María Salome Galván Madrigal y Otros.

Expediente 1242/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1242/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • José Alfredo Galván Madrigal
  • María Salome Galván Madrigal y Otros.
  • María Salome Galván Madrigal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el artículo 22 del citado acuerdo. Una vez que concluya el plazo referido en el párrafo anterior contado a partir de esta fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con José Sierra Ortiz, secretario que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. TRIBUNAL DE ALZADA INFORMA Agréguese a los autos el oficio 760, que suscribe el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, mediante el cual informa que por auto de veintiuno de febrero del año en curso, se declaró firme el acuerdo de dos de febrero de la presente anualidad, en el que se desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa; además, devuelve el expediente original del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintidós. TRIBUNAL DE ALZADA INFORMA SE DESECHÓ RECURSO DE REVISIÓN Agréguese a sus autos el oficio 424 secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, con el cual se le tiene acusando recibo del diverso comunicado 788 del índice de este juzgado, a través del cual se le remitió el juicio de amparo 1242/2021, promovido por María Salomé Galván Madrigal y José Alfredo Galván Madrigal, por derecho propio, así como del original y copia del escrito de expresión de agravios formulado por éste; e informa que por auto de dos de febrero de la presente anualidad se desechó por improcedente el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, en contra del auto de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno; y que quedó registrado como revisión civil 24/2022; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Se recibe escrito aclaratorio. Visto el escrito de cuenta que suscribe Gerardo Salvador Bautista Hernández, quien se ostenta apoderado de los quejosos María Salomé Galván Madrigal y José Alfredo Galván Madrigal, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en autos; por tanto, se acuerda lo siguiente. En primer lugar, en términos de los instrumentos notariales que exhibe, se le reconoce al ocursante el carácter con el que comparece a gestionar en la presente instancia constitucional. Por su parte, respecto al punto 1.1 de prevención, indica que existe la sucesión intestamentaria a bienes de Alfredo Galván Morfín, registrada bajo el número 1153/2013 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, el cual se encuentra concluido; asimismo, que los inmuebles materia del juicio 796/2020 de origen, son las fincas ubicadas en calle Tatanacho número 34 y 32, del fraccionamiento El Ensueño, en Jacona, Michoacán, bienes que, refiere, no fueron integrados al referido sucesorio. Por lo que ve al punto 1.2 indica que el intestado falleció el catorce de agosto de dos mil trece; en tal virtud, se provee sobre la procedencia de la demanda. Análisis de procedencia. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, 113, 171 y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. [.]" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.]". De una interpretación de los artículos antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. Ahora, del análisis integral de la demanda se desprende que el acto reclamado consiste en la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación I-289/2021 de la estadística de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que confirmó la interlocutoria que declaró improcedente la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, tramitada en vía incidental dentro del juicio 796/2020 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán; por tanto, el presente juicio resulta notoriamente improcedente. Es así, porque el acto reclamado no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), pues solo se trata de una resolución que impacta a la secuela procesal de origen; esto quiere decir que será hasta la sentencia que resuelva en definitiva el juicio de origen, en donde el Juez de la causa decidirá si la acción reivindicatoria intentada es procedente o no y, en todo caso, la posible afectación a derechos de naturaleza adjetiva, se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable a sus pretensiones, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. Cabe mencionar, que la resolución combatida no fija el sentido en que habrá de dictarse la resolución correspondiente, pues faltaría la valoración que la autoridad del procedimiento otorgue a los medios de convicción, así como el análisis que por obligación realice respecto a la procedencia o improcedencia de la demanda puesta a su consideración; de ahí que el acto reclamado no se pueda considerar como de aquellos que afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la parte amparista. En consecuencia, al resultar patente la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada al inicio de este apartado, lo que se impone es desechar de plano la demanda de amparo que dio génesis al expediente en que se actúa. Se invocan en apoyo a lo anterior, los criterios de jurisprudencia emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con números de registro 2019176 y 205651, de contenido siguiente. "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN ´ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN´, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza". "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". No pasa inadvertido que el quejoso invoca la tesis con número de registro digital 2009766 y rubro "LITISDENUNCIACIÓN O DENUNCIA DEL JUICIO A TERCERO. CONTRA SU NEGATIVA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE AFECTA EL DERECHO SUSTANTIVO A LA JURISDICCIÓN (.)"; sin embargo, dicho criterio fue parte de la contradicción de tesis 370/2017, de la cual surgió el primer criterio de jurisprudencia invocado supralíneas. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por María Salomé Galván Madrigal y José Alfredo Galván Madrigal, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Andrés Leyva Mercado, Secretario que autoriza y da fe.Dva

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