María Soledad Espinosa López
Expediente 1147/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 26 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1147/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 08/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María Soledad Espinosa López
- Hotel Reyna Soledad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
El ocho de octubre de dos mil dieciocho Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veinticuatro de septiembre al cinco de octubre de dos mil dieciocho, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de diez de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 270-304), dictada en este juicio de amparo 1147/2016. Que después de una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión por separado; sin que se haya exhibido billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada en este juicio de amparo el diez de septiembre del año en curso, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito de demanda y la sentencia emitida en autos. En consecuencia, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente original del incidente de suspensión relativo al expediente principal en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que por una parte se negó la suspensión definitiva y por la otra se declaró sin materia el incidente de suspensión en relación con las autoridades responsables presidente de los Estados Unidos Mexicano, secretario de Turismo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, todas con residencia en la Ciudad de México; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, toda vez que ya transcurrieron los seis meses a que se refiere el acuerdo de mérito, guárdese por separado dicho cuaderno, para que en su oportunidad se lleve a cabo su destrucción. Por último, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El trece de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con el oficio y anexo que acompaña, registrado con el folio 18635. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que emitió la sentencia constitucional respectiva; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Acúsese el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. Notifíquese; y personalmente a las partes. "...San Andrés Cholula, Puebla, a diez de septiembre de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1147/2016, promovido por Hotel Reyna Soledad, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis [foja 2], en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, Hotel Reyna Soledad, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: Autoridades responsables: Ordenadoras: I. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. II. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. III. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. IV. Titular de la Secretaría de Turismo. Ejecutora: V. Director General de Certificación Turística adscrita a la Subsecretaría de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo. Actos reclamados: I. Los artículos 2, fracción IX y 9, fracción XVII de la Ley General de Turismo. II. Los artículos 2 fracción XV, 84 fracciones V y VI, 85, 86, 87 fracción II y 88 fracciones II y III del Reglamento de la Ley General de Turismo. III. El Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de septiembre de dos mil dieciséis, en específico del apartado A, artículos primero, segundo, tercero, cuarto, sexto Apartado B, séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoprimero, decimosegundo, decimotercero, decimocuarto, Apartado C, decimoquinto, Apartado D, decimoctavo, decimonoveno, Apartado E, vigésimo y el Anexo Único. IV. La operación del Sistema de Clasificación Hotelera, que impone una obligación exclusiva a un solo servicio turístico, cuando de acuerdo al Catálogo de Prestadores de Servicios Turísticos, establece dieciocho tipos de servicios clasificables. La parte quejosa señaló como artículos vulnerados el 1, 5, 14, 16, 41, 49, 73 fracciones VII y XXIX-K, 89 fracción I, 90, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO [Admisión de la demanda]. Por auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis (fojas 48 a 53), el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, registró la demanda con el número 1147/2016, admitió a trámite el juicio de amparo; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. La audiencia constitucional se verificó el veinte de enero de dos mil diecisiete, conforme al acta que obra a foja 103; y el treinta y uno de marzo de ese mismo año (fojas 104 a 147), dictó la sentencia correspondiente, en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra se negó el amparo. TERCERO [Recurso de revisión]. Inconforme con la resolución anterior, la quejosa interpuso revisión, recurso del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, quien lo registró con el número 206/2017, resolviéndolo mediante ejecutoria de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en la que revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento a partir del auto admisorio, para el efecto de que el Juez de Distrito previniera a la parte quejosa para que aclarara su demanda y precisara si señalaba como actos reclamados los artículos 4 fracción XII y 69, ambos de la Ley General de Turismo, con el apercibimiento de que en caso de no desahogar el requerimiento, el juicio se tramitaría únicamente por los preceptos reclamados en forma destacada en el capítulo de actos reclamados (folios 191 a 199). CUARTO [Cumplimiento a la ejecutoria]. Por acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (folio 200), en cumplimiento a la ejecutoria en mención, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como disposiciones reclamadas los artículos 4 fracción XII y 69, ambos de la Ley General de Turismo, apercibida que de no hacerlo, el juicio se tramitaría únicamente por los preceptos reclamados en forma destacada en el capítulo de actos reclamados. QUINTO [Desahoga prevención]. Por escrito presentado el seis de junio de dos mil dieciocho (fojas 205 a 207), la quejosa desahogó el requerimiento ordenado; y por acuerdo de siete de junio del mismo año (foja 208), el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tuvo como actos reclamados los artículos 4 fracción XII y 69, ambos de la Ley General de Turismo, y solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación. Finalmente, la audiencia constitucional se verificó el veintiséis de julio de dos mil dieciocho, conforme al acta que obra a foja 252. SEXTO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 64/2018, de fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, recibido en este juzgado federal a las nueve horas del día nueve del mismo mes y año; signado por el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 1147/2016, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. SÉPTIMO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de nueve de agosto de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número 392/2018-II, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Con fundamento en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, dada la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo y su escrito aclaratorio (fojas 205 a 207), a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que los actos reclamados en el presente asunto son: I. Los artículos 2 fracción IX, 4 fracción XII, 9 fracción XVII y 69 de la Ley General de Turismo; que se atribuye a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. II. Los artículos 2 fracción XV, 84 fracciones V y VI, 85, 86, 87 fracción II y 88 fracciones II y III del Reglamento de la Ley General de Turismo; que se atribuye al Presidente de la República. III. El Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera, publicado el trece de septiembre de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación; en específico del Apartado A los artículos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto; del Apartado B los artículos séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoprimero, decimosegundo, decimotercero y decimocuarto; del apartado C el artículo decimoquinto; del apartado D los artículos decimoctavo y decimonoveno; y del apartado E el artículo vigésimo y anexo único; que se atribuye al Secretario de Turismo. IV. La operación del Sistema de Clasificación Hotelera; que se atribuye al Director General de Certificación Turística de la Secretaría de Turismo. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. No se inadvierte que la quejosa en la demanda de amparo señaló que reclamaba: ". la ilegal operación del 'Sistema de Operación Hotelera', que impone una obligación 'exclusiva' a un solo servicio turístico cuando de acuerdo al 'Catálogo de Prestadores de Servicios Turísticos', son 18 tipos de servicios, por tanto no existe razón justificada para que solamente uno se obligue a clasificar, cuando es claro que los otros 17 giros también son clasificables". Sin embargo, esas manifestaciones no se tendrán como actos reclamados destacados, toda vez que se trata de calificativos y argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de la operación del Sistema de Clasificación Hotelera; por lo que, en su caso, tales manifestaciones deben analizarse como conceptos de violación al estudiar el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: Época: Séptima Época Registro: 239099 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 18, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 159 "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". TERCERO. [Inexistencia de los actos reclamados]. No es cierto el acto consistente en la operación del Sistema de Clasificación Hotelera, que se atribuye al Director General de Certificación Turística de la Secretaría de Turismo, pues así lo manifestó al rendir su informe de ley (fojas 84 y 232), sin que la parte quejosa hubiere ofrecido ningún medio de convicción que desvirtúe dicha negativa; lo que además se patentiza con las manifestaciones realizadas por la quejosa en la demanda de amparo en el sentido de que no existía un acto concreto emitido por dicha autoridad. Debe destacarse que si lo que pretendía la quejosa era reclamar que una disposición legal faculta al Director General de Certificación Turística a operar el sistema de clasificación hotelera, por considerar que dicha autoridad es incompetente para ello; así como impugnar la facultad para imponer la obligación exclusiva a un solo servicio turístico cuando el Catalogo de Prestadores de Servicios Turísticos establece dieciocho tipos de servicios clasificables; era indispensable que la impetrante señalara como acto reclamado destacado el o los preceptos legales que confieren dichas facultades y no el posible actuar de la autoridad. Por lo tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del citado acto reclamado y autoridad responsable; lo anterior, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: Época: Octava Época Registro: 803111 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 19-21, Julio-Septiembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.J/18 Página: 154 "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". CUARTO [Certeza de actos]. Son ciertos los actos reclamados consistentes en los artículos 2 fracción IX, 4 fracción XII, 9 fracción XVII y 69 de la Ley General de Turismo; 2 fracción XV, 84 fracciones V y VI, 85, 86, 87 fracción II y 88 fracciones II y III del Reglamento de la Ley General de Turismo; y, el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera, publicado el trece de septiembre de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación; en específico del Apartado A los artículos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto; del Apartado B los artículos séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoprimero, decimosegundo, decimotercero y decimocuarto; del apartado C el artículo decimoquinto; del apartado D los artículos decimoctavo y decimonoveno; y del apartado E el artículo vigésimo y anexo único; que se atribuye al Secretario de Turismo. Lo anterior, porque así lo reconocieron la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el Presidente de la República y el Secretario de Turismo, al rendir su informes justificados (fojas 65 y 214; 57 a 58 y 210 a 211; y, 70 a 85 y 218 a 245). Máxime que al estar publicadas en un medio de difusión oficial como lo es el Diario Oficial de la Federación, las normas controvertidas no están sujetas a prueba, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". QUINTO [Causales de improcedencia]. El Presidente de la República, el Secretario de Turismo y el Director General de Certificación Turística (foja 73), sostienen que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, toda vez que el Reglamento de la Ley General de Turismo se publicó el seis de julio de dos mil quince y, sin embargo, fue hasta quince meses después de ello que la quejosa promovió juicio de amparo, por lo que la presentación de la demanda es extemporánea, pues ya había transcurrido el plazo correspondiente, en términos del artículo 17 de la ley de la materia. No se actualiza dicha causal de improcedencia. Para justificar lo anterior, es necesario precisar que el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, que son aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio dentro de los plazos establecidos para ello. En relación con lo anterior, debe destacarse que de la interpretación sistemática de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se desprende que el término para la interposición de la demanda respectiva es de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que reclama; o bien, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiera ostentado sabedor. Lo anterior con excepción de los casos en los que se impugnen 1) normas generales autoaplicativas, o el procedimiento de extradición, en cuyo caso la demanda deberá promoverse dentro del plazo de treinta días; 2) una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, dentro del término de ocho años; 3) actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, dentro del término de siete años; y 4) actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, se podrán impugnar en cualquier tiempo. Ahora bien, en el caso la impetrante combate el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera, así como las disposiciones de la Ley General de Turismo y su Reglamento, como sistema normativo con motivo de la regulación que establecen respecto del Registro Nacional de Turismo, haciendo consistir como el acto de aplicación de la Ley y su Reglamento, dicho acuerdo administrativo expedido por la Secretaría de Turismo. Al respecto, debe precisarse que el acto de aplicación de una ley con motivo del cual puede promover en su contra juicio de amparo, no tiene que consistir necesariamente en un acto dirigido en forma concreta y específica al peticionario de amparo, sino que también puede ser una diversa disposición de observancia general de igual o inferior jerarquía, dirigida a todos aquellos que se coloquen en la hipótesis legal, y en virtud de la cual surjan o se actualicen situaciones que al vincular al particular al cumplimiento de la ley impugnada puedan dar lugar a que se considere afectado su interés jurídico. Así, puede suceder que un reglamento, acuerdo o circular que pormenorice, desarrolle o se emita con base en lo dispuesto en una ley, concrete en perjuicio del quejoso lo previsto en esta última, lo que permitirá la impugnación de ésta a través del juicio de amparo, aplicando para su procedencia las mismas reglas del amparo contra leyes; de ahí que si la parte quejosa señala que reclama las disposiciones con motivo del primer acto de aplicación, el cual hace consistir en el "Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera", es por ello que contrariamente a lo que señala la autoridad responsable, si el acuerdo de mérito constituye el acto de aplicación del sistema normativo que impugna la parte quejosa, el término de interposición del amparo es de treinta días los que se contarán a partir de que surta efectos la publicación de este último, conforme a las reglas del amparo contra leyes. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 191312 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 70/2000 Página: 234 "LEYES, AMPARO CONTRA. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE SU IMPUGNACIÓN PUEDE CONSISTIR EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL. El acto de aplicación de una ley con motivo del cual puede promoverse en su contra el juicio de amparo, no tiene que consistir necesariamente en un acto dirigido en forma concreta y específica al peticionario de garantías, sino que también puede ser una diversa disposición de observancia general de igual o inferior jerarquía, dirigida a todos aquellos que se coloquen en la hipótesis legal, y en virtud de la cual surjan o se actualicen situaciones que al vincular al particular al cumplimiento de la ley impugnada puedan dar lugar a que se considere afectado su interés jurídico, causándole perjuicios. En efecto, puede suceder que un reglamento, acuerdo o circular, que pormenorice, desarrolle o se emita con base en lo dispuesto en una ley, concrete en perjuicio del quejoso lo previsto en esta última, lo que permitirá la impugnación de ésta a través del juicio de garantías, aplicando, para su procedencia las mismas reglas del amparo contra leyes. Precisado lo anterior, ahora es menester determinar los requisitos que se deben cumplir para reclamar un conjunto de normas como un sistema. Sobre ese tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 169558 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Junio de 2008 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 100/2008 Página: 400 "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas". Del criterio transcrito, se advierte que Segunda Sala del Alto Tribunal determinó que a través del juicio de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, pues ello lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Precisó que esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable, en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; es decir, deben guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas. Del análisis anterior, se destacan como elementos a considerar en el amparo contra leyes cuando se reclama un sistema normativo, los siguientes: 1. Que las normas se pueden reclamar desde su sola vigencia, o bien, por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas. 2. Que las disposiciones reclamadas requieren formar una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación. 3. Que las normas reclamadas deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente. En esa tesitura, como se indicó, la impetrante reclamó diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, del Reglamento de la Ley General de Turismo y el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera, para lo cual afirmó que el citado acuerdo conforma con las restantes disposiciones un sistema normativo, relacionado con la forma en la cual opera actualmente el Registro Nacional de Turismo, motivo por el cual acude al juicio de amparo a reclamar tanto el citado acuerdo administrativo, como la Ley General de Turismo y su Reglamento. De ahí que pueda estimarse que el primer requisito se cumple, pues a través de las disposiciones normativas reclamadas se establecen los lineamientos específicos para la operación y funcionamiento del Sistema de Clasificación Hotelera, que deberán observar, de manera obligatoria, los prestadores de servicios turísticos de hospedaje, los cuales en principio se instituyeron en la Ley General de Turismo y, se retomaron, diversos aspectos, en el Reglamento de la Ley General de Turismo, siendo que el Acuerdo administrativo por el que se emiten los Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera, que se hace consistir en el primer acto de aplicación de las normas impugnadas; los reclama como normas autoaplicativas, en cuanto complementan el contenido de los ordenamientos reclamados referidos. En relación con el segundo requisito consistente en que las disposiciones reclamadas formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación, también se cumple, ya que según se desprende de éstas, se encuentran dirigidas a regular la instauración del Registro Nacional de Turismo, por lo que en el supuesto que alguno de los conceptos de violación resulte fundado, generaría que la parte quejosa no esté obligada a inscribirse en el mencionado registro. Por último, en cuanto al tercer requisito consistente en que las normas reclamadas tengan una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente, de igual forma se cumple, puesto que la materia, tema y objeto, es el mismo, a saber, la integración del Registro Nacional de Turismo. Precisado lo anterior, es evidente que la quejosa se encuentra en posibilidad de impugnar en la vía de amparo las disposiciones de la Ley de Turismo y su Reglamento, con motivo de la emisión del referido acuerdo administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de septiembre de dos mil dieciséis y, será a partir de su entrada en vigor, es decir, el catorce del mismo mes y año, cuando iniciará el término de treinta días para presentar la demanda de amparo en su contra; luego, si la demanda se presentó el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, según se advierte de la papeleta de turno y del sello de recibido estampado en la primera hoja de la demanda (fojas 1 y 2), es evidente que se presentó en tiempo, pues entre ambas fechas sólo mediaron veintiocho días hábiles. De ahí que no pueda considerarse que la quejosa consintió tácitamente el Reglamento impugnado. Así mismo, el Presidente de la República, el Secretario de Turismo y el Director General de Certificación Turística (foja 74) aducen que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, pues las normas generales impugnadas no afectan los intereses jurídicos de la quejosa, ya que no están dirigidos a ella, por lo que no se traducen en un agravio personal y directo, además de que no existe acto de aplicación de las mismas. No se actualiza la causal de improcedencia sintetizada. Para considerarlo así, es necesario reiterar que las disposiciones normativas reclamadas establecen los lineamientos específicos para la operación y funcionamiento del Sistema de Clasificación Hotelera, que deberán observar, de manera obligatoria, los prestadores de servicios turísticos de hospedaje, los cuales en principio se instituyeron en la Ley General de Turismo, retomándose diversos aspectos en el Reglamento de la Ley General de Turismo y en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera, que complementa el contenido de los dos primeros, regulando la instauración del Registro Nacional de Turismo. Luego, para acreditar la afectación a su esfera de derechos y, por ende su interés jurídico, es suficiente con que se demuestre que la quejosa es prestadora de servicios turísticos de hospedaje. Ahora bien, en la especie la impetrante ofreció copias certificadas de las siguientes documentales: a) cédula de inscripción al Registro Estatal de Turismo del Estado de Zacatecas, de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis; b) cédula de identificación fiscal de quince de abril de dos mil dieciséis; c) constancia de pago de "IMP S/HOSPEDAJE" de fecha quince de enero de dos mil dieciséis; d) constancia de registro en el padrón municipal de treinta de marzo de dos mil quince; y, e) factura número A 2515 de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, emitida por la quejosa por concepto de hospedaje (fojas 41 a 46). Las documentales antes relacionadas tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto por su artículo 2, y valoradas en su conjunto son aptas para acreditar que la impetrante tiene como actividad comercial la prestación del servicio de hospedaje; por lo que es dable concluir que se ubica en la hipótesis que prevén las normas generales impugnadas y, en consecuencia sí afectan su esfera de derechos impactándola de manera negativa. Además, debe precisarse que contrario a lo aducido por las responsables, las normas impugnadas como sistema, no necesitan un acto concreto de aplicación para irrumpir en la esfera de derechos de quien sea prestador de servicios de hospedaje, ya que causan perjuicio con sola entrada en vigor, conclusión a la que es dable arribar al realizar el análisis del artículo primero del Acuerdo administrativo impugnado, en cuanto dispone que dicho acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos específicos para la operación y funcionamiento del Sistema de Clasificación Hotelera, que deberán observar, de manera obligatoria, los prestadores de servicios turísticos de hospedaje. Por otra parte, el Presidente de la República, el Secretario de Turismo y el Director General de Certificación Turística (foja 74) aducen que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XIII de la Ley de Amparo. Por su parte, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (foja 65), solicita que se sobresea en el presente juicio de amparo; y, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (foja 58), aduce que la Ley de Turismo no causa afectación alguna a los intereses jurídicos de la quejosa. Se desestiman los planteamientos sintetizados, ya que las autoridades responsables no exponen ningún razonamiento tendente a demostrar por qué consideran que operan tales motivos de improcedencia, pues sólo se limitan a realizar afirmaciones dogmáticas. Por lo tanto, no es jurídicamente factible realizar el análisis de esos planteamientos genéricos, pues ante la variedad de interpretaciones que se puede realizar sobre dichos tópicos, resulta indispensable que se expongan los razonamientos por los que se considera que el juicio de amparo es improcedente; máxime que no se advierte su objetiva actualización. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 174086 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Octubre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 137/2006 Página: 365 "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio". Finalmente, el Presidente de la República, el Secretario de Turismo y el Director General de Certificación Turística (foja 76 vuelta) aducen que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII en relación con el 108 fracción VI de la Ley de Amparo, pues aducen que la quejosa en sus conceptos de violación de ninguna manera acredita la posible transgresión a sus garantías constitucionales, pues giran en torno a violación de carácter secundario; aducen las responsables que la impetrante no formula razonamientos lógico-jurídicos tendentes a demostrar en forma fehaciente que el acto reclamado al Secretario de Turismo afecta su interés jurídico o legítimo, por no ajustarse a los preceptos constitucionales. Los argumentos sintetizados deben desestimarse, pues están encaminados a demostrar que los conceptos de violación formulados por la quejosa son insuficientes para demostrar la violación que causan los actos reclamados a sus derechos humanos, aspecto que indudablemente se encuentra relacionado con el fondo del asunto, mas no con la procedencia del juicio de garantías. En efecto, la calificación de los conceptos de violación [fundados, infundados, inoperantes o insuficientes] y la determinación de si los actos reclamados son inconstitucionales, son aspectos deben analizarse al estudiar el fondo del asunto, lo que dará lugar a que se conceda o niegue el amparo, por lo que no es jurídicamente factible estudiar dichos puntos de controversia al analizar la procedencia del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 187973 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Enero de 2002 Materia(s): Común Tesis: P./J. 135/2001 Página: 5 "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". Al no actualizarse las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables ni advertirse de oficio la actualización de una diversa, se procede al estudio de fondo del asunto. SEXTO. [Estudio de fondo del asunto]. En esas condiciones, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, los que se contienen en el escrito de demanda de amparo, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" [Registro No. 164618. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Página: 830. Tesis: 2a./J. 58/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común]. La quejosa sustancialmente argumenta: I. Que que las normas generales reclamadas violan el derecho humano a la igualdad jurídica previsto por el artículo 1º de la Constitución Federal, toda vez que sin justificación alguna, otorgan un trato distinto a los establecimientos de hospedaje en relación con el resto de los prestadores de servicios turísticos, ya que sólo a los primeros se les impone la obligación de clasificarse, lo que constituye un trato discriminatorio. II. Que el artículo 69 de la Ley General de Turismo, viola los derechos fundamentales consagrados en los artículos 5°, 14 y 16 constitucionales, ya que impone la sanción de clausura a los prestadores de servicios turísticos que no se inscriban en el Registro Nacional de Turismo, misma que se levantará veinticuatro horas después de realizarse dicha inscripción, pero en el caso de los establecimientos de hospedaje, el artículo 4 fracción XII de la misma ley, establece la obligación adicional de clasificarse y en caso de no observarse, tiene como consecuencia que la clausura no se levante, además de ser sancionado económicamente; aduce la impetrante que al suspender la operación del hotel por más de veinticuatro horas, se coarta su libertad de comercio, en comparación con los demás servicios turísticos, quienes sólo deben inscribirse en el Registro Nacional de Turismo y no clasificarse, lo que redunda en una privación del producto de su trabajo, de su esfuerzo y su inversión. Agrega la quejosa que a los establecimientos de hospedaje se les impone una obligación exclusiva para operar, la cual no es exigible a los demás servicios turísticos, colocándolos en una desventaja que podría traer como consecuencia daños de imposible reparación, pues es evidente la violación a la libertad de comercio en contra de los establecimientos de hospedaje, al imponerles obligaciones exclusivas como lo es clasificarse, además de inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, ya que de no cumplir dicha obligación, da lugar a la imposición de una sanción económica, en términos de los artículos 84 fracciones V y VI y 85 del Reglamento de la Ley General de Turismo, lo que evidencia la violación al derecho fundamental de comercio, al imponer a determinados establecimientos como los de hospedaje, un requisito adicional, sin fundamento ni motivo alguno, máxime que la Ley General de Turismo, establece la clasificación de prestadores de servicios turísticos en general, como un derecho. III. Que los artículos reclamados de la Ley General de Turismo y su Reglamento, así como el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Clasificación Hotelera, son inconstitucionales al otorgar facultades legislativas a una autoridad administrativa, como lo es la Secretaría de Turismo, toda vez que los únicos órganos que tienen facultades legislativas son el Congreso de la Unión a través de las Cámaras de Diputados y Senadores, dentro de sus respectivas competencias, y en cierta forma, el Presidente de la República, conforme a la facultad reglamentaria que le concede la fracción I del artículo 89 de la Constitución; aduce la impetrante que el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Clasificación Hotelera, no respeta la facultad reglamentaria, al contradecir de forma directa el contenido de la Ley General de Turismo a la que pretende cumplimentar, además de que también invade la facultad exclusiva de legislar, la cual fue asignada al Congreso General en términos del artículo 73 de la Carta Magna, al prever una excepción que la Ley no consigna y que ni siquiera se infiere que hubiere establecido la posibilidad de preverla, pues de una lectura que se haga a los artículos Sexto, dentro del Apartado A, así como al Octavo, dentro del Apartado B, del Acuerdo de mérito, se desprende claramente que se señaló una excepción para la clasificación de establecimientos de hospedaje, al estipular que aquellos establecimientos de hospedaje que no deseen clasificarse, pueden optar por autodeterminarse como "sin categoría", es decir, que la clasificación no es obligatoria para quienes elijan esa opción, lo que además implica evadir la obligación de clasificarse, cuestión que hace patente la violación a la facultad reglamentaria, ya que las normas impugnadas son categóricas al señalar que la clasificación será de cumplimiento obligatorio en toda la República, sin que se infiera o desprenda la posibilidad de establecer excepciones a dicha obligación mediante Acuerdos administrativos, por lo que resulta indudable que ante la obligatoriedad de clasificarse, misma que no admite excepción alguna, la autoridad administrativa esta constreñida a establecer el sistema de clasificación hotelera, observando en todo momento los lineamientos y bases establecidos en la Ley, que en el caso concreto se traduce en la obligatoriedad de dicho sistema. IV. Que el artículo Sexto, en relación con el Anexo Único del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el Sistema de Clasificación Hotelera, son violatorios de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, porque la evaluación que los prestadores del servicio turístico de hospedaje deben llenar de acuerdo a las características de su establecimiento, resulta ambigua ya que la calificación varía sin justificación legal, esto es, que cada concepto tiene diferente calificación, lo que causa confusión, pues lo válido sería que se estableciera una escala uniforme del 1 al 5 o del 1 al 10, y en base a ella, poner la calificación que se merezca, pero contrario a esto, cada variante presenta diversa calificación, pues mientras algunas tienen como calificación más alta 9, para otras la calificación más alta es 3, lo que permite concluir que el sistema de autoevaluación, puntuación y calificación de los prestadores de servicios turísticos de hospedaje emplea conceptos ambiguos y abiertos a la interpretación. SÉPTIMO. [Análisis sistemático de los conceptos de violación]. Por cuestión de técnica jurídica los conceptos de violación se analizarán en orden distinto al propuesto por la quejosa. Es infundado el concepto de violación sintetizado en el punto III del apartado relativo, en el que la quejosa aduce que el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Clasificación Hotelera es violatorio de la facultad reglamentaria, ya que establece excepciones no previstas por la Ley de Turismo. Para considerarlo así, es necesario precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 49, 50, 51, 56, 73 fracción XXIX-K, 80, 89 fracción I, 90, 92 y 94 párrafo primero de la Constitución Federal, se desprende, en lo que interesa, que establecen la división de los Poderes de la Unión; que cuando hacen referencia al Poder Legislativo establecen las facultades del Congreso de la Unión y las exclusivas de cada una de sus Cámaras -Diputados y Senadores-, y prevén las facultades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que conforman las funciones del Estado. Cabe precisar que esta división de poderes implica la distribución de atribuciones más o menos homogéneas, entre los agrupamientos genéricamente enunciados como Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que actúan de manera separada e independiente, pero guardando entre sí la unidad ontológica que exige el Estado democrático de derecho. Sobre esta línea de ideas, se tiene que al Congreso de la Unión le compete la facultad de expedir leyes bajo las características de generalidad, abstracción e impersonalidad, en lo que se refiere a las materias prescritas en el artículo 73 constitucional y, en específico, en la fracción XXIX-K, se encuentra la relativa a expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado. Por otra parte, en lo que concierne a la función administrativa del Estado, se desprende que el artículo 80 constitucional finca en el Presidente de la República la titularidad de la Administración Pública Federal, cuyo funcionamiento es tan amplio y complejo que su desarrollo requiere del auxilio de gran número de órganos secundarios y diversas dependencias, tal como lo prevé el artículo 90 constitucional. Ahora bien, con el objeto de dar coherencia y lograr el cumplimiento de la función administrativa encomendada al Ejecutivo, la Constitución Federal divide en dos vertientes a la Administración Pública Federal, esto es, en centralizada y paraestatal. Así, la administración pública centralizada se presenta como un andamiaje de órganos en niveles diversos, dependientes unos de otros en una relación de jerarquía precedida por la máxima autoridad que en el nivel federal corresponde al Presidente de la República; en tanto que la administración pública paraestatal y, concretamente, los organismos descentralizados, se encuentran desvinculados en diverso grado de la administración central, que desempeñan determinadas tareas administrativas por motivos de servicio, colaboración o por región. En este sentido, el gran desarrollo de la actividad administrativa ha exigido el establecimiento de las estructuras necesarias para proporcionar un eficaz y eficiente funcionamiento del sector público, tendente a satisfacer las necesidades de la población, entre ellos, la expedición de leyes que confieren facultades normativas a los Secretarios de Estado, y se está en presencia de una normatividad de este género, cuando a través de un acto formalmente legislativo o reglamentario, el Congreso de la Unión o el Presidente de la República, habilitan a un órgano de la administración para regular una materia concreta y específica, sea que ésta haya sido objeto de regulación con anterioridad o que no lo haya sido, de acuerdo con los principios y lineamientos convenidos en la propia norma habilitante. Lo anterior se justifica en la medida que el Poder Legislativo no suele ocuparse de los detalles técnico-operativos que surgen en el funcionamiento de la Administración Pública, de ahí que resulte apropiado que los Secretarios de Estado como integrantes de la Administración Pública Federal, conforme con lo dispuesto por el artículo 90 constitucional, cuenten con las atribuciones necesarias para dar agilidad, prontitud, firmeza y precisión a los actos de aplicación de la ley específica que expida el Congreso de la Unión. Por tanto, las autorizaciones legales conferidas a los Secretarios de Estado para dictar reglas técnico-operativas de observancia general en su ramo, no constituyen actos delegatorios de facultades del Congreso de la Unión, puesto que tal como se apuntó en párrafos anteriores, ese Cuerpo Legislador no se despoja a sí mismo de una facultad propia, sino que asigna directamente a un órgano de la Administración Pública Federal, una tarea operativa para facilitar la aplicación de una ley específica dentro de su campo de acción. Por otro lado, el artículo 92 constitucional confiere al Presidente de la República la facultad de emitir reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes, que a su turno deberán ser refrendados por el Secretario de Estado o Jefe del Departamento Administrativo a que el asunto corresponda. Bajo las anteriores premisas, es dable concluir que los reglamentos constituyen un conjunto de normas de carácter general expedidas por el Presidente de la República para dar cumplimiento a las leyes; los decretos administrativos formalizan la expresión jurídica de la voluntad del órgano ejecutivo en ejercicio de sus funciones, sobre casos concretos de los negocios públicos; las órdenes constituyen mandamientos del superior que deben ser obedecidas, ejecutadas y cumplidas por los inferiores jerárquicos; y el acuerdo administrativo, por su parte, constituye una decisión del titular del Poder Ejecutivo Federal dirigida a los órganos subordinados cuyos efectos se producen dentro de la propia estructura interna, que no atañen a los particulares o a otros sujetos de derecho que no tengan carácter de funcionarios o trabajadores al servicio del Estado. A diferencia de los actos gubernativos anteriores, las reglas generales administrativas, emitidas por un Secretario de Estado constituyen cuerpos normativos de detalles técnicos y operativos para materias específicas. De ahí que, con exclusión de las facultades conferidas al Presidente de la República en el artículo 92 constitucional, el Congreso de la Unión puede expedir leyes donde autorice a los Secretarios de Estado para dictar reglas técnico-operativas dentro del ámbito de su competencia y, por tanto, la forma y materia de los decretos, de los reglamentos, de los acuerdos y de las órdenes, tienen un contenido específico, y mientras el Congreso de la Unión no interfiera en la formación de estos actos que corresponden al Presidente de la República, puede aquél conferir directamente a los Secretarios de Estado la atribución de expedir reglas técnico-operativas dentro del campo de una ley específica. De lo anterior, se tiene que las reglas generales administrativas, las cuales son actos materialmente legislativos cuyo dictado encuentra fundamento en una cláusula habilitante prevista en una ley o en un reglamento al tenor de la cual una autoridad administrativa diversa al titular del Ejecutivo es dotado de la atribución para emitir disposiciones generales cuya finalidad es pormenorizar lo previsto en una ley o en un reglamento, generalmente con el objeto de regular cuestiones de carácter técnico que por su complejidad o minucia es conveniente sean desarrolladas por una autoridad administrativa que atendiendo a su elevado nivel de especialización puede levantar de la realidad cambiante, con mayor oportunidad y precisión, las particularidades de los fenómenos sociales que ameritan ser normados. Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes tesis: Época: Novena Época Registro: 187113 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Abril de 2002 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P. XII/2002 Página: 8 "REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. LA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA HABILITAR A LAS SECRETARÍAS DE ESTADO A FIN DE EXPEDIRLAS, NO CONSTITUYE UNA DELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS. El hecho de que el Congreso de la Unión autorice a las secretarías de Estado a emitir reglas técnico-operativas de observancia general en su ramo, no entraña una delegación de facultades, pues aquel órgano legislativo no se despoja de una facultad propia, lo que constituye una condición insalvable de todo acto delegatorio, sino que asigna directamente a un órgano de la administración pública federal, una tarea operativa para facilitar la aplicación de una ley específica dentro de su campo de acción. Lo anterior se justifica en la medida en que el Poder Legislativo no suele ocuparse de esos detalles técnico-operativos que surgen en el funcionamiento de la administración pública; de ahí que resulte apropiado que los secretarios de Estado, como integrantes de la administración pública federal y conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenten con las atribuciones necesarias para dar agilidad, prontitud, firmeza y precisión a los actos de aplicación de la ley específica que expida el Congreso de la Unión". Época: Novena Época Registro: 187112 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Abril de 2002 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P. XIV/2002 Página: 9 "REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. LAS DICTADAS EN EJERCICIO DE UNA FACULTAD CONFERIDA POR LA LEY A UNA SECRETARÍA DE ESTADO, NO PUGNAN CON EL PRINCIPIO DE DISTRIBUCIÓN DE ATRIBUCIONES ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO. El primer párrafo del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que "La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado ...". De lo anterior se deduce que las reglas generales administrativas dictadas en ejercicio de una facultad conferida por una ley expedida por el Congreso de la Unión a una secretaría de Estado constituyen una categoría de ordenamientos que no son de índole legislativa ni reglamentaria, sino que se trata de cuerpos normativos sobre aspectos técnicos y operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública, por lo que su expedición no pugna con el principio de distribución de atribuciones entre los diferentes órganos del poder público. Lo anterior es así, porque los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes, cuya expedición compete al presidente de la República, en términos de lo dispuesto en el artículo 92 de la propia Carta Magna, tienen diferente forma y materia que las reglas citadas, y mientras el Congreso de la Unión no interfiera en la formación de aquellos actos, puede conferir directamente a los secretarios de Estado la atribución de expedir reglas técnico-operativas dentro del campo de una ley específica; de manera que si el otorgamiento de atribuciones por la Norma Fundamental a los diferentes órganos gubernativos no puede extenderse analógicamente a otros supuestos distintos a los expresamente previstos en aquélla, las reglas técnicas y operativas están fuera del ámbito exclusivo del titular del Poder Ejecutivo, al gravitar dentro de la potestad legislativa del Congreso de la Unión para autorizar su expedición mediante una ley a alguna o varias de las secretarías de Estado y departamentos administrativos, cuya distribución de competencias figura tanto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, como en las demás leyes que le incumben al Congreso de la Unión". Por lo anterior, atendiendo al origen de la facultad para emitir reglas generales administrativas, así como a su jerarquía, pueden señalarse como notas que las distinguen de otras disposiciones de observancia general, las siguientes: 1. Las reglas generales administrativas al ser expedidas con base en una habilitación legal o reglamentaria se encuentran por debajo de las leyes del Congreso de la Unión o de las legislaturas locales así como de los Reglamentos del Presidente de la República o de los gobernadores de los Estados. 2. Al encontrarse sujetas al principio de primacía de la ley y al diverso de primacía reglamentaria, las referidas reglas administrativas no pueden derogar, limitar o excluir lo previsto en las disposiciones de observancia general contenidas en actos formalmente legislativos o formalmente reglamentarios. 3. Para su validez deben acatar los diversos derechos fundamentales que tutela la Constitución General de la República y, además, las condiciones formales y materiales que para su emisión se fijen en la respectiva cláusula habilitante. 4. La habilitación para expedir disposiciones de observancia general no puede conferirse en una materia que constitucionalmente esté sujeta al principio de reserva de la ley. 5. Las reglas generales administrativas son emitidas por órganos del Estado y, por ende, sin rebasar lo dispuesto en la respectiva cláusula habilitante, pueden vincular a los gobernados y precisar el alcance de los deberes y obligaciones que legalmente les corresponden. 6. La emisión de las reglas generales administrativas puede sujetarse por el órgano que establezca la respectiva cláusula habilitante al desarrollo de un procedimiento previo en el que se cumplan determinadas formalidades que estime convenientes el órgano habilitante. Conforme a lo expuesto, se tiene que el artículo 73 fracción XXIX-K constitucional, autoriza al Congreso de la Unión a expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado, por lo que en uso de dicha facultad el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Turismo, como se ve reflejado en sus artículos 1, 4 fracciones XII y XIV y 58 fracciones II, V y X, que establecen: "Artículo 1º. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en toda la República en materia turística, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como a los Estados, Municipios y el Distrito Federal. La interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo". "Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría: XII. Establecer la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, de cumplimiento obligatorio en toda la República; XIV. Fijar e imponer, de acuerdo a esta Ley y los reglamentos correspondientes, el tipo y monto y de las sanciones por el incumplimiento y violación de las disposiciones en materia turística.". "Artículo 58. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos: II. Informar al turista los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, de los servicios y productos que éste requiera; V. Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo y actualizar los datos oportunamente; X. Cumplir con las características y requisitos exigidos, de acuerdo a su clasificación en los términos de la presente Ley". Así mismo, en términos de lo establecido en el artículo Cuarto Transitorio primer párrafo de la Ley General de Turismo, el Presidente de la República con el propósito de llevar a su exacta observancia la Ley expedida por el Congreso de la Unión, expidió el Reglamento de la Ley General de Turismo, según se advierte de la siguiente transcripción: "Cuarto. El Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento de la presente Ley, dentro de los ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto". Finalmente, en términos de lo previsto por el artículo décimo séptimo transitorio del Reglamento de la Ley General de Turismo, el Secretario de Turismo emitió el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera, según se advierte de la siguiente transcripción: "Décimo Séptimo.- La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación, dentro de un plazo de sesenta días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera, al que hace referencia este ordenamiento. A partir de la publicación de estos Lineamientos, con base en la obligatoriedad que marca el artículo 4, fracción XII y el artículo 58, fracción X de la Ley los establecimientos hoteleros y de hospedaje contarán con un plazo de un año para cumplir con las características y requisitos exigidos. Conforme a lo expuesto, se tiene que en la Ley General de Turismo se crea al Sistema de Clasificación Hotelera, el cual se define como el mecanismo de autoevaluación regulado por la Secretaría de Turismo que agrupa variables las cuales determinan la categoría del establecimiento de hospedaje, que permitirá que el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y la Ciudad de México, cuenten con información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con el objeto de conocer mejor la categoría de los establecimientos hoteleros del país, que permita al turista realizar un consumo responsable e informado sobre la calidad de los servicios hoteleros y de hospedaje, por lo que la clasificación es obligatoria para los prestadores de servicios turísticos, correspondiendo a la Secretaría de Turismo regular y coordinar su operación. Por su parte, el Presidente de la República a fin de llevar a su exacta observancia a las disposiciones de la Ley General de Turismo, expidió el Reglamento relativo, cuyas disposiciones reiteran la obligación para los prestadores de servicios turísticos de realizar su clasificación hotelera, y establecen diversas facultades a la Secretaria de Turismo, entre las que destacan las relativas a la expedición de la constancia de clasificación hotelera; este sistema de clasificación hotelera, se integrará al Registro Nacional de Turismo, además se indica que la Secretaría emitirá mediante Acuerdos que deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación, el catálogo de los diferentes servicios turísticos cuyos prestadores de servicios turísticos estén obligados a inscribirse, el cual deberá actualizarse de conformidad con las variaciones del mercado. En este orden de ideas, el Secretario de Turismo, con base en lo establecido en los ordenamientos indicados, emitió el Acuerdo reclamado, en materia del Sistema de Clasificación Hotelera, en el cual se establecen los lineamientos específicos de dicho sistema, lo que tiene por objeto conocer mejor la categoría de los establecimientos hoteleros del país, que permita al turista realizar un consumo responsable e informado sobre la calidad de los servicios hoteleros y de hospedaje prestados. Por lo tanto es dable concluir que el Acuerdo administrativo reclamado, conduce a la exacta observancia del mandato legal establecido en la Ley General de Turismo de contar con un sistema de clasificación hotelera, por las siguientes razones fundamentales: a) Las disposiciones reglamentarias y el acuerdo administrativo reclamado se encuentran subordinadas a la Ley General de Turismo. b) Las referidas reglas administrativas no derogan, limitan o excluyen lo previsto en las disposiciones de la Ley General de Turismo. c) La materia de turismo que se regula en el Acuerdo reclamado, no es facultad exclusiva del Congreso de la Unión, sino una facultad concurrente. d) Las reglas generales administrativas son emitidas por el Secretario de Turismo, autoridad que fue expresamente facultada en la Ley General de Turismo y en su Reglamento para ello. e) Las disposiciones del Reglamento, así como el acuerdo reclamado, desarrollan el procedimiento para obtener la constancia de clasificación hotelera, que se contempla en la Ley General de Turismo. Por otra parte, en relación al argumento en el que señala la impetrante que la Ley General de Turismo no dispone las bases para definir la clasificación hotelera y, por tanto, ésta no puede establecerse a través de las disposiciones del Reglamento de la propia Ley General de Turismo y en el Acuerdo administrativo reclamado, debe decirse que la Ley General de Turismo en el artículo 3 fracciones XI y XIV, establece qué debe entenderse por prestadores de servicios turísticos [personas físicas o morales que ofrezcan, proporcionen, o contraten con el turista, la prestación de los servicios a que se refiere esa Ley] y por servicios turísticos [los dirigidos a atender las solicitudes de los turistas a cambio de una contraprestación, en apego con lo dispuesto por esa Ley y su Reglamento]; siendo que en el artículo 4º fracción XII, se estableció como atribución del ejecutivo federal, la cual se ejercería por conducto de la Secretaria de Turismo, el establecer la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, de cumplimiento obligatorio en toda la República, y toda vez que en acatamiento a tal obligación, el Ejecutivo Federal en el Reglamento de la Ley General de Turismo desarrolló el Sistema de Clasificación Hotelera; resulta claro que tales disposiciones reglamentarias le dan realización y contenido a lo ordenado por la propia Ley, por lo que no existe transgresión a la facultad reglamentaria. Corrobora lo anterior, el hecho de que en los artículos 85 y 86 del Reglamento de la Ley General de Turismo, se desarrolla y se otorgan las bases para el establecimiento del Sistema de Clasificación Hotelera, dado que prevén que la Secretaría establecerá un Sistema de Clasificación Hotelera que estará integrado al Registro Nacional de Turismo, y que dicho sistema tendrá cuando menos, los siguientes objetivos: Ordenar, estandarizar y homologar, a través de procesos y un instrumento de clasificación, la categoría o categorías de los establecimientos hoteleros del país. Informar a los Turistas y Prestadores de Servicios Turísticos las vocaciones y la categoría o categorías de los establecimientos hoteleros y de hospedaje registrados en el Sistema de Clasificación Hotelera. Publicar información generada por el sistema de clasificación hotelera que permita al turista realizar un consumo responsable e informado sobre la calidad de los servicios hoteleros y de hospedaje. Promover la productividad y la transformación, así como incrementar la competitividad de los establecimientos hoteleros y de hospedaje con base en la información generada en el proceso de categorización. Mejorar la accesibilidad y la sustentabilidad de los servicios hoteleros y de hospedaje, con apoyo en un instrumento de clasificación que premie la inclusión y la protección del patrimonio natural y del medio ambiente del país. De ahí que si la propia Ley General de Turismo precisó la atribución del Ejecutivo Federal para establecer la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, y a su vez el Ejecutivo Federal en el Reglamento de la Ley General de Turismo desarrolló el Sistema de Clasificación Hotelera, precisando las bases para implementar dicha clasificación, es evidente que las disposiciones reglamentarias le dan contenido a lo ordenado por la propia Ley, por lo que los ordenamientos reclamados no transgreden la facultad reglamentaria contenida en el artículo 89 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2014580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo II Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a./J. 87/2017 (10a.) Página: 742 "REGISTRO NACIONAL DE TURISMO. LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA OBLIGACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE INSCRIBIRSE EN AQUÉL, ESTÁN DELIMITADOS EN LA LEY GENERAL DE TURISMO. De los artículos 3, fracciones XI y XVIII, 46, 48 y 58, fracción V, de la Ley General de Turismo, se advierte la obligación de los prestadores de servicios turísticos de inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, la cual está a cargo de las personas físicas o morales que ofrezcan, proporcionen o contraten con el turista, la prestación de los servicios dirigidos a atender sus solicitudes a cambio de una contraprestación, por lo cual, los elementos esenciales de la obligación están claramente delimitados por el acto formal y materialmente legislativo". Además de lo anteriormente analizado, cabe hacer énfasis en que el artículo 4 fracción XII de la Ley General de Turismo, expresamente otorga al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Turismo, la atribución para establecer la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros, de cumplimiento obligatorio en toda la República. Ahora bien, el Acuerdo administrativo combatido, en la parte que la quejosa considera contraria a lo dispuesto en el artículo 89 fracción I constitucional, establece lo siguiente: "SEXTO. Cada variable confiere una puntuación y el total equivale a una categoría con estrellas, salvo en el caso que el Prestador de Servicios Turísticos de Hospedaje opte por clasificar su establecimiento bajo el rubro de "Sin categoría": Puntuación Categoría 1 260 1 estrella 261 520 2 estrellas 521 780 3 estrellas 781 1040 4 estrellas 1041 1300 5 estrellas Sin categoría Apartado B. Procedimiento para obtener la Constancia de Clasificación Hotelera OCTAVO. Aquellos Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje que, derivado de su actividad comercial y la promoción de sus servicios consideren que no es necesario ostentar una categoría en el Sistema de Clasificación Hotelera, podrán elegir la opción "Sin categoría", para lo cual deberán registrarse de acuerdo a lo señalado en el lineamiento DÉCIMO PRIMERO, fracciones I y III. No obstante lo anterior, en cualquier momento tendrán la posibilidad de realizar el cuestionario y obtener una categoría representada con estrellas." Por lo tanto, lo infundado del planteamiento de la quejosa radica en que considera que el hecho de que algunos establecimientos hoteleros opten por clasificarse como "sin categoría" es equivalente a excluirse de la obligación de clasificarse, cuando ello no es así. En efecto, el artículo primero del Acuerdo impugnado es claro en señalar que su objeto es establecer los lineamientos específicos para la operación y funcionamiento del Sistema de Clasificación Hotelera, que deberán observar, de manera obligatoria, todos los prestadores de servicios turísticos de hospedaje, sin que en el caso se haga excepción alguna. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta que el artículo sexto citado prevé el sistema de puntuaciones y categorías que pueden obtener los prestadores de servicios turísticos de hospedaje, con la salvedad de aquéllos que opten por clasificar su establecimiento bajo el rubro "sin categoría", cuando así lo consideren derivado de su actividad comercial y la promoción de sus servicios. No obstante, el hecho de que un determinado prestador de servicios turísticos de hospedaje opte por la opción "sin categoría", no implica que no esté clasificando propiamente su establecimiento, sino sólo que dentro del Sistema de Clasificación Hotelera, optó por la modalidad mencionada. De manera que no puede considerarse que el acuerdo impugnado establezca una excepción al cumplimiento obligatorio del sistema de clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, puesto que contrariamente a lo que sostiene la quejosa, quienes opten por la opción "sin categoría", sí estarán clasificando su establecimiento, pero bajo una modalidad distinta que incluso les impide ostentar estrellas, conforme al propio sistema implementado. Por lo tanto, los artículos sexto y octavo del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera no contravienen la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I, constitucional. Por otra parte, atendiendo a lo expuesto en párrafos que anteceden, debe decirse que en relación con el argumento en el que se señala que se vulnera el artículo 73 constitucional, dado que el acuerdo administrativo por el cual se emiten los Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera, es inconstitucional, ya que dotó de tal facultad a la Secretaría de Turismo, cuando ésta es exclusiva del Congreso de la Unión, puesto que dicha Secretaría carece de facultades; resulta infundado. Lo anterior, porque como se precisó en párrafos que anteceden, la facultad establecida en el artículo 73 fracción XXIX-K, no es de las denominadas como indelegables, sino que faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de Turismo y establecer las bases generales de coordinación de las facultades entre la Federación, Estados, Municipios y la Ciudad de México, dado que constitucionalmente se estableció que es una facultad concurrente. Atento a lo expuesto, carece de razón la quejosa en cuanto sostiene que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de turismo, pues como se indicó, constitucionalmente se establecieron las bases generales de coordinación bajo un esquema de facultades concurrentes, instituyendo además la distribución de competencias. Así mismo, es infundado el concepto de violación sintetizado en el punto I del apartado relativo, en el que medularmente se argumenta que las disposiciones generales reclamadas violan el derecho a la igualdad jurídica, ya que sin justificación alguna otorgan un trato distinto a los establecimientos de hospedaje en relación con los demás prestadores de servicios turísticos, al imponerles la obligación exclusiva de clasificarse, lo que se traduce en un trato discriminatorio. Para justificar este aserto, es necesario precisar el marco normativo que servirá de parámetro para el análisis de las disposiciones impugnadas, en relación con los alcances del principio de igualdad, así como de no discriminación que se derivan del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que el derecho humano a la igualdad consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante, sin que sea posible aceptar una diferenciación injustificada en el ordenamiento jurídico. En este orden de ideas, la igualdad jurídica se traduce en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio por disposiciones que, con motivo de su aplicación, tengan como efecto la generación de un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. Ahora bien, el derecho en comento tiene dos modalidades conceptuales: 1) la igualdad formal o de derecho, y 2) la igualdad sustantiva o de hecho. La primera -que resulta relevante para efectos del presente juicio- implica la protección contra distinciones o tratos arbitrarios. A su vez, se compone de la igualdad ante la ley, es decir, que todas las autoridades deben aplicar de manera uniforme las disposiciones de observancia general, y la igualdad en la ley, que implica que el legislador no debe emitir normas que establezcan diferencias que carezcan de justificación constitucional, o que resulten violatorias del principio de proporcionalidad (en sentido amplio). Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2015678 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 126/2017 (10a.) Página: 119 "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES. El citado derecho humano, como principio adjetivo, se configura por distintas facetas que, aunque son interdependientes y complementarias entre sí, pueden distinguirse conceptualmente en dos modalidades: 1) la igualdad formal o de derecho; y, 2) la igualdad sustantiva o de hecho. La primera es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que consiste en el control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar a actos discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o en la norma obedece explícitamente a un factor prohibido o no justificado constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos, que se dan cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación objetiva para ello. Por su parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o de hecho) radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos. Por ello, la violación a este principio surge cuando existe una discriminación estructural en contra de un grupo social o sus integrantes individualmente considerados y la autoridad no lleva a cabo las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación; además, su violación también puede reflejarse en omisiones, en una desproporcionada aplicación de la ley o en un efecto adverso y desproporcional de cierto contenido normativo en contra de un grupo social relevante o de sus integrantes, con la diferencia de que, respecto a la igualdad formal, los elementos para verificar la violación dependerán de las características del propio grupo y la existencia acreditada de la discriminación estructural y/o sistemática. Por lo tanto, la omisión en la realización o adopción de acciones podrá dar lugar a que el gobernado demande su cumplimiento, por ejemplo, a través de la vía jurisdiccional; sin embargo, la condición para que prospere tal demanda será que la persona en cuestión pertenezca a un grupo social que sufra o haya sufrido una discriminación estructural y sistemática, y que la autoridad se encuentre efectivamente obligada a tomar determinadas acciones a favor del grupo y en posibilidad real de llevar a cabo las medidas tendentes a alcanzar la igualdad de hecho, valorando a su vez el amplio margen de apreciación del legislador, si es el caso; de ahí que tal situación deberá ser argumentada y probada por las partes o, en su caso, el juez podrá justificarla o identificarla a partir de medidas para mejor proveer". Ahora bien, en relación con el principio general de igualdad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que al tener un carácter complejo que subyace a toda la estructura constitucional, encuentra aplicaciones concretas, las cuales constituyen normas particulares de igualdad que imponen obligaciones específicas a los poderes públicos. Uno de dichos poderes es el poder legislativo, el cual se encuentra obligado a cumplir con dos mandatos: uno de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual, y otro de tratamiento desigual, que lo obliga a prever diferencias entre supuestos de hecho distintos, cuando el propio texto constitucional las imponga. De esta forma, para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad, es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad buscada. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2011887 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 31, Junio de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 64/2016 (10a.) Página: 791 PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE. El principio de igualdad tiene un carácter complejo al subyacer a toda la estructura constitucional y se encuentra positivizado en múltiples preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen sus aplicaciones concretas, tales como los artículos 1o., primer y último párrafos, 2o., apartado B, 4o., 13, 14, 17, 31, fracción IV, y 123, apartado A, fracción VII. Esto es, los artículos referidos son normas particulares de igualdad que imponen obligaciones o deberes específicos a los poderes públicos en relación con el principio indicado; sin embargo, estos poderes, en particular el legislativo, están vinculados al principio general de igualdad establecido, entre otros, en el artículo 16 constitucional, en tanto que éste prohíbe actuar con exceso de poder o arbitrariamente. Ahora bien, este principio, como límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa. Así, del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario: por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y, por otro, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a prever diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga. De esta forma, para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida". Las consideraciones antes precisadas se traducen en que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. Ahora bien, el derecho fundamental a no ser discriminado conlleva la prohibición de que las normas y los actos jurídicos no establezcan un trato diferente y perjudicial en función de las categorías previstas en el artículo 1º constitucional, o bien, que no existan tratamientos jurídicos que formalmente son neutros, pero que generan consecuencias desiguales por el impacto diferenciado y desfavorable que pueden tener sobre ciertas personas. Es importante precisar que la igualdad y la no discriminación son dos conceptos complementarios. El primero implica que debe garantizarse que todas las personas sean iguales en el goce y ejercicio de sus derechos; el segundo, que las personas no sean sujetas a distinciones arbitrarias. Así, las violaciones a la modalidad de la igualdad formal o de derecho pueden dar lugar a actos discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o en la norma obedece explícitamente a un factor prohibido o no justificado constitucionalmente, o bien, a actos discriminatorios indirectos, que se dan cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación para ello. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: Época: Décima Época Registro: 2012597 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: P. VII/2016 (10a.) Página: 255 "DISCRIMINACIÓN POR OBJETO Y POR RESULTADO. SU DIFERENCIA. El parámetro de regularidad constitucional del derecho a la igualdad y a la no discriminación reconoce que esta última ocurre no sólo cuando las normas y prácticas invocan explícitamente un factor prohibido de discriminación -categoría sospechosa-. Esta invocación evidente como causa motivadora de la distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta corresponde con la idea de discriminación por objeto o discriminación directa; no obstante, la discriminación por resultado o indirecta puede ocurrir cuando las normas y prácticas son aparentemente neutras, pero el resultado de su contenido o aplicación constituye un impacto desproporcionado en personas o grupos en situación de desventaja histórica justo en razón de esa desventaja, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. Así, la discriminación no sólo se puede resentir cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo en situación de vulnerabilidad, sino también cuando los efectos de su aplicación les genera un daño de discriminación. Esto significa que una ley que, en principio, parezca neutra, podría tener efectos discriminatorios para cierto grupo de personas. La determinación de la discriminación por resultado requiere de un estudio sobre la existencia de la discriminación estructural, y de cómo ésta sustenta la producción e interpretación normativa. Expuestos los alcances generales del derecho humano a la igualdad, así como de no discriminación, es necesario transcribir las disposiciones generales combatidas, a efecto de determinar si resultan violatorias de aquéllos. LEY GENERAL DE TURISMO "2. Esta Ley tiene por objeto: IX. Optimizar la calidad y competitividad de los servicios turísticos;" "Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría: XII. Establecer la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, de cumplimiento obligatorio en toda la República;" "Artículo 9. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en materia turística, las siguientes atribuciones: XVII. Coadyuvar con el Ejecutivo Federal en materia de clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, en los términos de la regulación correspondiente;" "Artículo 69. Los prestadores que no se inscriban en el Registro Nacional de Turismo en los plazos señalados por esta Ley, serán sancionados con multa que podrá ir de quinientos hasta mil quinientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En caso de que el prestador de servicios turísticos persista en su conducta, la autoridad competente podrá imponer clausura temporal del establecimiento correspondiente, la cual se levantará veinticuatro horas después de que el prestador de servicios turísticos de que se trate quede debidamente inscrito en el Registro Nacional de Turismo. Los prestadores de servicios turísticos que omitan información o proporcionen información inexacta a las autoridades competentes, para su inscripción al Registro Nacional de Turismo, serán requeridos para que en un término de cinco días hábiles proporcione o corrija la información solicitada en el Registro. En caso de que el prestador de servicios turísticos haga caso omiso del requerimiento, se hará acreedor a una multa que podrá ir de doscientos hasta quinientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Si la conducta persiste, la autoridad competente podrá imponer clausura temporal del establecimiento correspondiente, la cual se levantará veinticuatro horas después de que el prestador de servicios turísticos de que se trate quede debidamente inscrito en el Registro Nacional de Turismo." REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO "Artículo 2. En la interpretación y aplicación de la Ley y del presente Reglamento, deberán observarse, además de las definiciones previstas en el artículo 3 de la Ley, las siguientes: XV. Sistema de Clasificación Hotelera: El mecanismo de autoevaluación regulado por la Secretaría de Turismo que agrupa variables mediante ejes de desempeño, los cuales determinan la categoría del establecimiento de hospedaje representada a través de estrellas;" "Artículo 84. La Secretaría, en materia del Registro Nacional de Turismo, tiene las siguientes facultades: V. Verificar el cumplimiento del Sistema de Clasificación Hotelera; VI. Imponer sanciones por las infracciones que se cometan al Sistema de Clasificación Hotelera, para lo cual podrá coordinarse con los Estados y el Distrito Federal". "Artículo 85. La Secretaría establecerá un Sistema de Clasificación Hotelera que estará integrado al Registro Nacional de Turismo." "Artículo 86. El Sistema de Clasificación Hotelera tendrá, cuando menos, los siguientes objetivos: I. Ordenar, estandarizar y homologar, a través de procesos y un instrumento de clasificación, la categoría o categorías de los establecimientos hoteleros del país; II. Informar a los Turistas y Prestadores de Servicios Turísticos las vocaciones y la categoría o categorías de los establecimientos hoteleros y de hospedaje registrados en el Sistema de Clasificación Hotelera; III. Publicar información generada por el Sistema de Clasificación Hotelera que permita al Turista realizar un consumo responsable e informado sobre la calidad de los servicios hoteleros y de hospedaje; IV. Promover la productividad y la transformación, así como incrementar la competitividad de los establecimientos hoteleros y de hospedaje con base en la información generada en el proceso de categorización, y V. Mejorar la accesibilidad y la sustentabilidad de los servicios hoteleros y de hospedaje, con apoyo en un instrumento de clasificación que premie la inclusión y la protección del patrimonio natural y del medio ambiente del país." "Artículo 87. El titular de la Secretaría emitirá, mediante Acuerdos que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación: II. Los lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera." "Artículo 88. La Secretaría podrá celebrar convenios de coordinación con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, con el objeto de: II. Registrar a los Prestadores de Servicios Turísticos en el marco del Sistema de Clasificación Hotelera; III. Verificar el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera;" ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN HOTELERA "PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos específicos para la operación y funcionamiento del Sistema de Clasificación Hotelera, que deberán observar, de manera obligatoria, los prestadores de servicios turísticos de hospedaje. SEGUNDO. Para los efectos del presente Acuerdo y en concordancia con lo establecido en la Ley General de Turismo y su Reglamento, se entenderá por: Prestadores de Servicios Turísticos: Las personas físicas o morales que ofrezcan, proporcionen, o contraten con el Turista, la prestación de los servicios a que se refiere la Ley. Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje: Aquél que provee la infraestructura y equipamiento para prestar el servicio de alojamiento con fines turísticos y, en su caso, alimentación y servicios complementarios demandados por el turista; principalmente ubicados en las áreas circundantes o dentro de aeropuertos, terminales de autobuses, estaciones de ferrocarril, museos, zonas arqueológicas, Centros Integralmente Planeados (CIPs), playas, puertos marítimos, centros de ciudad, rutas, circuitos y destinos turísticos, así como en otros espacios con vocación turística. Sistema de Clasificación Hotelera: El mecanismo de autoevaluación regulado por la Secretaría de Turismo que agrupa variables las cuales determinan la categoría del establecimiento de hospedaje. TERCERO. Corresponde a la Secretaría, a través de la DGCT, la coordinación y operación del Sistema de Clasificación Hotelera, del cual se destacan los siguientes objetivos establecidos en el Reglamento de la Ley General de Turismo: Ordenar, estandarizar y homologar, a través de procesos y un instrumento de clasificación, la categoría o categorías de los establecimientos de hospedaje del país. Informar a los Turistas y Prestadores de Servicios Turísticos, las vocaciones y categoría o categorías de los establecimientos de hospedaje registrados en el Sistema de Clasificación Hotelera. Publicar información generada por el Sistema de Clasificación Hotelera, que permita al Turista realizar un consumo responsable e informado sobre los servicios ofrecidos por los establecimientos de hospedaje. CUARTO. El Sistema de Clasificación Hotelera se encuentra estructurado por variables en forma de reactivos, las cuales podrán ser actualizadas por la Secretaría, en atención a los cambios y necesidades del sector. Dichas variables se encuentran agrupadas en 8 ejes de desempeño: I. Acceso, exterior y generales: Es la arquitectura del inmueble, su estado de conservación así como los servicios proporcionados al Turista para facilitar su ingreso y estancia en las áreas públicas. II. Comunicación: Son todos los medios, verbales o no verbales, de intercambio de información que el establecimiento de hospedaje tiene a disposición de los huéspedes, así como de los empleados, entre los que destacan los servicios ofrecidos en el lobby y/o en la habitación, los programas de lealtad, responsabilidad social y atención a quejas. III. Habitación y baño: Son elementos clave en el producto y la propuesta de valor del establecimiento de hospedaje, en la que se evalúa el tamaño, equipamiento y servicios ofrecidos en la habitación y baño. IV. Alimentos y bebidas: Son un complemento al servicio de hospedaje en el que se evalúa si el establecimiento ofrece alimentos para el desayuno, comida y/o cena, room service, opciones de restaurante propios o en convenio, estándares de inocuidad en la preparación de alimentos y servicios complementarios en máquinas auto expendedoras de alimentos. V. Recepción: Es el espacio de primer contacto con el Turista, guarda una relación directa con las instalaciones y es donde se le otorga información sobre los servicios incluidos en el alojamiento y respecto de cualquier otro requerimiento. VI. Control de temperatura: Son los mecanismos con los que cuenta el hotel para la gestión de la temperatura de las diferentes áreas que lo integran, entre las que destacan los sistemas de enfriamiento y/o calefacción. VII. Servicios: Es la oferta de valor agregado dentro del establecimiento de hospedaje o en áreas aledañas, que busca atender las necesidades del Turista; entre los que destacan el servicio de spa, despertador, tintorería e información turística. VIII. Áreas Públicas: Son el conjunto de instalaciones abiertas y disponibles, entre las que se considera el lobby, estacionamiento, centro de negocios y baños. SEXTO. Cada variable confiere una puntuación y el total equivale a una categoría con estrellas, salvo en el caso que el Prestador de Servicios Turísticos de Hospedaje opte por clasificar su establecimiento bajo el rubro de "Sin categoría": Puntuación Categoría 1 260 1 estrella 261 520 2 estrellas 521 780 3 estrellas 781 1040 4 estrellas 1041 1300 5 estrellas Sin categoría Apartado B. Procedimiento para obtener la Constancia de Clasificación Hotelera SÉPTIMO. Los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje tendrán un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, para dar cumplimiento a los presentes Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera, de acuerdo a las características y requerimientos señalados en el presente instrumento; de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Séptimo Transitorio del Reglamento de la Ley General de Turismo. El trámite para llevar a cabo la clasificación por parte de los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje será gratuito. OCTAVO. Aquellos Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje que, derivado de su actividad comercial y la promoción de sus servicios consideren que no es necesario ostentar una categoría en el Sistema de Clasificación Hotelera, podrán elegir la opción 'Sin categoría', para lo cual deberán registrarse de acuerdo a lo señalado en el lineamiento DÉCIMO PRIMERO, fracciones I y III. No obstante lo anterior, en cualquier momento tendrán la posibilidad de realizar el cuestionario y obtener una categoría representada con estrellas. NOVENO. Para iniciar su clasificación en el Sistema de Clasificación Hotelera, los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje deberán estar inscritos en el Registro o haber actualizado su información, en los términos de la Convocatoria. DÉCIMO. Con la finalidad de proporcionar mayor información al Turista, se han reconocido las siguientes vocaciones; de las cuales, el Prestador de Servicios Turísticos de Hospedaje podrá seleccionar aquellas que considere, representan en mayor medida los servicios que ofrece. I. Boutique: Define al establecimiento que cuenta con pocas habitaciones, idealmente menos de 30, y que generalmente las características de espacio y decoración distinguen claramente a cada una de ellas. Los hoteles boutique van orientados al turismo de esparcimiento; ofrecen un servicio personalizado que en muchas ocasiones incluye servicio de spa. La arquitectura, decoración y mobiliario dan una personalidad distintiva al lugar. II. Cama y desayuno: Se refiere a los hoteles orientados a Turistas que generalmente no permanecen en ellos durante el día, pues su prioridad es visitar los lugares aledaños donde están asentados, razón por la cual su ubicación es importante, ya sea en un espacio céntrico, próximo a espacios conectivos o vías de transporte. III. Carretera: Es aquella que se asocia a establecimientos cuya ubicación se encuentra próxima a una vía terrestre primaria, que el Turista busca para descansar por la noche y retomar su camino al día siguiente hacia su destino. IV. Centro de ciudad: Distingue a los hoteles por su ubicación en los distritos históricos de las ciudades, alrededor de plazas y jardines centrales. En muchos casos, los inmuebles donde están establecidos forman parte de edificaciones coloniales o se encuentran catalogados y protegidos por autoridades dedicadas a conservar el patrimonio cultural. V. Ciudad: Define a aquellos hoteles que se encuentran en zonas con alta densidad de establecimientos comerciales, oficinas, terminales de transporte o espacios conectivos, constituyéndose en una oferta diversa y multipropósito, por la gran diversidad de generadores de tránsito y motivos de viaje que provocan visitas a las ciudades. VI. Eventos y convenciones: Esta vocación reconoce a los establecimientos que cuentan con salones y/o espacios adaptables para dar cabida a eventos de naturaleza diversa; generalmente cuentan con servicios apropiados, así como con el equipamiento y materiales de apoyo necesarios para cubrir los requerimientos de los convencionistas. VII. Express: Esta vocación define a los hoteles cuyo objetivo es ahorrar tiempo a sus huéspedes, manteniendo altos estándares de calidad en el servicio e infraestructura y caracterizados por su multifuncionalidad, eficiencia y rapidez en el servicio. VIII. Hacienda: Se refiere a aquellos establecimientos que en algún momento fungieron, principalmente como finca agrícola, ganadera o minera y que han sido adecuados para prestar servicios de hospedaje y alimentación, sin perder la esencia histórica que les caracteriza. IX. Lujo: Define a los hoteles que se distinguen por la exclusividad que ofrecen; brindan atención personalizada que busca exceder las expectativas del huésped. Generalmente disponen de alimentos gourmet y altos estándares de servicio. X. Negocios: Se refiere a los hoteles dirigidos a personas cuyo motivo principal de viaje es el trabajo o negocios. Generalmente cuentan con servicios y áreas habilitadas para apoyar el fin de la estancia; tales como centro de negocios, conectividad de voz y datos, transportación gratuita a las terminales de transporte, entre otros. XI. Playa/Vacaciones: La vocación de estos hoteles es atender al Turista en el tiempo que destina para su recreación y/o descanso. Pueden ubicarse en playas o cercanos a ellas, balnearios, centros recreativos, o bien cuentan con espacios y equipamiento propios para constituirse en atractivos turísticos por sí mismos. XII. Reserva: Vocación que define a hoteles que se ubican dentro o próximos a lugares protegidos por autoridades dedicadas a la protección del medio ambiente, en su mayoría, cuentan con mecanismos para conservar y aprovechar, de manera sustentable, los recursos naturales. XIII. Servicios completos: Esta vocación se caracteriza por integrar todos los servicios que podría requerir un huésped durante su estancia; restaurante, piso ejecutivo, espacios para juntas, salones para eventos, banquetes, centro de negocios, instalaciones y actividades deportivas o recreativas, bell boy, room service, niñera, spa, entre otros. XIV. Servicios limitados: Es aquella vocación que considera establecimientos que, por su infraestructura y servicios, dan mayor énfasis a la habitación, buscan brindar alojamiento básico con una excelente relación costo-calidad-beneficio. XV. Servicios selectos: Es la vocación que reconoce a los hoteles que ofrecen servicios especializados tales como: centro de negocios, conectividad, internet de banda ancha gratuito, televisiones de alta definición, amplias habitaciones, gimnasio, albercas techadas y desayunos. Conforme una relación altamente favorable en términos de costo-beneficio. XVI. Todo incluido: Vocación que se refiere a aquellos hoteles conocidos también como all-inclusive; este tipo de establecimientos de hospedaje tiene un sistema mediante el cual, con un precio único, los huéspedes tienen derecho a hospedaje, alimentos y bebidas sin límite, actividades recreativas y deportivas, así como un plan de entretenimiento. DÉCIMO PRIMERO. Para obtener la categoría, los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje deberán sujetarse a lo siguiente: I. Los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje que terminen su proceso de inscripción al Registro, deberán ingresar de manera electrónica al link que la Secretaría designe para tal efecto en su página web y realizar su solicitud para ingresar al Sistema de Clasificación Hotelera, para lo que será necesario proporcionar los siguientes datos: nombre comercial del establecimiento, razón social, entidad federativa, correo electrónico, RFC y Número de Registro, con el objeto de que se les asigne un "usuario" y "contraseña" para el acceso, los cuales serán notificados vía correo electrónico. II. Aquellos que opten por "Realizar cuestionario" deberán requisitar los datos que en la plataforma se señalen. Una vez finalizada su captura éstos deben ser guardados mediante el icono de Actualizar que se encuentra en el Portal. III. Una vez en el Portal, deberán ingresar el usuario y contraseña asignados mediante correo electrónico y elegir las dos opciones que se muestran: "Sin categoría" o "Realizar cuestionario". En caso de optar por la primera opción, se habilitará un botón para que el Prestador de Servicios Turísticos de Hospedaje envíe dicha información a la Secretaría, quien remitirá, en un plazo máximo de 10 días hábiles, una Constancia de Clasificación Hotelera con la denominación" Sin categoría", dando por terminado el trámite. Dicho documento tendrá una vigencia de dos años, por lo que al término de este plazo deberá de volver a clasificarse. IV. Los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje que se encontraban inscritos ante el Registro previo a la publicación de la Convocatoria, deberán realizar su solicitud y señalar su Número de Registro, a efecto de que el Sistema de Clasificación Hotelera extraiga la información requerida que se encuentre contenida en el Registro. V. Cuando por algún error técnico o por causas imputables a los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje, la información que extraiga el Sistema de Clasificación Hotelera respecto del Registro no sea coincidente con la que se proporcionó para su inscripción, éstos deberán ingresar al portal del Registro y modificar sus datos, de acuerdo al procedimiento de actualización y rectificación establecido en la Convocatoria. VI. Una vez terminado el llenado de los datos generales por parte de los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje, se generará un cuestionario que deberá ser llenado, tomando en cuenta que para poder finalizar el mismo, es necesario contestar todas las preguntas que en éste se encuentran; en el entendido de que existen dos tipos de reactivos, aquellos de opción múltiple donde sólo es posible elegir una respuesta, éstos están claramente identificados al terminar la pregunta, y los segundos, denominados multirreactivos en los cuales es posible que los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje pueden seleccionar todos aquellos servicios con los que cuenten. VII. El Prestador de Servicios Turísticos de Hospedaje deberá considerar al momento de elegir su respuesta, para cada una de las preguntas, la preponderancia de cada servicio, es decir, que este represente el 75% del total ofrecido. Dicho criterio será utilizado por la Secretaría al momento de la verificación de cada una de variables que integran el cuestionario. VIII. Al término de la realización del cuestionario será necesario hacer la carga de las fotografías que el Sistema de Clasificación Hotelera solicita y que sirven de elemento para constatar que las respuestas señaladas corresponden a los servicios e instalaciones con las que cuentan. Las fotografías que se adjunten deberán tener un formato JPG. y no exceder el tamaño de 1MB. Finalizada la carga de las fotografías, el Sistema de Clasificación Hotelera emitirá el puntaje y la categoría asignada de conformidad con los servicios señalados en el cuestionario. El mismo, podrá ser modificado en el Portal por el Prestador de Servicios Turísticos de Hospedaje, las veces que considere necesarias, con la finalidad de identificar las áreas de oportunidad para mejorar sus servicios y obtener una mejor puntuación. Una vez concluida la valoración, las respuestas deberán ser enviadas a la Secretaría. IX. Una vez enviado el cuestionario, el Sistema remitirá inmediatamente al correo electrónico, previamente registrado por el Prestador de Servicios Turísticos de Hospedaje, un mensaje con la puntuación obtenida, la categoría asignada, así como el nombre comercial del establecimiento; mismo que será considerado como comprobante de la autoevaluación. X. La Secretaría a través de la DGCT en un término máximo de 10 días hábiles enviará a los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje por correo electrónico, a través de la cuenta clasificacionhotelera@sectur.gob.mx, la Constancia de Clasificación Hotelera que ostenta la categoría del establecimiento, misma que tendrá una vigencia de dos años y será difundida por el Registro en el Portal. XI. No será obligación de los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje tener a la vista del Turista la Constancia de Clasificación Hotelera, dado que la información sobre la categoría que ostenta, estará alojada en el Portal. XII. En caso de que los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje deseen incorporar a su Certificado de Inscripción, la categoría obtenida, éstos podrán realizarlo de acuerdo a lo señalado en la Convocatoria. DÉCIMO SEGUNDO. Los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje no deberán ostentar el número de estrellas sin antes haber realizado el cuestionario para la obtención de su categoría de estrellas. Asimismo, una vez otorgada, ésta no deberá presentarse o promocionarse de manera diferente a la obtenida en el cuestionario, de lo contrario se considerará que no cumplen con las características y requisitos exigidos de acuerdo a su clasificación, por lo que será sujeto de sanción, de conformidad con lo señalado en la Ley. Los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje que hayan elegido la opción "sin categoría", no podrán ostentarse con estrellas, su incumplimiento será sujeto de sanción, de conformidad con lo señalado en la Ley; lo anterior por considerar que no cumplen con las características y requisitos exigidos de acuerdo a su clasificación. DÉCIMO TERCERO. Cuando el Prestador de Servicios Turísticos de Hospedaje no cumpla con la obligación de brindar los servicios acorde a lo señalado en su categoría, será acreedor a una sanción conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley. La verificación del Sistema de Clasificación Hotelera quedará a cargo de la Secretaría quien podrá delegar dicha función a las Oficinas Estatales de Turismo, previa suscripción de un convenio de colaboración, para lo cual capacitarán y acreditarán a los verificadores que realizarán las visitas a los establecimientos de hospedaje tomando en cuenta modelos de calidad válidos a nivel internacional. El procedimiento de verificación se realizará conforme a lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley y 111 del Reglamento. DÉCIMO CUARTO. En el supuesto de que la Secretaría o las Oficinas Estatales de Turismo realicen una verificación y constaten que la categoría otorgada no es acorde a los servicios ofrecidos por los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje y a lo señalado por éstos bajo protesta de decir verdad; éstas tendrán la facultad de cancelar la categoría señalada en el Portal y notificarán al Prestador de Servicios Turísticos de Hospedaje la obligación de realizar una reclasificación en un término máximo de 5 días hábiles y en la cual el Prestador de Servicios Turísticos de Hospedaje deberá responder de conformidad con la preponderancia de los servicios ofrecidos. Apartado C. Procedimiento de reclasificación DÉCIMO QUINTO. Conforme a lo señalado en el lineamiento anterior, el Prestador de Servicios Turísticos de Hospedaje realizará su reclasificación mediante una nueva solicitud, del mismo modo que el Procedimiento para obtener la Constancia de Clasificación Hotelera. Apartado D. Obtención de una nueva clasificación DÉCIMO OCTAVO. Los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje estarán obligados a realizar su autoevaluación en el Portal cada dos años, contados a partir del día siguiente en el que hayan recibido mediante correo electrónico, la notificación de su categoría o de la última actualización realizada, a través del Portal, para lo cual deberán seguir el Procedimiento para obtener la Constancia de Clasificación Hotelera. DÉCIMO NOVENO. Los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje que hayan realizado las mejoras en su establecimiento para modificar su categoría, podrán realizar nuevamente su autoevaluación, en un plazo de 3 meses contados a partir del día siguiente en el que recibieron por correo electrónico, la notificación de su categoría. Apartado E. Cancelación de Constancia de Clasificación Hotelera. VIGÉSIMO. La cancelación de la clasificación obtenida por los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje, se llevará a cabo en los siguientes casos: I. Por resolución judicial o administrativa competente. La resolución mediante la cual se determine lo conducente, deberá ser emitida por la autoridad competente y notificada a la DGCT, para que ésta como operadora de la información, realice la cancelación en el Sistema de Clasificación Hotelera. II. En caso de que la clasificación obtenida no se encuentre acorde a los servicios ofrecidos. Ésta se realizará derivada de una visita de verificación por parte de la Secretaría o las Oficinas Estatales de Turismo, mediante la cual se determine que la clasificación señalada no concuerda con los servicios que ofrece el Prestador de Servicios Turísticos de Hospedaje. III. Por no realizar la actualización en el Sistema de Clasificación Hotelera, en los términos previstos. Ésta se realizará a través del Portal una vez que se detecte que los Prestadores de Servicios Turísticos de Hospedaje no realizaron su actualización en el término de dos años, notificándose al mismo el motivo de la cancelación, para que en su momento realice una nueva autoevaluación. IV. Por cierre de actividades. Cuando el procedimiento de cancelación sea por cierre de actividades, ésta se solicitará por escrito en la DGCT o en las Oficinas Estatales de Turismo para realizar la baja correspondiente en el Sistema de Clasificación Hotelera, en ese supuesto deberá adjuntarse la Constancia de Clasificación Hotelera y la DGCT emitirá un oficio de Baja, en un plazo máximo de 3 días hábiles." Anexo único" [Visible en la página de internet http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5452352&fecha=13/09/2016]. De las disposiciones transcritas de la Ley General de Turismo se desprende que uno de sus objetivos es la optimización de la calidad y competitividad de los servicios turísticos, y que en materia de clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, las entidades federativas deben coadyuvar con el Ejecutivo Federal. Por su parte, de las disposiciones reglamentarias que se combaten, se advierte que por Sistema de Clasificación Hotelera se entiende el mecanismo de autoevaluación regulado por la Secretaría de Turismo, el cual agrupa variables mediante ejes de desempeño, los cuales determinan la categoría del establecimiento de hospedaje que se representa con un número determinado de estrellas. De igual forma, del ordenamiento en comento se desprenden los objetivos de dicho sistema, así como las facultades y obligaciones de la Secretaría de Turismo en materia de clasificación hotelera. En cuanto al acuerdo combatido, se advierte que su objeto es establecer los lineamientos específicos para la operación y funcionamiento del Sistema de Clasificación Hotelera, los cuales son de observancia obligatoria para todos los prestadores de servicios turísticos de hospedaje, estableciéndose lo que se entenderá por prestadores de servicios turísticos y prestadores de servicios turísticos de hospedaje; las variables, la puntuación y las categorías que comprenden dicho sistema; así como la pormenorización de los procedimientos de clasificación, reclasificación, nueva clasificación y cancelación de constancia de clasificación hotelera. En ese contexto, la impetrante sostiene que las disposiciones en mención contravienen el derecho a la igualdad, puesto que obligan exclusivamente a los prestadores de servicios turísticos de hospedaje a clasificarse, sin que los demás prestadores de servicios turísticos se encuentren obligados a lo mismo y sin que exista justificación para ello. Ahora bien, opuesto a lo aducido por la quejosa, se sostiene que las disposiciones generales reclamadas no son contrarias al derecho humano a la igualdad, previsto en el artículo 1º constitucional. Para justificar lo anterior, se debe tener en cuenta que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los derechos humanos no son absolutos y en esa medida pueden ser restringidos; sin embargo, con base en el artículo 1º de la Constitución Federal, las suspensiones o restricciones no pueden hacerse de manera arbitraria sino, en todo momento, en los casos y bajo las condiciones que establece la propia Constitución y conforme a las leyes que se emitan por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. En congruencia con lo anterior, cualquier limitación deberá analizarse con el objeto de determinar si la medida legislativa: 1) persigue una finalidad constitucionalmente admisible, 2) si resulta un medio instrumentalmente apto para conseguir tal finalidad, y 3) si además se trata de un medio necesario y estrictamente proporcional que no implica una afectación desmedida de otros derechos fundamentales. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 160267 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 2/2012 (9a.) Página: 533 "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática". Una vez precisados los alcances del derecho humano a la igualdad, ahora corresponde verificar si los preceptos impugnados vulneran o no tal derecho. En el caso concreto, es importante destacar que la Ley General de Turismo establece que los prestadores de servicios turísticos son aquellas personas físicas o morales que ofrezcan, proporcionen o contraten con el turista, la prestación de los servicios a que se refiere dicho ordenamiento. En ese sentido, les impone como obligación general la de cumplir con las características y requisitos exigidos, de acuerdo a su clasificación, en los términos de la propia ley (artículo 58 fracción X). Asimismo, de su artículo 4 fracción XII, se advierte que el legislador otorgó al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo, la facultad de establecer la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, de cumplimiento obligatorio en toda la República; cuestión que se desarrolló en el reglamento de dicha legislación y que derivó en la emisión del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera. Ahora bien, como una cuestión previa y necesaria para el análisis de constitucionalidad de la medida en comento, se debe tener en cuenta que, en efecto, el legislador previó el establecimiento de una regulación encaminada a la clasificación de establecimientos hoteleros y hospedaje, lo cual implica que no todos los prestadores de servicios turísticos se encuentran obligados a clasificarse, sino sólo aquéllos que provean la infraestructura y equipamiento para prestar el servicio de alojamiento con fines turísticos y, en su caso, alimentación y servicios complementarios demandados por el turista; principalmente ubicados en las áreas circundantes o dentro de aeropuertos, terminales de autobuses, estaciones de ferrocarril, museos, zonas arqueológicas, Centros Integralmente Planeados, playas, puertos marítimos, centros de ciudad, rutas, circuitos y destinos turísticos, así como en otros espacios con vocación turística. De modo que como premisa inicial, resulta válido sostener que el propio legislador estableció una distinción entre los prestadores de servicios turísticos en general, y aquéllos cuya actividad preponderante consiste en el servicio de alojamiento (hospedaje) con fines turísticos, puesto que sólo estos últimos están obligados a clasificarse conforme a la regulación establecida para tal objeto. No obstante ello, se considera que dicha distinción tiene una justificación constitucional, de conformidad con los siguientes razonamientos: La actividad turística constituye uno de los sectores económicos más importantes del país, al grado de representar la tercera fuente de ingresos del Estado mexicano, es decir, se trata de un sector con una gran capacidad para generar empleos, inversión y aportación de divisas, entre otros. En ese contexto, al expedir la Ley General de Turismo controvertida, el legislador tuvo como objetivo principal establecer una herramienta clave para el desarrollo del turismo en México, aprovechando los recursos existentes, vocaciones, ventajas competitivas y oportunidades a escala local, nacional y global. Sin embargo, también fue consciente de las necesidades de generar mayor competitividad por parte de las empresas turísticas, a través de la mejora continua, la cual tiende a elevar la calidad y diversidad de sus productos y servicios. Acorde con lo expuesto, la iniciativa de la legislación combatida tuvo como objetivo primordial el establecimiento de las bases de coordinación y distribución de las facultades y obligaciones de los tres órdenes de gobierno en la materia de turismo, bajo los principios de legalidad, sustentabilidad y competitividad, con el objeto de potencializar la actividad turística del país. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que el establecimiento del Sistema de Clasificación Hotelera y la obligación de los prestadores de servicios turísticos de hospedaje de clasificarse conforme a los lineamientos impugnados, está estrechamente relacionada con dicha finalidad, la cual es constitucionalmente admisible, puesto que su objeto consiste en dotar de mayor certidumbre jurídica al turista, a efecto de que se cuente con herramientas para la planeación de la actividad turística. Lo anterior es así, puesto que obedece a los objetivos previstos en el artículo 25 de la Constitución Federal. Es decir, se encuentra incluida dentro del conjunto de ámbitos legislativos que buscan hacer efectivo el mandato constitucional consistente en garantizar la rectoría del desarrollo nacional, a efecto de que éste sea, en materia turística, integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, se fomente el crecimiento económico y el empleo en uno de los sectores más productivos del país; finalidad que requiere atender a la dinámica actual del sector turístico a nivel mundial, y que exige que el Estado se erija como promotor que impulse a los agentes económicos a tomar los beneficios del turismo y como coordinador de esfuerzos de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, de los agentes privados y de las comunidades locales. Ello, desde luego, asumiendo un papel normativo en materia de protección de los consumidores. De igual forma, se considera que la medida bajo análisis es un instrumento apto para lograr la finalidad mencionada, ya que precisamente a través del Sistema de Clasificación Hotelera se podrán ordenar, estandarizar y homologar las categorías de los establecimientos hoteleros del país, a fin de que los turistas puedan optar por un consumo de servicios turísticos responsable e informado sobre la calidad de su prestación. Aunado a ello, el sistema de clasificación tenderá a elevar la productividad y la transformación de los establecimientos hoteleros, con el objetivo de incrementar la competitividad en el sector y, en vía de consecuencia, la calidad del servicio. De modo que la medida en estudio no sólo resulta útil, sino idónea en relación con la finalidad buscada, puesto que de no existir el referido sistema de clasificación, se restaría efectividad a los derechos de terceros, en este caso, los turistas, quienes no podrían recibir información precisa, veraz y detallada sobre todas y cada una de las condiciones de prestación de los servicios turísticos de hospedaje, en detrimento de uno de los sectores más productivos para el país. Máxime que uno de los derechos de los turistas, como consumidores, consiste en recibir los bienes y servicios de calidad, acordes con la naturaleza y cantidad de la categoría que ostente el establecimiento elegido (artículo 61 fracción IV de la Ley General de Turismo). Finalmente, la medida en cuestión resulta proporcional en sentido estricto, ya que existe correspondencia entre la importancia del fin buscado a través de ella y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que las disposiciones en comento imponen a los prestadores de servicios turísticos hoteleros la obligación de clasificarse de conformidad con el sistema de variables, puntos, categorías y procedimientos que se desarrollan en el acuerdo combatido, lo cierto es que debe considerarse que el costo de ello en la esfera de intereses particulares de la impetrante resulta menor en relación con los beneficios que dicho sistema produce en el interés general, así como la finalidad buscada por el legislador. En efecto, el Sistema de Clasificación Hotelera es una herramienta metodológica que tiene un enfoque preponderante hacia el turista, puesto que precisamente busca ofrecerle información en tiempo real sobre los servicios e infraestructura proporcionada por los establecimientos de hospedaje, a fin de coadyuvar en el proceso de toma de decisión. Dicho sistema está estructurado a partir de ocho ejes de desempeño, que consisten en acceso exterior y generales, comunicación, habitación y baño, alimentos y bebidas, recepción, control de temperatura, servicios y áreas públicas. De modo que a partir de éstas, en relación con la puntuación y la categoría que obtenga un determinado establecimiento hotelero, el turista podrá obtener certeza y veracidad sobre la calidad del servicio que está contratando. Cuestión que si bien implica un costo administrativo para los prestadores de servicios de hospedaje, en atención al trámite que deben realizar para obtener la clasificación que corresponda, así como económico, por la posible imposición de sanciones a que pudieran hacerse acreedores con motivo del incumplimiento de los lineamientos combatidos, ello es menor en relación con los beneficios que provoca para los consumidores de servicios turísticos el obtener información sobre la calidad con la que éstos se prestan, respecto de un sector de alta importancia para el desarrollo económico del país. Más aún, tomando en cuenta que el objeto de que los prestadores de servicios turísticos de hospedaje se clasifiquen se enmarca dentro de la finalidad que tuvo el legislador al emitir la Ley General de Turismo, cuyos ejes principales fueron el fortalecimiento de la competitividad y calidad de las empresas turísticas, con un enfoque de protección hacia los consumidores, en este caso, los turistas, quienes al viajar temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual, requieren contar con información veraz y confiable sobre los lugares en los que contratarán servicios de alojamiento. De modo que resulta válido concluir que en este punto, el nivel de realización del fin constitucional perseguido es mayor al nivel de intervención en el derecho fundamental reclamado (igualdad). Por lo tanto, se concluye que la medida bajo análisis atiende a una finalidad constitucionalmente válida, es necesaria, idónea y estrictamente proporcional, por lo cual no puede considerarse que resulte discriminatoria y, por ende, violatoria del derecho humano a la igualdad previsto en el artículo 1º de la Constitución Federal. De igual forma, es infundado el concepto de violación sintetizado en el punto II del apartado relativo, en el que sustancialmente se aduce que los artículos 4 fracción XII y 69 de la Ley General de Turismo violan la libertad de comercio tutelada por el artículo 5º constitucional. Para dar sustento a dicha afirmación, es necesario precisar que sobre este tópico, la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1204/2016, en sesión de siete de junio de dos mil diecisiete, determinó que del examen realizado al artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advertía que ese derecho fundamental no era absoluto y, en esa medida, podía restringirse: a) por determinación judicial; b) cuando se afecten derechos de terceros; y c) por resolución gubernativa en los casos específicos previstos en la ley, siempre y cuando no se afecten los derechos de la sociedad. Precisó la superioridad que en congruencia con lo anterior, los artículos 46 a 52, 69 y demás relativos de la Ley General de Turismo, los cuales examinó como una unidad normativa, ya que regulan la inscripción en el Registro Nacional de Turismo y la obtención del certificado respectivo, contienen una obligación constitucionalmente válida en atención a la actividad turística en el país, la que, de acuerdo con la exposición de motivos de la ley, corresponde a la necesidad de promover y regular dicha actividad como motor de desarrollo, buscando con el registro dotar de mayor certidumbre jurídica al turista, además de servir como herramienta para la planeación de esa actividad, de modo que la finalidad de las normas citadas es constitucionalmente relevante, a fin de incentivar el sector turístico y llevar un control de las negociaciones mercantiles de quienes presten los servicios turísticos. Sostuvo la Segunda Sala del Alto tribunal que la inscripción constituye una medida instrumentalmente apta y no produce efectos desmesurados para otros bienes o derechos constitucionalmente tutelados, ya que los prestadores del servicio conservan su derecho para ofrecer habitualmente sus servicios, en principio, durante todo el tiempo concedido según su registro y, después, en caso de llegar a ser apremiados con clausura temporal, ésta sólo se verificará durante la temporalidad de la conducta contumaz. Razones por las cuales concluyó que los citados preceptos legales no violan el derecho fundamental a la libertad de comercio, pues sólo regulan diversos aspectos relacionados con el sistema de inscripción al registro en los términos anotados. Los anteriores argumentos dieron origen a la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2014657 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. CX/2017 (10a.) Página: 1455 "TURISMO. LOS ARTÍCULOS 46 A 52, 69 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY GENERAL RESPECTIVA, CONSIDERADOS COMO PARTE DEL SISTEMA NORMATIVO QUE REGULA AL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO, NO VIOLAN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE COMERCIO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al examinar el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sostuvo que los derechos fundamentales que dicho precepto reconoce no son absolutos y, en esa medida, pueden restringirse: a) por determinación judicial; b) cuando se afecten derechos de terceros; y c) por resolución gubernativa en los casos específicos previstos en la ley, siempre y cuando no se afecten los derechos de la sociedad. En congruencia con lo anterior, los artículos 46 a 52, 69 y demás relativos de la Ley General de Turismo, que se examinan como una unidad normativa, ya que regulan la inscripción en el Registro Nacional de Turismo y la obtención del certificado respectivo, contienen una obligación constitucionalmente válida en atención a la actividad turística en el país, la que, de acuerdo con la exposición de motivos de la ley, corresponde a la necesidad de promover y regular dicha actividad como motor de desarrollo, buscando con el registro dotar de mayor certidumbre jurídica al turista, además de servir como herramienta para la planeación de esa actividad, de modo que la finalidad de las normas citadas es constitucionalmente relevante, a fin de incentivar el sector turístico y llevar un control de las negociaciones mercantiles de quienes presten los servicios turísticos; además, la inscripción constituye una medida instrumentalmente apta y no produce efectos desmesurados para otros bienes o derechos constitucionalmente tutelados, ya que los prestadores del servicio conservan su derecho para ofrecer habitualmente sus servicios, en principio, durante todo el tiempo concedido según su registro y, después, en caso de llegar a ser apremiados con clausura temporal, ésta sólo se verificará durante la temporalidad de la conducta contumaz. De ahí que los preceptos referidos, analizados como un sistema normativo, que de acuerdo con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 100/2008 (*), se examinan como una verdadera unidad, no violan el derecho fundamental a la libertad de comercio, pues sólo regulan diversos aspectos relacionados con el sistema de inscripción al registro en los términos anotados". Luego, la circunstancia de que los artículos 4 fracción XII y 69 de la Ley General de Turismo obliguen a la quejosa a obtener una clasificación para poder operar, la cual no le es exigible a los demás prestadores de servicios turísticos, y en caso de no hacerlo se imponga como sanción la clausura del establecimiento, no puede considerarse violatoria de la libertad de comercio, pues tal como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inscripción en el Registro Nacional de Turismo y la obtención del certificado respectivo, contienen una obligación constitucionalmente válida en atención a la importancia que tiene la actividad turística en el país, por lo que con el registro se busca dotar de mayor certidumbre jurídica al turista, además de servir como herramienta para la planeación de esa actividad, de modo que la finalidad de las normas citadas es constitucionalmente relevante, a fin de incentivar el sector turístico y llevar un control de las negociaciones mercantiles de quienes presten los servicios turísticos, además de que no produce efectos desmesurados para otros bienes o derechos tutelados constitucionalmente, ya que los prestadores del servicio conservan su derecho para ofrecer habitualmente sus servicios durante todo el tiempo concedido según su registro y en caso de llegar a ser apremiados con clausura temporal, ésta sólo se verificará durante la temporalidad de la conducta contumaz. Finalmente, es inoperante el concepto de violación sintetizado en el punto IV del apartado relativo, en el que medularmente se aduce que el artículo Sexto, en relación con el Anexo Único del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el Sistema de Clasificación Hotelera, son violatorios de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, porque la evaluación que los prestadores del servicio turístico de hospedaje deben realizar, resulta ambigua, confusa y abierta a la interpretación. Para dar sustento a lo anterior, se debe hacer hincapié en que si bien la claridad de las disposiciones de observancia general constituye un imperativo a seguir, con el objeto de evitar su ambigüedad, confusión o contradicción, también es cierto que ningún artículo constitucional exige la definición de cada concepto que se haya empleado en la formulación de aquéllas, en vista de que ello implicaría una labor interminable e impráctica, lo cual a su vez tendría como consecuencia que no se cumpliera oportunamente con la finalidad de regular las relaciones humanas. En ese sentido, lo aducido en el planteamiento en estudio no puede servir de base para declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones del acuerdo combatido, ya que ningún precepto obliga a la autoridad responsable a definir cada concepto o eje de desempeño que empleó en la emisión de la normatividad en comento, ni tampoco a justificar el sistema de escalas que utilizó en función de cada variable; aunado a que ello implicaría una labor impráctica, puesto que se incumpliría con la finalidad del acuerdo combatido, que es precisamente establecer los lineamientos específicos para la operación y funcionamiento del Sistema de Clasificación Hotelera. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 171433 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 117/2007 Página: 267 "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN E IMPRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR. Si bien es cierto que la claridad de las leyes constituye un imperativo para evitar su ambigüedad, confusión o contradicción, también lo es que ningún artículo constitucional exige que el legislador defina los vocablos o locuciones utilizados en aquéllas, pues tal exigencia tornaría imposible su función, en vista de que implicaría una labor interminable e impráctica, provocando que no se cumpliera oportunamente con la finalidad de regular y armonizar las relaciones humanas. Por tanto, es incorrecto pretender que una ley sea inconstitucional por no definir un vocablo o por irregularidad en su redacción, pues la contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se basa en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad contra los particulares gobernados u ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno. Además, de los artículos 14, 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Constitución Federal, se advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez a que sean claras en su redacción y en los términos que emplean. Pero además, la inoperancia del planteamiento en cuestión se actualiza porque la quejosa da por hecho que la forma en la que está estructurado el acuerdo combatido dará lugar a actos arbitrarios por parte de la autoridad; sin embargo, ello constituye una situación hipotética que no conduce necesariamente a sostener que por ello la normatividad reclamada resulta inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 183118 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Octubre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 88/2003 Página: 43 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA. Los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o agravios en contra de algún precepto, cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley". A mayor abundamiento, este órgano jurisdiccional considera que el sistema de puntuación y categorización que establece el acuerdo impugnado no puede considerarse violatorio de los derechos de seguridad jurídica y legalidad que refiere la quejosa, porque los elementos del Sistema de Clasificación Hotelera están sujetos a revisión por parte de las autoridades competentes, así como por representantes del sector hotelero. En efecto, el propio artículo tercero transitorio del acuerdo en comento establece que la Secretaría de Turismo revisará por lo menos cada dos años y en conjunto con representantes del sector hotelero, entendidos éstos como cámaras, asociaciones, confederaciones, grupos empresariales, entre otros, el modelo del sistema de clasificación hotelera con todos sus elementos (reactivos, ejes de desempeño, vocaciones, entre otros), con la finalidad de realizar los ajustes o actualizaciones necesarias, de acuerdo a las nuevas necesidades de los turistas y a las tendencias del sector; ajustes que de realizarse, serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que no puede considerarse, a priori, que el sistema de puntuación y clasificación que se impugna puede dar lugar a arbitrariedades, si aún se encuentra en proceso de implementación y, sobre todo, porque puede ser objeto de revisión e, incluso, de actualización y ajuste. Las consideraciones que preceden conducen a negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto del acto y autoridad responsable precisados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Hotel Reyna Soledad, contra los actos reclamados precisados en el considerando cuarto, por los razonamientos desarrollados en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Pedro Arroyo Soto, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, ante el licenciado Joaquín Ramírez Guzmán, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy diez de septiembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe. ..."
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SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, ASI COMO LA SENTENCIA DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. "El trece de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con el oficio y anexo que acompaña, registrado con el folio 18635. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, en el que emitió la sentencia constitucional respectiva; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Acúsese el recibo de estilo al órgano jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. Notifíquese; y personalmente a las partes. ----... Las consideraciones que preceden conducen a negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto del acto y autoridad responsable precisados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Hotel Reyna Soledad, contra los actos reclamados precisados en el considerando cuarto, por los razonamientos desarrollados en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Pedro Arroyo Soto, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, ante el licenciado Joaquín Ramírez Guzmán, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy diez de septiembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe. ..."
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El suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas CERTIFICO: Que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; asimismo, que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por las autoridades responsables presidente de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Turismo y director General de Certificación Turística, de la secretaría de Turismo, con sede en la Ciudad de México; por tanto, para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes.". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.
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