María Salomé Hernández Mateo
Expediente 214/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 214/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- María Salomé Hernández Mateo
- Síndico Municipal de Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
PRAL.214/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de nueve de mayo del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Plazo de diversas autoridades. Resulta innecesario jurídicamente hacer pronunciamiento y esperar a que transcurra el plazo respectivo para la autoridad responsable y para la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. 3. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; por tanto, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Precisión de devolución de documento. Por otro lado, de la certificación que antecede, se advierte que en este juicio de amparo obra una documental exhibida por la parte quejosa en copia certificada; sin embargo, como la misma no constituye documento original, por tanto, conforme al artículo 3º, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, es procedente su permanencia en el expediente y no ha lugar a ordenar su devolución, salvo que la parte quejosa comparezca a solicitarla. 5. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Relevancia documental. De conformidad con el artículo 15, fracción X, del Acuerdo General invocado previamente, este asunto se considera de relevancia documental, por versar sobre materia agraria; por tanto, se conservará en su integridad en original. 7. Plazo de resguardo. Con fundamento en el artículo 16 del mismo acuerdo general, este expediente será transferido a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable y de relevancia documental. 8. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 9. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.214/2022.MESA-6 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con treinta y seis minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 214/2022, como se ordenó en acuerdo de dieciocho de abril del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular de Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por la quejosa María Salomé Hernández Mateo, por propio derecho, el informe justificado rendido por la autoridad responsable y demás constancias de autos, e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta. Asimismo, que no se emplazó a Isaías de los Ángeles López como tercero interesado en este juicio. Así también, que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Respecto a que no se emplazó a Isaías de los Ángeles López como tercero interesado en este juicio, resulta innecesario dado el sentido de la resolución que se emitirá enseguida. III. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. ETAPA PROBATORIA. Acto continuo, abierta la fase probatoria, se hace constar que la parte quejosa ofreció como pruebas las siguientes: I. Documental consistente en: Copia certificada del certificado parcelario número 000000153922, firmado por el delegado del Registro Agrario Nacional, de veinticinco de julio de dos mil seis. Diez fotografías impresas. II. Presuncional legal y humana. III. Testimonial. IV. Inspección ocular. Acto continuo, se acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas las probanzas marcadas en los puntos I y II; mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Por otra parte, por lo que hace a las pruebas III) testimonial e IV) inspección ocular ofrecidas por la parte quejosa, se acuerda: No ha lugar a admitirlas, por las consideraciones siguientes: El artículo 119 de la Ley de Amparo dispone que serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones, sin embargo, debe entenderse que ello es así siempre y cuando los medios de convicción legal ofrecidos sean idóneos para acreditar los actos reclamados. Ciertamente esa facultad de que gozan las partes para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido, necesariamente, tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de amparo. En el caso, la parte quejosa reclama la orden de desposesión respecto a la parcela número 337 Z/2 P1/1 y ofrece las pruebas testimonial e inspección ocular para demostrar la existencia de ese acto reclamado. Sin embargo, conforme a los puntos que ofreció para su desahogo se aprecia que el hecho que pretende probar con los citados medios de convicción (testimonial e inspección ocular), es que es propietaria de la parcela número 337 Z/2 P1/1, su ubicación y delimitaciones, así como acreditar que en esa parcela se encuentran diversos objetos (ladrillos, escombro, arena, etcétera); pero no así, sobre la existencia de una orden para desposesionarla de esa parcela, por lo cual, aun desahogando esas probanzas no podría demostrarse que exista una orden emitida por la autoridad responsable para su desposesión. Por lo que, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, aplicados en sentido contrario, se desechan dichos medios de prueba, ya que, se reitera, son ineficaces para acreditar el hecho pretendido. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 41/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XIII, Abril de 2001, visible a página 157, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". Por lo que no habiendo ninguna prueba por desahogar, se cierra el periodo probatorio. ETAPA DE ALEGATOS. Abierto este periodo, se hace constar que ninguna de las partes los formuló; por ello, se cierra esta esta etapa y se procede a dictar la sentencia respectiva. Visto para resolver el juicio de amparo 214/2022, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, el diecisiete de febrero del año en curso y turnada en este Juzgado, el dieciocho de febrero siguiente, María Salomé Hernández Mateo, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del síndico Municipal de Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo con el expediente 214/2022, se admitió a trámite, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se señaló fecha para la celebración constitucional. En proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, comisariado de Bienes Ejidales del Municipio de Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca, la que quedó emplazada el treinta de marzo de este año. Finalmente, la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama del síndico Municipal de Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca: La orden de desposesión de la parcela número 337 Z/2 P1/1 ubicado dentro del núcleo ejidal de Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado solicitado la autoridad responsable, síndico Municipal de Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca, negó la existencia del acto que se le atribuye, pues indicó que la autoridad que representa no ha dictado, emitido o realizado acción alguna que vulnere los derechos o desposesione de la parcela número 337 Z/2 P1/1 a la parte quejosa; además, señaló que, de acuerdo a los artículos 21 y 22 de la Ley Agraria, la autoridad que representa no es competente dentro del territorio ejidal de Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca. Sin que las pruebas aportadas por la parte quejosa desvirtúen dicha negativa; ello, en razón de lo siguiente: A. Con la copia certificada notarialmente del certificado parcelario número 000000153922, firmado por el delegado del Registro Agrario Nacional, de veinticinco de julio de dos mil seis, únicamente se acredita que María Salomé Hernández Mateo ostenta la posesión de la parcela número 337 Z/2 P1/1 en ese núcleo ejidal de Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca. B. Con las diez fotografías impresas que exhibió la parte quejosa únicamente se aprecia que en un predio existe acumulaciones de arena, piedra y palos; empero, con las mismas no se acredita que, efectivamente, pertenezca a un terreno ejidal de Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca, ni tampoco la existencia de una orden de desposesión respecto a la parcela número 337 Z/2P1/1, que se reclama en este juicio. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, página 236, tomo VI, registro 917818, con el rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Salomé Hernández Mateo, contra el acto precisado en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.214/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintidós. 1. Oficio únicamente para que obre. Agréguese, únicamente para que obre como corresponda, el oficio firmado por la juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, toda vez que el mismo se recibió el veintiuno de abril del año en curso y agregado en proveído de veintidós de abril siguiente. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.214/2022.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós se ordenó enviar el despacho con número de orden 102/2022 y origen 63/2022 al juez Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, a fin de que se emplazara al tercero interesado, comisariado de Bienes Ejidales del Municipio de Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca, por conducto de su representante legal; sin embargo, a la fecha aún no ha sido devuelta la comunicación antes precisada; además, en diverso auto de ocho de abril de este año se requirió a dicho órgano jurisdiccional para que informara el estado procesal de la referida comunicación; empero, dada la proximidad de la fecha de ese proveído, todavía no existe constancia con la que se acredite haya quedado legalmente notificada de esa petición. 2. Diferimiento de la audiencia. En esas condiciones, a efecto de dar margen para que se emplace a juicio la parte tercera interesada, la audiencia constitucional señalada para esta data, se difiere y se fijan las nueve horas con treinta y seis minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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