María Soledad Luevano Cantú

Expediente 68/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
68/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
20/06/2017

Partes del expediente

  • María Soledad Luevano Cantú

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    El licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre- - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del uno al catorce de junio del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Que se aperturó incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión definitiva; así como que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Que no existen constancias o tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable o alguna de las partes. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de junio de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la certificación que antecede. Conste. EL Secretario. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia pronunciada el veintinueve de mayo del año en curso que sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Encuentra puntual aplicación por identidad de razones, la tesis aislada XI.3o.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 706, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Al haberse negado la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que el original del cuaderno correspondiente es susceptible de destrucción en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. Doy fe. Ángeles

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 68/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, María Soledad Luévano Cantú promovió amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Legislatura del Estado de Zacatecas. Gobernador del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. Administrador del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La aprobación, publicación, refrendo y expedición de los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén el impuesto adicional para infraestructura y su cobro. Actos que, a su parecer, resultan violatorios del derecho fundamental contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y en proveído de veintitrés de enero de dos mil diecisiete se admitió, solicitando a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: Del Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno, y Administrador del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, respectivamente, la aprobación, expedición, refrendo y publicación de: Los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, que prevén el impuesto adicional para la infraestructura. Del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas: El cobro del impuesto adicional para la infraestructura, previsto en los precitados artículos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Congreso, Secretario General de Gobierno, Administrador del Periódico Oficial y Gobernador del Estado de Zacatecas, aceptaron la existencia de los actos que les fueron reclamados (fojas 19 a 37, 39 a 55, 57 a 74, y 77 a 93). Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". CUARTO. Inexistencia de acto de aplicación. Por su parte, el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, fue omiso en rendir su informe con justificación, a pesar de que fue requerido para tal efecto (foja 16); sin embargo, esa circunstancia no hace que este tribunal federal pueda presumir como cierto el acto reclamado a esa autoridad en términos del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la promovente, bajo protesta de decir verdad, manifestó que ha tratado de pagar diversas contribuciones de las que constituyen los tributos contenidos en los artículos reclamados; sin embargo, la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas le ha negado dicho pago, virtud a que para que eso sea posible, debe erogar el pago por concepto de impuesto adicional a la infraestructura; circunstancia que evidencia que el acto concreto de aplicación de las normas reclamadas, consistente en el cobro del impuesto adicional para infraestructura, no ha acontecido. Ello es así, pues esa simple información no constituye el pago del impuesto reclamado y, por ende, no se acredita la existencia de dicho acto de aplicación de las normas reclamadas. En esos términos, dada la inexistencia del acto reclamado al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, lo procedente es sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Sobreseimiento respecto de autoridades que no les asistió el carácter de responsables. Establecida la existencia de los actos reclamados, debe analizarse la procedencia del presente juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien, esta juzgadora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: En efecto, las disposiciones en comento señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejosa deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejosa deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios..." La fracción transcrita establece que las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la norma general reclamada o en su publicación constituyen autoridades responsables únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios. Por tanto, si no se reclaman vicios propios a los actos de las autoridades referidas, no les corresponde el carácter de responsables en el juicio de amparo. En la demanda de derechos, la parte quejosa reclama la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete; y, como autoridades responsables, entre otras, señaló al Secretario General de Gobierno y Administrador del Periódico Oficial, los dos con sede en esta ciudad, de quienes reclamó el refrendo y publicación de la norma general citada. De lo destacado se sigue que las autoridades mencionadas fueron señaladas como parte de la litis constitucional en virtud del refrendo y publicación de las normas generales reclamadas. No obstante, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que a dichas autoridades no se les atribuyen vicios propios en su actuación, pues el supuesto básico del que parte la quejosa se integra por el argumento relativo a que los preceptos reclamados invaden la esfera competencial de la Federación. Luego, al no combatirse vicios propios de su actuación, a las autoridades en comento no les corresponde el carácter de responsables, en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo; y, por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, respecto de las citadas autoridades. SEXTO. Sobreseimiento respecto del acto reclamado consistente en los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Por otro lado, las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Zacatecas, respectivamente manifiestan que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en virtud a que consideran que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover juicio de amparo contra los reclamados en esta instancia, respecto de los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que regulan el impuesto adicional para la infraestructura. Dichas disposiciones disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Tal dispositivo está correlacionado con el artículo 107, fracción I, de la propia ley de amparo, que dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. Los numerales transcritos establecen uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, el cual consiste en la posibilidad de que la parte quejosa acuda a esta instancia cuando sea titular de un derecho que sea transgredido por una norma de carácter general. Ahora bien, en materia de amparo contra leyes, deben distinguirse las diferencias existentes entre una ley de carácter autoaplicativo y otra de orden heteroaplicativo. Los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo atendiendo a la naturaleza de la norma general impugnada; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativa), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativa). En el primer supuesto, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contado a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En la segunda de las hipótesis, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla general establecida en el artículo 17 de la ley citada. Así, para la impugnación de las normas generales, mediante juicio de amparo, se requiere que esas normas afecten la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea, porque automáticamente con su entrada en vigor tal afectación se genere, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo, con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, es conveniente citar la jurisprudencia P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo VI, Julio de 1997, Materias Constitucional y Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." De la jurisprudencia en cita se desprende que una norma de carácter autoaplicativo, es aquella que admite la procedencia del juicio de amparo desde el momento en que entra en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Esto significa que tal tipo de normas vinculan al particular a su acatamiento desde el momento en que entran en vigor y, por ende, afectan su interés jurídico desde ese instante, sin que se requiera un acto concreto de aplicación, razón por la cual se puede reclamar su inconstitucionalidad desde el momento mismo de su entrada en vigencia. Respecto de las leyes de carácter heteroaplicativo, se reitera, son aquellas que por el contrario, para ser impugnadas a través del juicio de amparo, requieren necesariamente de la existencia de un acto concreto de aplicación en perjuicio del gobernado. En ese contexto, para precisar la naturaleza de las normas reclamadas, resulta conveniente transcribir su contenido: "CAPÍTULO SÉPTIMO Otros Impuestos SECCIÓN I Del Impuesto Adicional para la Infraestructura DEL OBJETO ARTÍCULO 78. El objeto de este impuesto lo constituyen los pagos que se deban efectuar por concepto del derecho establecido en el artículo 99 de esta Ley. DEL SUJETO ARTÍCULO 79. Son sujetos de este impuesto, los contribuyentes que deban realizar los pagos señalados en el artículo anterior. DE LA BASE GRAVABLE ARTÍCULO 80. La base de este impuesto, la constituirá el monto total del pago que deban realizar los contribuyentes por el concepto a que se refiere el artículo 99 de esta Ley. DE LA TASA ARTÍCULO 81. El impuesto se determinará aplicando a la base gravable que establece el artículo anterior, la tasa del 30%. DEL PAGO ARTÍCULO 82. El pago de este impuesto, se realizará conjuntamente y en el momento en que deban efectuarse los pagos relativos al Derecho establecido en el artículo 99 de esta Ley. Los sujetos de este impuesto efectuarán su pago en la oficina recaudadora correspondiente y en las Instituciones Bancarias o en los medios que la Secretaría tenga autorizados". Los preceptos anteriores regulan el impuesto adicional para infraestructura, asimismo, de su contenido se obtiene que éstos no constituyen disposiciones de carácter autoaplicativo; ello toda vez que el solo hecho de que los numerales transcritos dispongan que el pago por impuesto adicional para la infraestructura tenga que realizarse una vez que se erogue el diverso por concepto de derecho de control vehicular, previsto en el arábigo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, no obliga a la aquí quejosa, desde la entrada en vigor de la norma a acatar lo dispuesto en su contenido, es decir, la entrada en vigor de dichos artículos, no implica que se encuentre obligada a realizar dicho pago; por tanto, tales disposiciones legales, no afectan de manera automática la esfera jurídica de la promovente. Así, para que ello suceda, se requiere necesariamente la existencia de un acto de aplicación; esto es, que llegado el momento en que sea privada o molestada con motivo de la norma impugnada, se generará la posibilidad de que la parte quejosa acuda al juicio de amparo, puesto que será cuando la destinataria de la norma, se vea afectada en su esfera jurídica; lo cual, constituiría, en consecuencia, el primer acto de aplicación, toda vez que es a partir de este último lapso, la amparista resiente un agravio personal y directo. Por tanto, es evidente que, al estar condicionada la impugnación de las disposiciones cuestionadas a un acto de aplicación en perjuicio de la gobernada; es decir, a que la parte quejosa se encuadre dentro del supuesto de la norma y no a su sola entrada en vigor, es indudable que los preceptos de referencia son de naturaleza heteroaplicativa, por lo que su inconstitucionalidad debe ser reclamada hasta en tanto tenga verificativo el primer acto de aplicación. Así, la procedencia del juicio de amparo contra leyes, se basa en la existencia de un agravio personal y directo que emane de la propia disposición controvertida, agravio que ni siquiera puede ser inminente, ni futuro, pues se encuentra condicionado a que la autoridad prive de un derecho otorgado a favor de los gobernados, lo que no ha sucedido, por lo que no es factible que se admita una demanda de amparo contra ordenamientos generales que no afectan a los gobernados, ni siquiera indiciariamente, con su sola entrada en vigor; por tanto, el que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo exista la individualización de las leyes controvertidas, constituye un requisito de procedencia del juicio de amparo. Es aplicable la tesis jurisprudencial 2a./J. 77/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 382, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." Es importante puntualizar, que tratándose de normas heteroaplicativas, no cualquier acto de aplicación legitima al gobernado para acudir en demanda de amparo, sino que es requisito indispensable que dicho acto materialice los supuestos previstos por la norma y más aún, que ello trascienda a la esfera jurídica del quejoso, generando un perjuicio, entendido como una afectación o menoscabo a su esfera jurídica. En el caso, en su demanda de amparo, la quejosa adujo que el acto de aplicación del impuesto contenido en las normas reclamadas, lo era el cobro realizado por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. No obstante, como se estableció, dicho cobro es inexistente y, en consecuencia, las normas reclamadas no inciden en la esfera jurídica de la quejosa; así, pues fue la propia gestionante, quien en el capítulo relativo a la suspensión provisional de la demanda inicial, manifestó que intentó cubrir el resto de las contribuciones contempladas en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, pero personal de la Secretaría de Finanzas le indicó que también debía pagar el tributo aquí cuestionado, sin que demostrara haberlo hecho. Asimismo, con la copia simple de su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral y la copia simple de lo que aparentemente es un tarjetón con la leyenda "Servicio Vehicular", expedido por la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, la parte quejosa tampoco acreditó la existencia de un derecho legítimamente tutelado y que lo faculte para la procedencia del juicio biinstancial; pues únicamente acreditan de forma indiciaria la probable identidad de la quejosa, así como la posible propiedad de un vehículo en favor de ésta; además, no allegó diverso medio de convicción con el que, de manera relacionada con las reproducciones simples de que se trata, generara convicción de que el acto tildado de inconstitucional afecta real y directamente el derecho tutelado que reclama. En relación a lo anterior, es aplicable la jurisprudencia I.7o.A.16 K (9a.), visible en la página 213, tomo VII, abril de 1998, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 196457, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. En razón de lo expuesto, ante la falta de certeza sobre la aplicación de las normas cuya constitucionalidad se impugna y, por ende, la falta de demostración de la afectación al interés jurídico de la parte quejosa, se impone concluir que no se acredita la aplicación en su perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, ya que para efectos de la procedencia del amparo contra leyes, cuando se controvierte una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta indispensable que se acredite fehacientemente que la respectiva hipótesis jurídica se concretó expresa o implícitamente en perjuicio del peticionario del amparo, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo, sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en la tesis visible en la página 413, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. DEBE SER SUSCEPTIBLE DE APRECIARSE OBJETIVAMENTE. En virtud de que el derecho tutela bienes jurídicos reales u objetivos, cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir en sus bienes no afectan real y objetivamente éstos, no puede decirse que exista un agravio, jurídicamente hablando. En tal virtud, si las afectaciones constitutivas de un perjuicio deben ser reales para que se estimen en un juicio de garantías deben ser susceptibles de apreciarse objetivamente. En caso contrario, sería difícil que se configurara la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, porque bastaría con la afirmación en ese sentido para tenerse por acreditado tal extremo de que un acto de autoridad causa molestias en sus derechos." Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis consultable en la Página 1803, Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expone: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto." En conclusión, dado que la parte quejosa no acreditó que la norma impugnada causa lesión a su esfera jurídica, se configura la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5 de esa ley y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley que rige el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 68/2017, promovido por María Soledad Luévano Cantú, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos indicados en los considerandos cuarto, quinto y sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario que autoriza, el día de hoy veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. /manuelcc

  3. Principal

    En dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. LIC. JUAN GARCÍA TREJO. En la misma fecha, el secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Juez con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos y con un oficio con registro 2233, con anexo que se acompaña. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable H. LXII Legislatura del Estado, con sede en esta ciudad, a través del Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos de la misma; con el contenido del mismo, dése vista a las demás partes para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, respecto al decreto número ciento nueve que adjunta la autoridad responsable en D.V.D., con apoyo en lo establecido por el numeral 119, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dicha prueba dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la audiencia respectiva. Como lo solicita la autoridad de mérito, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados y domicilio para recibir notificaciones los que menciona en su comunicado. Finalmente, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en esta fecha se agrega el informe justificado de la autoridad antes mencionada; en consecuencia, a efecto de que las partes tengan oportunidad de imponerse del contenido de dicho informe; SE DIFIERE la audiencia de mérito para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR OFICIO. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza licenciado Juan García Trejo. DOY FE.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Agréguese a sus autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable H. LXII Legislatura del Estado, con sede en esta ciudad, a través del Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos de la misma; con el contenido del mismo, dése vista a las demás partes para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, respecto al decreto número ciento nueve que adjunta la autoridad responsable en D.V.D., con apoyo en lo establecido por el numeral 119, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dicha prueba dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la audiencia respectiva. Como lo solicita la autoridad de mérito, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados y domicilio para recibir notificaciones los que menciona en su comunicado. Finalmente, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en esta fecha se agrega el informe justificado de la autoridad antes mencionada; en consecuencia, a efecto de que las partes tengan oportunidad de imponerse del contenido de dicho informe; SE DIFIERE la audiencia de mérito para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE."

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano