María Soledad Portillo Ramírez y Otros.
Expediente 862/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 41 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 01/10/2018
Partes del expediente
- María Soledad Portillo Ramírez y Otros.
- María Soledad Portillo Ramírez
- Dolores Ramírez Basabe y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
Ciudad de México, a primero de octubre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto en que se tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el cuatro de abril de dos mil diecinueve. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo remitido por la agente del Ministerio Público responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, pues es suficiente que en el comunicado relativo se estampe el sello que avale su recepción.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, por sentencia terminada de engrosar el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo solicitado por María Soledad Portillo Ramírez, por propio derecho y en representación de la sucesión de Dolores Ramírez Basabe, para que la Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación del Sistema Tradicional de la Coordinación Territorial AZC-1 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Azcapotzalco de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México realizara lo siguiente: I. Dejara insubsistente el acuerdo reclamado; y II. Emitiera otro en que, con plena libertad de decisión, determinara -con pruebas- si es procedente o no la ampliación de denuncia formulada por la peticionaria de amparo, para tal efecto, debería dilucidar si el hecho materia de la ampliación de denuncia de que se trata pudiera constituir un delito nuevo o distinto al que inicialmente denunció, que fue el de administración fraudulenta, o bien, si ese nuevo hecho pudiera formar parte de la conducta descrita en el tipo penal de este delito, derivado de la clasificación que refirió la promovente de amparo (continuo o permanente). En el entendido de que si la agente del Ministerio Público llegara a concluir que el hecho materia de la ampliación de denuncia pudiera configurar un delito nuevo o distinto al que dio origen a la averiguación previa, que deba sustanciarse acorde con el Sistema Penal Acusatorio y Oral, a fin de salvaguardar el derecho fundamental de la parte quejosa, relativo a la procuración y administración de justicia de manera pronta y expedita, deberá proceder acorde con lo dispuesto por el penúltimo párrafo del numeral 20 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia para esta ciudad, esto es, remitir a la autoridad que considere competente, copia certificada de la indagatoria, o en su caso el desglose respectivo, a fin de que realice la investigación relativa. Inconforme, la amparista interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que registró como R.P. 102/2018 y, mediante sesión de treinta y uno de mayo pasado, resolvió confirmar la sentencia. Así, después de recibido el testimonio de dicha ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable citada para que en el plazo mencionado diera cumplimiento a la misma. Al respecto, la autoridad responsable indicada, emitió la resolución de veintiuno de junio del año en curso; sin embargo, mediante proveído de cuatro de julio pasado, este órgano de control constitucional determinó que el fallo protector no estaba cumplido, por lo que nuevamente se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio que se recibió el diecisiete del mes en curso, la autoridad multicitada remitió copia certificada de diversas constancias, con que refirió dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con base en lo anterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, por lo que la parte quejosa presentó un escrito en que manifestó que la sentencia amparadora no estaba cumplida. De lo expuesto, se concluye que la sentencia protectora está cumplida. En efecto, de dichas documentales se aprecia que la agente del Ministerio Público responsable dejó insubsistente el acuerdo reclamado y, con plena libertad de decisión, determinó que era procedente la ampliación de denuncia formulada por la quejosa, asimismo, el dieciséis del mes actual dictó acuerdo en que consideró que los hechos manifestados en tal ampliación constituyen un nuevo delito, que deberá sustanciarse acorde con el Sistema Penal Acusatorio y Oral, por lo que remitió copia certificada de lo actuado a la Subprocuraduría Desconcentrada de Averiguaciones Previas Desconcentradas en Investigación en Cuauhtémoc, a fin de que procediera al inicio de la carpeta de investigación relativa. Consecuentemente, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, acorde con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora, la quejosa refirió que la sentencia protectora no estaba cumplida, esencialmente, porque: a) Lo determinado por la agente del Ministerio Público responsable no cumplió lo ordenado por el "Sub Procurador de Averiguaciones Previas". b) Para no continuar con la investigación realizó un desglose, pasando por alto que se trata de actos continuos de la administración fraudulenta, ya que los mismos son de tracto sucesivo. c) La autoridad ministerial responsable pretende "a toda costa un no ejercicio de la acción penal"; y d) Los contratos de arrendamiento señalados por la responsable hacen prueba plena de la administración fraudulenta. Al respecto, las manifestaciones precisadas en los incisos a), c) y d) son inoperantes, ya que no se relacionan con los efectos por los que se concedió el amparo a la quejosa y, en relación con la diversa especificada en el inciso b), también es inoperante, porque acorde con tales efectos concesorios, existía la posibilidad de que la autoridad ministerial responsable, con plena libertad de decisión, realizara dicho desglose. Es aplicable, por el principio que la rige, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 191 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Junio de 2006, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA INCONFORMIDAD. LO SON AQUELLOS QUE PRETENDEN EL EXAMEN DE ASPECTOS QUE NO MOTIVARON EL OTORGAMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Así lo la diversa, bajo el mismo principio, sustentada por la sala en cita, localizable a foja 222 del supracitado semanario, Novena Época, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, intitulada: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Por último, de ser el caso, una vez que fenezca el plazo previsto en el artículo 202, de la ley de la materia, dese cuenta para acordar lo conducente, dado que no se actualiza alguno de los supuestos señalados en el último párrafo de este dispositivo.
- Principal
Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, por sentencia terminada de engrosar el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo solicitado por María Soledad Portillo Ramírez, por propio derecho y en representación de la sucesión de Dolores Ramírez Basabe, para que la Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación del Sistema Tradicional de la Coordinación Territorial AZC-1 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Azcapotzalco de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México realizara lo siguiente: I. Dejara insubsistente el acuerdo reclamado; y II. Emitiera otro en que, con plena libertad de decisión, determinara -con pruebas- si es procedente o no la ampliación de denuncia formulada por la peticionaria de amparo, para tal efecto, debería dilucidar si el hecho materia de la ampliación de denuncia de que se trata pudiera constituir un delito nuevo o distinto al que inicialmente denunció, que fue el de administración fraudulenta, o bien, si ese nuevo hecho pudiera formar parte de la conducta descrita en el tipo penal de este delito, derivado de la clasificación que refirió la promovente de amparo (continuo o permanente). En el entendido de que si la agente del Ministerio Público llegara a concluir que el hecho materia de la ampliación de denuncia pudiera configurar un delito nuevo o distinto al que dio origen a la averiguación previa, que deba sustanciarse acorde con el Sistema Penal Acusatorio y Oral, a fin de salvaguardar el derecho fundamental de la parte quejosa, relativo a la procuración y administración de justicia de manera pronta y expedita, deberá proceder acorde con lo dispuesto por el penúltimo párrafo del numeral 20 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia para esta ciudad, esto es, remitir a la autoridad que considere competente, copia certificada de la indagatoria, o en su caso el desglose respectivo, a fin de que realice la investigación relativa. Inconforme, la amparista interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que registró como R.P. 102/2018 y, mediante sesión de treinta y uno de mayo pasado, resolvió confirmar la sentencia. Así, después de recibido el testimonio de dicha ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable citada para que en el plazo mencionado diera cumplimiento a la misma. Al respecto, la autoridad responsable indicada, emitió la resolución de veintiuno de junio del año en curso; sin embargo, mediante proveído de cuatro de julio pasado, este órgano de control constitucional determinó que el fallo protector no estaba cumplido, por lo que nuevamente se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio que se recibió el diecisiete del mes en curso, la autoridad multicitada remitió copia certificada de diversas constancias, con que refirió dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con base en lo anterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, por lo que la parte quejosa presentó un escrito en que manifestó que la sentencia amparadora no estaba cumplida. De lo expuesto, se concluye que la sentencia protectora está cumplida. En efecto, de dichas documentales se aprecia que la agente del Ministerio Público responsable dejó insubsistente el acuerdo reclamado y, con plena libertad de decisión, determinó que era procedente la ampliación de denuncia formulada por la quejosa, asimismo, el dieciséis del mes actual dictó acuerdo en que consideró que los hechos manifestados en tal ampliación constituyen un nuevo delito, que deberá sustanciarse acorde con el Sistema Penal Acusatorio y Oral, por lo que remitió copia certificada de lo actuado a la Subprocuraduría Desconcentrada de Averiguaciones Previas Desconcentradas en Investigación en Cuauhtémoc, a fin de que procediera al inicio de la carpeta de investigación relativa. Consecuentemente, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, acorde con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora, la quejosa refirió que la sentencia protectora no estaba cumplida, esencialmente, porque: a) Lo determinado por la agente del Ministerio Público responsable no cumplió lo ordenado por el "Sub Procurador de Averiguaciones Previas". b) Para no continuar con la investigación realizó un desglose, pasando por alto que se trata de actos continuos de la administración fraudulenta, ya que los mismos son de tracto sucesivo. c) La autoridad ministerial responsable pretende "a toda costa un no ejercicio de la acción penal"; y d) Los contratos de arrendamiento señalados por la responsable hacen prueba plena de la administración fraudulenta. Al respecto, las manifestaciones precisadas en los incisos a), c) y d) son inoperantes, ya que no se relacionan con los efectos por los que se concedió el amparo a la quejosa y, en relación con la diversa especificada en el inciso b), también es inoperante, porque acorde con tales efectos concesorios, existía la posibilidad de que la autoridad ministerial responsable, con plena libertad de decisión, realizara dicho desglose. Es aplicable, por el principio que la rige, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 191 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Junio de 2006, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA INCONFORMIDAD. LO SON AQUELLOS QUE PRETENDEN EL EXAMEN DE ASPECTOS QUE NO MOTIVARON EL OTORGAMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Así lo la diversa, bajo el mismo principio, sustentada por la sala en cita, localizable a foja 222 del supracitado semanario, Novena Época, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, intitulada: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Por último, de ser el caso, una vez que fenezca el plazo previsto en el artículo 202, de la ley de la materia, dese cuenta para acordar lo conducente, dado que no se actualiza alguno de los supuestos señalados en el último párrafo de este dispositivo.
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