María Rosario López Murillo
Expediente 828/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 828/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María Rosario López Murillo
- Directora del Predial del Municipio de Momax, Zacatecas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En veinte de octubre de dos mil dieciséis, la Secretaria da cuenta a la Juez con lo siguiente: El oficio registrado con el número 17573 y anexo que se acompaña. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que existen documentos originales para devolver a la promovente del amparo. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el catorce de octubre del año en curso, dictada al resolver el recurso de queja administrativa 88/2016; acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, en atención a que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la promovente del amparo María Rosario López Murillo, contra el auto de doce de julio de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de garantías promovida, contra actos del Director del Predial del Municipio de Momax, Zacatecas. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, al no ser de relevancia documental, es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, tomando con consideración que en el expediente en que se actúa obran agregados documentos originales que fueron exhibidos con la demanda con que se formó el presente expediente, por tanto, requiérase a la quejosa para que en el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este juzgado debidamente identificada con documento idóneo que permita su identificación, a fin de que recoja el documento de que se habla; apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, dichos documentos seguirán la suerte del expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy.
- Principal
En cuatro de agosto de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Secretaria encargada del Despacho con un oficio registrado con el número 13829. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica que en la queja administrativa 88/2016-3, se admitió el recurso de queja hecho valer por la quejosa María Rosario López Murillo, en contra del auto de doce de julio del año en curso, dictado dentro del presente Juicio de amparo. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. Doy fe. Alan.
- Principal
En veintidós de julio de dos mil dieciséis, la Secretaria del Juzgado licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con un escrito registrado con el número 13375. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el escrito signado por la quejosa María Rosario López Murillo, mediante el cual con fundamento en los artículos 83, 85, 86 y 88 de la Ley de Amparo, interpone recurso de revisión contra el auto de doce de julio del presente año, a través del cual se desechó la demanda de amparo que promovió contra actos de la Directora del Predial del Municipio de Momax, Zacatecas. Sin embargo, el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de amparo, establece lo siguiente: "Artículo 97. El recurso de queja procede: I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación; .". De lo que se colige que es el recurso de queja el que procede contra el auto impugnado y no el de revisión como lo señala la promovente; por tanto, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de doce de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda promovida por la ocursante, contra actos del Directora del Predial del Municipio de Momax, Zacatecas. Encuentra apoyo a lo anterior la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "QUEJA EN AMPARO, FUNDAMENTO ERRONEO DE LA. Si el recurso de queja que se interpone se funda en una fracción incorrecta del artículo 95 de la Ley de Amparo, siendo así que debió fundarse en otra, no hay motivo por ello para desechar el recurso de queja, pues tal consecuencia no está prevista en la Ley de Amparo, ni se ve razón para aplicarla cuando no hay confusión respecto de cuál sea la resolución que se impugna, y cuál la causa de pedir en que se basa el recurso, en relación con el agravio legal que la resolución impugnada causa al recurrente". En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo que se actúa, se dictó el auto recurrido. Remítase copia certificada de la demanda de amparo con que se formó el presente expediente, del auto recurrido, su notificación y los diversos emitidos con anterioridad, a fin de que sea substanciado el medio de impugnación de que se habla en párrafos precedentes, debiendo acompañase el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres. Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Alan.
- Principal
En doce de julio de dos mil dieciséis la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con un escrito registrado con el número 12847 y copias que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el escrito de cuenta signado por María Rosario López Murillo, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de cinco de julio de dos mil dieciséis y al efecto indica que tuvo conocimiento del acto que constituye la materia de reclamo el ocho de febrero del presente año y adjunta las copias suficientes de su escrito aclaratorio; en consecuencia, se le tiene por cumplida con la prevención formulada en autos; y en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando la Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, establece que el plazo genérico de quince días que para promover el juicio de amparo señala el numeral 17 de esa propia legislación, se computará: A). A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y B). A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del citado artículo 17, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Establecido lo anterior, se tiene que en el caso a estudio se actualiza la hipótesis que se indica en el inciso B), es decir, la que se refiere a que el plazo para instar la acción constitucional debe computarse a partir del día siguiente al en que la quejosa haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En efecto, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama la negativa de realizar los traslados de dominio de la finca urbana, ubicada en calle cinco de mayo sin número, propiedad de la quejosa la cual se encuentra en el municipio de Momax, Zacatecas. Ahora bien, la impetrante en su escrito de cuenta bajo protesta de decir verdad expuso: "Bajo protesta de decir verdad la suscrita tuve conocimiento del acto que constituye la materia de reclamo, con fecha ocho de febrero del presente año". Lo expuesto por la garante en los términos antes indicados, constituye una confesión con valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto por los numerales 199 y 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable al respecto, la tesis consultable en la página 353, Volumen 205-216, Séptima Parte, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PRESENTAR LA, CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, pues si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que, si el Juez de Distrito, con base en esa manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento el acto reclamado." Conforme lo anterior, es evidente que la quejosa tuvo conocimiento del acto que ahora reclama desde el ocho de febrero de dos mil dieciséis, según lo manifestó en su escrito de demanda; luego, partiendo de la indicada fecha, al cuatro de julio del año en curso, en que se presentó la demanda que ahora se acuerda, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito el en Estado, según se advierte del sello de recepción respectivo que obra en dicho libelo, inconcuso resulta que transcurrió el término de quince días que para promover el juicio establece el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente; lo que pone de relieve que la impetrante consintió el acto que reclama y, por ende, resulta extemporánea su promoción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 14, publicada en la página 11 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo los actos del orden común y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Sin que pase inadvertido acotar que en el presente asunto no se actualiza alguna de las excepciones que establecen las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, las cuales consignan: [.] I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que la quejosa también refiera en su escrito de cuenta que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintitrés de junio del presente año, cuando se le notificó el acuerdo de veintidós de ese mismo mes y año, a través del cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del diverso juicio 1312/2015 del índice de este juzgado, en razón a que si bien, el veintitrés de junio del presente año, tuvo conocimiento del auto de cumplimiento, no es creíble que hasta esa fecha se haya enterado del acto que ahora reclama en esta instancia constitucional, es decir del oficio 34 de dieciocho de enero del presente año, signado por la encargada del departamento del impuesto predial de Momax, Zacatecas, ello virtud a que del diverso juicio 1312/2015, se advierte que en auto de ocho de febrero del año en curso, se le dio vista con dicho documento, vista que fue desahogada mediante escrito presentado ante este juzgado el doce de febrero de este año; máxime, que como se indicó en párrafos que anteceden, la propia quejosa en su ocurso de cuenta manifestó bajo protesta decir verdad tener conocimiento del acto reclamado el ocho de febrero del presente año; de ahí que la demanda de amparo que se promueve sea extemporánea. En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, de la Ley de Amparo vigente, con apoyo en el diverso 113, se desecha de plano la demanda. Para evitar dilaciones innecesarias respecto de la imposibilidad que pudiese tener el Actuario Judicial para llevar a cabo las notificaciones personales que se susciten dentro del presente procedimiento, con fundamento en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le habilitan días y/u horas inhábiles para que realice las notificaciones que fueren necesarias, sin necesidad de acuerdo respectivo, previa constancia actuarial en que se asiente esa circunstancia. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye a la Secretaria respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Alan.
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