Maria Paola Cordero Sotelo
Expediente 331/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Maria Paola Cordero Sotelo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguense a sus antecedentes para que obre como constancia únicamente, los sobres cerrados que contienen los oficios 6004, 6005, 6006 y 6297, de fechas veintiocho de febrero y dos de marzo de dos mil veintitrés, dirigidos a autoridades responsables presuntamente con residencia en la Ciudad de México, en cuyo dorso se aprecia la leyenda: "rehusado en oficialía de partes, la autoridad que cita, no existe como tal en el domicilio", sin que sea necesario dictar providencia alguna al respecto, toda vez que el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, causó estado el proveído en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que encabeza este acuerdo, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa para que recurriera el proveído en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado, para todos los efectos legales. Asimismo, se dejan sin efecto las providencias dictadas por este juzgado en el auto inicial de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Y SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DEPURABLE El presente expediente se considera depurable, pues se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; por lo tanto, se conservará por el término de tres años en el archivo de "trámite" a que se refieren los numerales 8, fracción I1 , y 92 de dicho Acuerdo General, 1 Artículo 8. Criterios del resguardo de expedientes. Para efectos de resguardo documental, el archivo judicial tiene la siguiente clasificación: I. Expedientes de Trámite: Son los expedientes desde su apertura y hasta por tres años posteriores a haberse acordado su archivo como asunto concluido; 2 Artículo 9. Resguardo de Archivo de Trámite. Los archivos de trámite serán resguardados en el órgano jurisdiccional. Cumplida la temporalidad de tres años contados a partir de haberse acordado su Contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido y transcurrido ese plazo, dentro, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo de conformidad con el artículo 35 de acuerdo en comento. DIGITALIZACIÓN Y FÉ DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado archivo como asunto concluido, los expedientes que sean objeto de transferencia, serán remitidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 3 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se decretó la suspensión de plano de los actos reprochados consistentes en: El Orden de deportación, expulsión o repatriación y su ejecución. Restricción a la libertad de tránsito. La orden de detención e incomunicación que se duele la parte quejosa. Ahora bien, el numeral 15 de la ley reglamentaria, dice: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas.". De lo anterior se advierte que la finalidad de establecer los actos previstos en el numeral citado, es que la demanda de amparo se promueva por un tercero y lograr la localización del directo agraviado con el objeto de que ratifique la demanda promovida a su favor para estar en aptitud de proveer lo correspondiente. En ese sentido, de los autos en consulta se advierte que mediante proveído veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y en estricto cumplimiento al citado numeral 15 de la ley de la materia, se ordenó la ratificación de la demanda presentada por Roberto Méndez Torres en representación de María Paola Cordero Sotelo, ordenando al actuario que se constituyera para ello en "las instalaciones de la Estación Migratoria siglo XXl de esta ciudad, lugar donde se dijo se encontraba la quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo en los términos ordenados, se tendría por no presentada. En cumplimiento a lo anterior, el tres de marzo del año que transcurre, la actuaria judicial adscrita se constituyó en tales instalaciones en busca de la quejosa; sin embargo, no la encontró, pues le informaron que no se encuentra alojada en dichas instalaciones. Por auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, se requirió al promovente Roberto Méndez Torres, información respecto al paradero de María Paola Cordero Sotelo, lo que a sus intereses convenga o bien proporcione el domicilio actual y correcto donde pudieran ser localizada la directa quejosa, otorgándole un término de veinticuatro horas, y se le apercibió al promovente que de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 15, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo; sin que el promovente, haya proporcionado domicilio alguno en el que pudiera ser localizada. Por tanto, como se apuntó, si el fin último ante los actos previstos en el numeral 15 de la ley de la materia, es lograr la localización del quejoso con el objeto de que ratifique la demanda promovida a su favor, para estar en aptitud de proveer lo correspondiente; es manifiesto que en el caso resulta innecesario seguir con la búsqueda y localización de la quejosa, a fin de obtener la ratificación de la demanda promovida a su favor, cuando la autoridad responsable fue contundente y categórica en informar que no encontró registro a nombre de la quejosa de mérito, sin que se cuente con un domicilio en el que pueda ser localizada para la ratificación de la misma, ni por parte de la responsable, ni por el propio promovente, por lo que se colige, la directa impetrante ya no está en los supuestos del artículo 15, de la Ley de Amparo. En ese tenor, por los motivos antes expuestos, y además se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, se tiene por no presentada la demanda que dio origen a este juicio, promovida por Roberto Méndez Torres en representación de María Paola Cordero Sotelo, en términos del artículo 15 de la ley de la materia. En consecuencia, una vez que cause estado el presente proveído, quedarán sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el referido auto inicial. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, para los efectos administrativos a que haya lugar.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio firmado por la Jefa de Departamento del Programa Paisano, por ausencia de la Encargada de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrita a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, a través del cual rinde informe de suspensión de plano. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para los efectos legales procedentes. En términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la citada autoridad responsable a las personas propuestas en su informe; y como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la comunicación de cuenta.
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