María Rafaela Diaz Velasco y Otros.

Expediente 342/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
342/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
24/04/2017

Partes del expediente

  • María Rafaela Diaz Velasco y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado, mediante el cual solicita copias simples de las constancias que ahí describe. Por tanto, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que no se le reconoció su calidad de parte en términos del artículo 5 fracción lV, de la Ley de Amparo, ya que en auto de ocho de marzo del presente año, se desechó la presente demanda de amparo. Como se encuentra ordenado en autos, devuélvase el presente expediente al archivo definitivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Por otra parte, al resultar innecesario conservar los autos del expediente 363/2015, y del toca 271-A-1C03/2016, mismas que en copia certificada y original, respectivamente, remitió la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03, con residencia en San Cristóbal de las Casas, al rendir su informe justificado; devuélvase a la autoridad responsable indicada, sin necesidad de que acuse recibo, debido a que en la constancia de notificación respectiva, se deberá hacer constar su entrega. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de marzo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio y anexos de cuenta, remitidos por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite la literalidad del auto de dos de marzo del año en curso, dictado dentro del amparo directo número 96/2017, de su índice; original y copias de la demanda de amparo promovida por ***, oficio número 341/2017, signado por el Magistrado Presidente de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03, residente en esta ciudad, con el que rinde su informe justificado, y lo hace acompañar del toca 271-C-1C03/2016, copia certificada del expediente 363/2015, y despacho con número de orden 6/2014. Acúsese recibo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 47, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 342/2017-1-A. Vista la demanda de amparo promovida por María Rafaela Díaz Velasco y Alonso Efraín Díaz Velasco, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; y 2. Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas. Los que hizo consistir en: "Resolución de segunda instancia pronunciada dentro del toca civil 271-C-1C03/2016, del índice de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, respecto al recurso de apelación interpuesto por los suscritos, contra el auto de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente 363/2015 del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, resolución de segunda instancia que fue pronunciada con fecha once de noviembre de dos mil dieciséis y publicada con fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis". DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Existe cambio de situación jurídica cuando la resolución que constituye el acto reclamado ha sido substituida por otra dictada con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que no pueda efectuarse el estudio del acto impugnado sin afectar la nueva situación. Por regla general, para que opere un cambio de situación jurídica, deben ocurrir los siguientes supuestos: a) Acto reclamado emane de procedimiento judicial, o administrativo seguido en forma de juicio, b) Se pronuncie resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En efecto, del toca civil 271-C-1C03/2016, se desprende que en once de noviembre de dos mil dieciséis, los magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, determinaron confirmar el auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, en el expediente 363/2015, relativo al juicio ordinario civil de acción pauliana o revocatoria, en el que la A quo, acordó cerrar el periodo probatorio y aperturar por tres días el de alegatos, resolución que constituye el acto reclamado. Sin embargo, conviene mencionar que en el juicio ordinario civil 363/2015, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, se continuó con la secuela procesal hasta el dictado de la sentencia, lo que ocurrió el seis de enero de dos mil diecisiete, en la que se determinó absolver a la parte quejosa de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por Transito Gómez Alfonso. Ahora, como se adelantó, este juicio resulta improcedente en contra de la resolución de once de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca civil 271-C-1C03/2016, dado que la litis de la derivó dicha resolución, ya fue dilucidada, por lo que no es factible analizarla, sin afectar la nueva situación creada por la resolución que puso fin al juicio. Se estima lo anterior, ya que operó un cambio en la situación jurídica del acto reclamado, lo que imposibilita su estudio, ya que no podría hacerse sin afectar la nueva situación creada por la resolución del juicio principal, por lo que se deben de considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Cabe citar al respecto la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 175, Tomo XII, Septiembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con el rubro y texto que dicen: "AMPARO IMPROCEDENTE. POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO NO OPERA. Una correcta interpretación de la fracción X del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, permite establecer, que existe cambio de la situación jurídica y por ende el juicio constitucional resulta improcedente cuando la resolución que constituye el acto reclamado ha sido substituida por otra dictada con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que no pueda efectuarse el estudio del acto impugnado sin afectar la nueva situación de derecho existente; lo cual no ocurre cuando la actuación con que se pretende actualizar la causal de improcedencia de mérito fue dictada en un procedimiento distinto (civil) al que se encuentra inmerso el acto reclamado (penal).". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en la calle Cuarta Norte Poniente Número 1073, Colonia Centro, Barrio de Guadalupe, en esta ciudad. Asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, PROCEDO A NOTIFICAR POR LISTA Y POR LISTA EN PÁGINA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA ...EL PROVEÍDO DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, PRONUNCIADO POR ESTE JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS CON RESIDENCIA EN TUXTLA GUTIÉRREZ EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 342/2017-1-A PROMOVIDO POR USTED, QUE EN LO CONDUCENTE TRATA: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de marzo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio y anexos de cuenta, remitidos por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite la literalidad del auto de dos de marzo del año en curso, dictado dentro del amparo directo número 96/2017, de su índice; original y copias de la demanda de amparo promovida por ***, oficio número 341/2017, signado por el Magistrado Presidente de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03, residente en esta ciudad, con el que rinde su informe justificado, y lo hace acompañar del toca 271-C-1C03/2016, copia certificada del expediente 363/2015, y despacho con número de orden 6/2014. Acúsese recibo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 47, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 342/2017-1-A. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; y 2. Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas. Los que hizo consistir en: "Resolución de segunda instancia pronunciada dentro del toca civil 271-C-1C03/2016, del índice de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, respecto al recurso de apelación interpuesto por los suscritos, contra el auto de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente 363/2015 del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, resolución de segunda instancia que fue pronunciada con fecha once de noviembre de dos mil dieciséis y publicada con fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis". DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Existe cambio de situación jurídica cuando la resolución que constituye el acto reclamado ha sido substituida por otra dictada con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que no pueda efectuarse el estudio del acto impugnado sin afectar la nueva situación. Por regla general, para que opere un cambio de situación jurídica, deben ocurrir los siguientes supuestos: a) Acto reclamado emane de procedimiento judicial, o administrativo seguido en forma de juicio, b) Se pronuncie resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En efecto, del toca civil 271-C-1C03/2016, se desprende que en once de noviembre de dos mil dieciséis, los magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, determinaron confirmar el auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, en el expediente 363/2015, relativo al juicio ordinario civil de acción pauliana o revocatoria, en el que la A quo, acordó cerrar el periodo probatorio y aperturar por tres días el de alegatos, resolución que constituye el acto reclamado. Sin embargo, conviene mencionar que en el juicio ordinario civil 363/2015, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, se continuó con la secuela procesal hasta el dictado de la sentencia, lo que ocurrió el seis de enero de dos mil diecisiete, en la que se determinó absolver a la parte quejosa de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por Transito Gómez Alfonso. Ahora, como se adelantó, este juicio resulta improcedente en contra de la resolución de once de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca civil 271-C-1C03/2016, dado que la litis de la derivó dicha resolución, ya fue dilucidada, por lo que no es factible analizarla, sin afectar la nueva situación creada por la resolución que puso fin al juicio. Se estima lo anterior, ya que operó un cambio en la situación jurídica del acto reclamado, lo que imposibilita su estudio, ya que no podría hacerse sin afectar la nueva situación creada por la resolución del juicio principal, por lo que se deben de considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Cabe citar al respecto la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 175, Tomo XII, Septiembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con el rubro y texto que dicen: "AMPARO IMPROCEDENTE. POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO NO OPERA. Una correcta interpretación de la fracción X del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, permite establecer, que existe cambio de la situación jurídica y por ende el juicio constitucional resulta improcedente cuando la resolución que constituye el acto reclamado ha sido substituida por otra dictada con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que no pueda efectuarse el estudio del acto impugnado sin afectar la nueva situación de derecho existente; lo cual no ocurre cuando la actuación con que se pretende actualizar la causal de improcedencia de mérito fue dictada en un procedimiento distinto (civil) al que se encuentra inmerso el acto reclamado (penal).". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en la calle Cuarta Norte Poniente Número 1073, Colonia Centro, Barrio de Guadalupe, en esta ciudad. Asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

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