María Rosario Correa Martínez
Expediente 907/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/07/2019
Partes del expediente
- María Rosario Correa Martínez
Actuaciones
- Principal
MESA I Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio recibido vía interconexión procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional el auto de doce de julio de dos mil diecinueve, en el cual se advierte que aceptó la competencia declinada por este Juzgado Federal y que admitió a trámite la demanda de amparo. Glósense a los autos el oficio de mérito y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues este juzgado se declaró incompetente para resolver el presente juicio. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Asimismo, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
MESA I. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por ***** por derecho propio, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia de la unión, contra actos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 907/2019-I. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda y desahogo de la misma se obtiene que la parte quejosa reclama: - La resolución dictada el seis de junio de dos mil diecinueve, en el expediente 330/2019 del índice de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, que confirmó la resolución de veintiuno de febrero del año en curso, emitida por la Séptima Sala Regional en el juicio 588/2018 por la cual decretó el sobreseimiento del juicio, por considerar que la rectificación de un acta por cuanto hace al nombre de la persona no es un acto administrativo. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." INCOMPETENCIA. En ese sentido, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Por su parte, los artículos 34 y 47, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de esos asuntos, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Esto es, procede el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por estas últimas las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. En el caso, el promovente de la demanda reclama: La resolución dictada el seis de junio de dos mil diecinueve, en el expediente 330/2019 del índice de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, que confirmó la resolución de veintiuno de febrero del año en curso, emitida por la Séptima Sala Regional en el juicio 588/2018 por la cual decretó el sobreseimiento del juicio, por considerar que la rectificación de un acta por cuanto hace al nombre de la persona no es un acto administrativo. Como se observa, se trata una resolución definitiva dictada dentro del expediente 330/2019, lo anterior se afirma, dado que los efectos que produce el acto reclamado son de aquéllos que ponen fin al procedimiento de donde deriva el acto reclamado, esto en razón de que a través de la resolución reclamada se confirmó la resolución de veintiuno de febrero del año en curso, emitida por la Séptima Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México en el juicio 588/2018 por la cual decretó el sobreseimiento de dicho asunto; de ahí que los efectos del acto reclamado sean de aquéllos que ponen fin al juicio. En efecto, se afirma que la competencia del presente asunto es en la vía uni-intancial, pues del análisis de la determinación que se reclama se advierte que a través de ésta se puso fin al procedimiento jurisdiccional de origen, pues con la determinación que se combate, el Tribunal responsable resolvió en definitiva el procedimiento natural, es decir, lo da por terminado, por ende, tal resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de una resolución que pone fin al procedimiento de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la ley de la materia, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por lo que corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en turno, en vía de amparo uni-instancial Sirve de apoyo a lo anterior por aplicación analógica, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 287, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1993, Octava Época, con número de registro 216290, que establece: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA CIVIL, CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, PARA LA PROCEDENCIA DEL. En los términos de los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de garantías ante los Tribunales Colegiados de Circuito, debe entenderse por sentencia definitiva la que decide una controversia en lo principal, estableciendo el derecho de las partes que litigaron en cuanto a la procedencia o improcedencia de las acciones y de las excepciones deducidas en el juicio de origen; siempre que respecto de ese fallo ya no proceda ningún recurso o medio de defensa ordinarios, por los cuales pudiera ser modificada o reformada." Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 485, tomo II, Segunda parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1988, octava época, con número de registro 230494, que dice: "RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO, CONCEPTO DE. CASO EN QUE NO SE SURTE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Carta Magna, 46 y 158 de la Ley de Amparo y 44, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de circuito son competentes para conocer de los juicios de amparo directo promovidos contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por lo que atañe a esta última categoría, el precepto 46 de la Ley de Amparo las define como aquellas que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto del cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Consecuentemente, para determinar cuándo se está en presencia de una "resolución que haya puesto fin al juicio" debe advertirse que el acto reclamado: a) No haya decidido el juicio en lo principal; b) Que lo dé por concluido; y c) Que contra dicho acto no proceda ningún recurso o medio de defensa legal. Ahora bien, cuando se trata de establecer la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos en que se reclama una resolución a la que se le atribuye esa naturaleza, debe atenderse a los dos primeros requisitos señalados, como cuestión previa, porque el tercero de ellos vendrá a determinar no la competencia del órgano sino la procedencia de la acción constitucional. Luego, como los requisitos en cuestión se delimitan por el término "juicio", resulta imprescindible referirse a éste. Por procedimiento se entiende una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un acto de autoridad, un conflicto sometido a su decisión. Dicho procedimiento debe siempre examinarse desde un punto de vista configurativo; la simple secuencia de actos no constituyen un proceso sino un procedimiento y que éste da inicio o se activa, precisamente, por medio de la presentación de la demanda que viene a ser el escrito inicial del procedimiento. A diferencia del procedimiento, el juicio es aquella controversia que ha de dirimir el órgano juzgador y se inicia propiamente cuando se hace del conocimiento de la demandada la pretensión del actor, lo que generará un virtual conflicto de intereses de tal forma que el juicio será el litigio dentro del proceso, cuya finalidad será la decisión de la controversia mediante la aplicación del derecho a través de un fallo que adquirirá, en lo futuro, la calidad de cosa juzgada; que el juicio como tal no da comienzo, concomitantemente, con el momento en que es admitida la demanda, pues pudiera darse el caso de que verificado esto no se corriera traslado de la misma al demandado y, sustanciado todo el procedimiento, se dictase ilegalmente una sentencia dirimiendo un conflicto que en la realidad no tuvo existencia jurídica; y que, cuando un órgano juzgador desecha una demanda pone fin al procedimiento iniciado, precisamente, con la presentación de ese documento y no al juicio porque este se verificaría cuando, después de notificada a la demandada la pretensión del actor, sobreviniese cualquier resolución que le pusiera fin, sin decidir en lo principal la cuestión planteada, hipótesis ésta en la que se dará lugar a la impugnación del acto mediante el juicio de amparo directo. (Amparo en revisión 1763/88, promovido por la sucesión de David Torres Bravo, fallado el trece de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho). Conforme a estos principios el "juicio" sólo se inicia cuando se hace del conocimiento de la demandada la pretensión del actor. Por lo consiguiente, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo directo lo constituye una resolución de tribunal Judicial, Administrativo o del Trabajo, que desecha la demanda o, en su caso, confirma ese desechamiento, no se surte la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del asunto porque tal acto no puede ser considerado como una resolución que haya puesto fin al juicio, en la medida en que éste no llegó a configurarse, sino que tal desechamiento constituye un acto, que, fuera de juicio, puso fin al procedimiento. Por lo tanto, si se reclama mediante el juicio de garantías una resolución que se traduce en el desechamiento de la demanda, como escrito inicial del procedimiento, la competencia para conocer de ese asunto recae en los Juzgados de Distrito según lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo." Finalmente, sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia P./J. 6/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, del Libro 17, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil quince, Décima Época, con número de registro 2008791, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por tanto, con apoyo en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto sea turnado administrativamente al Tribunal Colegiado en turno correspondiente y conozca del acto reclamado en el presente auto. Solicítese a la superioridad el acuse de recibo correspondiente y con copia autógrafa de este acuerdo y certificada de la demanda de amparo, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. AUTORIZADOS. En atención a la certificación precedente y de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen por autorizados en términos amplios a ******** no así de la restante persona, limitación que subsistirá hasta en tanto tenga registrada ante este juzgado de distrito su cédula profesional o autorización para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ello acorde con lo dispuesto por el acuerdo general 24/2005 del Consejo de la Judicatura Federal que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su proemio de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la legislación en cita, se ordena habilitar horas y días inhábiles, para realizar las notificaciones relacionadas con este juicio de amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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