María Reyna Domínguez Rueda
Expediente 1504/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1504/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- María Reyna Domínguez Rueda
- Junta Especial Número Treinta Y Seis de la Federal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86, primer párrafo de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra el auto de diez de octubre de dos mil veintidós; en el PARTE NOTIFICACIÓN DE AUTO FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN PLAZO DE DIEZ DÍAS DÍAS INHÁBILES QUEJOSO 17 DE OCTUBRE DE 2022. 17 DE OCTUBRE DE 2022 DEL 18 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022. 22, 23 Y 29 A 31 DE OCTUBRE, 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DE 2022. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA 11 DE OCTUBRE DE 2022. 11 DE OCTUBRE DE 2022 DEL 13 AL 26 DE OCTUBRE DE 2022. 15, 16, 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2022. que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en la estadística. Anotaciones Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista; la cuenta secretarial, se tiene por recibido el oficio del Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias dentro del expediente laboral 575/2020 de su índice, dentro de las que destaca el proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Documental que goza de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, al haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, de contenido literal que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que entre otras cosas, establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no sea posible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. En la especie, se aprecia que el acto reclamado en el presente juicio consiste en la omisión de cerrar instrucción en el juicio laboral 575/2020, del índice de la responsable. Ahora, de la documental que remitió la autoridad responsable, se advierte que el cinco de agosto de dos mil veintidós, certificó que no existían pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral 575/2020 y el veintiséis siguiente, declaró cerrada la instrucción en el mismo y turnó los autos para el dictado de la resolución respectiva. De lo antes expuesto, se puede advertir que, a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (veintiséis de agosto de dos mil veintidós), el acto reclamado existía, pues dicho proveído fue notificado a las partes hasta el veintinueve de agosto del año en curso; sin embargo, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, éste dejó de surtir sus efectos, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido. Así, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por ende, en el caso se ha restituido al peticionario de amparo en el pleno goce de sus derechos, como si no se hubiere invadido en su esfera jurídica, toda vez que, tal como quedó precisado con antelación, el acto que hoy combate ha cesado en sus efectos, en virtud de que se declaró cerrada la instrucción dentro del expediente número 575/2020 y se ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional se encuentre señalada para que tenga lugar a las once horas con veintisiete minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, pues al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las partes.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que en proveído de treinta y uno de agosto del presente año, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco para que rindiera su informe justificado, sin que lo hubiera hecho, a pesar de encontrarse debidamente notificada del oficio por el que le fue solicitado. Ahora, del análisis del escrito inicial de demanda, se observa que el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye la omisión de llevar a cabo el cierre de instrucción en el juicio 575/2020, del índice de la responsable. Por otra parte, del análisis del diverso juicio de amparo 563/2022- V del índice de este juzgado, el cual se invoca como hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia,. se desprende que se señaló como acto reclamado el siguiente: ?La omisión de llevar a cabo la reinstalación de la parte actora, aceptada mediante auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 575/2020 del índice de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Por lo anterior, no existe certeza para este juzgador respecto de la etapa procesal en que se encuentra el expediente del que emana el acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, remita la totalidad de las constancias del expediente del que emana el acto reclamado. Bajo el apercibimiento que de no cumplir lo ordenado dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($96.22 noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, acorde con lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, actualizado en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, mediante publicación de nueve de enero de dos mil veinte, en el citado diario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose para su celebración las once horas con veintisiete minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, a través del cual remite copias certificadas del proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, así como las notificaciones a las partes en el juicio laboral 2485/2016, de su índice. En atención a lo anterior, para determinar lo procedente respecto del cumplimiento que la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, hay que tomar en consideración lo dispuesto por la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que del presente proveído se le haga, manifieste lo que a su interés convenga, en relación con el cumplimiento remitido por la responsable; apercibido que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, este juzgado federal emitirá un auto en el que se pronunciará acerca del cumplimiento al fallo protector, tomando en consideración lo manifestado por la citada autoridad y con las constancias que integran este expediente.
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