Maria Rosalinda Diaz Salgado
Expediente 1639/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1639/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/12/2019
Partes del expediente
- Maria Rosalinda Diaz Salgado
Actuaciones
- Principal
MESA V. Toluca, Estado de México; veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y otra autoridad. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1639/2019-V. DESECHAMIENTO. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referidas en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, este juzgador interpreta que el acto reclamado se hace consistir en: El oficio 3935/2019 de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, a través del cual el Juez responsable ordena al Secretario de Seguridad del Estado de México, la búsqueda, localización, detención y aseguramiento del vehículo Marca ***, tipo **, versión ***, color ***, Serie ***, Motor ***, Modelo **, placas de Circulación ** del Estado de México y su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia estatuida en la fracción XII, del artículo 61, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo. Ello, porque el ordinal 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se debe seguir siempre a instancia de parte agraviada. En efecto, el numeral 61, fracción XII, de la legislación de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Dicho dispositivo, en lo que aquí interesa, prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecten intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Por otro lado, los artículos 5°, fracción I, y 6°, de la ley de la materia, disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En dichos numerales se prevé uno de los principios que rige el juicio de amparo, consistente en que éste sólo es procedente a instancia de parte agraviada. Lo anterior significa que un juicio de amparo no se puede iniciar de oficio por un tribunal, sino que siempre se deberá promover por aquel que considere que una ley o acto de autoridad vulnera su esfera jurídica, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o por su apoderado; por su defensor si se trata de un acto que corresponda a un procedimiento penal, por medio de cualquier persona en los casos en que la ley de amparo lo permita de manera expresa; y sólo se podrá seguir por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Bajo ese entendido, cabe destacar que por "agravio", se debe entender todo menoscabo u ofensa a la persona (física o moral), que puede ser o no patrimonial, siempre que sea material y apreciable de manera objetiva. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el promovente, debe ser real y no sólo subjetivo; y, ese agravio debe recaer en persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto ni genérico y de realización pasada, presente o inminente; es decir, se debe haber producido o estar efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no sólo eventual, aleatorio o hipotético. Por ello, los actos probables no engendran agravio, ya que resulta indispensable que aquellos existan o haya elementos de los cuales se pueda deducir su realización futura con certeza. Luego, el agravio implica causar daño, un menoscabo patrimonial o no patrimonial, o un perjuicio, no considerado como la privación de una garantía lícita, sino como cualquier afectación cometida a la persona en su esfera jurídica. La presencia del daño o del perjuicio constituye, pues, el elemento material de agravio, pero no basta que exista dicho elemento para que haya una afectación desde el punto de vista jurídico, sino que es menester que sea causado o producido en determinada forma. En efecto, es necesario que el daño o perjuicio sean ocasionados por la autoridad al transgredir una garantía individual. Por ello, para que el agravio pueda ser causa generadora del juicio de amparo, necesita también ser personal, esto es, que recaiga sobre persona determinada (física o moral). Por ende, todos aquellos daños o perjuicios en que se pueda manifestar el agravio que no afecten a persona especificada de manera concreta, no se pueden reputar como agravios desde el punto de vista constitucional y no originan por tanto, la procedencia del amparo. Además de la personal determinación del agravio, éste debe ser directo, lo cual significa que sea de realización presente, pasada o futura de manera inminente. En consecuencia, aquellas posibilidades o eventualidades en el sentido de que cualquier autoridad cause a persona determinada daño o perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no se pueden reputar como integrantes del concepto de agravio. Por ende, el agravio se traduce en daños o perjuicios que experimente una persona en los diversos bienes u objetos tutelados de forma constitucional mediante las garantías individuales en especial, ya que los bienes jurídicos de un sujeto son algo real, objetivo, de existencia ontológica, pues, los entes ideales, considerados como meras suposiciones del individuo producto de una elaboración subjetiva son indiferentes al Derecho. Por ello, toda afectación de los bienes u objetos protegidos de manera jurídica debe participar de la naturaleza real u objetiva de éstos, a fin de que sea susceptible de reparación por el Derecho. En ese sentido, cuando los daños y perjuicios que una persona pueda sufrir en sus diversos bienes jurídicos no afectan de forma real u objetiva a éstos, no se puede decir que exista un agravio en el sentido jurídico del concepto; pues, si las afectaciones que constituyen un agravio deben ser reales, es evidente que su causación o existencia es susceptible de apreciación objetiva, por lo que, cuando exista daño o perjuicio en los bienes jurídicos del quejoso, tal circunstancia debe ser estimada por el Juez de Distrito. En ese orden de ideas, se debe estimar que en la especie la peticionaria del amparo, no satisface el requisito indispensable para la promoción del juicio constitucional, relativo al agravio personal y directo por el motivo siguiente: Ahora bien, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para un Juez de Distrito un "hecho notorio" lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan, que pueden tomarse en cuenta aunque ninguna de las partes lo alegue. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia XXII J/2, publicada en la página 295 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, Novena Época, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Por tanto, al tener a la vista el juicio de amparo 1619/2019-VI, de nuestro índice, se advierte lo siguiente: Quejoso: **, por propio derecho Autoridades responsables: Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y otra autoridad. Acto reclamado: El oficio 3935/2019 de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, a través del cual el Juez responsable ordena al Secretario de Seguridad del Estado de México, la búsqueda, localización, detención y aseguramiento del vehículo Marca **, tipo *, versión **, color ***, Serie ***, Motor **, Modelo *, placas de Circulación ** del Estado de México y su ejecución. Mediante proveído de dieciséis de diciembre de este año, se desechó dicha demanda, toda vez que el promovente careció de legitimación para promover la acción constitucional intentada, toda vez que no acreditó ni de manera presuntiva tener la propiedad del vehículo que defendía (Marca **, tipo **, versión **color **, Serie ***, Motor **, Modelo **, placas de Circulación ***del Estado de México), toda vez que de sus propias manifestaciones que, bajo de protesta de decir verdad, realizó en su demanda de amparo refirió que dicho auto es propiedad de Banorte (Banco Mercantil del norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte), de ahí que el garante careció de legitimación para instar el presente juicio de amparo. Juicio de amparo que tiene relación con el juicio en que se actúa, pues se versan sobre el mismo bien mueble -automóvil Marca **, tipo **, versión ***, color ***, Serie ***, Motor **, Modelo **, placas de Circulación ***del Estado de México-, lo cual se precisa para los efectos legales conducentes. Como justificación a lo anterior, agréguense a los presentes autos copias certificadas de la papeleta de turno, demanda y auto de desechamiento relativas al juicio 1619/2019-VI, de este índice. Así las cosas, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional. Ahora bien, en el caso, se considera que la promovente carece de legitimación para promover la acción constitucional, habida cuenta que el acto reclamado no le causa agravio material en su esfera jurídica, pues la promovente no acredita ni de manera presuntiva tener la propiedad del vehículo que defiende en esta vía, por lo que resulta evidente que el acto que aquí reclama la justiciable no le causa un agravio personal y directo, lo que se robustece con el hecho notorio realizado del diverso juicio de amparo 1619/2019-VI, del que se deprende que el automóvil materia del acto reclamado es propiedad de Banorte (Banco Mercantil del norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte), de ahí que la impetrante carece de limitación para instar el presente juicio de amparo. Por lo que al no surtirse el supuesto de procedibilidad previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe declararse improcedente. Es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 117, del Tomo CXXX, del Semanario Judicial de la Federación, octubre de mil novecientos cincuenta y seis, Quinta Época, con número de registro 316003, que establece: "LEGITIMACIÓN PARA LA ACCIÓN DE AMPARO Y RECURSOS Y ACCIONES INCIDENTALES." Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito publicada en la página 1907, del Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil nueve, Novena Época, con número de registro 167493, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO." En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, y dado que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º, párrafo primero, aplicado en sentido contrario, se desecha de plano la demanda promovida por ***, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Conforme a lo establecido en el artículo 26, fracción III de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. SEÑALAMIENTO DE AUTORIZADOS. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como para recibir documentos y valores, a la persona indicada en el proemio de la demanda de amparo, dado que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, limitación que subsistirá hasta en tanto realicen el registro correspondiente y lo comuniquen a este juzgador mediante nueva promoción. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.
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