Maria Reyna Lopez Radillo

Expediente 136/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
136/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
05/11/2019

Partes del expediente

  • Maria Reyna Lopez Radillo
  • Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno Y Municipios del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Autoridad informa gestiones y solicita ampliación de plazo. Agréguese a los autos el oficio firmado por Araceli Quintero Espinoza, delegada de las autoridades responsables; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se le tiene informando que se encuentra en vías de cumplimiento para acatar el fallo protector emitido en este juicio de amparo, anexando diversas documentales para acreditar lo expuesto en dicho oficio, asimismo, solicita quince días de ampliación del término concedido para tal efecto, pues expone los motivos por los que no ha podido emitir el dictamen a la aquí quejosa. Otorga ampliación de plazo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192, párrafo cuarto y 193 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se otorga por única ocasión a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Director, Junta Directiva y Director de Pensiones y Jubilaciones, todos de dicho Instituto y con residencia en la ciudad de Mexicali, un plazo de diez días hábiles contado a partir de la legal notificación de este proveído, para que remitan las constancias con las que acrediten fehacientemente que han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Apercibidas que de no hacerlo en el plazo fijado, o de no manifestar el impedimento que tuviese para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. En caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se le impondrá a quien resulte responsable una multa de cien días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar.

  2. Principal

    CORRECCIÓN. AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL ESCRITO PRESTENTADO POR LA PARTE QUEJOSA DONDE MANIFIESTA EL NOMBNRE CORRECTO Y EXACTO DEL TERCERO INTERESADO. DÍGASE A LA PROMOVENTE QUE ÉSTE ORGANO JURISDICCIONAL MEDIANTE PROVEÍDO DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE SE RESERVÓ CONOCER TERCEROS INTERESADOS, HASTA EN TANTO LAS AUTORIDADES RINDAN SUS INFORMES JUSTIFICADOS Y DE ELLOS SE ADVIERTA QUE ALGUIEN PUEDE ASISTIRLE TAL CARÁCTER.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, once de septiembre de dos mil diecinueve. Autoridad informa gestiones y solicita ampliación de plazo. Agréguese a los autos el oficio firmado por la delegada autorizada de las autoridades responsables; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se le tiene informando que se encuentra en vías de cumplimiento para acatar el fallo protector emitido en este juicio de amparo, así como solicitando veinte días de ampliación del término concedido para tal efecto. Otorga ampliación de plazo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192, párrafo cuarto y 193 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se otorga por única ocasión a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Director General, Ejecutor de los Acuerdos de la Junta Directiva y la Encargada del Despacho de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, todos de dicho Instituto y con residencia en la ciudad de Mexicali, un plazo de diez días hábiles contado a partir de la legal notificación de este proveído, para que remitan las constancias con las que acrediten fehacientemente que han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Apercibidas que de no hacerlo en el plazo fijado, o de no manifestar el impedimento que tuviese para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. En caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se le impondrá a quien resulte responsable una multa de cien días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades responsables, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta que remite la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en Baja California, con sede en Mexicali, Baja California, al que anexa copia certificada del testimonio de ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 380/2019, relativo al juicio constitucional en que se actúa, promovido por María Reyna López Radillo, mismo que también devuelve, por tanto hágase saber a las partes de la llegada de los autos y los puntos resolutivos del tenor siguiente: "PRIMERO. En la materia del recurso se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a María Reyna López Radillo, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables descritas en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, para los efectos que se precisan en el considerando octavo de la misma." En consecuencia, se ordena agregar a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, así como las promociones y actuaciones subsecuentes a la formación del cuaderno de antecedentes derivado del juicio de amparo citado, toda vez que las copias certificadas con que se formó dicho expediente son susceptibles de destrucción, con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un expediente auxiliar, conforme al punto segundo, fracción XX del citado acuerdo. Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Requerimiento de cumplimiento. Ahora, en la sentencia confirmada se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los siguientes términos: "OCTAVO. Efectos del fallo protector. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, al tratarse de un vicio de fondo, es el siguiente tomando en consideración que hasta este momento no se advierte, de manera fehaciente, la etapa en la que se encuentra la petición de la quejosa: Las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Director General, Ejecutor de los Acuerdos de la Junta Directiva y la Encargada del Despacho de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, todos de dicho Instituto y con residencia en la ciudad de Mexicali, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán realizar lo siguiente: 1. Llevar a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente de la quejosa María Reyna López Radillo. 2. Dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión formulada por la promovente del amparo. 3. Notificarle la contestación respectiva. Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Director General, Ejecutor de los Acuerdos de la Junta Directiva y la Encargada del Despacho de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, todos de dicho Instituto y con residencia en la ciudad de Mexicali, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, dén cumplimiento al fallo protector de acuerdo a sus respectivas atribuciones; apercibidas que de no hacerlo en el plazo fijado, o de no manifestar el impedimento que tuviesen para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. En caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se le impondrá a quien resulte responsable una multa de cien días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades responsables, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Superior jerárquico. Finalmente, sin que sea procedente requerir a autoridad alguna en términos del artículo 192, párrafo tercero de la Ley de Amparo, toda vez que el instituto responsable tiene el carácter de organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio en términos del numeral 5 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por lo que carece de superior jerárquico

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