María Soledad Valencia Guzmán
Expediente 998/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 998/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- María Soledad Valencia Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
PRAL 998/2023 MESA 4 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 998/2023, como se ordenó en acuerdo de ocho de noviembre de este año, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta esta etapa, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que destaca la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra el acto reclamado al encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca y otra autoridad. Asimismo, se da cuenta con el oficio firmado por la titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, con folio de recepción 13900. Y se hace constar que a) el veinticuatro de noviembre del año en curso feneció el plazo de quince días hábiles concedido a la autoridad responsable, encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, para que rindiera informe justificado; b) que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Agréguese el oficio firmado por la titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, por el que informa que la nueva denominación proporcionada por la quejosa como "titular y/o jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca", es inexistente y que la autoridad a quien puede exigirse el cumplimiento a la ejecutoria de amparo es al subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca; por lo anterior, se tiene por inexistente a la autoridad señalada como "titular y/o jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca", sin que haya lugar a dar vista a la parte quejosa, pues ya se hizo previamente en auto de treinta y uno de octubre pasado y la nueva denominación proporcionada también fue inexistente. III. Encomiéndese a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que proceda a realizar las anotaciones correspondientes en relación a la autoridad que se tuvo por inexistente. IV. Por cuanto a que la autoridad responsable, subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el Estado en Oaxaca, no rindió el informe justificado que le fue solicitado en auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés; acuérdese lo procedente en la fase considerativa de la sentencia. V. Y toda vez que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierto el periodo probatorio, se hace constar que: La parte quejosa ofreció como prueba documental, en copia simple, las siguientes. a) Sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictada en el expediente ******************** del índice de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. b) Proveído de siete de julio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** del índice de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A lo que se acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, toda vez que dichas pruebas ya se admitieron en autos, se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio; no existiendo pruebas por desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes procesales hizo uso de ese derecho; por lo cual, se cierra esta etapa y se procede a emitir la siguiente: S E N T E N C I A Vistos para resolver el juicio de amparo 998/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintitrés en la Oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recibido en este órgano jurisdiccional en la misma fecha, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridades responsables que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés se registró la demanda de amparo con el número 998/2023, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se citó a las partes para la audiencia constitucional. En la audiencia que antecede, se dejó de tener como autoridad responsable al "titular y/o jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca", dada su inexistencia. Por último, previos diferimientos, la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013; ya que los actos reclamados versan sobre la materia administrativa, y sus consecuencias jurídicas y materiales tienen verificativo en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, que se advierta del análisis integral de la demanda de amparo; así, se puntualiza que la quejosa ******************** reclama: Al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca: - Omisión de cumplir en sus términos y para todos los efectos que fue emitida la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio contencioso administrativo ********************, del índice de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. La autoridad responsable encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, no rindió informe justificado a pesar que quedó notificada de su petición; por ello, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de inicio y con fundamento en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo se presume cierta la omisión que se le atribuye. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. Para mejor comprensión del asunto, se describen los antecedentes que se advierten de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en la demanda, lo que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de las que destacan los siguientes: 1) El veintidós de agosto de dos mil catorce fue asignado y reconocido el derecho de la quejosa a recibir el pago de una pensión por viudez, por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, bajo el número de pensionista ********************, derivado del fallecimiento de su cónyuge. 2) Posteriormente, el catorce de junio de dos mil diecinueve la quejosa presentó un escrito dirigido al subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, solicitando suspender la aplicación de los artículos 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, derivado de la compatibilidad de pensiones (jubilación y viudez). 3) Una vez transcurrido tres meses sin tener contestación por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el veintisiete de enero de dos mil veinte la quejosa promovió demanda ante la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal, en la que solicitó la nulidad de la negativa ficta del escrito de catorce de junio de dos mil diecinueve, dirigido al encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 4) El veinticuatro de enero de dos mil veintidós se emitió sentencia en el expediente ********************, del índice de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, emitiera una resolución expresa dentro del término de cuatro meses, en la que la autoridad restituya a la quejosa el goce de sus derechos afectados, y otorgue el monto completo de las pensiones por concubinato y jubilación a que tiene derecho, y se le paguen las cantidades que fueron indebidamente descontadas a la pensión por concubinato a partir del mes de mayo de dos mil dieciocho. 5) El tres de abril de dos mil veintitrés la parte quejosa interpuso recurso de queja por incumplimiento total a la sentencia antes mencionada, la cual fue desechada mediante acuerdo de siete de julio de dos mil veintitrés y de manera oficiosa la Sala comenzó a tramitar el incidente de inejecución de sentencia. Siendo esta la última actuación en la etapa de ejecución del juicio contencioso administrativo ********************, del índice de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin que se haya acreditado en este juicio de amparo que la demandada, aquí responsable, subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado haya dado cumplimiento a dicha sentencia. Para evidenciar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, la parte quejosa refiere, toralmente, que se vulnera en su perjuicio el principio de acceso a la justicia a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque han trascurrido más de veinte meses sin que la autoridad cumpla con la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio contencioso administrativo ********************, del índice de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bajo esa consideración, el artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, tal precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte. II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. De tal modo que ese precepto constitucional, en esta última etapa, acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deben establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio el mismo. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2015591, de rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por el Estado Mexicano el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativo a la protección judicial, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal, la ley o la Convención. También establece el compromiso de los Estados Parte a asegurar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado revise que se garantice el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; de lo que se sigue que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Y para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno formal y otro material. Este último aspecto, material, se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. De ahí que no sea posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se cumplan cabalmente, pues, de estimar lo contrario, la prerrogativa constitucional y convencional de acceso a la justicia tendría sólo carácter adjetivo o procesal. En el caso concreto, como se anticipó, si existe una sentencia el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en el juicio contencioso administrativo ********************, del índice de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; sin que la fecha se advierta que la autoridad responsable, encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, haya cumplido con la sentencia dictada; sin que de autos se advierta que, previo o durante el trámite del juicio de amparo, el Instituto demandado cumpliera con ese fallo; omisión que es violatorio del derecho fundamental de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 constitucional. Por ello, al resultar fundados los conceptos de violación expuesto por la parte quejosa, procede conceder la protección constitucional solicitada a ********************. QUINTO. Efectos de la concesión del amparo. Dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto por el que se le comunique que causó ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable, encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, deberá proceder en la forma siguiente: - Cumpla en su totalidad los efectos de la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio contencioso administrativo ********************, del índice de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. SEXTO. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a su protección, se ordena realizar la versión pública de la sentencia, instruyendo a la secretaria de Juzgado que verifique que sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 77, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a ********************, respecto del acto consistente en la omisión de cumplir en sus términos y para todos los efectos que fue emitida la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio contencioso administrativo ********************, del índice de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; que atribuyó al encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, en términos del considerando cuarto y para los efectos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 998/2023 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Desahoga vista la parte quejosa. Agréguese el escrito firmado por la quejosa ********************, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, y manifiesta que la denominación correcta de la autoridad responsable que señaló en su demanda de amparo como "jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", lo es "titular y/o jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado"; en su atención se acuerda: 2. Reexpedición de oficio. Por lo anterior, a fin de que la citada autoridad responsable tenga conocimiento del auto de dieciséis de octubre del año en curso, en el que se admitió la demanda de amparo y por el cual se le solicita su informe justificado, se ordena reexpedir el oficio 24738/2023, con la denominación correcta, saber: "titular o jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado". 3. Se instruye a la encargada de SISE. Encomiéndese a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes realice la anotación correspondiente en relación con la denominación correcta de la citada autoridad mencionada en el párrafo precedente. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 998/2023 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de la audiencia. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, respecto a la inexistencia de la autoridad responsable "jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado"; sin que a la fecha obre en el expediente electrónico constancia que acredite haber quedado notificada de dicho proveído. En consecuencia, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y se fijan las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 20/2023 MESA 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Oficio posterior. Agréguese únicamente para que obre el oficio de cuenta, signado por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número Tres, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; lo anterior, en virtud de que el treinta de octubre de dos mil veintitrés se acordó idéntico comunicado con el mismo contenido. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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