María Sugey Maldonado López
Expediente 273/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 40 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 273/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Sugey Maldonado López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de mayo de dos mil veintitrés. REMITIR EXPEDIENTE PARA SUBSTANCIAR RECURSO DE REVISIÓN Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante proveído de veintiocho de abril del año en curso, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer la parte quejosa contra de la sentencia dictada en autos; asimismo, que todas las partes en el presente juicio de amparo han quedado debidamente notificadas de dicho medio de impugnación. En consecuencia, mediante oficio, se ordena remitir el presente juicio de amparo juntamente con un tomo de pruebas, así como el escrito de alegatos y escrito original de agravios y las copias correspondiente para el Agente del Ministerio Público Federal, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintitrés. ALEGATOS EN RELACIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN. Agréguense a los presentes autos el copia del escrito de cuenta mediante el cual la parte tercera interesada formula alegatos en relación al recurso de revisión interpuesto por su contraparte en contra de la resolución emitida en el juicio de amparo en que se actúa, en tanto que el escrito original y la copia relativa, deberá remitirse conjuntamente con el escrito original de agravios y demás anexos, al tribunal superior para la substanciación y resolución de dicho medio de impugnación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. POR INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN. Agréguense a los presentes autos el copia del escrito de cuenta mediante el cual la parte quejosa interpone recurso de revisión en contra de la resolución emitida en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso. Por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad remítase el presente juicio de garantías, escrito original de agravios y la copia para el Fiscal Federal de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese personalmente y mediante oficio como corresponda. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número X-273/2021, promovido por María Sugey Maldonado López, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y remitido al día siguiente hábil por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, María Sugey Maldonado López promovió demanda de amparo contra actos del Magistrado del tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda registrada bajo el número X-273/2021; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Mediante sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se negó la protección constitucional solicitada por la quejosa. Inconforme con dicha determinación interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, bajo el amparo en revisión administrativa 123/2022. Por lo que mediante ejecutoria emitida en sesión de diez de noviembre de dos mil veintidós, dicha superioridad revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de ".recabar los elementos de prueba que estime necesarios con la finalidad de precisar los derechos agrarios de la quejosa, señalando además nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en la que se deberá dictar la sentencia que conforme a derecho se estime procedente, tomando en consideración los nuevos datos recabados.". En cumplimiento a dicha determinación, se giraron diversos oficios a las autoridades responsables a fin de que remitieran las documentales relativas al procedimiento instaurado por Antonia López Rivera y que dio origen al certificado 1055883. Finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. En términos de lo señalando en los artículos primero y quinto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el presente asunto, será resuelto conforme a la ley vigente a partir del tres de abril del referido año, al haberse presentado la demanda de amparo con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, cuyo contenido no se oponga a lo que la ley vigente de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la citada ley. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello en razón de que la parte quejosa reclama actos atribuidos a una autoridad agraria con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce su competencia mixta este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado"., es necesario precisar el reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la peticionaria de garantías, como tercera extraña en estricto sentido, reclama en esta instancia constitucional lo siguiente: Del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad, la afectación a los derechos agrarios que le corresponden como heredera de la finada Antonia López Rivera, en la controversia agraria 133/2019, respecto al cual se ostenta como tercera extraña típica en estricto sentido; y, como consecuencia, todo lo actuado en el referido juicio agrario, en particular, la orden de expedir certificado de propiedad a favor de Faustino López Rivera, respecto de la parcela número 146, zona 1, polígono 1, con superficie 6- 77-49.560 hectáreas, del ejido "La Huacana", municipio de La Huacana, Michoacán, dispuesta en la sentencia definitiva de ocho de abril de dos mil diecinueve. Del Delegado Estatal en Michoacán del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, la ejecución de dicha inscripción. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las documentales exhibidas en autos, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de copia certificada y actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En principio, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con sede en esta ciudad, señala que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de la Materia, toda vez que las actuaciones realizadas en el juicio agrario respecto al cual la quejosa se ostentó como tercera extraña no le generaban afectación alguna. Lo anterior en la medida en que no se violentaron sus derechos de audiencia previa y seguridad jurídica, dado que la sucesión de derechos ejidales que se ventiló en dicho juicio se desahogó conforme al marco normativo establecido en la legislación aplicable, a saber, conforme al artículo 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos numerales 18 y 189 de la Ley Agraria. Además que la afectación que hace valer la quejosa constituye una mera expectativa de derechos, es decir, que lo actuado en dicho juicio no afecta de ninguna manera derechos plenamente adquiridos por la solicitante del amparo. Motivo de improcedencia que resulta inatendible por guardar estrecha relación con el estudio de fondo de los argumentos planteados por la quejosa en el juicio de amparo. En efecto, conviene recordar que la quejosa pretender defender a través del presente medio de control constitucional la afectación a los derechos que le corresponden respecto la parcela ejidal materia de la sucesión ventilada en el juicio agrario de origen, ostentándose para tal efecto como tercera extraña a dicho procedimiento. En ese sentido, toda vez que el análisis de la causal de improcedencia invocada implica determinar si efectivamente lo actuado en el juicio de origen constituye una afectación a los derechos fundamentales de la quejosa y, por ende, concluir si tales actuaciones son legales o no, es claro que el examen de dicho motivo de sobreseimiento implica necesariamente iniciar un estudio de fondo de lo planteado en el juicio, lo cual deberá realizarse a la luz de los conceptos de violación que la quejosa hizo valer para tal efecto. De ahí que el motivo de improcedencia invocado no puede analizarse como un impedimento para proceder al estudio de la regularidad constitucional de los actos reclamados, sino que tales cuestiones se ventilarán como un aspecto atinente al estudio de fondo que se emprenderá en el siguiente apartado. Por otro lado, la autoridad responsable invoca como diverso motivo de improcedencia la actualización de la causal contenida en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, en el sentido de que las actuaciones reclamadas por la quejosa tienen la naturaleza de actos consumados. Causal de improcedencia que debe desestimarse, toda vez que contrario a lo que alega la responsable, los actos materia del presente juicio de amparo no tienen la naturaleza de consumados. Ello en la medida en que si bien a la fecha ya concluyó el juicio agrario de origen y en la sentencia definitiva respectiva se ordenó la expedición de la constancia de derechos relativa a la parcela que pretende defender la quejosa en favor del aquí tercero interesado Faustino López Rivera; también cierto es las consecuencias jurídicas de tales actuaciones pueden dejarse sin efectos en caso de que se estime que efectivamente se violentaron los derechos fundamentales de la quejosa. Lo anterior toda vez que en caso de que se demostrara dicho extremo, materialmente sería posible dejar sin efectos lo actuado en el juicio agrario apuntado a efecto de abstraer de la controversia de origen los derechos agrarios que alega ostentar la quejosa. De ahí lo desacertado del argumento que formula la autoridad responsable. Luego, como las demás partes no invocaron otra causa de improcedencia o sobreseimiento y este juzgador, por su parte, no advierte que se configure alguna de ellas, en el siguiente apartado se examinará la regularidad constitucional de los actos reclamados en el presente juicio de amparo. De ahí que sea inatendible la hipótesis de inejercitabilidad propuesta. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, los que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación hechos valer por la quejosa María Sugey Maldonado López, resultan infundados y, por ende, insuficientes para conceder la protección constitucional solicitada. En su único concepto de violación, la promovente alega medularmente que lo actuado en el juicio agrario de origen, en particular la orden de expedir un certificado de propiedad a favor del aquí tercero interesado Faustino López Rivera, resulta violatorio de sus derechos humanos de audiencia previa, legalidad y seguridad jurídica, en la medida en que no fue llamada a dicho procedimiento, aun cuando tiene interés en él. Lo anterior dado que, según su dicho, ella es titular de los derechos relativos a la parcela ejidal materia de la sucesión que ahí se ventiló, a saber, la número 146, zona 1, polígono 1, con superficie 6-77- 49.560 hectáreas, del ejido "La Huacana", Municipio de la Huacana, Michoacán, que le correspondieron en vida a su madre Antonia López Rivera. Ello en la medida en que la parcela apuntada originalmente le perteneció a Cirila Rivera Flores - fallecida el veintiséis de marzo de dos mil diecisiete-, quien designó como su heredera a Antonia López Rivera, a través de lista de sucesión depositada ente el Registro Agrario Nacional, en términos de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Agraria. Aduce la quejosa que a su vez y con posterioridad al deceso de Cirila Rivera Flores, Antonia López Rivera falleció el pasado seis de enero de dos mil diecinueve, por lo cual afirma que en virtud del parentesco que guarda con ella -madre e hija- le corresponden los derechos que su progenitora tuvo con respecto a la parcela 146, zona 1, polígono 1, con superficie 6-77-49.560 hectáreas, del ejido "La Huacana", municipio de La Huacana, Michoacán. Con esas bases, la quejosa afirma que se le debió de haber llamado al juicio agrario de origen, de manera que al no haberse hecho así y expedirse un certificado de propiedad de la extensión de tierra apuntada en favor del aquí tercero interesado Faustino López Rivera, se violentó en su perjuicio su derecho fundamental de audiencia previa. Motivo se disenso que como ya se adelantó, resulta infundado, tal como se explica a continuación. En principio, es necesario invocar el contenido de los numerales 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]". La interpretación literal de la fracción VI del numeral 107 de la ley de la materia, prevé como regla general, que la contienda constitucional es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él. Para efectos del juicio amparo, persona extraña a juicio es, en principio, aquella que no ha figurado en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o durante la etapa de ejecución de las resoluciones recaídas en dicho sumario, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que la persona extraña a juicio es aquella que no ha figurado en el juicio como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones, sin haber contado con la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, por equiparación la parte que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente. Sobre el particular resulta ilustrativa la Jurisprudencia P./J.7/98, de rubro y texto siguientes: Registro digital: 196932 Instancia: Pleno Novena Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 7/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 56 Tipo: Jurisprudencia "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente" . Del criterio anterior se desprenden dos tipos de tercero extraño a juicio: a. En estricto sentido: aquel que no es parte formal en el juicio natural y, no obstante ello, sufre un perjuicio dentro de aquél o en su etapa de ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa. b. Por equiparación: quien aun siendo parte dentro del juicio, no haya sido emplazada o lo fue incorrectamente. Con esas bases, es dable concluir que si en un juicio de amparo quien acude como parte quejosa pretende ostentarse como tercera extraña a juicio, esta debe acreditar en principio que lo ahí actuado le ha generado una afectación a sus derechos subjetivos. En específico, cuando se reclama que tales actuaciones han afectado derechos involucrados con la titularidad de un bien inmueble, como lo es una parcela ejidal, es necesario que el quejoso acredite la existencia de los mismos, pues sólo así demostrará que los actos combatidos efectivamente resultan violatorios de sus derechos fundamentales. Ahora, es oportuno transcribir los numerales 17 y 18 de la Ley Agraria que contienen las reglas aplicables para las sucesiones en materia agraria, de contenido siguiente: "Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior". "Artículo 18. Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: I. Al cónyuge; II. A la concubina o concubinario; III. A uno de los hijos del ejidatario; IV. A uno de sus ascendientes; y V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos". De dichos numerales se obtiene que en el artículo 17 transcrito, se establece la figura de la sucesión testamentaria, según la cual, el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario. Lo cual puede hacer a través de la formulación de la lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba efectuarse la adjudicación de sus derechos a su fallecimiento, y para que esa lista tenga plena eficacia y validez, debe realizarse su depósito en el Registro Agrario Nacional, formalizarla ante Notario Público e, incluso, otorgar testamento ordinario conforme al derecho civil. Por su parte, del artículo 18, en lo que interesa, indica que cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, se abrirá la sucesión legítima en los términos del orden de preferencia ahí indicado. Ahora bien, cabe precisar que al resolver la contradicción de tesis 247/2009, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación determinó medularmente que para la transmisión de derechos ejidales mortis causa debía seguirse un procedimiento, ya que ésta no opera de pleno derecho. Lo anterior dado que contrario a lo que sucedía en materia civil, para la transmisión de los derechos ejidales, la propia Ley Agraria y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, establece como regla una condición suspensiva, al imponer al sucesor designado en la lista a que se refiere el artículo 17 de la Ley Agraria, la carga de llevar a cabo un procedimiento contencioso o administrativo, según corresponda al caso, para consolidar la transmisión de esos derechos. De manera que la muerte del autor de la sucesión no implicaba por sí la transmisión de derechos ejidales de pleno derecho al sucesor designado en la lista inscrita ante Registro Agrario Nacional o la que se formalizó ante fedatario público. Premisa que, indicó, se había reiterado en diversos criterios jurisprudenciales emitidos por nuestro Máximo Tribunal. Con esas bases, la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal analizó si el sucesor designado por el ejidatario, que le sobrevive, pero posteriormente fallece, sin haber consolidado la transmisión de los derechos sucesorios, podía transmitir esos derechos a sus herederos. Al respecto concluyó que con relación al momento en que se realiza la transmisión de los derechos sucesorios agrarios por testamento, la Ley Agraria establecía una modalidad que la distingue del derecho común, al determinar que la transmisión de derechos ejidales mortis causa no operaba de pleno derecho y, por tanto, para que fuera válida debía cumplirse con la condición de seguir un procedimiento contencioso o administrativo, condición que para efectos de su cumplimiento debía regirse conforme a las reglas aplicables del derecho común. En este orden de ideas, nuestro Máximo Tribunal concluyó que el sucesor designado en la lista inscrita en el Registro Agrario Nacional, adquiere la expectativa a obtener la transmisión de los derechos ejidales, desde el momento en que se causa la herencia, es decir, a la muerte del autor de la herencia. Sin embargo, acotó que mientras no se cumpliera la condición para la transmisión de los derechos ejidales por testamento (llevar a cabo un procedimiento contencioso o administrativo, para consolidar la transmisión), no se podía hacer efectivo ese derecho, ello en términos de lo dispuesto en los artículos 1938 y 1939, del Código Civil Federal. De manera que cuando el heredero designado que sobrevive al de cujus, pero posteriormente fallece, sin cumplir la condición para la transmisión de los derechos ejidales por testamento, no transmite derecho alguno a sus herederos, ya que la falta de cumplimiento de la condición por causa de muerte representa una imposibilidad legal para heredar, lo cual actualizaba una imposibilidad legal para adquirir la titularidad de los derechos sucesorios agrarios a la que se refiere el artículo 18 de la Ley Agraria. Lo que impondrá abrir la sucesión legítima, en caso de que se colmen todas las condiciones que ahí se establecen, esto es, que cuando ninguno de los sucesores señalados por el ejidatario en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el orden de preferencia que el mismo contempla, pero siempre a una sola persona. Tales consideraciones quedaron plasmadas en el siguiente criterio jurisprudencial: "Registro digital: 166180 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 145/2009 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Octubre de 2009, página 69 Tipo: Jurisprudencia DERECHOS AGRARIOS. EL SUCESOR DESIGNADO POR EL EJIDATARIO, QUE LE SOBREVIVE, PERO POSTERIORMENTE FALLECE, SIN HABER CONSOLIDADO LA TRANSMISIÓN SUCESORIA, NO TRANSMITE DERECHO ALGUNO A SUS HEREDEROS. En términos generales, no existe un derecho de sucesiones agrarias distinto al establecido por la legislación civil, sino que con las limitaciones o modalidades impuestas por la legislación agraria, las transmisiones por título de sucesión testamentaria quedan sujetas a las normas generales. Ahora bien, en relación con el momento en que se realiza la transmisión de los derechos sucesorios agrarios por testamento, la Ley Agraria prevé una modalidad que la distingue del derecho común, al determinar que no opera de pleno derecho y, por tanto, para su validez debe cumplirse con la condición de seguirse un procedimiento, según lo dispuesto en la propia Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. En este orden de ideas, el sucesor designado en la lista inscrita en el Registro Agrario Nacional adquiere la expectativa a obtener la transmisión de los derechos ejidales desde el momento de la muerte del autor de la herencia, pero mientras no se cumpla la condición de seguirse un procedimiento no puede hacer efectivo ese derecho, lo que concuerda con los artículos 1938 y 1939 del Código Civil Federal. De manera que cuando el heredero designado que sobrevive al de cujus, pero posteriormente fallece, sin cumplir la indicada condición, no transmite derecho alguno a sus herederos, ya que la falta de cumplimiento de aquélla por causa de muerte representa una imposibilidad legal para heredar; efectos que concuerdan con el artículo 1336 del Código Civil Federal, que para esos casos establece que se extingue la institución de heredero. Lo anterior no riñe con la circunstancia de que, en el caso de que el sucesor designado cumpla la condición suspensiva, esto es, que consolide la transmisión, la misma se retrotraiga al tiempo de la muerte del testador, ya que ese efecto retroactivo es una consecuencia común a la realización de toda condición, en términos del artículo 1941 del Código Civil Federal. Por otro lado, de las constancias procesales que integran el juicio agrario con respecto al cual la promovente se ostenta como tercera extraña se obtiene lo siguiente: A. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve el aquí tercero interesado Faustino López Rivera denunció la sucesión intestamentaria de Cirila Rivera Flores, quien refirió era la titular de los derechos ejidales correspondientes a la referida parcela 146 2-1 P/1, del ejido "La Huacana", Municipio de la Huacana, Michoacán y con la cual tenía una relación de parentesco de madre- hijo. Lo anterior con la finalidad de que se le reconociera como titular de tales derechos parcelarios y se ordenara al Registro Agrario Nacional realizara las anotaciones correspondientes y expidiera a su favor el certificado de propiedad correspondiente. B. Es importante precisar que de los hechos narrados en su escrito inicial de demanda, se obtiene que el aquí tercero interesado informó que la de cujus había fallecido el veinticinco de marzo de dos mil diecisiete, lo cual acreditó con el acta de defunción correspondiente. Asimismo informó que se encontraba depositada ante el Registro Agrario Nacional una lista de sucesión respecto de dichos derechos parcelarios en la que se reconoció como heredera a su hermana Antonia López Rivera, ello en términos del artículo 17 de la Ley Agraria. No obstante, indicó que dicha heredera había fallecido el seis de enero de dos mil diecinueve y que su única hija, María Sugey Maldonado López, aquí quejosa, había omitido tramitar su acta de defunción, por lo cual solicitó se le emplazara a juicio. Sin embargo, en escrito posterior aclaró dicha situación en el sentido de que no era necesario ordenar tal emplazamiento pues en autos ya obraba la referida acta de defunción. C. Por ende, en acuerdo de quince de marzo de dos mil diecinueve la autoridad responsable admitió a trámite dicha solicitud y señaló fecha para la celebración de la audiencia respectiva, la cual tuvo verificativo el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en la que se desahogaron los medios de prueba ofrecidos por el promovente. D. Posteriormente, mediante sentencia de ocho de abril de dos mil diecinueve, la autoridad responsable resolvió la petición del tercero interesado Faustino López Rivera, y al respecto concluyó que dicho promovente acreditó ser quien poseía mejor derecho para ser reconocido como nuevo titular de la parcela 146 2-1 P/1, zona 1, polígono 1, con superficie 6-77-49.560 hectáreas, del ejido "La Huacana", municipio de La Huacana, Michoacán. Lo anterior en la medida en que acreditó que su madre Cirila Rivera Flores, fue ejidataria de dicha comunidad agraria y titular de los derechos correspondientes a la superficie apuntada, quien falleció el veintiséis de marzo de dos mil diecisiete, además que existió una lista de sucesores en la que se designó como albacea a Antonia López Rivera y que esta última falleció el seis de enero de dos mil diecinueve. (Hasta aquí lo sucedido en el juicio agrario natural). Con esas bases, es dable afirmar que contrario a lo alegado por la quejosa, no es titular de los derechos sucesorios que tiene respecto de la parcela 146 2-1 P/1, zona 1, polígono 1, con superficie 6-77-49.560 hectáreas, del ejido "La Huacana", municipio de la Huacana, Michoacán; por ende, no ostenta el carácter de tercera extraña al juicio natural. Ello en la medida en que de conformidad con los medios de prueba que exhibió junto con su escrito inicial de demanda, y las constancias que fueron recabadas oficiosamente por este juzgado federal, en cumplimiento a la reposición del procedimiento ordenado por el tribunal de alzada, no se demostró la existencia de los derechos sucesorios que aduce se configuran en su beneficio. En efecto, la quejosa allegó al presente juicio de amparo como medios de prueba, los siguientes: a)Oficio número SDR/1894/2019 de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, emitido por el Registrador Integral perteneciente a la Delegación en Michoacán del Registro Agrario Nacional, en la que se hizo constar que a Antonia López Rivera le fue asignada la parcela 146, del ejido "La Huacana", Municipio de La Huacana, Michoacán, y certificado parcelario número 1055883, mediante la lista de sucesión depositada ante el Registro Agrario Nacional. b)Oficio número SDR/4699/2017 de quince de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el Registrador Integral perteneciente a la Delegación en Michoacán del Registro Agrario Nacional, en la que se hizo constar que Cirila Rivera Flores, era ejidataria y titular de los derechos parcelarios relativos a la parcela 146, del ejido "La Huacana", Municipio de la Huacana, Michoacán, que contaba con una sucesión registrada, la cual se apertura el veinte de abril de dos mil diecisiete, de la cual resultó que se designó como heredera de tales derechos a Antonia López Rivera. c) Acta de defunción de Antonia López Rivera del seis de enero de dos mil diecinueve. d)Acta de nacimiento de la quejosa María Sugey Maldonado López, en la que se hizo constar su filiación (hija) con Antonia López Rivera. Sin embargo, los medios de convicción apuntados son insuficientes para demostrar la existencia de los derechos sucesorios relativos a la parcela 146 2-1 P/1, del ejido "La Huacana", Municipio de la Huacana, Michoacán, que refiere la quejosa se vieron afectados ante su falta de llamamiento al juicio agrario, pues con ellos no se demuestra que Antonia López Rivera haya iniciado algún procedimiento administrativo o contencioso relativo para consolidar los derechos ejidales que le fueron heredados. Lo anterior pese a que en cumplimiento a la ejecutoria del amparo en revisión 123/2022, este juzgado trató de allegarse de oficio de los elementos de prueba respectivos; sin embargo, la autoridad registral manifestó que no fue posible localizar el expediente relativo a la solicitud 16180022093; y, por su parte, el magistrado responsable informó que en su base de datos no se tenía registrado expediente alguno promovido por Antonia López Rivera. Manifestaciones con las que, incluso, en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se dio vista a la quejosa y el tercero interesado para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que lo hubiera hecho. De tal modo que en términos de lo resuelto por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 145/2009, en el caso no se configuraron tales derechos en beneficio de la quejosa María Sugey Maldonado López, pues la transmisión de derechos ejidales mortis causa no opera de pleno derecho. Toda vez que si bien su difunta madre Antonia López Rivera, fue designada por la titular primigenia de los mismos Cirila Rivera Flores como heredera a través de lista de sucesión depositada ente el Registro Agrario Nacional y dicha sucesión se aperturó el veinte de abril de dos mil diecisiete, tal como se obtiene del oficio número SDR/4699/2017. Lo cierto es que en el presente juicio de amparo no quedó demostrado que dicha heredera en vida cumplió con la carga de llevar a cabo un procedimiento contencioso o administrativo, para consolidar la transmisión de esos derechos, en términos de lo establecido en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, por lo cual es evidente que al no haberlos hecho efectivos en vida no se consolidaron ni se transmitieron a sus herederos de manera automática. Pues, se insiste, la falta de cumplimiento de la condición apuntada representa una imposibilidad legal para que los herederos designados en la lista de sucesión registrada ante el Registro Agrario Nacional puedan heredar, lo cual actualiza un obstáculo legal y, por ende, permite que se actualice en el caso la hipótesis normativa a la que se refiere el artículo 18 de la Ley Agraria, que indica que cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, se abrirá la sucesión legitima en los términos del orden de preferencia ahí indicado. De ahí que si María Sugey Maldonado López, no justifica la existencia de sus derechos sucesorios que dice tener respecto de la parcela 146, del ejido "La Huacana", Municipio de La Huacana, Michoacán, en virtud del parentesco que guarda con Antonia López Rivera. En tanto que si dicha heredera en vida no consolidó la transmisión de los derechos ejidales que le fueron heredados, entonces es evidente que ésta a su vez tampoco pudo transmitirlos a su muerte a sus herederos. Este juzgador no inadvierte que en el oficio número SDR/1894/2019 de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, emitido por el Registrador Integral perteneciente a la Delegación en Michoacán del Registro Agrario Nacional, se hizo constar literalmente que "a la C. Antonia López Rivera, mediante lista de sucesión depositada ante el Registro Agrario Nacional, con fecha 15 de octubre del 2007, le fue asignada una parcela 146-Z-1 P1/1, generándose certificado parcelario número 1055883; sin antecedentes de sucesión registrada en esta delegación." No obstante, dicho documento únicamente demuestra que al veintiséis de junio de dos mil diecinueve se encontraba vigente la lista de sucesión depositada en el Registro Agrario Nacional respecto de dicha extensión de tierra, pero también se asentó que hasta ese momento no existían antecedentes de sucesión registrada en la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional. Tampoco la quejosa aportó diverso medio de prueba para acreditar lo contrario. Tal como quedó evidenciado pese a que quien suscribe trató de allegarse de los elementos de prueba que constataran el trámite realizado, ello en cumplimiento a lo dispuesto en la ejecutoria emitida en el amparo en revisión administrativa 123/2022. Lo cual corrobora lo afirmado en párrafos precedentes en el sentido de que Antonia López Rivera no inició el procedimiento relativo para consolidar los derechos ejidales que le fueron heredados. Por ende, es evidente que si la promovente del amparo no acreditó ser titular de los derechos sucesorios que alude respecto de la parcela ejidal que fue materia de la sucesión tramitada en el juicio agrario de origen, en el caso no se actualizó violación alguna a su derecho de audiencia previa, con motivo de su falta de llamamiento a dicho procedimiento. De ahí lo infundado del motivo de disenso hecho valer por la quejosa. Apoya lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: "Registro digital: 206420 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 1/92 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 56, Agosto de 1992, página 15 Tipo: Jurisprudencia. DERECHOS EJIDALES, PRIVACION DE LOS. NO SE VIOLA LA GARANTIA DE AUDIENCIA SI NO ES LLAMADO AL PROCEDIMIENTO EL SUCESOR DEL TITULAR. No se viola la garantía de audiencia del sucesor de un ejidatario si no es llamado al procedimiento de privación de derechos que se instaure en contra de éste. Dicho sucesor sólo tiene una expectativa de derecho, la cual únicamente podría concretarse por la muerte de quien lo designó como tal; por tanto, al no ser parte en el procedimiento referido ni sufrir la afectación de derechos adquiridos no es legalmente necesario que se le escuche." En las relatadas consideraciones, ante lo infundado de los conceptos de violación alegados por la quejosa, lo que procede es negar el amparo solicitado por María Sugey Maldonado López, por lo que ve al acto reclamado consistente en todo lo actuado en el expediente 183/2019 de su índice, en particular, la orden de expedir certificado de propiedad a favor de Faustino López Rivera, respecto de la parcela objeto de dicho procedimiento. Negativa que se extiende a los actos de ejecución atribuidos al Delegado Estatal en Michoacán del Registro Agrario Nacional, porque de los conceptos de violación planteados se advierte que la quejosa no impugnó tales actuaciones por vicios propios, sino que su regularidad constitucional la hizo depender del acto reclamado consistente en todo lo actuado en el juicio agrario de origen. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa María Sugey Maldonado López, contra los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17 y al Delegado Estatal en Michoacán del Registro Agrario Nacional, ambos con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diez de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
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