María Olga Méndez Solórzano

Expediente 43/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
43/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
17/04/2017

Partes del expediente

  • María Olga Méndez Solórzano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra dicha resolución. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 2. Fiscal del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Distrito Itsmo-Costa de la Unidad Integral de Investigación de Justicia Restaurativa. En atención a los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que en copia certificada remite la autoridad responsable. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de acordar las solicitudes de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, dos de enero y seis de enero de dos mil diecisiete, relativos a la devolución de la camioneta Vagoneta, marca FORD, tipo ECO SPORT, modelo dos mil cinco, color negra, placas de circulación MUG-8097. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del citado artículo 61, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa, y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que generan la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto, han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo la autoridad responsable 2. Fiscal del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Distrito Itsmo-Costa de la Unidad Integral de Investigación de Justicia Restaurativa, el seis de enero del año en curso, acordó la devolución del vehículo marca FORD, tipo ECO SPORT, modelo dos mil cinco, color negro, placas de circulación MUG-8097, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia, a partir de la inactividad de la citada autoridad, consistente en la omisión de acordar las solicitudes de fecha veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, dos de enero y seis de enero de dos mil diecisiete, relativo a la devolución de la camioneta Vagoneta, marca FORD, tipo ECO SPORT, modelo dos mil cinco, color negra, placas de circulación MUG-8097, De ese modo, se concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dos minutos del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete. Finalmente, no pasa desapercibido para quien resuelve, que en el presente juicio de amparo no ha transcurrido el término de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el que se debe dar vista a las partes para que tengan conocimiento del informe justificado que rinda la autoridad responsable correspondiente, antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se procedió a resolver este asunto, tomando en consideración que el motivo de la vista a que se refiere el numeral invocado, es para el efecto de dar oportunidad a las partes de desvirtuar los argumentos expuestos en el mismo, y en la especie, la parte quejosa, de forma alguna podría desvirtuar lo manifestado por la responsable. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Fiscal del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Distrito Itsmo-Costa de la Unidad Integral de Investigación de Justicia Restaurativa, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. De conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable 1. Fiscalía Investigadora del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Investigación de Justicia Restaurativa, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, no ha rendido informe justificado, ni existe constancia de que hubiese recibido dicha solicitud, la cual se formuló mediante oficios 4078/2017. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano, residente en esta ciudad, con copia de la factura, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la recepción del oficio que al respecto se envíe, se sirva remitir a este Juzgado el original o copia certificada del acuse de recibo del mismo. Se apercibe que de no dar cumplimiento a lo anterior o no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización , conforme al Salario Mínimo Nacional vigente, en términos de lo establecido por el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Poder Ejecutivo, que entró en vigor al día siguiente, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan en su lugar las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Notifíquese.

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