María Saraí Romo Martínez
Expediente 303/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 14/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Saraí Romo Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió dos legajos de constancias; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas anotaciones en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del caso y considerando que no se trata de delitos contra: ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; el sumario es susceptible de destrucción, porque se sobreseyó. No obra en documento en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 303/2020; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 303/2020, promovido por ..., por conducto de su representante, contra actos del Juez Octavo Civil de la Ciudad de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; y, RESULTANDO Primero. Demanda. El veintitrés de julio de dos mil veinte, la quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, consistentes en: ".la orden de aseguramiento de cuentas bancarias dictada. en el expediente 1354/2019." Segundo. Admisión. El veinticuatro de julio posterior, se admitió la demanda, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, ordenó emplazar a la parte tercera interesada; y requirió informe justificado. Tercero. Trámite. Se rindieron los informes de ley, la representación social adscrita no formuló intervención, se emplazó a la tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza mercantil, seguido ante un órgano con sede en el ámbito territorial donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, el acto reclamado es: La determinación emitida el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente de providencias precautorias 515/2019 por el ahora extinto Juez Tercero Civil de la Ciudad de México, consistentes en el embargo precautorio sobre bienes depositados en las cuentas bancarias registradas en el sistema financiero mexicano a nombre de la quejosa, para garantizar $...; y su ejecución. Tercero. Existencia. Al rendir el informe justificado la autoridad judicial responsable no aceptó ni negó la existencia del acto reclamado, pero indicó tramitar el expediente donde se emitió el acto reclamado que implica una aceptación implícita con la cual aquel se tiene por cierto, como se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por su parte, las entidades Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte aceptaron los actos que se les atribuyeron; en tanto que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los negó; sin embargo, al haberse tenido por cierto respecto de la ordenadora es claro que la ejecución también debe tenerse por cierta. Sirve de apoyo la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, página 56, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO". Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron el acto reclamado. 1. El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el escrito donde la institución Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, solicitó sendas medidas precautorias de retención de dinero. 2. En la propia fecha, se dictaron de plano las determinaciones demandadas, en los siguientes términos: "(.) Ciudad de México, a veintiocho de Mayo de dos mil diecinueve. Con el escrito de cuenta, anexos y copias simples que se acompañan, fórmese expediente número 515/2019 y regístrese en el Libro de gobierno con el número que le fue asignado por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal. Guárdese en el seguro del Juzgado los documentos exhibidos por la parte actora como base de la acción.- Se tiene por presentada a."; Apoderada Legal de BANCO SANTANDER (MÉXICO), S. S. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO; personalidad que acredita y se le reconoce en términos de las copias certificadas del Instrumento Notarial que acompaña al de cuenta. Por señalado el domicilio que menciona para oír y recibir notificaciones y documentos y por autorizados a los profesionistas que menciona para los mismos efectos en términos de lo dispuesto por el artículo 1069 del Código de Comercio.- Se le tiene iniciando PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS en contra de .... en su carácter de acreditada y ... en su carácter de obligado solidario la cual se admite a trámite, por lo que se ordena formar el Cuaderno respectivo, lo anterior con fundamento en los Artículos 1168 fracción II inciso B), 1175, 1177 y 1179 y demás relativos del Código de Comercio. Se tienen por ofrecidas las pruebas que refiere el ocursante en el escrito de cuenta, consistente en un contrato de crédito simple en moneda nacional Pyme tasa fija (CAT) Personas Morales de fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve, un contrato de crédito contable de fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, un contrato de crédito simple en moneda nacional Pyme tasa fija (CAT) Personas Morales de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, una certificación contable de fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto.- Y atento a lo dispuesto por el artículo 1168 fracción II inciso B) párrafo segundo del Código de Comercio que menciona que si los bienes consistentes en dinero en efectivo o en depósito en Instituciones de Crédito u otros bienes fungibles se presumirá el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, por lo tanto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1168, 1175 fracción IV, V, 1176 del Código de Comercio, así como el artículo 536 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia se decreta el Embargo Precautorio sobre bienes que aparezcan depositados en todas y cada una de las cuentas bancarias registradas en el sistema financiero mexicano a nombre de los codemandados ... y ... sean éstas de débito, ahorro, cheques, inversión, maestras, meda de dinero, cajas de seguridad y fideicomiso en los que dicha persona moral sean fideicomitentes o fideicomisarios girándose oficios a las Instituciones bancarias que refiere en el escrito de cuenta, que basten a garantizar la cantidad de $... por concepto de adeudo total líquido, en términos de los Estados de Cuenta Certificados; para lo cual gírese atento oficio con los insertos necesarios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores."; sin que exista obligación de la parte actora de exhibir la fianza correspondiente al ser ésta una Institución Bancaria, por lo que tiene probada solvencia." Esta determinación integra la materia de los actos reclamados. 3. Por auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó elaborar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para retransmitir la orden de secuestro. Quinto. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador, antes de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. En el particular, se actualiza la causal que hace valer el juez responsable al no agotarse el principio de definitividad consagrado en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b), c) y d) del numeral transcrito; hipótesis que en la especie, dadas las características del acto reclamado y las partes vinculadas, no se actualizan. En efecto, si bien la parte quejosa reclama falta de cumplimiento en las formalidades del acto reclamado, así como violaciones a la garantía de audiencia, como circunstancias impeditivas de la procedencia de las providencias precautorias y comparece al proceso constitucional como tercera extraña, lo cierto es que ello no la exime de agotar el recurso contra el acto reclamado. Cierto, la resolución que decreta una providencia precautoria produce consecuencias muy trascendentes hacia el sujeto pasivo, sobre todo si su admisión tiene lugar como acto prejudicial, puesto que sin audiencia se afecta su esfera jurídica, al anticiparse, por la urgencia, efectos de un eventual fallo estimatorio que se dicte, por ejemplo, en un juicio de cognición o de conocimiento. Empero, aun bajo las apuntadas condiciones y ante la posibilidad de emitir el acto reclamado sin intervención de la ejecutada, debe tenerse en cuenta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que en medidas cautelares al no ser actos privativos, no rige la garantía de audiencia previa, por lo cual la calidad de tercera extraña no constituye una excepción al deber de satisfacer el medio de impugnación, previo al juicio de amparo Aunado a lo anterior, debe estimarse que para decidir cualquier punto inherente a las providencias cautelares, en materia de recursos se parte de la base de que la regla general es que todas las resoluciones admiten algún recurso. La excepción es la irrecurribilidad cuando así lo dispone la ley supuesto que no se actualiza en el caso. Esto es, la parte impetrante de amparo estaba obligada a agotar, previo a la instauración del presente juicio, el recurso de apelación en términos de los artículos 1183, 1339, 1345 fracción IV y 1345 Bis 1 del Código de Comercio, que disponen: "Art. 1,183. En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. (.). Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 (Setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (.). Art. 1,345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo; (.). Art. 1,345 Bis 1. El litigante al interponer la apelación de tramitación inmediata, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida, salvo en aquellos que específicamente la ley establezca un trámite diverso. Las apelaciones de tramitación inmediata que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones." Se afirma que el recurso procedente es la apelación, pues las providencias fueron solicitadas para retener dinero hasta por $5..., y dicha suma es superior a la que establece el artículo 1339 de la legislación mercantil. Además, las medidas reclamadas son instrumentos que puede decretar el juzgador para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un proceso. Por lo que, las providencias, como las solicitadas por la quejosa no tienen la connotación de juicio, sino que constituyen un procedimiento previo tendiente a garantizar el resultado del juicio que se habrá de intentar; es decir, se traducen en medidas de garantía que tienen como finalidad evitar que resulte inútil la sentencia de fondo y a lograr que la misma tenga eficacia práctica. De ahí que deban regir las disposiciones especiales que regulan las providencias precautorias, esto es, el artículo 1183 del Código de Comercio, en relación con el 1345, fracción IV, que prevé el recurso de apelación contra la resolución que les recaiga. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, de registro 2017693, de la Décima Época, que dice: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto." De igual forma, debe considerarse que las providencias precautorias tienen una regulación especial en el Código de Comercio, donde se establece la procedencia del recurso de apelación contra la resolución que las decrete o niegue, siempre y cuando por la cuantía del negocio proceda ese recurso, lo que en el caso ocurre. Orienta lo anterior, por sus consideraciones, la jurisprudencia PC.I.C. J/80 C (10a.) de los Plenos de Circuito, visible en la página 1748 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, noviembre de 2018, Tomo II, Décima Época, registro 2018339, de rubro: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. LA HIPÓTESIS DE IRRECURRIBILIDAD DE LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL, ES INAPLICABLE A LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LA SOLICITUD DE AQUÉLLAS. La reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de enero de 2017, así como la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 1390 Bis, segundo párrafo y 1390 Bis 1, último párrafo, de dicho ordenamiento, conducen a considerar que la hipótesis de irrecurribilidad de las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil, prevista en el primero de dichos preceptos, no es aplicable a la determinación que deniega las providencias precautorias, solicitadas prejudicialmente. Esto es así, porque el texto del primero de dichos artículos es claro al expresar, que la prohibición de recursos comprende exclusivamente al juicio oral mercantil, y las providencias precautorias no forman parte de este juicio, sino que pertenecen a uno diferente, al que la doctrina denomina proceso cautelar, y respecto al cual, la ley autoriza su promoción antes de un proceso de conocimiento o de uno ejecutivo. Según el artículo 1390 Bis 11 del código citado, el juicio oral empieza con una demanda escrita, de manera que las resoluciones posteriores a tal escrito inicial son las que quedan comprendidas en el mandamiento de irrecurribilidad y, por consiguiente, éste no podría estar referido a determinaciones emitidas antes de que comience el juicio oral. Esta posición está confirmada en el último párrafo del artículo 1390 Bis 1 indicado, al prever que las providencias cautelares se tramitarán en términos del Capítulo XI, Título I, Libro Quinto, es decir, en conformidad con preceptos que están fuera del "Título Especial" "Del juicio oral mercantil". De ahí la afirmación en el sentido de que, al no actualizarse la hipótesis del segundo párrafo del artículo 1390 Bis mencionado, no cabe invocarlo para considerar irrecurrible, la resolución que deniega la solicitud de providencias precautorias. " Entonces, al no haberse agotado ese medio de impugnación, es dable concluir que no se satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que se contempla en la causal de improcedencia referida; por lo que procede sobreseer el proceso, conforme a los artículos 113 y 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1571, visible en la página 2515, Segunda Parte, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra este fallo." También se cita la jurisprudencia 986, visible en la página 678, Tomo VI, Salas y Tesis Comunes, apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." No es obstáculo la admisión de la demanda de garantías, pues ello no impide el análisis de las causales de improcedencia, como la que ahora se advierte, máxime que se acreditó plenamente una vez que se tuvieron a la vista las constancias del informe justificado remitidas. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento lo impide, como lo previene la jurisprudencia 1028, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente."4 Sobreseimiento extensivo a los actos de ejecución reclamados, pues no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia; conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos de las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios" Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. Se SOBRESEE el juicio de amparo 303/2020, promovido por ..., por conducto de su representante, contra actos del Juez Octavo Civil de la Ciudad de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, precisados en el segundo considerando, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el oficio del Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual envía el oficio de la Juez Octavo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México -autoridad responsable-, con el que en cumplimiento al requerimiento formulado en autos remite las constancias que indica, con lo que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento. NOTIFÍQUESE.
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