Maria Ruby Sanchez de Aquino
Expediente 581/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 34 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 581/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 23/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Maria Ruby Sanchez de Aquino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 581/2022, promovido por María Ruby Sánchez de Aquino, contra actos del licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, con residencia en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y otras autoridades, el cual consideraron violatorios en su perjuicio, de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de junio del actual, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, y turnado el día siguiente a este Juzgado, M************* solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, con residencia en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y otras autoridades, consistentes en: La orden de presentación y/o detención y/o aprehensión, y su ejecución. Inicio de carpeta de investigación en su contra. SEGUNDO. Prevención, Admisión y trámite de la demanda de amparo. Mediante acuerdo de quince de julio del actual, se previno a la quejosa a efecto de que proporcionara el nombre de la autoridad que señaló como Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado, De proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Huatusco, Veracruz, con residencia en Huatusco, Veracruz, toda vez de conformidad con la estructura orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, existen dos jueces de Control en Huatusco, Veracruz, sin que desahogara dicha prevención. Luego, por auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, este juzgado, admitió la demanda de amparo respecto de las restantes autoridades que la quejosa señaló como responsables, solicitó a éstas su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Autoridades inexistentes. Mediante acuerdos de veinticinco de agosto y veintitrés de septiembre, ambos del actual, se tuvo por inexistentes a las autoridades señaladas como responsables, 16. Coordinador de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro-Córdoba, Veracruz, y 14. Fiscal Municipal Investigador en Delitos Diversos del Distrito Judicial de Huatusco, Veracruz. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. En esta data, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que, de ser ciertos, los actos reclamados tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura integral de la demanda se advierte que aquél consiste en: La orden de presentación y/o detención y/o aprehensión, y su ejecución. Inicio de carpeta de investigación en su contra. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El licenciado 2. Marcelo Alfredo Campos Scougall, por sí y en representación de los licenciados 1. Marco Antonio Rodríguez Lobato, 3. Janet Pérez Caro, y 4. María Andrea García Zavaleta, los cuatro Jueces de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Congregación la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; 12. Fiscal Octavo, por sí y en auxilio de los Fiscales 5. Primero, 6. Segundo, 10. Sexto y 11. Séptimo; 9. Fiscal Quinto, por sí y en ausencia de la 7. Fiscal Tercera; 8. Fiscal Cuarta en Delitos Diversos, 13. Fiscal Noveno; todos investigadores en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno del Distrito XIV; 15. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro; todos con sede en esta ciudad; y 17. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial de Huatusco, Veracruz; al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa. En tales condiciones, se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio. Sustenta lo anterior, la tesis (...) También es aplicable la jurisprudencia (...) CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, fracción IV, 74, 75 y 107, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ************, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos ahí expuestos. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese
- Principal
Córdoba, Veracruz, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de las presentes actuaciones, se advierte que a la fecha transcurre el término de ocho días concedido a las partes mediante proveído de veinticinco de octubre del año en curso, para que se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Fiscal Octavo Investigador en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, de conformidad con lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y objetivamente atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS para su celebración. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 5°, fracción II, segunda parte, del citado del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. En el supuesto de que alguna de las partes esté interesada en comparecer a la audiencia, ésta se llevará a cabo por videoconferencia, de conformidad con los artículos 25 y 26 del Acuerdo General en cita; por tanto, tres días hábiles antes de la fecha señalada para la audiencia constitucional, sin contar el día de la propia audiencia ni el de su presentación, por ser necesario realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional; deberá hacerlo saber a este juzgado y proporcionar el correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, además de exhibir copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma, quien deberá estar legitimada para tal efecto. De no hacerlo se realizará sin su comparecencia.
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