María Susana Maqueo Jimeno
Expediente 327/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 327/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 05/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Susana Maqueo Jimeno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Agréguese el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por el cual remite testimonio de la ejecutoria de dieciséis de junio pasado, dictada en el toca R.C. 94/2021 donde confirmó la sentencia que negó el amparo solicitado, y devuelve el presente juicio. Acúsese recibo, hágase del conocimiento de las partes la referida resolución y glósese el cuaderno de antecedentes formado en ausencia del principal. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del juicio, ... se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, pues se negó el amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversos tomos de constancias; devuélvase a su lugar de procedencia; en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, acorde a la certificación inicial, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el expediente integrado en la versión impresa coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admite a trámite el medio de impugnación que menciona; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la actuaria adscrita manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la tercera interesada ..., quien también acostumbra usar los nombres de ... y ..., la sentencia engrosada el diecisiete del presente mes y año; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista la resolución aludida, éste y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTENCIA ENGROSADA EL DIECISIETE DEL PRESENTE MES Y AÑO, SEÑALA: " VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 327/2020, promovido por ..., también conocida como ..., ..., ..., ... o ..., contra actos de la Novena Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El seis de agosto de dos mil veinte, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por estimar que se violaron en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo y substanciación del proceso. La demanda se admitió por auto de once de agosto siguiente. En ese acuerdo el suscrito dio intervención a la representante social de la Federación adscrita, requirió informe justificado a la autoridad responsable, ordenó emplazar a la parte tercera interesada y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se desprende que la responsable rindió su informe justificado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló intervención, y finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un Tribunal del orden común con sede en la ciudad en que el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado. Conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Novena Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación 733/2017/10, mediante la cual modificó el auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve emitido por el Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil de dicho Tribunal en el expediente 104/2017. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que se le reclama, lo que se corrobora con las constancias certificadas que remitió en apoyo a su informe, documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron el acto reclamado: 1. La quejosa mediante demanda presentada el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, promovió controversia de arrendamiento inmobiliario contra ..., para la terminación y rescisión de un contrato de ese tipo. 2. De dicho juicio conoció el Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien por auto de uno de marzo de dos mil diecisiete la admitió en la vía planteada. 3. Seguido el juicio en todas sus etapas el seis de junio de dos mil diecisiete se dictó sentencia definitiva, misma que fue revocada por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México mediante resolución de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho dictada en los tocas civiles 733/2017, 733/2017/1 y 733/2017/2, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo, quedando los puntos resolutivos en los términos siguientes: ". PRIMERO.- Es procedente la vía intentada, en la que la parte actora ..., acreditó su acción de terminación de contrato; así como la rescisión del mismo, las codemandadas ..., no justificaron sus excepciones ni defensas; en consecuencia. SEGUNDO.- Se declara terminado el contrato de arrendamiento de primero de abril de dos mil siete y su Adendum de fecha primero de julio de dos mil quince y por ende se condena a la codemandada ... a desocupar y entregar el bien arrendado a favor de la parte actora, apercibido que de no hacerlo, será lanzada a su costa. TERCERO.- Se declara judicialmente rescindido el contrato de arrendamiento de primero de abril de dos mil siete y su Adendum de fecha primero de julio de dos mil quince y por ende se condena a la codemandada ... a desocupar y entregar el bien arrendado a favor de la parte actora apercibido que de no hacerlo, será lanzada a su costa. CUARTO.- Se condena a la parte demandada a pagar a favor de la actora las rentas a razón de $... mensuales, y generadas desde el mes de Diciembre de dos mil dieciséis y hasta la total desocupación y entrega del bien arrendado a favor de la actora, las que deberá cuantificar en el incidente respectivo que se tramite en ejecución de sentencia; condenándose también a la parte demandada al pago de las cuotas de mantenimiento generadas desde el mes de Diciembre de dos mil dieciséis y hasta la total desocupación y entrega del bien arrendado a favor de la actora a razón de $... mensuales; lo que deberá cuantificarse a través del incidente que se tramite en ejecución de sentencia en el entendido que las rentas a cuyo pago se condenó a la demandada deberán realizarse dentro de los primeros diez días de cada mes, pues en caso de ser extemporáneos deberán pagar la pena moratoria a razón del 5% (CINCO POR CIENTO) mensual sobre cada renta cubierta extemporáneamente a partir del mes de febrero de dos mil diecisiete y hasta la total desocupación y entrega del bien arrendado. De igual forma se condena a las demandadas al pago de la pena moratoria a razón del 5% por las rentas generadas de Diciembre de dos mil dieciséis y Enero de dos mil diecisiete. QUINTO.- Se condena a las demandadas al pago de un incremento del cincuenta por ciento del precio de la renta mensual, por concepto de pena convencional pactada en la parte final de la cláusula quinta del contrato basal, en términos de los considerandos de la presente resolución, a partir del mes de diciembre de dos mil dieciséis y hasta la desocupación y entrega del inmueble arrendado, las que deberán ser liquidadas y cuantificadas en Ejecución de Sentencia mediante el Incidente respectivo. SEXTO.- Se condena a la parte demandada a entregar a la actora los recibos de pago de los servicios de agua, luz teléfono y gas, debidamente cubiertos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se hará uso de los medios de apremio establecidos en la Ley. SÉPTIMO.- No se hace especial condena en costas en esta instancia." 4. Así, mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil dieciocho, la actora promovió un incidente de liquidación de sentencia, el cual se admitió a trámite mediante proveído de veintiuno siguiente. 5. Seguido el incidente en todas sus etapas el diez de octubre de dos mil dieciocho se dictó sentencia interlocutoria, donde el Juez de origen determinó, en lo que interesa, lo siguiente: ".Bajo dichos argumentos, el suscrito llega a la convicción de que las consignaciones de renta exhibidas en actuaciones de por la demandada ..., y que acredita con las copias simples de los billetes de depósito con números V-785950, V-794970, V-806919, V-817962, y V-824892, sí se relacionan con la obligación de pago contraída por la parte demandada con la accionante, y tomando en consideración que en la Sentencia Definitiva de seis de julio de dos mil diecisiete, modificada por la Novena Sala Civil de este Tribunal, se condenó a la demandada al pago de rentas vencidas y no pagadas, así como el pago de penas moratoria y convencional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2094 del Código Civil para la Ciudad e México, por tanto los montos consignados y señalados con anterioridad deberán aplicarse a cuenta de las cantidades ya liquidadas por los conceptos de pena moratoria, pena convencional y si hubiere sobrante alguno al pago de las rentas vencidas y no pagadas y mantenimientos. (.) Excepción que resulta infundada, habida cuenta que, como fue expuesto líneas arriba, aún y cuando la demandada acreditó haber realizado la consignación de las llaves que refiere, para poner en posesión de la parte actora el inmueble arrendado, como se desprende de la sentencia definitiva de seis de julio de dos mil diecisiete, modificada por la Novena Sala Civil de este Tribunal se resolvió que la parte demandada pagaría a la parte actora el pago de diversas cuestiones en virtud de su incumplimiento de pago, según lo pactado en el contrato base de la acción de primero de abril de dos mil siete y su adendum de primero de julio de dos mil quince, y aún y cuando consignó las rentas de los meses de noviembre de dos mil dieciséis a marzo de dos mil diecisiete, dicha consignación será aplicada al pago de la pena moratoria, de la pena convencional y el sobrante al pago de las rentas vencidas y no pagadas y por los mantenimientos generados, por tanto, resulta incuestionable que la hoy accionante sí tiene acción y derecho para liquidar las condenas realizadas en sentencia definitiva a cargo de la demandada (.) Por lo expuesto, es de resolverse y se RESUELVE PRIMERO.- Ha resultado parcialmente fundado el incidente materia de este fallo, mismo que se aprueba hasta por las cantidades de $..., por concepto de rentas adeudadas y no pagadas desde el mes de diciembre de dos mil dieciséis al mes de noviembre de dos mil diecisiete; $..., por concepto de pago de las cuotas de mantenimiento generadas del mes de diciembre de dos mil dieciséis al mes de noviembre de dos mil diecisiete; $..., por concepto de la pena moratoria al 5% (cinco por ciento) mensual sobre cada renta cubierta con extemporaneidad del mes de febrero de dos mil diecisiete al mes de enero de dos mil dieciocho; y $..., por concepto de pena convencional generada del mes de diciembre de dos mil dieciséis al mes de noviembre de dos mil diecisiete; mismas que deberán pagar los demandados a la parte actora dentro de los TRES DÍAS contados a partir de que el presente fallo sea legalmente ejecutable." Contra la anterior sentencia una codemandada y la actora interpusieron recurso de apelación del cual conoció la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien mediante resolución de seis de febrero de dos mil diecinueve dictada en los tocas civiles 733/2017/6 y 733/2017/7, modificó dicha interlocutoria quedando los puntos resolutivos en los términos siguientes: ". PRIMERO.- Ha resultado parcialmente fundado el incidente materia de este fallo, mismo que se aprueba hasta por las cantidades de $..., por concepto de rentas adeudadas y no pagadas desde el mes de diciembre de dos mil dieciséis al mes de noviembre de dos mil diecisiete; $..., por concepto de pago de las cuotas de mantenimiento generadas del mes de diciembre de dos mil dieciséis al mes de noviembre de dos mil diecisiete; $..., por concepto de la pena moratoria al 5% (cinco por ciento) mensual sobre cada renta cubierta con extemporaneidad del mes de Diciembre de dos mil dieciséis al veinticuatro de Enero de dos mil dieciocho; y $..., por concepto de pena convencional generada del mes de diciembre de dos mil dieciséis al mes de noviembre de dos mil diecisiete; mismas que deberán pagar los demandados a la parte actora dentro de los TRES DÍAS contados a partir de que el presente fallo sea legalmente ejecutable." Sobre tal determinación conviene precisar la parte considerativa que es del tenor siguiente: ". Por otro lado, este primer agravio también resulta INFUNDADO ya que contrario a lo alegado de su parte, los billetes de consignados ante la Dirección General de Consignaciones Civiles de este Tribunal no podían descontarse por concepto de rentas, puesto que ante el incumplimiento de la recurrente de las obligaciones de pago de rentas derivadas del pacto locativo que fue materia del contradictorio y en los términos estipulados, las cantidades consignadas debían aplicarse primeramente al pago de las penas convencionales y pena moratoria, pues así claramente lo dispone el artículo 2094 del Código Civil para esta Ciudad, tal y como fue considerado y fundado por el A quo en la resolución combatida, al analizar la excepción de pago hecha valer por la codemandada ..., opinión que este Tribunal comparte, por tanto, contrario a lo que alega la apelante, las cantidades consignadas no podían aplicarse al pago de rentas adeudadas. (.) Por último el cuarto de sus agravios y reseñado en el inciso d), resulta EN UNA PARTE INFUNDADO, ello en virtud de que contrario a lo que alega, las cantidades que había consignado mediante billete de depósito, y dado el incumplimiento en el pago de las rentas en los términos pactados en el contrato basal, se había hecho acreedora a las penas convencionales y moratorias, por tanto las cantidades consignadas, en términos del artículo 2094, del Código Civil para esta Ciudad, debían aplicarse primeramente a estos conceptos y no a rentas, como se determinó en la resolución impugnada." Por escrito presentado el uno de octubre de dos mil diecinueve la parte actora solicitó lo siguiente: "Por lo hasta aquí expuesto, es que no resulta procedente lo señalado por ... y, por el contrario, su Señoría deberá obsequiar lo peticionado mediante escritos de 14 de agosto de 2019 (fojas 88 a 90, y 93 a 95, tomo II), es decir: i. Trabar embargo en la parte alícuota del bien inmueble ubicado en ..., (el "inmueble") copropiedad de ... hasta por la cantidad de $... -misma a la que las codemandadas fueron condenadas en Sentencia Interlocutoria-, para lo cual se señala como domicilios para la diligencia de embargo los ubicados en ... Una vez trabado el embargo, girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México (el "RPPyC") para que se sirva inscribir el embargo trabado en la parte alícuota que le corresponde a Emma Sotres del Inmuble con folio real electrónico ..., debiendo acompañarse copia certificada de la diligencia de embargo. ii. Ordenar la ampliación del embargo practicado el 16 de marzo de 2017 sobre la parte alícuota del Inmueble copropiedad de ... (" .. ") hasta por la cantidad de $... y en consecuencia, girar oficio complementario al Director del RPPyC para que se sirva inscribir la ampliación del embargo hasta por la cantidad mencionada en la parte alícuota que le corresponde a Yolanda Sotres respecto del Inmueble con folio real electrónico ..., debiendo acompañarse copia certificada de la Sentencia Interlocutoria. Dicho oficio complementario deberá indicar que el mismo se encuentra relacionado con el subnúmero a la entrada P-81648/2019 de fecha 13 de febrero de 2019, correspondiente al oficio 346 de 21 de enero de 2019. En todo caso, será su Señoría quien determine la forma en que la cantidad de $... se aplicará a la cantidad de $... adeudada por ... y ..., y si determina que dicha cantidad debe descontarse previo a despachar el embargo y su ampliación, de cualquier forma, dichos embargos deberán despacharse por la cantidad de $...." Lo cual proveyó el Juez de origen mediante auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en los términos siguientes: ".A sus autos el escrito del mandatario judicial de la parte actora, se tienen por hechas las manifestaciones y aclaraciones respecto de su diverso escrito presentado el primero de octubre ante la oficialía de partes común, en consecuencia, se tiene por desahogada la vista que se mandó a dar en el proveído de fecha veinticuatro de septiembre del año en curso, por hechas las manifestaciones que hace valer y respecto de lo demás solicitado en relación con la solicitud de embargo a que alude el escrito presentado el catorce de agosto del año en curso, no ha lugar a acordar, toda vez que ya obra en autos el embargo trabado, sin que a la fecha se acredite el valor del bien embargado, para en su caso determinar si basta a cubrir las cantidades adeudadas." 8. Inconforme con la anterior determinación ... interpuso recurso de apelación, el cual resolvió la Sala responsable mediante sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve dictada en el toca 733/2017/10, donde determinó: ".En las relatadas condiciones y ante el resultado de los motivos de inconformidad hechos valer por la recurrente parte actora, los cuales resultaron FUNDADOS, y por los razonamientos lógicos jurídicos antes vertidos, este Tribunal de Apelación determina MODIFICAR el AUTO dictado en fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, por el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar el mismo en los siguientes términos: En la Ciudad de México a veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. A sus autos el escrito del mandatario judicial de la parte actora, se tienen por hechas las manifestaciones y aclaraciones respecto de su diverso escrito presentado el primero de octubre ante la oficialía de partes común, en consecuencia, se tiene por desahogada la vista que se mandó a dar en el proveído de fecha veinticuatro de septiembre del año en curso, por hechas las manifestaciones que hace valer y respecto de lo demás peticionado, en relación con la solicitud de embargo a que aluden los escritos presentados el catorce de agosto del año en curso, dígasele que una vez que precise la cantidad total que se les va a requerir a las codemandadas, se proveerá lo conducente, tomando en consideración que en la sentencia interlocutoria de fecha diez de Octubre del dos mil dieciocho, se ordenó que a la cantidad liquida aprobada, se le deberían aplicar en los términos indicados, las cantidades contenidas en los billetes de depósito números V-..., V..., V..., ... y ..." Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Estudio del concepto de violación. En esencia, la parte quejosa hace valer que el acto reclamado viola su derecho a la legalidad y acceso efectivo a la justicia al no ser congruente con lo establecido en la sentencia definitiva del juicio de origen en términos del artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal -ahora Ciudad de México-. Ello, al determinar que el monto que ampara el billete de depósito V-... deba aplicarse a la cantidad líquida de penas convencionales que fue condenada a pagar la parte demandada en la sentencia interlocutoria de diez de octubre de dos mil dieciocho, dado que dicho título sirvió para acreditar en la sentencia definitiva el pago de la renta de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que no se debe tomar en cuenta para cubrir esas penalidades. Decisión. El concepto de violación es infundado como a continuación se expondrá. La Constitución Federal, entre las garantías que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el articulo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el merito de la decisión, permitiéndole una real y autentica defensa. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; en tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tiene aplicación, la jurisprudencia que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el articulo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". A su vez conviene precisar que el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Asimismo, la propia Primera Sala estableció que una de las etapas de la tutela jurisdiccional que corresponde a un derecho bien definido es la identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la sentencia, donde el juzgador debe ser enérgico, celoso de su fallo y adoptar de oficio (dado que la ejecución de sentencia es un tema de orden público), todas las medidas necesarias para promover el curso normal de la ejecución, pues en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconozcan o declaren no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. Así, el juzgador debe entender que en la ejecución de sentencia el derecho ya fue declarado y que la cosa juzgada no debe ser desconocida o ignorada bajo ninguna circunstancia pues de su materialización depende un acceso efectivo a la justicia y la satisfacción del principio de certeza jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que dice: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." En el caso, conforme a los antecedentes relatados, el Juez de origen al resolver el incidente de liquidación de sentencia precisó que los montos consignados por la codemandada ... mediante los billetes de depósito V-..., V-..., V..., V..., y V-... debían aplicarse en primer término para el pago de las penas moratoria y convencional, mientras que el sobrante para remunerar las rentas vencidas no pagadas y los mantenimientos generados. Lo cual la Sala responsable apoyó al emitir sentencia en el recurso apelación interpuesto contra dicha interlocutoria, sin que ello fuera impugnado de forma alguna, por tanto constituye cosa juzgada, y por ende, los conceptos de violación que se hacen valer, en el sentido de que el pago de un billete debe ser aplicado en forma distinta, no pueden considerarse. Entonces si la Sala al emitir el acto reclamado tomó en consideración las anteriores resoluciones de ejecución, para precisar que previo a que se proveyera la solicitud de embargo, la quejosa debía precisar la cantidad que iba a requerir a las codemandadas, y a la que tenía que aplicar los montos amparados con dichos billetes de depósito - dentro de los cuales se incluyó el V-...-, es inconcuso que ello resulta congruente con las determinaciones que previamente se emitieron. De esta forma, si en el proceso incidental se definió que los billetes de depósito consignados, entre ellos el V..., debían aplicarse en primer término para el pago de las penas moratoria y convencional, y el sobrante para remunerar las rentas vencidas no pagadas y los mantenimientos generados, esto ya está contemplado para tal fin y ahora la quejosa no puede pretender cambiarlo por ser cosa juzgada. De ahí que resulte infundado el concepto de violación, por tanto procede negar el amparo en contra del acto judicial reclamado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ..., también conocida como ..., ..., ..., ... o ..., contra actos de la Novena Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, conforme al diverso último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. "
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 327/2020; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
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