Maria Rosa Vivanco Espinoza
Expediente 984/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maria Rosa Vivanco Espinoza
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *********; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que en su demanda de amparo la quejosa ********, designó autorizados y señaló el medio para que se le practiquen las notificaciones en el presente asunto; en tal virtud, se provee: Se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario ***; en el entendido que se tiene como sitio para recibir notificaciones personales, en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, en razón de que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico y constituye una opción para recibir notificaciones. La analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, deberá habilitar los usuarios de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En el entendido que si ya se realizó alguna notificación por ese medio, respecto del presente asunto, surtirá todos sus efectos, al ser el designado por la parte quejosa en su escrito de demanda. Autorizados de la parte quejosa. Se tienen como autorizados en los términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, en atención a que la accionante no proporcionó dato alguno con el que se acredite que estas personas tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (verbigracia el número de cedula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito), hasta en tanto se subsane dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el juez Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato, al que adjuntó el original del juicio de amparo 960/2019 de su índice, promovido por **********, en contra de actos Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, así como seis copias de la demanda de amparo respectiva. Lo anterior, en virtud de que estimó que corresponde a esta potestad jurisdiccional el conocimiento de dicho reclamo, en términos de lo dispuesto por los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por haber sido sustanciado en este Juzgado el diverso juicio de amparo 297/2019, en el que se analizó el mismo expediente administrativo 46, fracción II además de que la resolución impugnada fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en dicho amparo 46, fracción V Por tanto, al compartir el criterio del homólogo oficiante, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, en relación exclusivamente con el invocado 46, fracción V, del citado Acuerdo Plenario, este juzgado federal acepta conocer de la demanda de amparo remitida y se avoca a su conocimiento. Acúsese recibo. Dese aviso de lo anterior a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Celaya, Guanajuato, a fin de equilibrar las cargas de trabajo, tal y como así lo ordena el citador ordinal 46. Desechamiento de la demanda de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, se advierte que la parte quejosa reclama el oficio CAJ/DCyN/5599/2019 de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, signado por el apoderado legal de la Secretaría de Salud y/o Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, por el que: - Se le suspenden los beneficios del Seguro Popular. - Se le da de baja del padrón de beneficiarios de dicho Sistema de Salud. - Se le niega la re afiliación al Seguro Popular del Sistema de Protección Social en Salud. Así, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. La disposición transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos distintos de los emitidos por tribunales judiciales que deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, y no se hubiere agotado antes de promover aquél. El principio de definitividad rector del juicio constitucional encuentra su justificación en que al tratarse de un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe acudir a las instancias ordinarias que produzcan la insubsistencia del acto de autoridad antes de promover el amparo. La promovente reclama, como se dijo, el oficio CAJ/DCyN/5599/2019 de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, signado por el apoderado legal de la Secretaría de Salud y/o Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, por el que, entre otras cuestiones, se le da de baja en Sistema de Protección de Salud, del Seguro Popular, que al efecto anexa, y del que se desprende que la autoridad responsable expuso las razones y fundamentos legales por las que considera que no es posible resolver de manera satisfactoria su solicitud de incorporación al régimen de protección social en salud (seguro popular), por contar con derechohabiencia al Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS Ahora, la improcedencia del juicio constitucional deriva de que dichos actos, debieron ser combatidos por la parte quejosa a través del medio de impugnación que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevé para ello, al haber sido emitido por una autoridad de la entidad. En efecto, los artículos 1. fracción I, 226, 227, 249 y 255 del cuerpo de leyes en cita, establecen: Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen por objeto regular: I. Los actos y procedimientos administrativos de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado de Guanajuato y de sus municipios; y II. La justicia administrativa en el Estado de Guanajuato, la cual se impartirá a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de los Juzgados Administrativos Municipales. Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido. Artículo 249. Los procesos administrativos que se promuevan ante el Tribunal o los Juzgados se regirán por las disposiciones de los Libros Primero y Tercero de este Código. Artículo 255. El actor podrá solicitar: I. La nulidad del acto o resolución impugnado, cuando no haya sido emitido conforme a derecho; II. El reconocimiento de un derecho amparado en una norma jurídica; y III. La condena a la autoridad para el pleno restablecimiento del derecho violado, en los términos de la Ley respectiva. De los trascritos preceptos se colige que: I) Las disposiciones de dicho ordenamiento, además de ser de orden público, tienen por objeto regular, entre otros, los actos y procedimientos administrativos de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado de Guanajuato y sus municipios; II) La justicia administrativa en el Estado de Guanajuato, se impartirá a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de los Juzgados Administrativos Municipales; III) Los sujetos afectados por los actos administrativos podrán interponer, a su elección, el recurso de inconformidad en contra de los actos o resoluciones administrativas o intentar el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato; lo que revela que el recurso de inconformidad es de naturaleza opcional; empero, el juicio contencioso ante autoridad jurisdiccional es obligatorio. En esta condición, de manera previa a la promoción del juicio de amparo, para obtener el pleno restablecimiento del derecho violado por no cumplir el acto con los elementos que para tal efecto establece el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el quejoso se encuentra obligado a instar el proceso administrativo ante autoridad jurisdiccional. Lo anterior es así, pues no obstante que también se advierte como medio de impugnación la inconformidad tal recurso no prevé la suspensión del acto o resolución administrativa, por lo que debe interpretarse el artículo 256 del citado código conforme al cual, cuando las leyes o reglamentos establezcan algún recurso o medio de defensa, el particular debe agotar el proceso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o los Juzgados Administrativos Municipales. Además se precisa, que en la ley que rige el medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo, máxime que tiene por efecto nulificar los actos emitidos por autoridades administrativas. Cobra vigencia sobre el particular, la jurisprudencia XVI.1.A. J19 10a. sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, publicada el diecisiete de abril de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible artículo 268, en relación con el 275, tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria artículo 144; los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables artículos 276 del código y 135 de la ley. No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo artículo 136 expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos artículo 275. Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo. Cabe destacar que en el caso las violaciones alegadas no solo involucran aspectos de constitucionalidad, en atención a que aunque la parte quejosa aduce transgresión a su derecho fundamental a la salud consagrado en el artículo 4, también destaca en el concepto de violación identificado como segundo que el acto reclamado se encuentra indebidamente fundado y motivado, pues no existe alguna disposición legal en la que pueda sustentar que el suscrito cuenta con la cobertura del sistema de salud o que dicho instituto me pueda atender De esa manera, si el acto aquí controvertido se justifica y motiva con las disposiciones legales que, a juicio de la autoridad, resultan aplicables y la parte quejosa hace notar, como causa de pedir, que no existe normatividad que permita resolver en el sentido que se hizo, es evidente que se está ante una litis de legalidad que debe ser dilucidada en sede ordinaria, donde puede, inclusive, obtener la suspensión del acto. Sin perjuicio de que, en su caso, el promovente sí controvierte la legalidad de la resolución reclamada, existe una razón adicional que lo obliga a agotar el principio de definitividad, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de instar los recursos ordinarios; a saber: no puede imperar el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Es aplicable la tesis XIX.1.1k emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo I, página 177, abril de mil novecientos noventa y cinco, de rubro y texto: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CORRESPONDE A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES Y NO A LOS PARTICULARES DETERMINAR SI DEBE AGOTARSE O NO. No basta que el peticionario de garantías haga valer en su demanda exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal para exonerarlo de agotar el principio de definitividad, sino que el juzgador debe examinar en cada caso concreto el acto autoritario para determinar si carece o no de la debida fundamentación, como exige el artículo 73, fracción XV, último párrafo, de la Ley de Amparo para proceder en consecuencia; ya que de otra manera quedaría al arbitrio del quejoso y no del órgano jurisdiccional determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse. También sirve de orientación la parte conducente de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, registro 237489, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 175-180, tercera parte, página 119, de rubro y texto: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. En ese contexto, se concluye que el acto reclamado puede ser combatido mediante el recurso de inconformidad o mediante el juicio contencioso ante autoridad jurisdiccional. Además de que la Ley de la materia no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado. Por tanto, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a accionar a este órgano de control constitucional debió agotar la instancia ordinaria para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Así, al actualizarse de forma notoria e indudable la causal de improcedencia ya detallada, se desecha de plano la demanda, promovida por **********.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- María Rebeca Odilia Araiza Molina212/2022
- María Rebeca Odilia Araiza Molina832/2022
- María Refugio Barrera Canchola891/2022
- María Rosa Moreno Trujillo413/2021
- María Rosa Moreno Trujillo474/2021
- María Rosa Vivanco Espinosa297/2019
- María Rosalinda Escalante Gloria498/2018
- María Rosalinda Escalante Goria645/2022
- María Ruíz Tovar972/2023
- María Salud Rico Mejía475/2016
- Maria Santos Montoya Prieto329/2023
- Maria Senorina Muro Flores262/2022