María Rosario López Murillo

Expediente 1312/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 19 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1312/2015
Año
2015
Actuaciones
19
Última actuación
04/07/2016

Partes del expediente

  • María Rosario López Murillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    En cuatro de julio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con un escrito registrado con el folio 12377.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa María Rosario López Murillo; como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa copia certificada que en su lugar se deje, devuélvasele los documentos que refiere, autorizando para que los reciba en su nombre a la persona que indica, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. Cecy*

  2. Principal

    En veintidós de junio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Faustino Rodríguez Flores, da cuenta a Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad de mismo nombre, con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de ocho de febrero del presente año, se dio vista a la parte quejosa de manera personal con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; vista que desahogó a través de escrito agregado en acuerdo de quince de febrero del año actual; en esa virtud, procédase al análisis correspondiente, a efecto de emitir el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora, a efecto de verificar si se encuentra cumplida, es menester apuntar que la ejecutoria se constituyó con la sentencia dictada por esta autoridad federal el veintiuno de diciembre del año pasado, misma que no fue impugnada dentro del plazo que la ley estipula para ser recurrida en revisión, causando ejecutoria. De ahí que sea necesario traer a glosa en primer lugar el resolutivo en el que se refleja la concesión del amparo: "SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ MURILLO, por su propio derecho, contra el acto de la autoridad precisado en el considerando segundo, punto II.2.1 y para los efectos indicados en el considerando quinto de esta sentencia." Asimismo, es menester reproducir la parte conducente del fallo protector en la que se precisan los efectos de la concesión: ".Deje insubsistente el oficio 33, de veintiséis de junio de dos mil quince. En su lugar emita otro con plenitud de jurisdicción en el que cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación." Como se advierte del efecto puntualizado en el inciso b) transcrito, la concesión de amparo fue en razón de vicios formales del acto reclamado, mismos que se puntualizan en los folios 112 y 113 del fallo comentado (anverso y reverso), cuyo texto en lo conducente es el siguiente: "..Circunstancias que de manera clara y evidente ponen de manifiesto que la autoridad responsable, no fundó ni motivó de manera adecuada, el oficio reclamado, pues omitió exponer de manera clara y precisa el por qué razón no se podía realizar la transmisión de propiedad del testimonio notarial, es decir, no explicó el motivo por el cuál si bien es cierto que el señor Felipe López Martínez sólo era dueño de la nuda propiedad, no se podía transmitir con el usufructo vitalicio, pues no debe perderse de vista que el usufructo en términos de lo previsto por el artículo 283 del Código Civil del Estado de Zacatecas, es un derecho real, temporal, generalmente vitalicio, para usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni sustancia. Ahora bien, en lo relativo a la manifestación de que no se cumplió con el aviso contenido en el artículo 41 de la Ley de Hacienda Municipal, es de indicarse, que la autoridad responsable, fue omisa en precisar cuáles son los requisitos que debe contener el aviso de referencia, pues para ello, no basta con una simple negativa, basada en el supuesto de que ese documento faltó o no se anexó, sin especificar motivo alguno.". Así, para efectos de comprobación, deben traerse a cuenta las acciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, que fue la Directora del Predial del Municipio de Mómax, Zacatecas; y en ese sentido, de la secuela del procedimiento tenemos que: Mediante oficio 34 recibido en este Juzgado el veinte de enero de dos mil dieciséis, la autoridad responsable vinculada al cumplimiento del fallo protector, en exacto cumplimiento a la ejecutoria de amparo dejó sin efectos el oficio 33, de veintiséis de junio del año pasado, y en su lugar dictó otro con libertad de jurisdicción, a través del cual realizó lo siguiente: Expusó los argumentos lógicos jurídicos, para determinar la negativa que tuvo para registrar la solicitud de traslado de dominio respecto del bien inmueble de su propiedad; aduciendo la existencia de una causa inmediata anterior, como el contrato de compraventa celebrada entre Ma. Carmen Martínez como vendedora y sus hijos Felipe y Tomás, ambos de apellidos López Martínez, otorgándole al primero la nuda propiedad y al segundo el usufructo vitalicio del inmueble que ampara la escritura; invocando como preceptos legales para sustentar su determinación en los artículos 1, fracción I, y 27 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas, 2490 y 2497 de Código Civil para el Estado de Zacatecas y 14 del Código Fiscal Municipal del Estado de Zacatecas. Información que corroboró con el anexo que acompañó la aludida autoridad oficiante a su comunicación de mérito, consistente en copia certificada de la determinación de que se habla. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, toda vez que se trata de documentos expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones; con las que en su oportunidad se dio vista a la parte quejosa. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas, se evidencia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio; toda vez que en primer lugar dejó insubsistente el oficio 33, de veintiséis de junio del año pasado en la cual con libertad de jurisdicción expusó las razones y fundamentos jurídicos que consideró para determinar negar el traslado de dominio de la finca urbana, ubicada en la calle cinco de mayo sin número, propiedad de la quejosa, misma que se encuentra en el municipio de Momax, Zacatecas. Ahora, si bien la autoridad no precisó cuáles son los requisitos que debe contener el aviso de referencia previsto en el numeral 41 de la Ley de Hacienda Municipal, no es obstáculo para que se tenga por cumplida la sentencia concesoria de amparo, habida cuenta que se le otorgó libertad de jurisdicción a la responsable para que emitiera otro oficio a través del cual purgara los vicios formales por los que se concedió el fallo protector; entonces de la revisión exhaustiva de la nueva determinación se hace patente que ya no consideró dicho numeral, de lo que se traduce que no es necesario que precise los requisitos descritos en dicho precepto, porque como se reitera no lo consideró para emitir su nueva resolución. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis VI.1o.P.27 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 832 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." Finalmente, no es obstáculo para asumir el sentido de la presente decisión la serie de argumentos externados por la justiciable mediante promoción presentada el doce de febrero del año actual, de cuyo contenido se advierten una serie de disidencias formuladas a fin de evidenciar la ilegalidad del fondo de la decisión asumida por la autoridad responsable; sin embargo el examen de tales argumentos deviene inoperante en la medida en que como ya se destacó los alcances del fallo amparatorio se limitan a perfeccionar vicios de forma, mismos que como ya se vio quedaron suficientemente subsanados en razón de los motivos y fundamentos plasmados por la responsable quien a fin de cumplir el fallo de amparo contaba con plenitud de jurisdicción para asumir el fondo de la decisión. Así, hacer pronunciamiento alguno en relación con las manifestaciones de la quejosa respecto al fondo de la determinación por parte de la responsable, es tanto, como ir más allá de los efectos de la concesión de amparo, pues se reitera que en la sentencia de amparo se le otorgó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para que emitiera una nueva resolución, sin que necesariamente la nueva resolución que emitiera tuviera que ser favorable a las pretensiones de la solicitante; en esa virtud, se concluye que este órgano constitucional no puede calificar la legalidad de la resolución que emitió la responsable, pues esa cuestión como ya se dijo no fue materia de la concesión. Sirve de apoyo a dicho criterio, la jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, del rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". Sin perjuicio de lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la amparista, a fin de que si lo desea los haga valer en la vía correspondiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida con el secretario Faustino Rodríguez Flores, que autoriza y da fe. Para efectos administrativos se precisa: Cumple autoridad: 18/01/2016. Recepción oficio: 20/01/2016 L´FRF/DEY ____ SISE_____ 2909-7 (L´F) DIRECTORA DEL PREDIAL DEL MUNICIPIO DE MÓMAX, ZACATECAS. En los autos del juicio de amparo 1312/2015-7, promovido por María Rosario López Murillo, contra actos de Usted, se dictó el siguiente acuerdo que establece: "Zacatecas, Zacatecas, veintidós de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de ocho de febrero del presente año, se dio vista a la parte quejosa de manera personal con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; vista que desahogó a través de escrito agregado en acuerdo de quince de febrero del año actual; en esa virtud, procédase al análisis correspondiente, a efecto de emitir el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora, a efecto de verificar si se encuentra cumplida, es menester apuntar que la ejecutoria se constituyó con la sentencia dictada por esta autoridad federal el veintiuno de diciembre del año pasado, misma que no fue impugnada dentro del plazo que la ley estipula para ser recurrida en revisión, causando ejecutoria. De ahí que sea necesario traer a glosa en primer lugar el resolutivo en el que se refleja la concesión del amparo: "SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ MURILLO, por su propio derecho, contra el acto de la autoridad precisado en el considerando segundo, punto II.2.1 y para los efectos indicados en el considerando quinto de esta sentencia." Asimismo, es menester reproducir la parte conducente del fallo protector en la que se precisan los efectos de la concesión: ".Deje insubsistente el oficio 33, de veintiséis de junio de dos mil quince. En su lugar emita otro con plenitud de jurisdicción en el que cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación." Como se advierte del efecto puntualizado en el inciso b) transcrito, la concesión de amparo fue en razón de vicios formales del acto reclamado, mismos que se puntualizan en los folios 112 y 113 del fallo comentado (anverso y reverso), cuyo texto en lo conducente es el siguiente: "..Circunstancias que de manera clara y evidente ponen de manifiesto que la autoridad responsable, no fundó ni motivó de manera adecuada, el oficio reclamado, pues omitió exponer de manera clara y precisa el por qué razón no se podía realizar la transmisión de propiedad del testimonio notarial, es decir, no explicó el motivo por el cuál si bien es cierto que el señor Felipe López Martínez sólo era dueño de la nuda propiedad, no se podía transmitir con el usufructo vitalicio, pues no debe perderse de vista que el usufructo en términos de lo previsto por el artículo 283 del Código Civil del Estado de Zacatecas, es un derecho real, temporal, generalmente vitalicio, para usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni sustancia. Ahora bien, en lo relativo a la manifestación de que no se cumplió con el aviso contenido en el artículo 41 de la Ley de Hacienda Municipal, es de indicarse, que la autoridad responsable, fue omisa en precisar cuáles son los requisitos que debe contener el aviso de referencia, pues para ello, no basta con una simple negativa, basada en el supuesto de que ese documento faltó o no se anexó, sin especificar motivo alguno.". Así, para efectos de comprobación, deben traerse a cuenta las acciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, que fue la Directora del Predial del Municipio de Mómax, Zacatecas; y en ese sentido, de la secuela del procedimiento tenemos que: Mediante oficio 34 recibido en este Juzgado el veinte de enero de dos mil dieciséis, la autoridad responsable vinculada al cumplimiento del fallo protector, en exacto cumplimiento a la ejecutoria de amparo dejó sin efectos el oficio 33, de veintiséis de junio del año pasado, y en su lugar dictó otro con libertad de jurisdicción, a través del cual realizó lo siguiente: Expusó los argumentos lógicos jurídicos, para determinar la negativa que tuvo para registrar la solicitud de traslado de dominio respecto del bien inmueble de su propiedad; aduciendo la existencia de una causa inmediata anterior, como el contrato de compraventa celebrada entre Ma. Carmen Martínez como vendedora y sus hijos Felipe y Tomás, ambos de apellidos López Martínez, otorgándole al primero la nuda propiedad y al segundo el usufructo vitalicio del inmueble que ampara la escritura; invocando como preceptos legales para sustentar su determinación en los artículos 1, fracción I, y 27 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas, 2490 y 2497 de Código Civil para el Estado de Zacatecas y 14 del Código Fiscal Municipal del Estado de Zacatecas. Información que corroboró con el anexo que acompañó la aludida autoridad oficiante a su comunicación de mérito, consistente en copia certificada de la determinación de que se habla. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, toda vez que se trata de documentos expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones; con las que en su oportunidad se dio vista a la parte quejosa. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas, se evidencia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio; toda vez que en primer lugar dejó insubsistente el oficio 33, de veintiséis de junio del año pasado en la cual con libertad de jurisdicción expusó las razones y fundamentos jurídicos que consideró para determinar negar el traslado de dominio de la finca urbana, ubicada en la calle cinco de mayo sin número, propiedad de la quejosa, misma que se encuentra en el municipio de Momax, Zacatecas. Ahora, si bien la autoridad no precisó cuáles son los requisitos que debe contener el aviso de referencia previsto en el numeral 41 de la Ley de Hacienda Municipal, no es obstáculo para que se tenga por cumplida la sentencia concesoria de amparo, habida cuenta que se le otorgó libertad de jurisdicción a la responsable para que emitiera otro oficio a través del cual purgara los vicios formales por los que se concedió el fallo protector; entonces de la revisión exhaustiva de la nueva determinación se hace patente que ya no consideró dicho numeral, de lo que se traduce que no es necesario que precise los requisitos descritos en dicho precepto, porque como se reitera no lo consideró para emitir su nueva resolución. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis VI.1o.P.27 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 832 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." Finalmente, no es obstáculo para asumir el sentido de la presente decisión la serie de argumentos externados por la justiciable mediante promoción presentada el doce de febrero del año actual, de cuyo contenido se advierten una serie de disidencias formuladas a fin de evidenciar la ilegalidad del fondo de la decisión asumida por la autoridad responsable; sin embargo el examen de tales argumentos deviene inoperante en la medida en que como ya se destacó los alcances del fallo amparatorio se limitan a perfeccionar vicios de forma, mismos que como ya se vio quedaron suficientemente subsanados en razón de los motivos y fundamentos plasmados por la responsable quien a fin de cumplir el fallo de amparo contaba con plenitud de jurisdicción para asumir el fondo de la decisión. Así, hacer pronunciamiento alguno en relación con las manifestaciones de la quejosa respecto al fondo de la determinación por parte de la responsable, es tanto, como ir más allá de los efectos de la concesión de amparo, pues se reitera que en la sentencia de amparo se le otorgó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para que emitiera una nueva resolución, sin que necesariamente la nueva resolución que emitiera tuviera que ser favorable a las pretensiones de la solicitante; en esa virtud, se concluye que este órgano constitucional no puede calificar la legalidad de la resolución que emitió la responsable, pues esa cuestión como ya se dijo no fue materia de la concesión. Sirve de apoyo a dicho criterio, la jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, del rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". Sin perjuicio de lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la amparista, a fin de que si lo desea los haga valer en la vía correspondiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida con el secretario Faustino Rodríguez Flores, que autoriza y da fe. Rúbricas". El que transcribo a usted para su conocimiento y efectos de notificación en forma. Protesto a Usted mi atenta consideración y respeto. Zacatecas, Zacatecas, 22 de junio de 2016. El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre Lic. Faustino Rodríguez Flores. L´FAUSTINO

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de ocho de febrero del presente año, se dio vista a la parte quejosa de manera personal con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; vista que desahogó a través de escrito agregado en acuerdo de quince de febrero del año actual; en esa virtud, procédase al análisis correspondiente, a efecto de emitir el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora, a efecto de verificar si se encuentra cumplida, es menester apuntar que la ejecutoria se constituyó con la sentencia dictada por esta autoridad federal el veintiuno de diciembre del año pasado, misma que no fue impugnada dentro del plazo que la ley estipula para ser recurrida en revisión, causando ejecutoria. De ahí que sea necesario traer a glosa en primer lugar el resolutivo en el que se refleja la concesión del amparo: "SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ MURILLO, por su propio derecho, contra el acto de la autoridad precisado en el considerando segundo, punto II.2.1 y para los efectos indicados en el considerando quinto de esta sentencia." Asimismo, es menester reproducir la parte conducente del fallo protector en la que se precisan los efectos de la concesión: ".Deje insubsistente el oficio 33, de veintiséis de junio de dos mil quince. En su lugar emita otro con plenitud de jurisdicción en el que cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación." Como se advierte del efecto puntualizado en el inciso b) transcrito, la concesión de amparo fue en razón de vicios formales del acto reclamado, mismos que se puntualizan en los folios 112 y 113 del fallo comentado (anverso y reverso), cuyo texto en lo conducente es el siguiente: "..Circunstancias que de manera clara y evidente ponen de manifiesto que la autoridad responsable, no fundó ni motivó de manera adecuada, el oficio reclamado, pues omitió exponer de manera clara y precisa el por qué razón no se podía realizar la transmisión de propiedad del testimonio notarial, es decir, no explicó el motivo por el cuál si bien es cierto que el señor Felipe López Martínez sólo era dueño de la nuda propiedad, no se podía transmitir con el usufructo vitalicio, pues no debe perderse de vista que el usufructo en términos de lo previsto por el artículo 283 del Código Civil del Estado de Zacatecas, es un derecho real, temporal, generalmente vitalicio, para usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni sustancia. Ahora bien, en lo relativo a la manifestación de que no se cumplió con el aviso contenido en el artículo 41 de la Ley de Hacienda Municipal, es de indicarse, que la autoridad responsable, fue omisa en precisar cuáles son los requisitos que debe contener el aviso de referencia, pues para ello, no basta con una simple negativa, basada en el supuesto de que ese documento faltó o no se anexó, sin especificar motivo alguno.". Así, para efectos de comprobación, deben traerse a cuenta las acciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, que fue la Directora del Predial del Municipio de Mómax, Zacatecas; y en ese sentido, de la secuela del procedimiento tenemos que: Mediante oficio 34 recibido en este Juzgado el veinte de enero de dos mil dieciséis, la autoridad responsable vinculada al cumplimiento del fallo protector, en exacto cumplimiento a la ejecutoria de amparo dejó sin efectos el oficio 33, de veintiséis de junio del año pasado, y en su lugar dictó otro con libertad de jurisdicción, a través del cual realizó lo siguiente: Expusó los argumentos lógicos jurídicos, para determinar la negativa que tuvo para registrar la solicitud de traslado de dominio respecto del bien inmueble de su propiedad; aduciendo la existencia de una causa inmediata anterior, como el contrato de compraventa celebrada entre Ma. Carmen Martínez como vendedora y sus hijos Felipe y Tomás, ambos de apellidos López Martínez, otorgándole al primero la nuda propiedad y al segundo el usufructo vitalicio del inmueble que ampara la escritura; invocando como preceptos legales para sustentar su determinación en los artículos 1, fracción I, y 27 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas, 2490 y 2497 de Código Civil para el Estado de Zacatecas y 14 del Código Fiscal Municipal del Estado de Zacatecas. Información que corroboró con el anexo que acompañó la aludida autoridad oficiante a su comunicación de mérito, consistente en copia certificada de la determinación de que se habla. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, toda vez que se trata de documentos expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones; con las que en su oportunidad se dio vista a la parte quejosa. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas, se evidencia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio; toda vez que en primer lugar dejó insubsistente el oficio 33, de veintiséis de junio del año pasado en la cual con libertad de jurisdicción expusó las razones y fundamentos jurídicos que consideró para determinar negar el traslado de dominio de la finca urbana, ubicada en la calle cinco de mayo sin número, propiedad de la quejosa, misma que se encuentra en el municipio de Momax, Zacatecas. Ahora, si bien la autoridad no precisó cuáles son los requisitos que debe contener el aviso de referencia previsto en el numeral 41 de la Ley de Hacienda Municipal, no es obstáculo para que se tenga por cumplida la sentencia concesoria de amparo, habida cuenta que se le otorgó libertad de jurisdicción a la responsable para que emitiera otro oficio a través del cual purgara los vicios formales por los que se concedió el fallo protector; entonces de la revisión exhaustiva de la nueva determinación se hace patente que ya no consideró dicho numeral, de lo que se traduce que no es necesario que precise los requisitos descritos en dicho precepto, porque como se reitera no lo consideró para emitir su nueva resolución. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis VI.1o.P.27 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 832 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." Finalmente, no es obstáculo para asumir el sentido de la presente decisión la serie de argumentos externados por la justiciable mediante promoción presentada el doce de febrero del año actual, de cuyo contenido se advierten una serie de disidencias formuladas a fin de evidenciar la ilegalidad del fondo de la decisión asumida por la autoridad responsable; sin embargo el examen de tales argumentos deviene inoperante en la medida en que como ya se destacó los alcances del fallo amparatorio se limitan a perfeccionar vicios de forma, mismos que como ya se vio quedaron suficientemente subsanados en razón de los motivos y fundamentos plasmados por la responsable quien a fin de cumplir el fallo de amparo contaba con plenitud de jurisdicción para asumir el fondo de la decisión. Así, hacer pronunciamiento alguno en relación con las manifestaciones de la quejosa respecto al fondo de la determinación por parte de la responsable, es tanto, como ir más allá de los efectos de la concesión de amparo, pues se reitera que en la sentencia de amparo se le otorgó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para que emitiera una nueva resolución, sin que necesariamente la nueva resolución que emitiera tuviera que ser favorable a las pretensiones de la solicitante; en esa virtud, se concluye que este órgano constitucional no puede calificar la legalidad de la resolución que emitió la responsable, pues esa cuestión como ya se dijo no fue materia de la concesión. Sirve de apoyo a dicho criterio, la jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, del rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". Sin perjuicio de lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la amparista, a fin de que si lo desea los haga valer en la vía correspondiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida con el secretario Faustino Rodríguez Flores, que autoriza y da fe. Para efectos administrativos se precisa: Cumple autoridad: 18/01/2016. Recepción oficio: 20/01/2016 L´FRF/DEY ____ SISE_____ 2909-7 (L´F) DIRECTORA DEL PREDIAL DEL MUNICIPIO DE MÓMAX, ZACATECAS. En los autos del juicio de amparo 1312/2015-7, promovido por María Rosario López Murillo, contra actos de Usted, se dictó el siguiente acuerdo que establece: "Zacatecas, Zacatecas, veintidós de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de ocho de febrero del presente año, se dio vista a la parte quejosa de manera personal con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; vista que desahogó a través de escrito agregado en acuerdo de quince de febrero del año actual; en esa virtud, procédase al análisis correspondiente, a efecto de emitir el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora, a efecto de verificar si se encuentra cumplida, es menester apuntar que la ejecutoria se constituyó con la sentencia dictada por esta autoridad federal el veintiuno de diciembre del año pasado, misma que no fue impugnada dentro del plazo que la ley estipula para ser recurrida en revisión, causando ejecutoria. De ahí que sea necesario traer a glosa en primer lugar el resolutivo en el que se refleja la concesión del amparo: "SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ MURILLO, por su propio derecho, contra el acto de la autoridad precisado en el considerando segundo, punto II.2.1 y para los efectos indicados en el considerando quinto de esta sentencia." Asimismo, es menester reproducir la parte conducente del fallo protector en la que se precisan los efectos de la concesión: ".Deje insubsistente el oficio 33, de veintiséis de junio de dos mil quince. En su lugar emita otro con plenitud de jurisdicción en el que cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación." Como se advierte del efecto puntualizado en el inciso b) transcrito, la concesión de amparo fue en razón de vicios formales del acto reclamado, mismos que se puntualizan en los folios 112 y 113 del fallo comentado (anverso y reverso), cuyo texto en lo conducente es el siguiente: "..Circunstancias que de manera clara y evidente ponen de manifiesto que la autoridad responsable, no fundó ni motivó de manera adecuada, el oficio reclamado, pues omitió exponer de manera clara y precisa el por qué razón no se podía realizar la transmisión de propiedad del testimonio notarial, es decir, no explicó el motivo por el cuál si bien es cierto que el señor Felipe López Martínez sólo era dueño de la nuda propiedad, no se podía transmitir con el usufructo vitalicio, pues no debe perderse de vista que el usufructo en términos de lo previsto por el artículo 283 del Código Civil del Estado de Zacatecas, es un derecho real, temporal, generalmente vitalicio, para usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni sustancia. Ahora bien, en lo relativo a la manifestación de que no se cumplió con el aviso contenido en el artículo 41 de la Ley de Hacienda Municipal, es de indicarse, que la autoridad responsable, fue omisa en precisar cuáles son los requisitos que debe contener el aviso de referencia, pues para ello, no basta con una simple negativa, basada en el supuesto de que ese documento faltó o no se anexó, sin especificar motivo alguno.". Así, para efectos de comprobación, deben traerse a cuenta las acciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, que fue la Directora del Predial del Municipio de Mómax, Zacatecas; y en ese sentido, de la secuela del procedimiento tenemos que: Mediante oficio 34 recibido en este Juzgado el veinte de enero de dos mil dieciséis, la autoridad responsable vinculada al cumplimiento del fallo protector, en exacto cumplimiento a la ejecutoria de amparo dejó sin efectos el oficio 33, de veintiséis de junio del año pasado, y en su lugar dictó otro con libertad de jurisdicción, a través del cual realizó lo siguiente: Expusó los argumentos lógicos jurídicos, para determinar la negativa que tuvo para registrar la solicitud de traslado de dominio respecto del bien inmueble de su propiedad; aduciendo la existencia de una causa inmediata anterior, como el contrato de compraventa celebrada entre Ma. Carmen Martínez como vendedora y sus hijos Felipe y Tomás, ambos de apellidos López Martínez, otorgándole al primero la nuda propiedad y al segundo el usufructo vitalicio del inmueble que ampara la escritura; invocando como preceptos legales para sustentar su determinación en los artículos 1, fracción I, y 27 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Zacatecas, 2490 y 2497 de Código Civil para el Estado de Zacatecas y 14 del Código Fiscal Municipal del Estado de Zacatecas. Información que corroboró con el anexo que acompañó la aludida autoridad oficiante a su comunicación de mérito, consistente en copia certificada de la determinación de que se habla. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, toda vez que se trata de documentos expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones; con las que en su oportunidad se dio vista a la parte quejosa. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas, se evidencia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio; toda vez que en primer lugar dejó insubsistente el oficio 33, de veintiséis de junio del año pasado en la cual con libertad de jurisdicción expusó las razones y fundamentos jurídicos que consideró para determinar negar el traslado de dominio de la finca urbana, ubicada en la calle cinco de mayo sin número, propiedad de la quejosa, misma que se encuentra en el municipio de Momax, Zacatecas. Ahora, si bien la autoridad no precisó cuáles son los requisitos que debe contener el aviso de referencia previsto en el numeral 41 de la Ley de Hacienda Municipal, no es obstáculo para que se tenga por cumplida la sentencia concesoria de amparo, habida cuenta que se le otorgó libertad de jurisdicción a la responsable para que emitiera otro oficio a través del cual purgara los vicios formales por los que se concedió el fallo protector; entonces de la revisión exhaustiva de la nueva determinación se hace patente que ya no consideró dicho numeral, de lo que se traduce que no es necesario que precise los requisitos descritos en dicho precepto, porque como se reitera no lo consideró para emitir su nueva resolución. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis VI.1o.P.27 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 832 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." Finalmente, no es obstáculo para asumir el sentido de la presente decisión la serie de argumentos externados por la justiciable mediante promoción presentada el doce de febrero del año actual, de cuyo contenido se advierten una serie de disidencias formuladas a fin de evidenciar la ilegalidad del fondo de la decisión asumida por la autoridad responsable; sin embargo el examen de tales argumentos deviene inoperante en la medida en que como ya se destacó los alcances del fallo amparatorio se limitan a perfeccionar vicios de forma, mismos que como ya se vio quedaron suficientemente subsanados en razón de los motivos y fundamentos plasmados por la responsable quien a fin de cumplir el fallo de amparo contaba con plenitud de jurisdicción para asumir el fondo de la decisión. Así, hacer pronunciamiento alguno en relación con las manifestaciones de la quejosa respecto al fondo de la determinación por parte de la responsable, es tanto, como ir más allá de los efectos de la concesión de amparo, pues se reitera que en la sentencia de amparo se le otorgó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para que emitiera una nueva resolución, sin que necesariamente la nueva resolución que emitiera tuviera que ser favorable a las pretensiones de la solicitante; en esa virtud, se concluye que este órgano constitucional no puede calificar la legalidad de la resolución que emitió la responsable, pues esa cuestión como ya se dijo no fue materia de la concesión. Sirve de apoyo a dicho criterio, la jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, del rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". Sin perjuicio de lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la amparista, a fin de que si lo desea los haga valer en la vía correspondiente. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. "

  4. Principal

    En quince de febrero de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, doy cuenta al secretario en funciones de Juez con un escrito registrado con el número 2854.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el escrito que suscribe la quejosa María Rosario López Murillo, por medio del cual desahoga la vista que se le formuló en proveído de ocho de febrero de dos mil dieciséis, y para tal efecto realiza las manifestaciones que considera pertinentes. Ahora bien, dichas alegaciones serán tomadas en cuenta al momento de pronunciarse respecto al cumplimiento otorgado por la responsable en el juicio de amparo que nos ocupa. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en Funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe. Cecy*

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