María Sandra Ortega García

Expediente 332/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
332/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/08/2021

Partes del expediente

  • María Sandra Ortega García

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a dos de agosto de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio de cuenta, signado por la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual remite el diverso comunicado y anexo, enviados por el secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en razón que fue mal enviado. Ahora, del anexo que se adjuntó al último de los comunicados en cita, se advierte que se devuelve diligenciado el exhorto **** de este orden, dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo. Al respecto, de dicha comunicación oficial se aprecia que el treinta de junio pasado, se notificó personalmente a la quejosa **** el acuerdo de seis de mayo pasado, en que este juzgado desechó de plano la demanda de amparo. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que no se recurrió el citado auto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, toda vez que se desechó la demanda y en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes, de conformidad con el numeral 21, inciso d, del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipula tal disposición. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa ********************; en atención a su contenido, se tiene como autorizada para oír notificaciones e imponerse de los autos a la persona mencionada. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por María Sandra Ortega Garcia, contra un acto de la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 332/2021. Ahora, este juzgado estima que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, una causal de improcedencia, por lo que es procedente desechar de plano la demanda de amparo, acorde con las siguientes consideraciones. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: - "La contestación al oficio sin número de fecha 23 de marzo de 2021, presentado en oficialía de partes el 25 de marzo de 2021, relacionado con el oficio número FEVIMTRA-A-EILIII-C4-148/2021, emitido en fecha 31 de marzo del 2021.". Al respecto, este juzgado considera que debe desecharse de plano la demanda, al actualizarse, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Previamente a exponer las razones de tal aserto, se considera necesario precisar que los dispositivos 17 y 18 de la legislación reglamentaria citada, en ese orden establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación de los numerales transcritos se obtiene que el amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los términos que prevé la ley y, además, que el plazo genérico para su promoción es de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos conforme a la ley que rija los actos la notificación respectiva, al en que se haya tenido conocimiento de los mismos, o al en que la parte quejosa se ostente sabedora de dichos actos, término respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en el citado precepto 17. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, cuyo rubro establece: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL". Al respecto, este órgano de control constitucional advierte que la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el siete de abril pasado recibió contestación a su escrito de veintitrés de marzo del año en curso, a través de su correo electrónico, por lo que el plazo de quince días para instar la acción constitucional transcurrió del ocho al veintiocho de abril del presente año, por haber sido inhábiles los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco del mes pasado; por ende, si la demanda la presentó el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, es inconcuso que es extemporánea, motivo por el cual debe tenerse por consentido dicho acto. No se soslaya que a la demanda de amparo se adjuntó al parecer la notificación realizada el "veinte" de abril pasado; sin embargo, de acuerdo a las manifestaciones hechas por la quejosa es inconcuso que tuvo conocimiento del acto reclamado el siete de abril del presente año, por lo que el plazo para la presentación de la demanda es computable a partir del día siguiente. Sin que en el caso se encuentre en alguno de los casos de excepción que prevé el numeral 17 de la ley de la materia. En tales condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda. Toda vez que el domicilio señalado por el quejoso para recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, fracción II, párrafo tercero, del punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el numeral 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional comisione al actuario correspondiente de su adscripción a efecto de que notifique este proveído al quejoso, en el domicilio precisado en la demanda, asimismo la requiera que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos su notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se harán por medio de lista, sin necesidad de ulterior acuerdo. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada. Por último, se instruye a quien corresponda, supervise la debida integración entre el expediente físico y electrónico. Notifíquese; y vía exhorto a la parte quejosa.

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