmente con el principio de interpretación pro persona el Estado Mexicano, se proveyó de las herramientas necesarias para tutelar de manera adecuada los derechos humanos. Es así, que el criterio jurisprudencial que se invoca, cuyo texto y rubro versan de la manera siguiente: SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." Debe leerse nuevamente conforme a los alcances de la jurisprudencia 2019358 emitida recientemente por la Primera Sala, de rubro y texto: DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." En el cual, ese alto Órgano ya no consideró que la protección de la salud sea responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y los beneficiarios, sino que llegó a la conclusión de que el respeto a la salud de las personas como individuos, corresponde al interés evidente del estado para procurar a las personas, en lo individual, un adecuado estado de salud y bienestar. De esa forma, se logra una interpretación conforme a la Constitución en su texto actual, que permite reconocerla en forma congruente con los tratados de derechos humanos que ha suscrito el Estado mexicano, específicamente con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; conforme a la cual, al "Hospital Regional de Uruapan" perteneciente a la Secretaria de Salud del Estado de Michoacán, le atañe vigilar por el estado de salud de las personas, utilizando las palabras de la Primera Sala, tiene "evidente interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar"; ya que es la obligación integral del Estado Mexicano proveer a las personas del más alto estado de salud disponible. Por tanto, es preciso destacar la normativa siguiente: El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, señala: Artículo 4°. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las Entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." Además, que el derecho a la salud, también se encuentra contemplado en diversos instrumentos internacionales. En efecto, el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece lo siguiente: ".Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.". Por su parte, la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, en su artículo XI, refiere: "Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.". Además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2, párrafo inicial y 12, refieren: "Artículo 2. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos" "Artículo 12 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2.d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad." Por lo anterior, este Tribunal, no desconoce que en el caso, las obligaciones competen al "Hospital Regional de Uruapan" perteneciente a la Secretaria de Salud del Estado de Michoacán, en cuanto autoridad responsable; empero, proporcionando al quejoso el plan o tratamiento médico para el quejoso de que se trata. Por lo que de lo anterior se desprende, que la autoridad responsable a la fecha no ha dado cumplimiento pues la suspensión de plano decretada en auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, por tanto, REQUIÉRASE al "Hospital Regional de Uruapan" perteneciente a la Secretaria de Salud del Estado de Michoacán, a efecto de que acate la suspensión de plano otorgada en auto de diez de marzo pasado, en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en dicho auto. Finalmente, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el alegato constitucional 60/2021, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual formula alegatos, por lo que con el mismo se ordena dar nueva cuenta al momento de la audiencia constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
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