Maria Rebeca Cermeño Ramirez
Expediente 195/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 195/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Maria Rebeca Cermeño Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta, se hizo constar que a la fecha ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído en el que se tuvo por no presentada la demanda promovida. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DEPURABLE El presente expediente se considera depurable; por lo tanto, se conservará por el término de tres años en el archivo de "trámite" a que se refieren los numerales 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido y transcurrido ese plazo, dentro, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo de conformidad con el artículo 35 de acuerdo en comento. DIGITALIZACIÓN Y FÉ DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las veinte horas con quince minutos del catorce de marzo de dos mil veintidós, la suscrita Griselda Italia Flores de León, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa MARÍA REBECA CERMEÑO RAMÍREZ, la resolución de catorce de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo 195/2022, mesa VIA, del índice de este Juzgado, hago constar: que me constituí en el domicilio ubicado en TRECE ORIENTE, ENTRE NOVENA Y ONCE NORTE, EN ESTA CIUDAD, por lo que, una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto por su ubicación y localización, ya que así se advierte de las placas que obran en las esquinas de las calles, procedo a tocar en repetidas ocasiones la puerta de acceso al mismo, por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, en horario de oficina de siete cuarenta y cinco a trece cuarenta y cinco horas, para tal efecto, si es su deseo puede agendar su cita en https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home; o bien contactar a este órgano jurisdiccional por los medios electrónicos señalados en el rubro; lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de conformidad con el dispositivo legal invocado. Doy fe. Lic. Griselda Italia Flores de León Actuaria Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, diecisiete de marzo de dos mil veintidós, la suscrita licenciada Griselda Italia Flores de León, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar: que la que la parte quejosa MARÍA REBECA CERMEÑO RAMÍREZ, no compareció, ni agendó cita en https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home, para comparecer al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido de la resolución la resolución de catorce de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo 195/2022, mesa VIA, del índice de este Juzgado, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el catorce de marzo siguiente, mismo que se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió a mi llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación a la parte quejosa MARÍA REBECA CERMEÑO RAMÍREZ. Doy fe.- Lic. Griselda Italia Flores de León Actuaria Judicial.
- Principal
Agréguense a los autos los informes de suspensión de plano correspondientes a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con residencia en la Ciudad de México. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2, dese vista a las partes por el término de tres días con su contenido, para los efectos legales conducentes. En términos de los artículos 9 y 26 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de las citadas autoridades responsables a las personas propuestas en su informe; y como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la comunicación de cuenta.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por María Rebeca Cermeño Ramírez, contra actos del Titular de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otras autoridades, con fundamento en los artículos 107, fracción V, 15, 20 y 109 de la Ley de Amparo, téngase por presentado el citado libelo. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 195/2022-VI-A. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se aduce que la parte quejosa reclama, entre otras cosas, lo siguiente: ? Posible Detención ilegal y desaparición forzada ? Posible aseguramiento ? Deportación, expulsión, proscripción y destierro Negativa a la libertad de transito Luego, con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en el artículo 125 de la legislación de la materia, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Se ordena a las autoridades responsables hacer cesar de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en correlación directa con el 126 de la Ley de Amparo; particularmente, deberán abstenerse de detener a la parte quejosa para ser deportada, expulsada o repatriada a su país de origen de manera arbitraria, es decir, sin agotar el cauce legal previsto en la normatividad aplicable, así como de propinar malos tratos o privación ilegal de la libertad que equivalga a una desaparición forzada. La medida cautelar concedida no surtirá efectos y, por consiguiente, no impedirá la detención de la parte quejosa si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento de una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Por otro lado, toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa se duele de una posible restricción de su libertad de tránsito, es necesario establecer que esta prerrogativa debe sujetarse a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, conforme al cual queda claro que tal derecho no es absoluto ni irrestricto, pues está sujeto a límites y subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración; cuestiones todas ellas de interés social y orden público. En ese contexto, si la detención (o presentación) de la parte quejosa ante las autoridades migratorias obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refiere ser extranjera, estas últimas deberán sujetarse a los plazos y términos previstos en la ley de la materia y su reglamento, a fin de que se regularice o resuelva su situación migratoria acorde a las particularidades del caso; lo cual a su vez implica la obligación de iniciar y proseguir los procedimientos administrativos respectivos, dar respuestas a las gestiones que en ese entorno se realicen y, en general, el respeto al derecho humano al debido proceso. Finalmente, debe subrayarse que esta medida cautelar en ningún momento representa un salvo conducto, ni sustituye a la resolución que, en su caso, debe emitir la autoridad competente. Cabe destacar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en el testimonio de ejecutoria del recurso de queja 142/2021, determinó que la medida cautelar concedida no puede tener el alcance permitirle a la parte quejosa el libre tránsito a través del país, en virtud de que este se encuentra sujeto a los límites reseñados en párrafos precedentes, pues otorgarle dicha pretensión significaría el otorgamiento de algo adicional previo a la promoción del amparo, aunado a que en este momento se desconoce su situación legal en el país. Así también, las autoridades responsables en términos de los artículos 164 de la Ley de Amparo, 66, 107, 109 y 112 de la Ley de Migración, así como del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, deberán adoptar a la luz de los principios de separación y unidad familiar, bajo la óptica encaminada a la búsqueda y aplicación de medidas alternativas a la detención en la estación migratoria, en que ésta se utilice como último recurso, al tratarse de una privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento o alojamiento); de no ser posible un alojamiento distinto, entonces debe examinar que se cumplan y garanticen sus derechos mientras dure su estadía en ese lugar. CUMPLIMIENTO Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no informar el impedimento legal o material existente, se les impondrá en lo individual [específicamente a la persona física que ocupe el cargo público respectivo], una multa de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo1, asimismo se procederá en su contra en términos de su artículo 262, fracción III. Asimismo, las autoridades responsables en términos de la Ley de Migración, deberán: ? Garantizar la seguridad personal de los migrantes. ? Respetar sus derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. ? Dar a conocer los derechos de las personas presentadas de acuerdo a lo estipulado en el precepto 109, tales como: ? Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; ? Que tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; ? Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; ? En caso de que no hable español, contará con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; Que tiene derecho a acceder a comunicación telefónica; ? A recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. ? Ser visitado por sus familiares y por su representante o defensor. Finalmente, cabe precisar que en el caso no se actualiza la hipótesis prevista en el último párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, en lo relativo a la desaparición forzada pues según a lo narrado en la demanda que se provee y atendiendo a que la parte quejosa instó de manera directa la protección constitucional suscribiendo para ello el libelo de demanda, así como manifestar bajo protesta de decir verdad que no se encuentra privado de su libertad; ello teniendo en cuenta las diversas definiciones contenidas en instrumentos internacionales -entre otros, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, del Informe del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas y el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas- que determinó que los elementos que deben concurrir para actualizar dicha violación de derechos humanos caracterizada por ser pluriofensiva y continuada o permanente, son: 1) la privación de la libertad; 2) la intervención directa en dicho acto por agentes estatales o con la aquiescencia de éstos; 3) la negativa de reconocer la detención; y, 4) la negativa de revelar la suerte o paradero de la persona interesada, lo que en la especie no sucede, ya que como se dijo el promovente goza de su libertad ambulatoria. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Se requiere a las autoridades responsables, a fin de que informen en un plazo no mayor de veinticuatro horas sobre el cumplimiento que dé a esta determinación, apercibida que, si al rendir su informe expresa un hecho falso o niega la verdad, se le impondrá las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo; para tal efecto, remítase a dichas autoridades copia simple de la demanda de amparo. Ahora, en el caso concreto, dado que en el presente auto se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, se hace del conocimiento de las autoridades responsables lo siguiente: Deberá informar a este juzgado federal el acatamiento de la citada medida cautelar en el plazo antes indicado, por lo que deberá remitir la información conducente, así como las constancias con las que acredite sus manifestaciones al correo electrónico 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. * Fax: 962 62 61 84 1. En un horario comprendido de las ocho a las doce horas. Sin perjuicio de hacerlo además a través de la vía postal ordinaria. Lo anterior obedece al hecho a que si bien el Consejo de la Judicatura Federal limitó el horario de las labores presenciales de todos los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, incluyendo el que aquí provee; lo cierto es que tal circunstancia no implica que la autoridad responsable omita dar cumplimiento a la suspensión de plano, ni mucho menos que deje de informar -oportunamente- lo conducente. También se les informa a las referidas potestades que de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea sustancial, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por realizada, además de que se le impondrá multa de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Con el fin de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente dispone: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley: .". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y V, en relación al 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentre notificada de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los aspectos siguientes: Primero.- Manifieste la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados consistentes en las órdenes de detención y deportación. Segundo.- Señale si existe en su contra algún procedimiento de regularización migratoria y el estado procesal del mismo, en virtud de que señala como acto la deportación, la cual es la sanción que se emite como conclusión de dicho procedimiento administrativo. Tercero.- Indique si contra actos similares a los ahora reclamados han promovido con anterioridad un diverso juicio de amparo, debiendo indicar el número que le haya recaído y el órgano jurisdiccional que lo tramita o que conoció del mismo. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si con posterioridad y con motivo de las constancias allegadas por las partes, este tribunal advierte que la parte promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado y sus antecedentes, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar directamente la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos que le consten. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. Asimismo, se tienen por autorizados en los términos propuestos por la parte quejosa, a las personas que indica en su libelo que se atiende. Asimismo, se autoriza el correo electrónico que proporciona, a fin de que en caso de ser necesario se establezca como medio de contacto -no procesal- con la misma. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". 1 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA OBTENCIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, es menester que observen lo siguiente: Las personas interesadas en acceder a los servicios que se presentan en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, forzosamente deberán contar con firma electrónica, que comprende a la certificada por el Poder Judicial de la Federación, conocida como FIREL, y a la "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o FIEL). Para registrarse en el citado portal los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, registro federal de contribuyentes y clave única de registro de población, crear un nombre de usuario, una contraseña y vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema ese carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. La consulta del expediente electrónico depende de que la propia parte formule una petición en ese sentido. En términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la solicitud de notificación electrónica se deberá realizar la manifestación expresa para que se les practiquen notificaciones de esa naturaleza, en virtud de que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica gestión ni autorización alguna para recibirlas de esta forma, según se desprende del artículo 15, inciso a), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en alusión. Ello permitirá presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Adicionalmente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con el Comunicado 28/2020, del quince de julio del dos mil veinte, publicado en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra disponible la aplicación -APP- para teléfonos móviles que utilicen los sistemas operativos iOS y Android, de modo que, a través de este medio también podrán tramitar la Firma Electrónica Certificada (FIREL) con su credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral. DATOS DE CONTACTO Y/O LOCALIZACIÓN Finalmente, y con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se propone y solicita a las partes que proporcionen como formas especiales y expeditas de contacto sus números telefónicos y correos electrónicos, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido se registre y, de ser necesario, se incorpore al presente expediente previa certificación. Lo anterior, conforme al diverso ordinal 23, fracción I de la referida normatividad, propiciará el éxito y seguridad de la práctica de notificaciones personales, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes intervengan en la diligencia concerniente. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia.
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