Maria Morales Alvarado
Expediente 10/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/02/2022
Partes del expediente
- Maria Morales Alvarado
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Devuelve exhorto diligenciado. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto local 10/2022-V, número de orden 10/2022-V, del índice de este órgano jurisdiccional. Por tanto, háganse las anotaciones conducentes tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin que sea necesario enviar acuse de recibo, toda vez que el propio sistema lo genera.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Imposibilidad de emplazamiento. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible notificar a la quejosa Mariana Morales Alvarado, el proveído de veinte de enero de dos mil veintidós; por los motivos que ahí se exponen. Por otra parte, del escrito de demanda se advierte que el domicilio señalado por la quejosa se encuentra en la ciudad de Mexicali, Baja California. Ahora bien, ya que el domicilio de la quejosa Mariana Morales Alvarado, se encuentra ubicado en avenida Zotoluca, número 1951, fraccionamiento Calafia, en Mexicali, Baja California; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso j), y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, con sede en Mexicali, Baja California, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado comisione a quien corresponda, para que con las formalidades de ley proceda a notificar a la quejosa Mariana Morales Alvarado, el proveído de veinte de enero de dos mil veintidós; mismo que se anexa a la presente comunicación oficial. Finalmente, en atención al principio de expedites en la administración de justicia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza a la autoridad exhortada para que de considerarlo necesario, habilite días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada. Notifíquese.
- Principal
Cuenta. El veinte de enero de dos mil veintidós, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con la demanda de amparo registrada con el número 580. Conste.Tijuana, Baja California, veinte de enero de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 10/2022-V. Análisis de la demanda. Una vez establecido lo anterior, se procede a examinar la demanda de amparo, ya que el artículo 113 de la ley de la materia confiere facultad a la autoridad constitucional que conozca de una demanda para desecharla si de su examen se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En efecto, el precepto en mención es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo sólo deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y; b) Que ese motivo sea manifiesto e indudable. El Máximo Tribunal del País ha establecido en reiteradas ocasiones, que las características destacadas en el anotado inciso b) se actualizan cuando de la simple lectura de la demanda aparece comprendido alguno de los supuestos de improcedencia que señala el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien, la demanda misma no encuadra en las hipótesis de procedencia que el artículo 107 de dicha legislación prevé. En esa tesitura, es claro que a la decisión de desechar una demanda de amparo, debe antecederle un examen acucioso de todos sus componentes, que finalmente provoque plena convicción de que aún ordenando la substanciación del juicio, sería imposible arribar a una conclusión diversa. Ello, pues basta con tener en cuenta, que precisamente, en términos específicos, lo manifiesto radica en que la improcedencia se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, en virtud de que, por ejemplo, los hechos en que se apoya la improcedencia hayan sido manifestados claramente por el promovente, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Desechamiento de demanda. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida por Mariana Morales Alvarado, por propio derecho, es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estimarse que carece de interés legítimo para instar el juicio constitucional en contra del acto que reclama. Para explicar lo anterior, resulta pertinente establecer el contenido de los numerales antes citados, los cuales indican: Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". "Artículo 5º.- Son partes en el juicio de amparo I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley [.]". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 107. Todas las controversias de que habla en artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determinen la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; En primer término, con relación a la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio constitucional no procederá contra los actos de autoridad que de ninguna manera vulneren el interés jurídico del gobernado, de lo que se deduce que el interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. El acto de autoridad debe incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. Por su parte, el segundo de los numerales transcritos, hace una distinción entre la existencia de un interés legítimo y un interés jurídico. Así, para explicar los alcances de dicha distinción, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contracción de tesis 111/2013, de la cual derivó la jurisprudencia P./J.50/2014, determinó que desde mil novecientos diecisiete y durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, se había realizado una interpretación constante respecto del interés jurídico, al identificarlo con un perjuicio directo a la esfera jurídica del quejoso a partir de la titularidad de un derecho público subjetivo, lo que significaba que debía acreditarse de una lesión directa e inmediata en la persona o patrimonio del quejoso. En la referida resolución se hizo referencia a las reformas constitucionales de dos mil once, relacionadas con los derechos humanos y el juicio de amparo, para concluir que a partir de su entrada en vigor, se adoptó un paradigma constitucional que obliga a todas las autoridades del país a adoptar la protección más amplia para las personas, lo cual implica que la interpretación de las figuras jurídicas integrantes de nuestro sistema jurídico debe ser conforme al principio pro persona, que constituye la base de dicho paradigma. En razón de lo anterior, los ministros se dieron a la tarea de definir los alcances del interés legítimo como presupuesto procesal para acudir al juicio de amparo, respecto del cual concluyeron que conforme a dicho supuesto, para acudir al juicio constitucional se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. De esa forma, el pleno consideró como elementos para analizar si se actualiza el interés legítimo para ejercer la acción de amparo, los siguientes: 1. Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. 2. El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. 3. Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. 4. La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. 5. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad. 6. Así, el quejoso tiene un interés propio distinto al de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. 7. La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. 8. Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. 9. Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. 10. Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Precisión para desechar demanda. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2a./J.57/2017, sostuvo que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, con base en tal premisa argumentativa, la referida sala indicó que en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Razón por la que los ministros resolvieron que al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Con base en lo anterior, es que este órgano jurisdiccional se encuentra en aptitud de desechar la demanda de amparo si de la misma se advierte que la parte quejosa carece de interés legítimo y que, aun sustanciado el juicio de amparo, no podrá probarse que cuenta con éste a pesar de los diversos medios probatorios que pudieran ofrecerse y desahogarse. En esas condiciones, una vez precisados los parámetros fijados por la Suprema Corte para considerar que un sujeto cuenta con interés legítimo para ejercer la acción de amparo, conviene analizar, de manera específica, si en el caso en concreto, la parte quejosa cuenta con dicho interés. Precisión del acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa Mariana Morales Alvarado, por propio derecho, reclama, sustancialmente, la selección llevada a cabo por parte de las autoridades responsables respecto de los candidatos para ocupar el cargo dentro de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, de acuerdo a la convocatoria publicada el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. De lo expuesto en la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la referida selección, al sostener, que la terna de los candidatos respectivos se encuentra viciada, por considerar que no cumplen con los requisitos legales correspondientes. Con base en esa información, se estima que la quejosa carece de interés legítimo para promover el presente juicio de amparo, en la medida en que únicamente cuenta con un interés simple para reclamar a las autoridades responsables el acto precisado en el párrafo que antecede. Lo anterior es así, ya que no acredita que exista, por su situación particular frente al orden jurídico, un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, tal y como lo precisó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria a que se hizo alusión anteriormente, ya que de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su demanda de amparo, únicamente se observa que su reclamo lo hace como un miembro de la sociedad que habita en esta ciudad, que está en desacuerdo con la selección llevada a cabo por parte de las autoridades responsables respecto de los candidatos para ocupar el cargo dentro de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, de acuerdo a la convocatoria publicada el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. Sin embargo, el referido interés lo tiene cualquier otro de los ciudadanos que integran esta entidad federativa, puesto que es posible concluir que toda la comunidad tiene el afán de que las autoridades cumplan con su obligación de seleccionar candidatos aptos e idóneos para integrar la referida comisión; lo que implica que se encuentre en desacuerdo con las personas que la integren; empero, tal circunstancia por sí sola, es insuficiente para acudir al juicio de amparo. Ello, en razón de que con base en dicho interés únicamente se reconoce legitimación a cualquier ciudadano por el mero hecho de ser miembro de una sociedad para interesarse en que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, se encuentre con personal capacitado, pero sin que con base en tal interés pueda instarse el juicio de amparo, ya que necesariamente se requiere que se acuda con un interés jurídico o legítimo; lo que en la especie no se acredita. Aunado a lo anterior, se estima que la parte quejosa no acredita su interés legítimo en la medida en que la eventual concesión del amparo no se traduciría en un beneficio jurídico en su favor, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, como fue precisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que, en todo caso, ello será lejanamente derivado e indirectamente, pues lo que verdaderamente pretende es que se seleccionen a personas aptas e idóneas para el cargo dentro de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. Por tanto, es evidente que una concesión del amparo no incidiría directamente en su esfera jurídica, sino que se trata de un efecto que eventualmente, de manera incierta, pudiera beneficiarla, así como a todos los demás miembros de la sociedad. Por tal motivo, como la parte quejosa no se encuentra en una situación jurídica cierta, concreta y directa en la que se pueda ver afectada con motivo del acto reclamado, es inconcuso que no basta el interés abstracto en la legalidad de los actos de autoridad para considerar existente un interés legítimo, pues si bien todos los individuos tienen interés en que la comisión se integre por personas preparadas para el encargo que se les encomienda, ese objetivo o intención no basta para acudir al juicio de amparo, ya que incluso tratándose del interés legítimo, la parte quejosa debe resentir una afectación real, objetiva y concreta en su esfera jurídica. De tal suerte que si con el juicio de amparo promovido no se restituirá en el goce de ningún derecho concreto de la parte quejosa, es claro que la promoción de este asunto no le reporta un beneficio en su esfera jurídica individual, de modo que no puede considerarse actualizado en su favor un interés legítimo, pues éste está condicionado a que el solicitante de la protección constitucional logre un beneficio con la inconstitucionalidad del acto que se reclame. En efecto, el espectro de protección y de acceso a la justicia que se contiene en la reforma se establece en razón de la existencia de un interés legítimo, que requiere de un cierto grado de afectación a la esfera jurídica del particular proveniente del acto que reclame como inconstitucional, es decir, se exige un interés cualificado, especial, y no generalizado y abstracto. Interés legítimo, que se distingue del interés simple, en el hecho de que al preservarlo el particular obtiene una restitución en el goce de un derecho fundamental violado -lo cual constituye la esencia del juicio de amparo-, esto es, las consecuencias de la impugnación reportan un beneficio concreto al particular. Luego, el interés legítimo no puede llegar a considerarse como un interés simple o equipararse a éste. En el interés legítimo es necesario que el acto produzca una afectación real y por virtud del amparo se restablezcan las cosas y se le resarza ese perjuicio que resintió el gobernado. De modo que si la pretensión de la parte quejosa no se basa en una situación específica en la que la ilegalidad que aduce del acto reclamado se traduzca en una afectación a su esfera jurídica concreta, ni señala un nexo con el acto reclamado que incida en su círculo de derechos considerados en sí mismos, no puede considerarse que le asista un interés legítimo para acudir al amparo, en tanto que el derecho en abstracto de un ciudadano no basta para iniciar la acción constitucional, ni en lo individual, ni en representación de una colectividad. Por tanto, como la parte quejosa sólo tiene un interés simple como lo tiene cualquier ciudadano para solicitar la legalidad del acto de las autoridades, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que conlleva a que cobre exacta aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J.57/2017; puesto que incluso tramitándose el presente juicio constitucional y desahogándose los diversos medios probatorios la parte quejosa únicamente podría acreditar que es residente de esta demarcación territorial; sin embargo, ello no generaría una afectación a su interés legítimo al no diferenciarse del interés que cualquier otro individuo de la sociedad de Tijuana, Baja California tenga para inconformarse en contra de la selección de candidatos aludida. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Mariana Morales Alvarado, por propio derecho. La anterior determinación no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, cuya finalidad es dotar de firmeza jurídica a las determinaciones judiciales y lograr que éstas puedan ser acatadas. Es por ello que, si bien es cierto conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos debe interpretarse de acuerdo a la Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, atento al principio pro persona y bajo una óptica de tutela más amplia, también lo es que en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, dispone reglas específicas, lo que no implica que este no sea un recurso judicial efectivo. Así, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108, fracción I de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Se tiene por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Joshua Alfredo Rubio Córdova, dado que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Luis Héctor Moreno Dip y Jorge Higuera, por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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