Maria Reyna Dominguez Rueda
Expediente 994/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 994/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Maria Reyna Dominguez Rueda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VIII.- CAUSA ESTADO EL AUTO DE VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. DESTRUIBLE.
- Principal
-INFORME JUSTIFICADOVisto, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual rinde su informe justificado la siguiente autoridad responsable: N. AUTORIDAD FOJA 1 Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por conducto de su Presidente. 21 Por otra parte, conforme al numeral 119 de la citada ley, se tiene como prueba la constancia que anexa la citada autoridad consistente en: No. PRUEBA FOJAS 1 Copia certificada de diversas actuaciones relacionadas con el juicio laboral 575/2020, de su índice. Constancia a la que por ser documento público se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza una causa de improcedencia, respecto al acto reclamado consistente en: ? La omisión de notificar y emplazar a las partes (actor y demandados), en el juicio laboral 575/2020, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. En ese sentido, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, en virtud que de la constancia que anexó la responsable al oficio de cuenta, se advierte que el dieciocho de enero del año en curso, emplazó a juicio a los demandados en el juicio laboral 575/2020, de su índice. Asimismo, el catorce de los actuales, notificó a la parte actora, aquí quejosa, el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Sentado lo anterior, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (seis de noviembre de dos mil veinte), el referido acto reclamado existía, pero durante el transcurso del presente juicio éste dejó de surtir sus efectos; esto es, se emitió un acto (emplazamiento de dieciocho de enero de dos mil veintiuno), que dejó insubsistente la violación reclamada, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica del particular y sin haber dejado huella alguna en el que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior, la Tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En razón de lo expuesto, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, y al haberse actualizado para ésta última de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXI, de la citada Ley; sin que sea obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, ya que al haberse actualizado la causal de improcedencia antes precisada, no tiene objeto alguno el desahogo de pruebas, porque no podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". No pasa desapercibido que en el procedimiento laboral de origen pudieran existir otras violaciones procesales; sin embargo, atendiendo al acto reclamado y a los conceptos de violación que formuló la parte quejosa, no se advierte que existan motivos para suplir la deficiencia de la queja, tomando en consideración que la figura de la suplencia de la queja, tiene como objetivo suplir la deficiencia de los conceptos de violación en sede constitucional, es decir, en determinadas materias de acuerdo a lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se pueden corregir e incluso suplir los agravios encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado; no obstante, dicha institución no da pauta a que el órgano jurisdiccional varié el acto reclamado, y se pronuncie respecto de cuestiones no controvertidas por el peticionario de garantías, aun cuando estas representen violaciones manifiestas en el proceso de origen, puesto que dichos tópicos, no forman parte de la contienda constitucional. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se colige que mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable para que dé cumplimiento al fallo protector; sin embargo, a la data no obra constancia alguna de la cual se advierta que haya dado cumplimiento a dicha recuesta. Requerimiento. En consecuencia, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la responsable, para que en un plazo de tres días hábiles contados a partir, de que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada de las constancias de las cuales se advierta el cumplimiento al fallo protector, o en su caso, el impedimento legal que haya obstaculizado su realización. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a ******************** cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ********************86.88 ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional******************** vigente a partir del uno de febrero de dos mil veinte, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Visto, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito signado por *******, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa, en atención a su contenido, se provee lo siguiente. Respecto a la solicitud relativa a la autorización para consultar el expediente electrónico relativo al presente sumario constitucional, señalando para dichos efectos los usuarios "EMPOLEX.Luis" y "Pablo.EMPOLEX", los cuales después de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierten sus registros; en consecuencia, se les autoriza la consulta electrónica del presente asunto; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. En ese sentido, infórmese a la parte interesada que se encuentra en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los usuarios autorizados.Asimismo, se le hace saber que en términos del numeral 79 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad en los Centros de Justicia Penal Federal, en el mismo tenor se le autoriza para que las notificaciones se le hagan en forma electrónica, por así haberlo solicitado expresamente. Por tanto, el actuario de la adscripción, deberá realizar la razón correspondiente de la cual se adviertan las notificaciones realizadas electrónicamente a la parte quejosa. En el entendido que dichas permisiones, conforme a lo dispuesto en el mencionado acuerdo general, quedan condicionadas a la vigencia de su firma electrónica, sin perjuicio de que por alguna causa superveniente pueda revocarse tal autorización, dicha autorización empezará a correr a partir de que ésta sea brindada a la Oficial del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este juzgado, a fin de que sean dados de alta ante este órgano jurisdiccional.
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