María Rosa Moreno Trujillo

Expediente 413/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
413/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • María Rosa Moreno Trujillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Juez Primero Civil de Salvatierra, Guanajuato, mediante el cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente expediente. Se ordena comunicarle lo siguiente: 1.- Por proveído de doce de julio del año en curso, este juzgado tuvo por recibida la demanda de los quejosos y determinó la separación de causas, respecto de los actos reclamados consistentes en: a) El citatorio de dieciocho de marzo del año dos mil veinte, así como, la notificación de diecinueve de marzo siguiente, respecto de la interposición del incidente de liquidación de Intereses, dentro del juicio ejecutivo mercantil ******************** del índice de la autoridad oficiante. b) La audiencia de remate en primera y pública almoneda de fecha cuatro de mayo del año dos mil veintiuno, dictada en ese mismo expediente, así como sus consecuencias legales. 2.- En el mismo auto de doce de julio del año en curso este juzgado admitió el conocimiento del primero de los actos y, por lo que corresponde al segundo de ellos, remitió el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, a fin de que lo enviara al juzgado que correspondiera por razón de turno. 3.- En el propio acuerdo de doce de julio, se desechó la demanda en lo tocante al acto descrito previamente en el inciso a). 4.- En el diverso acuerdo de veintidós de julio siguiente se declaró la firmeza del desechamiento de la demanda y se ordenó el archivo definitivo del presente expediente. Lo que se ordena hacer del conocimiento a la autoridad oficiante para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos ***** y *****, interpusieran recurso de queja contra el auto doce de julio de dos mil veintiuno, por el cual se DESECHÓ la demanda de amparo y ordenó la separación de autos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho auto queda FIRME para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). ? Valoración de archivo Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, una vez que transcurran y contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, agréguese el escrito cuenta signado por los quejosos ***** y ******; atento a su contenido, dígaseles que se estén a lo acordado en el presente proveído.

  3. Principal

    Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por los quejosos *** y *****; por tanto, con el citado ocurso se le tiene cumpliendo en tiempo y forma la prevención formulada en auto de seis de julio de año en curso. Separación de juicios. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda y escritos aclaratorios, se desprende que la parte quejosa reclama: El citatorio de dieciocho de marzo del año dos mil veinte, así como, la notificación de diecinueve de marzo del año dos mil veinte, respecto de la interposición el incidente de liquidación de Intereses, dentro del juicio ejecutivo mercantil ****, de la estadística del Juzgado de Partido Primero Civil de Salvatierra, Guanajuato De la autoridad ordenadora, la audiencia de remate en primera y publica almoneda de fecha cuatro de mayo del año dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente ****, de la estadística del Juzgado de Partido Primero Civil de Salvatierra, Guanajuato, así como sus consecuencias legales. De lo anterior se coligue que los actos que se reclaman se encuentran desvinculados entre sí, lo que no permite sean estudiados de manera conjunta en la presente vía constitucional, es decir, en la misma pieza de autos. Ello es así, pues es criterio reiterado de los tribunales federales, que el incidente de liquidación de intereses es un acto autónomo a la ejecución de sentencia, y el remate propiamente es un acto de ejecución, de ahí que estén desvinculados entre sí. En consecuencia, a fin de no violentar las reglas que rigen el juicio de amparo, de oficio este tribunal ordena la separación de autos, a fin de no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión. Cobra aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la tesis número I.3o.C.72 K (10a.), Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, registro: 2009070, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y contenido siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ. La figura de la separación de juicios de amparo fue instaurada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", a partir de una institución jurídica distinta, como es la acumulación de los procedimientos constitucionales, establecida en el artículo 57 de la Ley de Amparo abrogada; figura que no prevé la vigente. No obstante, ello no impide que conforme a este último ordenamiento se decrete la separación de los juicios de amparo cuando el quejoso reclame actos distintos atribuidos a autoridades diferentes. Lo anterior, porque aun cuando la figura de la acumulación no tenga sustento en la Ley de Amparo, sí lo tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente (artículo 72, primer párrafo). En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, publicada el 2 de abril de 2013, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí." En tales condiciones, en el juicio que se actúa se analizará únicamente la constitucionalidad del acto reclamado consistente en el citatorio de dieciocho de marzo del año dos mil veinte y la notificación de diecinueve de marzo del año dos mil veinte, respecto el incidente de liquidación de Intereses y las posteriores notificaciones, dictadas dentro del expediente ejecutivo mercantil ***, de la estadística del Juzgado de Partido Primero Civil de Salvatierra, Guanajuato. Por cuanto hace al diverso atribuido a la autoridad ordenadora, la audiencia de remate en primera y publica almoneda de fecha cuatro de mayo del año dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente ejecutivo mercantil ****, de la estadística del Juzgado de Partido Primero Civil de Salvatierra, Guanajuato, así como sus consecuencias, deberá analizarse en un expediente diverso. Remisión a la oficina de correspondencia común Por tanto, con copia certificada de la demanda y de todo lo actuado en el presente juicio, se ordena formar cuaderno de amparo por separado, y remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, a efecto de registre un nuevo juicio de amparo promovido por **** y *****; y lo remita al órgano que por turno corresponda. - se anexan seis copias simples de la demanda y escritos aclaratorios Hechas las precisiones que anteceden, se provee: Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de demanda, con fundamento en los artículos 1°, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, pues el suscrito considera que se actualiza la causa improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior a Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. Ahora bien, con el objeto de demostrar por qué se estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, se precisa que los quejosos **** y ****, manifestaron bajo protesta de decir verdad que son parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil ****, de la estadística del Juzgado de Partido Primero Civil de Salvatierra, Guanajuato, y que no acuden a esta instancia como terceros extraños. En ese orden, cabe señalar que el acto reclamado en este juicio de amparo, consiste en el citatorio de dieciocho de marzo del año dos mil veinte, y la notificación de diecinueve del mismo mes y año, respecto de la interposición del incidente de liquidación de intereses, dentro del juicio ejecutivo mercantil ****. Acto, contra el cual el Código de Comercio, prevé un medio de defensa ordinario, esto es, el incidente de nulidad de actuaciones. En efecto, la fracción V, del artículo 1345 del Código de Comercio prevé que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente. Así, de dicho numeral se puede inferir que la legislación procesal mercantil reconoce la existencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el cual se puede impugnar tanto los defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se prevea de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación. Así las cosas, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales por los que se hace formalmente del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento. Es decir, se busca verificar que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento Por tanto, se considera que el medio de impugnación idóneo en contra de un auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, así como, la propia notificación es el incidente de nulidad de actuaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas. Así lo consideró, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 68/2019 (10a.), que dice: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad. Por lo expuesto, es evidente que la parte quejosa debió promover el incidente de nulidad de actuaciones en contra del citatorio de dieciocho de marzo del año dos mil veinte, y la notificación de diecinueve del mismo mes y año, sobre la interposición del incidente de liquidación de intereses, dentro del expediente ejecutivo mercantil ****, previo a promover el presente juicio constitucional, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo es improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tanto que no se advierte que se esté en alguno de los supuestos de excepción que el mismo prevé. Se afirma ello, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, tampoco alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en un acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa. De igual forma, se destaca que la solicitante del amparo, no es persona extraña al procedimiento, dado que es parte en el juicio de origen, aunado a que manifestaron bajo protesta de decir verdad que no se ostentan con ese carácter; en virtud de lo anterior, está sujeta a las reglas que rigen esa relación procesal, estando en posibilidad de defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto y, por tanto, obligada a cumplir con los principios rectores del juicio de amparo, entre ellos, el de definitividad. Esto, porque al intervenir como parte en un procedimiento jurisdiccional se adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellos actos u omisiones que le perjudiquen, pues de no hacerlo, incumple con el referido principio de definitividad, exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. Finalmente, tampoco se está en el supuesto de que el incidente de nulidad de actuaciones que debió agotar la parte quejosa, deba sujetarse a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo, máxime que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación definió la procedencia de ese recurso. En tal sentido, no nos encontramos ante un caso de excepción, en el que no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios previos a la promoción del amparo, por lo que la procedencia del juicio constitucional está condicionada al cumplimiento del principio de definitividad, de acuerdo con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado.

  4. Principal

    Agréguense los escritos de cuenta, suscrito por los quejosos ******** y **************, mediante los cuales pretenden dar cumplimiento al requerimiento contenido en auto veintitrés de junio del año en curso. En primer lugar, cabe señalar que se tiene por desahogada una de las prevenciones realizadas en el referido auto, dado que la parte quejosa adjunta copias suficientes de su demanda para correr traslado. Sin embargo, no se puede tener por desahogada a cabalidad la prevención realizada en auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, pues la parte quejosa no expresó BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cada uno de los puntos que fueron materia de la prevención. De ahí que incumplió, lo requerido, y por ende, subsiste el requerimiento, apercibimiento y el término, contenidos en el proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Hágase saber a la quejosa que, acorde con el auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, le restan dos días para cumplir con la prevención. Ello es así, pues el escrito de cuenta fue presentado el dos de julio del presente año, esto es, cuando solamente habían transcurrido tres días de los cinco otorgados en primer término, por lo que aún le quedan dos días para cumplir a cabalidad con lo prevenido. Lo anterior, en el entendido de que ese término se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, a efecto de que esté en condiciones de desahogar en sus términos la prevención planteada, así como para que tenga conocimiento de este acuerdo. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, de noviembre de dos mil tres, página ciento treinta y tres, de rubro: "AMPARO, ACLARACIÓN DE DEMANDA, SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Así como la jurisprudencia 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro expone: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO, EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." -Domicilio de la parte quejosa. Por otro lado, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno; para que señalaran domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hasta la fecha hayan señalado domicilio en esta localidad, no obstante de encontrarse debidamente notificados para ello como se advierte de las constancias que obran en autos. Antes bien, la parte quejosa insiste en señalar domicilio fuera de la localidad de este juzgado. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído, y háganseles la presente notificación, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción III y 29 de la Ley de Amparo.

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