María Rojas Sánchez

Expediente 1105/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1105/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • María Rojas Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la impetrante de amparo reclamó del Registro Agrario Nacional, Delegación Oaxaca: La omisión de dar respuesta a su solicitud de trámite recibida en ese órgano registral el veinticuatro de junio de dos mil veintidós [por el que solicitó la corrección del de su certificado parcelario 1042045]; en el cual se encuentra inmerso la omisión de dar respuesta al oficio T.U.A.21.S.A.18/2023 de cuatro de agosto, que tenía la misma finalidad. Ahora bien, este juzgado advierte que respecto al acto reclamado por la quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que indica: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, puesto que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del normativo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector ante la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por razón de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los arábigos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Precisado lo anterior, enseguida debe tenerse presente que la quejosa María Rojas Sánchez -como se anticipó- reclama del Registro Agrario Nacional, Delegación Oaxaca, la omisión de dar contestación a su solicitud de trámite recibida el veinticuatro de junio de dos mil veintidós [por el que solicitó la corrección del de su certificado parcelario 1042045]; en el cual se encuentra inmerso la omisión de dar respuesta al oficio T.U.A.21.S.A.18/2023 de cuatro de agosto, que tenía la misma finalidad [diera respuesta a la quejosa respecto a su solicitud de mérito] y que de la constancia que obra en este sumario, en particular del oficio SR´CC´001/2023/D, se advierte que el registrador del Registro Agrario Nacional Oaxaca procedió a dar respuesta a la solicitud de la parte quejosa; la cual, fue notificada a la impetrante de amparo por conducto de este órgano jurisdiccional [por así solicitarlo la autoridad responsable] el veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. En esos términos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto del acto impugnado al Registro Agrario Nacional, Delegación Oaxaca; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. Lo anterior, tiene respaldo en la tesis aislada P. CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto del acto que la parte quejosa reclamó al Registro Agrario Nacional, Delegación Oaxaca. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, registro digital 184572, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se hace hincapié que los criterios citados en la presente determinación son aplicables de conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo y décimo primero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos, entre ellos la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, que entró en vigor al día siguiente de su publicación. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el informe justificado de la autoridad responsable, no haya sido rendido al menos con ocho días de anticipación, puesto que, como ya se dijo, de las constancias que adjuntó la responsable a su informe justificado, se actualiza de manera clara, manifiesta e indubitable la causal de improcedencia en estudio; máxime que a ningún fin práctico conduciría diferir la audiencia constitucional para que transcurra el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ya que el sentido de la sentencia sería el mismo; además, en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal. Finalmente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el informe justificado descrito en la cuenta y se tiene a la autoridad responsable por ofrecida la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva; dese vista a las partes. Asimismo, se tienen como delegados a las personas que indica y por señalado el domicilio que refiere, siempre y cuando corresponda al de su oficina principal; lo anterior, con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, la autoridad responsable solicita que por conducto de este órgano jurisdiccional se notifique a la directa quejosa el oficio SRCC001/2023/D, por el que da respuesta a la solicitud de ocho de junio del actual, recibido por la autoridad responsable el veinticuatro de junio siguiente; en consecuencia, a efecto de evitar mayores dilaciones al procedimiento, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, para que notifique personalmente a la parte quejosa el informe de ley con su respectivo anexo [oficio SRCC001/2023/D]. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el informe justificado descrito en la cuenta y se tiene a la autoridad responsable por ofrecida la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva; dese vista a las partes. Asimismo, se tienen como delegados a las personas que indica y por señalado el domicilio que refiere, siempre y cuando corresponda al de su oficina principal; lo anterior, con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, la autoridad responsable solicita que por conducto de este órgano jurisdiccional se notifique a la directa quejosa el oficio SRCC001/2023/D, por el que da respuesta a la solicitud de ocho de junio del actual, recibido por la autoridad responsable el veinticuatro de junio siguiente; en consecuencia, a efecto de evitar mayores dilaciones al procedimiento, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, para que notifique personalmente a la parte quejosa el informe de ley con su respectivo anexo [oficio SRCC001/2023/D]. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. -SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJO-

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; regístrese con el progresivo 1105/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes; se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Admisión. Con fundamento en lo establecido por los ordinales 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda presentada por ********************. Incidente de suspensión. Tramítese este juicio sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación por escrito dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomado en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlo y en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido de que deberá exponer las razones y los fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; con apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta prevista por el ordinal 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe justificado. Igualmente deberá informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra de los actos atacados en este asunto o alguno diverso relacionado con el juicio de origen. Se autoriza al actuario(a) de la adscripción para que la solicitud de los informes justificados sea entregada al correo electrónico oficial de esa autoridad, misma que deberá ser corroborada por el fedatario vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 23 874, así como las constancias respectivas. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo dispuesto por el precepto 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el caso de no cumplir con esta obligación se le impondrá la multa a que se refiere el numeral 251 de la ley de la materia. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito este auto de forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda, entregándole copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Notificación por lista a las autoridades responsables y en su caso, a terceros interesados que tengan la calidad de autoridad. En términos de la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª), resuelta por contradicción de tesis, por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, materia común, consultable en la página 1253, de la Décima Época, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" se hace del conocimiento de las autoridades responsables o terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquéllas que deben ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se les notificarán por medio de lista electrónicas. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental que exhibe en su escrito de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Domicilio y autorizados. Se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizado con las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho. Consulta de expediente electrónico. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza al promovente la consulta del expediente electrónico [por así haberlo solicitado expresamente] para lo cual, proporciona el usuario ********************mismo que se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, se comisiona a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que realice el alta correspondiente del usuario en comento. Se tiene a la parte quejosa proporcionando diversos medios electrónicos, los cuales, serán únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese por lista.

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