María Rosaura Flores Sánchez

Expediente 1141/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1141/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • María Rosaura Flores Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. DEVUELVE EXPEDIENTE E INFORMA PRONUNCIAMIENTO DE RESOLUCIÓN. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del cuaderno relativo al juicio de amparo VIII-1141/2023 del índice de este órgano jurisdiccional. Consecuentemente, glósense al expediente devuelto las actuaciones que obran en el cuadernillo relativo y acúsese recibo de su oficio 6912/2023. Por otro lado, informa el oficiante que ese órgano colegiado dictó sentencia dentro del expediente en queja 238/2023 de su índice. SENTIDO DE FALLO. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada en la ejecutoria de dieciséis de octubre del año en curso, resolvió: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja." SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. SUPERIORIDAD ADMITE RECURSO. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio signado por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitió el original del juicio de amparo número 1141/2023 y comunica que admitió el recurso de queja interpuesto en autos en contra del proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés dictado por este juzgado en el que se desechó la demanda, ordenando registrarlo con el número 238/2023. SE ORDENA VINCULAR EL EXPEDIENTE. Se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que se haga disponible el expediente electrónico para efectos de su vinculación con el expediente 238/2023 del tribunal oficiante, lo anterior para los efectos legales procesales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Avpb*Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. SE TIENE INTERPUESTO RECURSO DE QUEJA Agréguese a los autos el escrito de cuenta, que suscribe Marcela Isaura Barranco Guerra, autorizada de la quejosa María Rosaura Flores Sánchez; en atención a su contenido y de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el auto de cuatro de septiembre del año en curso, por el que este juzgado federal desechó de plano la demanda de amparo. Atento a lo anterior, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, en esta ciudad, el original del escrito de cuenta y copia de éste, a fin de que se sirva proveer lo conducente. Asimismo, ríndase el informe con justificación sobre la materia del recurso, adjuntándose copia certificada de todo lo actuado, para la substanciación del aludido medio de impugnación, con la atenta solicitud del acuse de su recibo. ACLARACIÓN RESPECTO AL RECURSO No es inadvertido que en el escrito de interposición del recurso se menciona: ".vengo a interponer RECURSO DE REVISIÓN"; sin embargo, de su proemio y puntos petitorios se obtiene que se interpone recurso de queja, lo que se corrobora de los preceptos legales en los que se funda la interposición del recurso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.ROVECon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado con el número VIII-1141/2023. DESECHAMIENTO Ahora, del análisis integral de la demanda, se obtiene que el acto reclamado es la determinación contenida en el oficio FGE/DGJDH/687/2023, de veintiuno de agosto del año en curso, mediante el cual se negó proporcionar a la quejosa información sobre si existe alguna carpeta de investigación instruida en su contra. Atento a lo antes expuesto, este órgano jurisdiccional estima que la demanda de amparo en análisis resulta improcedente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la jurisprudencia que se transcribe Registro digital: 180663 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Común Tesis:I.13o.A. J/6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tipo: Tesis de Jurisprudencia "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la quejosa, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que los actos combatidos en la demanda de protección son: Como se dijo el acto reclamado es la negativa de las autoridades responsables a proporcionar a la quejosa información sobre si existe alguna carpeta de investigación instruida en su contra. Sin embargo, esa negativa encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia, porque la quejosa no ha sido objeto de acto de molestia alguno que le permitiría reclamar actos relacionados con alguna carpeta, y no se encuentra detenida ante el fiscal encargado de la investigación. Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que se corrobora con la jurisprudencia que se transcribe: "Registro digital: 2025272 Instancia: Suprema Corte de Justicia de la Nación Undécima Época Materia(s): Común, Penal Tesis:1a./J. 95/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tipo: Tesis de Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." Lo anterior obedece a la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la invocada tesis jurisprudencial, dado que esta determina que una persona tendrá derecho para acceder a la carpeta de investigación y solicitar respuestas a sus escritos, cuando sea objeto de un acto de molestia concreto. Ese acto de molestia puede ser: a) la detención; b) la citación a comparecer en carácter de imputado; c) cualquier acto de molestia equivalente y encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. Al presentarse cualquiera de los supuestos anteriores, se entenderá que la persona tendrá un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues podrá obtener registros de la carpeta de investigación, es decir, acceder a esta y por ende, presentar escritos en los que solicite copias o el estudio de la prescripción, por citar algunos ejemplos. Lo cual se entiende al revisar el contenido del artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, el supuesto indispensable para que un agente del Ministerio Público, recabe entrevista a una persona y le responda escritos relacionados con los datos de prueba, estriba en que esta se ubique en la hipótesis de imputada dentro de la carpeta de investigación. De modo que si una persona reclama la omisión o negativa del Ministerio Público, de informarle si existe instruida en su contra alguna carpeta de investigación, donde no ha sido llamada con el carácter de imputada y de la cual tampoco ha surgido un acto de molestia en su contra, se actualizará la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis invocada. De soslayar lo anterior, se llegaría al extremo de admitir demandas de amparo por la mera sospecha sobre la existencia de una carpeta de investigación, es decir, tramitar un juicio de tutela constitucional a pesar de que el quejoso no tenga el carácter de imputado en esa carpeta o todavía no haya sido objeto de un acto de molestia y, por ende, sea ajeno al supuesto que justificaría tener acceso a la carpeta, incluso para recabarle entrevista y permitirle ofrecer datos de prueba. En el presente caso, tenemos una demanda signada por la quejosa en la que reclama la negativa de las autoridades responsables a proporcionar información sobre si existe alguna carpeta de investigación instruida en su contra. Sin embargo, de los antecedentes narrados en la demanda, se advierte lo siguiente: No ha intervenido con el carácter de imputada en alguna carpeta; Tampoco ha sido entrevistada por el agente del Ministerio Público encargado de carpeta alguna; y Lo anterior revela un escenario relevante para la negativa de acceso a la carpeta de investigación: no tiene conocimiento certero de que tenga reconocido carácter de imputada en alguna carpeta. Entonces, si la quejosa no tiene reconocido carácter de imputada en carpeta de investigación alguna y sólo tiene la sospecha de que se ubica en esa posición (de imputada), como se desprende de la demanda, debe estimarse la ausencia del supuesto jurisprudencial que permitiría la instauración del juicio de amparo. Dicho de otro modo, la ausencia de datos para visualizar que la quejosa tenga reconocido el carácter de imputada en alguna carpeta, y la inexistencia de actos de molestia dirigidos contra ella, determinan la actualización de la causal de improcedencia que resulta del artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis jurisprudencial invocada. Ello, porque no se ha generado el supuesto que permitiría a la quejosa instaurar el juicio de amparo indirecto: tener reconocido el carácter de imputada en la referida carpeta o haber sido objeto de un acto de molestia, emitido en esta. Luego, es válido afirmar que a la fecha sólo existe una supuesta información de que la quejosa es imputada en la referida carpeta de investigación; y el hecho de que la autoridad ministerial tramite esa carpeta, es insuficiente para el ejercicio de la acción de tutela constitucional porque esta depende de la negativa de las autoridades responsables a proporcionar a la quejosa información sobre si existe alguna carpeta de investigación instruida en su contra, sea reclamada por un gobernado reconocido con el carácter de imputado o bien que sea objeto de un acto de molestia en la carpeta. Bajo este contexto, se arriba a la convicción de que a la fecha no se ha generado el supuesto ni las condiciones que permitirían a la quejosa, reclamar actos relacionados con alguna carpeta de investigación que tramita la autoridad ministerial señalada como responsable, motivo por el cual debe estimarse actualizada la causal invocada en párrafos anteriores, porque resulta manifiesta e indudable frente al acto delimitado en la demanda. Sólo resta decir que si fuera admitida la demanda de amparo, pese a que la quejosa no tiene reconocido carácter de imputada en alguna carpeta, se llegaría al extremo de tramitar un juicio de amparo que puede entorpecer el deber de investigación que tiene el agente del Ministerio Público señalado como responsable, en términos del artículo 21 de la constitución federal, porque el requerimiento de informe justificado lo obligaría, en su caso, a aportar constancias de la referida carpeta, y estas fueran expuestas a personas como la quejosa sin tener reconocida la calidad de imputada, en detrimento de la reserva que debe mantenerse en las investigaciones criminales para quienes son ajenos a las mismas. Aunado a que se crearían falsas expectativas para la quejosa, aun cuando el escenario actual orienta a visualizar que habría de resolverse el sobreseimiento en la sentencia de la audiencia constitucional, por falta del supuesto y condiciones establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial invocada. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por MARÍA ROSAURA FLORES SÁNCHEZ, contra actos del Directora General Jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, y otra autoridad. SE AUTORIZA CONSULTA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICA Como lo solicita la quejosa, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente en que se actúa, vía electrónica, con el usuario "Mbarranco73", para lo cual se instruye al encargado de Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias para tal efecto. Asimismo, en términos de los numerales 3 y 26, fracción IV, de la ley en la materia, se ordena notificar de manera electrónica a la parte quejosa, a través del usuario precisado en el párrafo que antecede; ello, con la finalidad de privilegiar el uso de la tramitación del juicio en línea; además, por haberlo solicitado la promovente de manera expresa. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a Marcela Isaura Barranco Guerra, como autorizada de la parte quejosa, con la plenitud de facultades contenidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se desprende de la certificación secretarial que obra al rubro, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de su cédula profesional que la acredita como licenciada en Derecho; mientras que Similiano Morales Castillo, estará autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en término de la parte final del segundo párrafo del citado numeral, por así haberlo manifestado expresamente la promovente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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