Maria Teresa Aguilar Vargas
Expediente 663/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 663/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 20/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Maria Teresa Aguilar Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de abril del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución del tomo de pruebas que la autoridad responsable JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE TACÁMBARO, MICHOACÁN. adjuntó a su informe, consistente en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 637/2015, solicitando de la manera más atenta tenga bien acusar recibo de estilo. ARCHIVO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes, CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los autos a la actuaría de la adscripción. Conste."Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de abril del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución del tomo de pruebas que la autoridad responsable JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DE TACÁMBARO, MICHOACÁN. adjuntó a su informe, consistente en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 637/2015, solicitando de la manera más atenta tenga bien acusar recibo de estilo. ARCHIVO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe." DOS FIRMAS ILEGIBLES.
- Principal
Juicio de amparo I-663/2020 1 V I S T O S los autos del juicio de amparo número I-663/2020, promovido por MARÍA TERESA AGUILAR VARGAS, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veinte1, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y recibido en este órgano jurisdiccional al día siguiente, la quejosa de referencia, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES DEL ACTO DE AUTORIDAD: Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, con domicilio en MADERO ORIENTE ESQUINA CON PRÍNCIPE TACÁMBA S/N, FRACCIONAMIENTO HOSPITALES, LOCAL 2, TACÁMBARO, MICHOACÁN; 1 Fojas 3 a 15 Actuaria adscrita con funciones de notificador al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, con domicilio en MADERO ORIENTE ESQUINA CON PRÍNCIPE TACÁMBA S/N, FRACCIONAMIENTO HOSPITALES, LOCAL 2, TACÁMBARO, MICHOACÁN; .". "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: (.) De la autoridad ordenadora, reclamo todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dictadas dentro del expediente relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el tercero Perjudicado Mara Alcocer García, en contra de César Gustavo Miranda Rosales, contenido en el Juicio Ejecutivo Mercantil número 637/2015 del índice de dicho juzgado, y a la orden de ejecutar dichos actos procesales, en especial la Diligencia de Requerimiento de pago y Embargo, que trató de materializarse sobre un bien inmueble o muebles de los que la suscrita soy poseedora y propietaria que es el ubicado en la calle Rubén Romero número 196, zona centro de Tacámbaro, Michoacán, lugar del domicilio personal de la suscrita, en donde se trató de desposeerme de dichos bienes muebles e inmueble, incluyendo el embargo del mismo, con la amenaza de realizar la diligencia con auxilio de la fuerza pública y romper cerraduras. Bajo protesta de decir verdad señalo que el acto de Requerimiento de Pago y Embargo que trató de materializarse lo fue el día de ayer quince de octubre aproximadamente a las 18:20 dieciocho horas con veinte minutos de la tarde, sin que se me haya dejado documento alguno, por lo que me encuentro estando en tiempo ya que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tuve conocimiento de los actos que causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que se tiene conocimiento de ello.". Lo que estima violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por razón de turno correspondió a este Juzgado de Distrito conocer de la demanda de amparo en comento, quien por auto del veintiséis de octubre de dos mil veinte la admitió a trámite2; se solicitaron los informes justificados a las 2 Fojas 23 a 26 autoridades responsables, se ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Finalmente, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede3. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 36, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; por tratarse de una demanda de amparo en materia mercantil, promovida contra el acto de una autoridad residente en el territorio en que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. 3 Fojas 138 y 139 SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de la fracción I del artículo 74, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados, para lo cual se debe atender a la demanda de amparo vista en su integridad, así como las constancias que obran en autos, de lo que se obtiene que se reclama: a). Del Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán: El proveído de siete de octubre de dos mil veinte, que ordena realizar la diligencia de requerimiento de pago y embargo dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 637/2015, del índice del juzgado responsable, promovido por MARA ALCOCER GARCÍA en contra de CÉSAR GUSTAVO MIRANDA ROSALES; respecto del inmueble ubicado en la calle Rubén Romero número 196, centro de Tacámbaro, Michoacán, cuya posesión y propiedad dice ostentar; y, b). De la actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán, en funciones de notificador: La ejecución de dicho acto. Precisión que se realiza con apoyo en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". Así como la tesis P. VI/20045, que se titula: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido de los informes justificados rendidos por la Jueza de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán, y Actuaria adscrita a dicho juzgado, se advierte que niegan los actos reclamados; sin embargo, del contenido de los mismos se desprende que realizan manifestaciones en torno a la certeza del mismo, ante lo cual se tiene como ciertos los actos que se les reclaman6. 4Página 207, Tomo I, Materia Constitucional, Novena Época, del Apéndice 2000. 5 Página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 6 Fojas 33 a 36. Lo anterior es así pues la Jueza de mérito acepta que en el juzgado de su adscripción se tramita el juicio ejecutivo mercantil número 637/2015, promovido por MARA ALCOCER GARCÍA en contra de CÉSAR GUSTAVO MIRANDA ROSALES, dentro del cual en auto de siete de octubre de dos mil veinte, el juez responsable ordenó al Actuario judicial de su adscripción constituirse en la calle Rubén Romero número 196, centro de Tacámbaro, Michoacán, para requerir al demandado del pago de la cantidad de $119,589.05 (CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 05/100 MONEDA NACIONAL), virtud a la falta de cumplimiento voluntario de la sentencia dictada en el referido juicio, con el apercibimiento que de no hacerlo en el momento de la diligencia, se le embarguen bienes suficientes y bastantes para cubrir lo requerido, sin que hasta ese momento obrara constancia alguna del cumplimiento de tal proveído. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas relativas al juicio ejecutivo mercantil número 637/2015, que remitió la juez responsable como justificación de su informe, las cuales obran en un cuaderno de pruebas por separado. Documental a la que se otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Determinada la certeza de los actos reclamados, procede examinar la procedencia del juicio de garantías, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Este Juzgado de Distrito estima que respecto del acto reclamado indicado en el inciso a) del considerando segundo, consistente en la orden de requerimiento de pago y embargo en contra del demandado en el juicio de origen, realizada por el Juez responsable en proveído de siete de octubre de dos mil veinte, con afectación al inmueble ubicado en la calle Rubén Romero número 196, centro de Tacámbaro, Michoacán, cuya posesión y propiedad dice ostentar, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (interés jurídico). En el caso que nos ocupa el acto reclamado deriva del juicio ejecutivo mercantil número 637/2015, promovido por MARA ALCOCER GARCÍA, por conducto de sus endosatarios en procuración, en contra de CÉSAR GUSTAVO MIRANDA ROSALES. Al efecto, la quejosa, como tercera extraña a dicho procedimiento, se ostenta poseedora y propietaria del inmueble ubicado en la calle Rubén Romero número 196, centro de Tacámbaro, Michoacán. En principio se considera que la orden de requerimiento de pago y embargo efectuada a través del proveído de siete de octubre de dos mil veinte, no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, pues tal requerimiento de pago y embargo de bienes se efectuó directa y expresamente respecto del demandado CÉSAR GUSTAVO MIRANDA ROSALES, no así de la aquí quejosa MARÍA TERESA AGUILAR VARGAS. En consecuencia, el referido requerimiento de pago y embargo no se ordenó respecto de bienes de la ahora amparista, sino del enjuiciado CÉSAR GUSTAVO MIRANDA ROSALES, por concepto de falta de cumplimiento voluntario a la sentencia dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil de donde emana el acto reclamado. A más de que dicho documento no contiene un mandamiento no contiene un apercibimiento de que en caso de no realizarse dicha diligencia, se podrá proceder al uso de la fuerza y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble cuya propiedad refiere tener la quejosa y donde tiene su domicilio. Entonces, el solo dictado de dicho proveído no le ha causado molestia en su propiedad y posesiones localizadas en el referido domicilio, en tanto que tampoco se ha ejecutado; por lo cual, no existe afectación alguna al derecho sustantivo especificó de la propiedad y posesión que aquí defiende. Corrobora lo anterior, la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2006503 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común, Civil Tesis: I.13o.C.12 C (10a.) Página: 2040 INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para lo cual, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Pues bien, para pedir amparo la peticionaria debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, sostiene lo siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2004501 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.) Página: 1854 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Conforme al anterior criterio, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado como condicionantes para demostrar el interés jurídico lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. De ahí que en el caso que nos ocupa, la quejosa debe acreditar fehacientemente el interés jurídico, lo cual no aconteció, pues como ya se vio, no se advierte la existencia de algún acto de autoridad que afecte real y efectivamente o en forma inminente sus bienes jurídicamente amparados. Lo anterior en virtud de que aun cuando exhibe copia certificada de un recibo de luz y pago de impuesto predial, relativos al domicilio ubicado en calle Rubén Romero número 196 de Tacámbaro, Michoacán, así como la escritura pública número seiscientos setenta y do, volumen VIII, elaborada el veinte de agosto de mil novecientos ochenta y siete, por el Notario Público número 33, con ejercicio y residencia en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán7, relativa al contrato de compraventa que dicha quejosa junto con ABEL TORRES DUARTE efectuó con JOSÉ AMADOR Y MARÍA VICTORIA RAYAS GAMIÑO, en cuanto vendedores, donde TERESA AGUILAR VARGAS (SIC) Y ABEL TORRES DUARTE, compraron para sí en mancomún y proindiviso la nuda propiedad del inmueble ubicado en la calle Rubén Romero número 196, zona centro de Tacámbaro, Michoacán. Con lo cual pudiera acreditar el interés jurídico que le asiste para defender la propiedad y posesión de dicho inmueble. Empero, lo cierto es que como quedó precisado en párrafos precedentes, en el auto reclamado de siete de octubre de dos mil veinte, solo se ordenó al actuario responsable constituirse en dicho domicilio, porque tal domicilio se señaló en autos del juicio natural como el del demandado CÉSAR GUSTAVO MIRANDA ROSALES, hoy tercero interesado; pero, sin apercibir con el 7 Fojas 16 a 22 rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública. También el requerimiento de pago y embargo ordenado en ese acuerdo, se insiste, no se dirigió a la ahora quejosa, sino respecto del deudor CÉSAR GUSTAVO MIRANDA ROSALES, orden que a la fecha no se ha diligenciado, pues así se desprende de las constancias del juicio de donde emana el acto reclamado, remitidas por la juez responsable; por lo que menos aún se acredita la afectación en bienes de la peticionaria del amparo. Sin que obste a lo anterior el que la quejosa en su escrito de demanda refiera que el quince de octubre de dos mil veinte, aproximadamente a las dieciocho horas con veinte minutos, se presentó en su domicilio quien dijo ser la actuaria del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán, asociada de otra persona que dijo ser abogado de la parte actora en un juicio y que era MARA ALCOCER GARCÍA a efecto de llevar a cabo diligencia de requerimiento de pago y embargo, el cual trató de materializar en un inmueble o muebles de los cuales es poseedora y propietaria, ubicado en la calle Rubén Romero número 196, centro de Tacámbaro, Michoacán, virtud que ese era el domicilio del demandado CÉSAR GUSTAVO MIRANDA ROSALES, lo cual negó rotundamente debido que a éste no vive en ese lugar sino en los Estados Unidos de América. Lo anterior porque como quedó de manifiesto en párrafos precedentes, de la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil número 637/2015 que la responsable remitió como complemento de su informe justificado, no se advierte dicha diligencia; más aún con dicha manifestación se acredita que, como se ha venido diciendo, la orden de requerimiento de pago y embargo, se dirigió a CÉSAR GUSTAVO MIRANDA ROSALES y no en contra de la quejosa. En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. No pasa inadvertido a este juzgado Federal el contenido de la tesis siguiente: "Registro digital: 2005231 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 123/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 1023 Tipo: Jurisprudencia PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y LA FRACTURA DE CERRADURAS DERIVADO DE UNA ORDEN DE EMBARGO, EN EL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD DONDE TIENE SU DOMICILIO. En un juicio de naturaleza civil, la persona extraña a juicio tiene interés jurídico para promover amparo indirecto contra la determinación que hace efectivo el apercibimiento contenido en una orden de embargo, en cuanto al uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras (en caso de oposición) sobre el inmueble de su propiedad y en el cual tiene su domicilio. Lo anterior, ya que la afectación a su esfera jurídica se produce porque con la citada orden existe la posibilidad de que se vulneren los derechos fundamentales a la propiedad e inviolabilidad del domicilio injustificadamente; de ahí que resulte procedente el juicio de amparo indirecto, cuando la persona extraña a juicio demuestra ser propietaria del inmueble y tener su domicilio en éste, sin que ello prejuzgue sobre el fondo del asunto, toda vez que la determinación de hacer efectivo dicho apercibimiento constituye la materia del amparo en el que habrá de dilucidarse si esa autorización se encuentra ajustada a derecho.". Empero, en el particular, se insiste, aunque se ordenó requerir al reo en el domicilio cuya propiedad acredita la quejosa, apercibido de realizar el embargo, lo cierto es que en momento alguno se verificó el mismo, menos aún se apercibió con el uso de la fuerza pública y fractura de cerraduras; ni se hizo efectivo algún apercibimiento en esos términos. Por lo que con ello, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por la quejosa, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables y que con antelación se precisaron. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución reclamados, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad atribuida al acto de la ordenadora. Es aplicable la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "Época: Séptima Época Registro: 253622 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 91-96, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 286 AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Sin que el sobreseimiento decretado cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2002139 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. LXXXI/2012 (10a.) Página: 1587 DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables". QUINTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 76, 77, 78 y 155 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE, el juicio de amparo promovido por MARÍA TERESA AGUILAR VARGAS, contra los actos y por las autoridades precisadas en los considerandos segundo y cuarto de este fallo, por los motivos expuestos en el último de los mismos. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese Personalmente. Así, lo resolvió y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa con el secretario que autoriza y da fe, Leonel López Pérez, hasta hoy veintiséis de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
- Principal
ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE I- 663/2020, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo I-663/2020, promovido por María Teresa Aguilar Vargas, por propio derecho contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo existen terceros interesados Mara Alcocer García y César Gustavo Miranda Rosales, quienes fueron debidamente emplazados al presente juicio. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: a).- Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán. b).- Actuaria del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte la autoridad señalada como responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán, remitió la prueba documental consistente en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 637/2015 de su índice, prueba que se tuvo por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, documental que hizo suyas la actuaria del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Juicio de amparo I-663/2020 EL JUEZ: Se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. ESPERANZA FUENTES REYES
- Incidental
Morelia, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que mediante resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa María Teresa Aguilar Vargas la suspensión definitiva respecto del acto reclamado en el juicio de amparo I-663/2020; asimismo, que como medida cautelar, este órgano jurisdiccional impuso al amparista la obligación de exhibir, dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al que surtiera efectos la notificación de dicha resolución, la garantía fijada para que continuara surtiendo efectos la medida cautelar concedida; sin que hubiese cumplido con dicha obligación, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro del presente proveído. DEJA DE SURTIR EFECTOS SUSPENSIÓN. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136, párrafo segundo, comuníquese a las autoridades responsables que la medida suspensiva que en definitiva fue decretada en autos mediante la interlocutoria de mérito, ha dejado de surtir sus efectos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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