María Rufina Ortiz Rosas

Expediente 126/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
126/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • María Rufina Ortiz Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a quince de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de diecisiete de abril de este año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obre en autos el acuse de recibo de la notificación a la autoridad responsable, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión, pues su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se determina que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otro lado, con fundamento en los artículos 251, incisos a) y f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los acuses de recibo que envíen las partes, respecto de los oficios que a manera de notificación se les remitan, así como aquellas promociones que hayan sido recibidas y atendidas con anterioridad, serán agregados al expediente y vinculados electrónicamente con la determinación judicial con la que se relacionen, sin necesidad de proveído.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa **********, el proveído de diecisiete de abril de la presente anualidad, por los motivos que expone en la misma. En tales condiciones, ante la manifiesta imposibilidad del fedatario de poder llevar a cabo la notificación encomendada, hágase por lista la notificación de dicho auto, del presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto la parte promovente señale nuevo domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones.-----------------------------------------------------------------------------------SE NOTIFICA a la parte quejosa POR LISTA EL AUTO QUE DICE: Córdoba, Veracruz, a diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz; en atención a su contenido, se tiene por cumplido el requerimiento realizado en proveído de veintiocho de marzo de este año, pues al efecto remite copia certificada de la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés y sus respectivas notificaciones. Toda vez que del estado procesal que guardan los autos, se observa que en el presente asunto la parte quejosa reclama la omisión de dictar sentencia en el juicio 3430/2021-IV; y de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte que el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Quinto Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz, dictó una resolución en la que ordenó reponer el procedimiento, por lo que determinó abstenerse de dictar sentencia de fondo, al considerar que no se encontraba debidamente integrado el asunto, por actualizarse el litisconsorcio pasivo necesario en relación con Rene Aguilar Campos, endosatario en procuración de Pedro García Nieves, por lo que requirió al actor, para que exhibiera copia de traslado y señalara el domicilio del referido endosatario a efecto de emplazarlo a juicio. Por tanto, en relación con el citado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, (.)". De la exégesis del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica del impetrante de amparo, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido substituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. La improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Esto es, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En ese entendido, si como ha quedado expuesto, el diecisiete de marzo de este año, emitió la resolución cuya omisión se impugnó, en la que se ordenó reponer el procedimiento y determinó abstenerse de dictar sentencia de fondo al no estar debidamente integrado el asunto; ello por actualizarse el litisconsorcio pasivo necesario con Rene Aguilar Campos, endosatario en procuración de Pedro García Nieves; y se requirió al actor para que exhibiera copia de traslado y señalara el domicilio del referido endosatario a efecto de emplazarlo a juicio; determinación que notificó a la parte quejosa el veintiocho de marzo siguiente; lo que acreditó con las copias certificadas de dichas constancias, a las que se le otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2. En consecuencia, al haber cesado el acto reclamado en esta instancia constitucional, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, es decir, como si se hubiera otorgado el amparo. En lo conducente, se invoca como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 38, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También se invoca como apoyo la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, correspondiente al mes febrero de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". Al actualizarse la causa de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio y se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia Número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, correspondiente al mes Marzo de dos mil tres, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Finalmente, glósese a los autos el escrito signado por la quejosa María Rufina Ortiz Rosas; en atención a su contenido, se le tiene desahogando la vista otorgada en proveído de veintiocho de marzo del año en curso; y en relación a los alegatos que formula relativo a que este órgano jurisdiccional ordene al Juez responsable dicte sentencia de fondo; deberá estar a lo acordado en párrafos precedentes.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz; en atención a su contenido, se tiene por cumplido el requerimiento realizado en proveído de veintiocho de marzo de este año, pues al efecto remite copia certificada de la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés y sus respectivas notificaciones. Toda vez que del estado procesal que guardan los autos, se observa que en el presente asunto la parte quejosa reclama la omisión de dictar sentencia en el juicio 3430/2021-IV; y de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte que el Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Quinto Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz, dictó una resolución en la que ordenó reponer el procedimiento, por lo que determinó abstenerse de dictar sentencia de fondo, al considerar que no se encontraba debidamente integrado el asunto, por actualizarse el litisconsorcio pasivo necesario en relación con Rene Aguilar Campos, endosatario en procuración de Pedro García Nieves, por lo que requirió al actor, para que exhibiera copia de traslado y señalara el domicilio del referido endosatario a efecto de emplazarlo a juicio. Por tanto, en relación con el citado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, (.)". De la exégesis del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica del impetrante de amparo, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido substituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. La improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Esto es, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En ese entendido, si como ha quedado expuesto, el diecisiete de marzo de este año, emitió la resolución cuya omisión se impugnó, en la que se ordenó reponer el procedimiento y determinó abstenerse de dictar sentencia de fondo al no estar debidamente integrado el asunto; ello por actualizarse el litisconsorcio pasivo necesario con Rene Aguilar Campos, endosatario en procuración de Pedro García Nieves; y se requirió al actor para que exhibiera copia de traslado y señalara el domicilio del referido endosatario a efecto de emplazarlo a juicio; determinación que notificó a la parte quejosa el veintiocho de marzo siguiente; lo que acreditó con las copias certificadas de dichas constancias, a las que se le otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2. En consecuencia, al haber cesado el acto reclamado en esta instancia constitucional, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, es decir, como si se hubiera otorgado el amparo. En lo conducente, se invoca como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 38, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También se invoca como apoyo la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, correspondiente al mes febrero de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". Al actualizarse la causa de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio y se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia Número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, correspondiente al mes Marzo de dos mil tres, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Finalmente, glósese a los autos el escrito signado por la quejosa María Rufina Ortiz Rosas; en atención a su contenido, se le tiene desahogando la vista otorgada en proveído de veintiocho de marzo del año en curso; y en relación a los alegatos que formula relativo a que este órgano jurisdiccional ordene al Juez responsable dicte sentencia de fondo; deberá estar a lo acordado en párrafos precedentes Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado de cuenta; dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo. Ahora, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dictar sentencia en el juicio ************ En ese orden, toda vez que la autoridad responsable remite copia certificada de la resolución que denomina "sentencia inhibitoria" de diecisiete de marzo de este año dictada en el juicio de origen; sin embargo, es omisa en remitir copia certificada de las constancias de notificación de dicha determinación, por tanto, requiérase para que de inmediato, remita copia certificada de dichas constancias, en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de veinte de febrero de este año.

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