María Petra Cruz
Expediente 2061/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2061/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Petra Cruz
- María Petra Cruz y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mesa V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de febrero de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio de cuenta, firmado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, así como testimonio de la ejecutoria dictada en la queja número 12/2016, interpuesta por la quejosa; acúsese recibo, hágase del conocimiento del promovente que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción y que carece de relevancia documental, que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentran comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del referido acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
- Principal
Mesa V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siete de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes el oficio 82, firmado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, por el que acusa recibo del diverso oficio número 59908/2015 del índice de este juzgado, con el que se le remitió copia certificada del expediente de amparo 2061/2015, así como del original y copia del escrito de expresión de agravios mediante el cual la quejosa María Petra Cruz, interpuso recurso de queja contra el auto de veintitrés de diciembre del año en curso; asimismo, informa que el citado medio de impugnación fue admitido quedando registrado con el número 12/2016. Notifíquese...
- Principal
MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de diciembre de dos mil quince. Visto el escrito de cuenta, por medio del cual la quejosa********************, interpone recurso de queja contra el proveído dictado el veintitrés de diciembre de dos mil quince, por el cual, se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; en su atención, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con los diversos 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se ordena remitir el referido escrito y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, con residencia en esta ciudad, enviándole además copia certificada de las constancias relacionadas con el acto reclamado, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Lo proveyó el licenciado León Isaac Hernández Luna, secretario encargado del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular; autorizado en sesión de uno de diciembre de dos mil quince, mediante oficio CCJ/ST/7031/2015, suscrito por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; y firma ante la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe.
- Principal
" . . . Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de diciembre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por María Petra Cruz, contra actos de la jefa de atención a trámites empresariales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 2061/2015, que le corresponde. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. En el caso, la parte quejosa reclama de la referida autoridad señalada como responsable, el requerimiento que le hizo por oficio sin número de diecinueve de diciembre de dos mil quince, en relación al trámite de inicio de operaciones del establecimiento comercial que pretende aperturar. Exhibiendo para tal efecto, el acta de notificación de diecinueve de diciembre del año en curso, relativa al requerimiento de que se duele la peticionaria. En ese orden, el suscrito advierte que contra el precisado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De la transcripción anterior, se desprende que el amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas a las judiciales, si contra ellos procede algún recurso previsto en la ley que rige el acto; por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados y que además cuando con la interposición de dicho recurso o medio de defensa se suspendan los efectos del acto reclamado sin exigir mayores requisitos que los previstos en la ley de amparo, para la suspensión definitiva, con independencia que el acto en sí mismo sea susceptible de suspenderse o no. En efecto, el artículo 147 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, dispone: ARTÍCULO 147.- Contra los actos y resoluciones administrativas que dicten o ejecuten las autoridades competentes en aplicación del presente ordenamiento, los particulares afectados podrán promover el recurso administrativo que corresponda y substanciado éste, también podrán interponer el juicio respectivo ante el Tribunal de lo Contenciosos Administrativo. En ese sentido, de los preceptos 7, 82 y 96 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, se advierte que cuando el afectado considere que el acto administrativo carece de alguno de los requisitos indispensables para su validez, podrá demandar su nulidad ante los Juzgados de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Contencioso administrativo del Estado de Oaxaca, en los términos siguientes: "Del Juicio Contencioso Administrativo y de los Conflictos Electorales. (.) ARTICULO 7.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo: I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto en que se funde para emitirlo; II. Que el objeto materia del mismo, sea determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley; III. Cumplir con la finalidad de interés público, regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos; IV. Constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición; V. Estar fundado y motivado; VI. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta Ley; VII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto; VIII. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión; IX. Mencionar el órgano del cual emana; X. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas; XI. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; XII. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse, deberá hacerse mención de la oficina en donde se encuentra y pueda ser consultado el expediente respectivo; XIII. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan; XIV. Ser expedido mencionando expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley, y XV. Los demás requisitos y elementos específicos que exijan las leyes o reglamentos aplicables al acto". ARTÍCULO 82.- El Tribunal tiene competencia para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten: I. Entre los particulares y las autoridades de la administración pública del Estado; los Organismos públicos Descentralizados y Desconcentrados; II. Entre los municipios y el Gobierno del Estado, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. Entre dos o más municipios, derivados de los acuerdos o convenios administrativos de colaboración; IV. Entre los particulares y la administración pública municipal, en los casos a que se refiere el inciso C del artículo 111 de la Constitución Local. Cuando de acuerdo a las leyes de la materia, los municipios cuenten con organismos locales que diriman las controversias particulares y la administración pública municipal, el Tribunal tendrá competencia como instancia revisora de los anteriores. V. Entre particulares y otros organismos públicos, cuando las leyes de la materia le conceden competencia expresa al Tribunal. ARTÍCULO 96.- Los juzgados de primera instancia de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de: I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 7 de ésta ley; IX. Conocerá del recurso de queja, procediendo en los términos de esta Ley; Así, en el caso, se actualiza el supuesto jurídico contemplado en las normas reproducidas, porque la quejosa reclama de una autoridad municipal, jefa de atención a trámites empresariales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, el requerimiento que le hizo por oficio sin número de diecinueve de diciembre de dos mil quince, en relación al trámite de inicio de operaciones del establecimiento comercial que pretende aperturar. Entonces, resulta evidente que la impetrante antes de promover el juicio constitucional, debió demandar la nulidad de tal acto, ante los Juzgados de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo, en términos del artículo 96 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, a través del cual se puede obtener la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. En el entendido que en la especie, la peticionaria de garantías, sí tiene la obligación de agotar el mencionado juicio contencioso administrativo, en virtud de que el acuerdo y requerimiento que reclama, contienen los fundamentos legales que la autoridad municipal estimó aplicables al caso de que se trata. Además, la ley establece la suspensión del acto en el artículo 185 de la referida legislación que dice: Artículo 185. El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia; tal medida precautoria tendrá por efecto mantener las cosas en el estado que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente haciéndole saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento". De donde se desprende que no se requiere más que lo establecido en la Ley de Amparo para ese efecto. Así las cosas, al no haber hecho valer la impetrante del amparo, el recurso de revocación previamente al ejercicio de la acción constitucional, se dejó de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por cuyo motivo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA de amparo de que se trata. Es importante destacar que por el desechamiento de la demanda no se impide el acceso a la justicia a la quejosa María Petra Cruz, pues el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a su intimidad al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. Notifíquese. Lo proveyó el licenciado León Isaac Hernández Luna, secretario encargado del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular; autorizado en sesión de uno de diciembre de dos mil quince, mediante oficio CCJ/ST/7031/2015, suscrito por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; y firma ante la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe.
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