Maria Posadas Sanchez

Expediente 1027/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1027/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
22/10/2019

Partes del expediente

  • Maria Posadas Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1027/2019-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el once de septiembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el primer resolutivo sobreseer y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Finalmente, toda vez que la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1027/2019-II, promovido por MARÍA POSADAS SÁNCHEZ, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, turnada el mismo día ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, MARÍA POSADAS SÁNCHEZ, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Segunda Sala de la Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otras autoridades (fojas 6 a 11 del expediente principal). SEGUNDO. Trámite. Por auto de diez de junio de dos mil diecinueve, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, admitió la demanda de amparo, radicándola con el número 764/2019-A, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de su adscripción, ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional (fojas 17 a 21 del expediente principal). TERCERO. Mediante resolución de treinta de julio de dos mil diecinueve, el Juzgado Séptimo de Distrito se declaró incompetente, por razón de turno para resolver el juicio de amparo 764/2019-A-V y, ordenó la remisión de los autos al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado (fojas 146 a 150 del expediente principal). En consecuencia, por auto de uno de agosto del año en curso, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, se registró con el número de expediente 1027/2019-II, se convalidaron las actuaciones practicadas por el Juzgado declinante, se ordenó hacerse del conocimiento de las partes contendientes, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede (fojas 151 a 153 del expediente principal). CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se le atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: La resolución de nueve de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el Toca Civil 171/2019-13, del índice de la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por medio de la cual confirma la sentencia interlocutoria de quince de enero del mismo año dictada por la Juez Séptimo Civil Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, en el incidente de pensión alimenticia definitiva derivada del expediente 319/2016 y su ejecución a la Secretaria y Actuario adscritos a dicha Sala. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Segunda Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Secretaria y actuario adscritos a la mencionada Sala, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. Lo cual se corrobora con las documentales consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones que integran el juicio de divorcio incausado 319/2016-2, del incidente de pensión alimenticia definitiva derivado del mencionado juicio y el Toca Civil 171/2019-2-13, de donde se advierte la existencia del acto reclamado (anexo I); documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. En ese sentido, respecto del acto reclamado atribuido a la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de oficio, este juzgador observa que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De los dispositivos legales previamente transcritos se advierte que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto éste que precisamente es el que en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado a la Secretaria de Acuerdos adscrita a la Sala responsable en este juicio de amparo. Así de la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Lo que en el particular no se satisface, en virtud de que dicha secretaria únicamente funge como fedataria de las actuaciones que realiza la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado mas no como autoridad que por su sola actuación se le pueda reclamar algún acto de molestia. Por analogía, sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis VII.2o.C. J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo: II, Septiembre de 1995, página 388, de tenor literal siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS ACUERDOS EN EL PROCEDIMIENTO, LO ES EL JUEZ Y NO EL SECRETARIO DEL JUZGADO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Por tanto, respecto de dicha autoridad se actualiza la causal de improcedencia invocada, motivo por el cual con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto a dicha autoridad. Por otra parte, la parte tercera interesada Alberto Ramírez Martínez arguye que se actualiza la casual de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin explicar las razones que justifiquen su actualización, puesto que se limitó a transcribir el numeral antes referido y toda vez que dicha causal no es de obvia y objetiva constatación, este juzgador se encuentra impedido para analizar dicha causal, ante la variedad posibles interpretación de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar su declaración de improcedencia. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis 2a./J. 137/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 365, número de registro 74086 de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN.". Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer, ni que se actualice de oficio procede al estudio del fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Son infundados los conceptos de violación aducidos, cuyo estudio se aborda conforme a estricto derecho, dado que no procede la suplencia de la queja en beneficio de la parte recurrente, al derivar el acto reclamado de un asunto en materia civil, sin que se ubique en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Previamente a realizar el pronunciamiento sobre los conceptos de violación, debe señalarse como antecedentes que se desprenden de las constancias del juicio de origen, lo siguiente: 1. Mediante escrito de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, Alberto Ramírez Martínez solicitó el divorcio necesario en contra de María Posadas Sánchez (fojas 2 a 5 del anexo I correspondiente al juicio de origen). 2. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, el Juez de origen previno a la parte actora Alberto Ramírez Martínez; una vez subsanada la prevención por auto de ocho de julio del mismo año, admitió la demanda de divorcio incausado bajo el número 319/2016 y ordenó emplazar a la parte demandada María Posadas Sánchez a quien tuvo dando contestación el catorce de noviembre del reiterado año (fojas 15 y 42 del anexo I del juicio de origen). 3. Por auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez natural a efecto de proveer sobre las medida provisionales solicitadas por la aquí quejosa ordenó el desahogo de la inspección respecto del expediente 447/2005 radicado en la Tercera Secretaria de dicho órgano jurisdiccional, la cual se llevó a cabo el quince de diciembre de ese año (foja 51 del anexo I). 4. El diecisiete de enero de dos mil diecisiete, el Juez Séptimo Civil de Primera Instancia en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado dictó sentencia definitiva en el expediente 319/2016, disolviendo el vínculo matrimonial entre Alberto Ramírez Martínez y la aquí quejosa (fojas 64 a 65 del anexo I). 5. Mediante resolución interlocutoria de nueve de febrero del dos mil diecisiete, el Juez natural determinó no otorgar la medida provisional consistente en la pensión alimenticia a favor de María Posadas Sánchez (fojas 81 a 83 del anexo I). 6. Inconforme con lo anterior, María Posadas Sánchez interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a los Magistrados de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes mediante resolución de nueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el Toca Civil 268/17-3 derivado del expediente 319/2016-2 determinaron revocar la resolución de nueve de febrero del mismo año en el expediente antes aludido fijando como pensión la cantidad que resulte del 20% mensual de la pensión que como extrabajador percibe Alberto Ramírez Sánchez, estableciendo que su otorgamiento estaría condicionado a que el acreedor alimentario no recibiera por concepto de alimentos el numerario decretado en su favor en el diverso juicio de alimentos 447/2005 (foja 101 a 115 del anexo I). 7. Por auto de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete y en cumplimiento a la resolución emitida en el toca civil 268/17-3 del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó la inspección en el juicio 447/20015, radicado en la Primera Secretaria de dicho órgano jurisdiccional a efecto de verificar si a esa fecha se continuaba realizando el descuento por concepto de pensión alimenticia a Alberto Ramírez Sánchez, en favor de María Posada Sánchez, misma que fue desahogada el nueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 179 210 a 212 del anexo I). 8. El veinte de febrero del dos mil dieciocho, el Juez de origen estableció que de la inspección realizada al expediente 447/2005-1, se corroboraba que a Alberto Ramírez Sánchez, le seguían realizando los descuentos de los pagos correspondientes a la pensión alimenticia decretada en el mencionado expediente y que dicho órgano no contaba con elementos suficientes para realizar pronunciamiento alguno respecto de la pensión alimenticia definitiva (fojas 223 del anexo I). 9. El once de abril de dos mil dieciocho, María Posadas Sánchez, promovió incidente de pensión alimenticia definitiva deriva del juicio especial de divorcio incausado 319/2016, motivo por el cual el dieciséis del mismo mes y año se dio trámite a dicha incidencia y se ordenó dar vista al demandado incidentista (fojas 1 a 16 del anexo I correspondiente al incidente de pensión alimenticia definitiva). 10. Seguida la secuela procesal, mediante resolución de quince de enero de dos mil diecinueve la Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado determinó declarar infundado el incidente de pensión alimenticia definitiva promovido por la aquí quejosa contra Alberto Ramírez Martínez (fojas 119 a 125 del anexo I correspondiente al incidente de pensión alimenticia definitiva). 11. Inconforme con dicha determinación María Posadas Sánchez, interpuso recurso de apelación (foja 126 del anexo I correspondiente al incidente de pensión alimenticia definitiva). 12. Finalmente, mediante resolución de nueve de mayo de dos mil diecinueve (que constituye el acto reclamado), la Sala responsable determinó confirmar la sentencia interlocutoria de quince de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado en el expediente 319/2016 (fojas 116 a 127 del anexo I correspondientes al Toca Civil 171/19-3-13). Ahora bien, habiendo quedado establecidos los antecedentes del asunto sometido a estudio, se procede al análisis de los conceptos de violación: En primer término aduce que la Sala responsable al emitir la resolución reclamada viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no establecer en qué hipótesis de los artículos 35, 36, 37, 43 46 y 86 del Código Familiar para el Estado de Morelos encuadra el criterio que sostuvo en el sentido de declarar improcedente el incidente de pensión alimenticia de que se trata al determinar que si ya existe un juicio previo (447/2005) en el que se le concedió una pensión alimenticia, se tiene que evitar la duplicidad de dicha pensión, pues sería una fuente de lucro para el acreedor. El concepto de violación referido deviene infundado, toda vez que la Sala responsable correctamente fundó y motivó su resolución, pues expuso los argumentos que consideró para confirmar la sentencia interlocutoria de quince de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Séptimo Civil de Primera Instancia en el Estado en el expediente 319/2016, existiendo adecuación entre los motivos expuestos y las razones que explicó. Esto es así, toda vez que para cumplir con lo establecido en el artículo 16 constitucional relativo a la fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, basta que ésta exponga los hechos relevantes para decir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocada, que es la subsunción; lo que en el particular acontece al observar que sustentó su resolución en la improcedencia a virtud de evitar la duplicidad de una pensión alimenticia; lo que como se aprecia encuentra sustento en los preceptos invocados . Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis 1.4o.A. J/43 emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 1531, número de registro 175082 de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN.". Así como es la jurisprudencia 1a./J. 41/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, materia civil, página 265, del rubro: "ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS." En efecto, de la interpretación conforme de lo dispuesto por los artículos 4o. de la Constitución Federal, 34, 35 y 43 del Código Familiar para el Estado de Morelos, se observa que la institución de los alimentos implica el deber recíproco que tienen determinadas personas, de proporcionar a otras igualmente determinadas, los elementos que permitan su subsistencia, tales como: casa, vestido, comida, asistencia médica en casos de enfermedad y, tratándose de menores, además, lo necesario para sufragar su educación e instrucción. Las normas que regulan a dicha institución son consideradas de orden público e interés social, porque a la sociedad le interesa la subsistencia de los miembros del grupo familiar, de ahí que los alimentos constituyen un derecho a recibirlos con la correlativa obligación de proporcionarlos. El derecho de alimentos tiene origen en el deber de solidaridad que existe entre familiares, razón por la cual dicha obligación suele derivarse del parentesco. En virtud del derecho de alimentos una persona puede exigirle a otra el suministro de los bienes necesarios para su subsistencia que la misma no puede proveerse por cuenta propia; de tal manera que puede afirmarse que la obligación alimentaria es un deber jurídico impuesto a una persona para asegurar la subsistencia de otra. Sin menoscabo de lo ya señalado, es claro que el contenido último de la obligación alimentaria es económico pues se traduce en un pago en dinero o en la incorporación a la familia, pero la finalidad a que se atiende es personal: aunque patrimonial es el objeto de la prestación, la obligación se encuentra conexionada con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad. En otras palabras, tiene un contenido económico que permite al ser humano obtener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera. Es importante recordar que la obligación alimentaria puede consistir en una obligación de dar o de hacer, ya que se cumple mediante la asignación de una pensión o la realización de actividades determinadas con la finalidad de proporcionar una vida digna al acreedor alimentista; de ahí que el objeto de la obligación alimentaria está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos ya aludidos del acreedor alimentista. Así, el derecho a recibir los alimentos es irrenunciable, intransferible e inembargable, lo que denota la importancia de dicha institución del derecho de familia, cuyo fundamento esencial es el derecho a la vida; por ello, la cuestión alimenticia excede la legislación civil proyectándose como un derecho humano, que si bien es cierto todo reclamo alimentario tiene apoyo en artículos precisos del código familiar aplicable; el derecho de alimentos ha trascendido el campo del derecho civil tradicional, involucrando derechos humanos para que todo menor pueda ver satisfechas sus necesidades básicas, como se observa en el artículo 4º constitucional y en las disposiciones legales locales en estudio. Asimismo, se aprecia que el derecho humano a los alimentos, contiene el principio de proporcionalidad conforme el cual dependerá de las posibilidades de quien debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos, cuyo objeto permite al ser humano obtener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera, mediante la satisfacción de los requerimientos básicos de casa, vestido, comida, asistencia médica, entre otros y, tratándose de menores, además, de educación e instrucción al acreedor alimentista. De igual forma, tratándose de pensiones alimenticias, su objeto está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante una pensión como por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos ya aludidos, en el cual no se encuentra inmerso el doble pago del importe de esas necesidades, debido a que la finalidad de pagar alimentos a una persona, consiste en satisfacer sus necesidades comprendidas básicas pero no el de generar un lucro, como acertadamente lo estimó la Sala responsable. En el caso en estudio, la Sala responsable acertadamente estableció que el marco normativo aplicable a los alimentos estaba previsto en los numerales 35, 36, 37, 43, 46 y 86 del Código Familiar para el Estado; además de relacionar dichos artículos con los expedientes 447/2005, 183/2017, 85/2017, 319/2016 y 319/2019 y determinar que de acuerdo a la inspección judicial realizada en el expediente 447/2005 por el fedatario adscrito al juzgado de origen, se advertía la existencia de un convenio celebrado entre María Posadas Sánchez y Alberto Ramírez Martínez donde se estableció el pago de una pensión alimenticia, entre otras personas a la aquí quejosa; además de los comprobantes de pago se apreciaba que el demandado Alberto Ramírez Martínez seguía realizado los pagos correspondientes a la pensión referida, por lo cual concluyó la Sala natural no era válido pronunciarse nuevamente en lo concerniente a dichos alimentos, porque la imposición de un doble pago desnaturalizaría la institución jurídica de los alimentos, lo que no está permitido por la ley y, en todo caso, sería totalmente ajeno a las finalidades de la institución jurídica de los alimentos; como ya se explicó; todo lo actuado permite calificar de infundado el concepto de violación invocado al respecto. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis P.CXVI/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 191358, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materias Constitucional y Común, página 143 del rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS." Por otra parte la impetrante de amparo sostiene que la Sala responsable incorrectamente funda y motiva sus argumentaciones al aplicar por analogía la tesis aislada de rubro "ALIMENTOS. CUANDO EL DEUDOR ALIMENTISTA CUMPLIÓ CON ESTOS, POR HABER ACOMPAÑADO CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE UN DIVERSOS JUICIO", emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Febrero de 1991, Octava Época, página 136, número de registro 223500, siendo que en el caso en estudio se trata de un divorcio incausado y no necesario. Dicho motivo de disenso deviene infundado, pues contrario a lo que afirma la quejosa, en el caso sí resulta aplicable por analogía dicho criterio en términos del numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en la tesis referida el tema abordado es en el sentido de cuando existe en un juicio prueba alguna en la cual se advierta que en un diverso procedimiento de alimentos ya se había otorgado la pensión alimenticia y el deudor alimentario ha cumplido con dicha obligación, no puede solicitarla en uno nuevo, pues eso conlleva a declarar improcedente la acción donde nuevamente se solicita, como acontece en el caso en estudio; donde se advierte la existencia de una pensión alimenticia decretada a favor de la impetrante con la inspección judicial realizada al expediente 447/2005; de ahí que deviene infundado dicho concepto de violación. Finalmente aduce que la Sala responsable incorrectamente determinó que tenía a salvo sus derechos para que se continuara otorgando la pensión alimenticia después de disuelto el vínculo matrimonial en el juicio de origen, y que era en el diverso expediente 85/2017, radicado ante el Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, mediante el cual se solicitó la modificación del convenio aprobado en sentencia de quince de diciembre de dos mil cinco derivada del expediente 447/2005 con el fin de aumentar la pensión alimenticia fijada, en donde debía intentarlo; puesto que en su concepto, lo correcto es que después de disuelto el vínculo matrimonial, el Juez Séptimo Civil que conoce del juicio de divorcio incausado, se pronuncie respecto a ello, por ser su deber. Es infundado dicho motivo de disenso, toda vez que tras apreciar que la aquí quejosa solicitaba el aumento de pensión alimenticia, la Sala responsable correctamente estableció que en atención a que el derecho de la acreedor a percibir alimentos y la correlativa del deudor ya se encontraba definida en el expediente 447/2005 y en los autos del expediente 85/2017, era en dicho expediente donde tenía que hacer valer cualquier pretensión relacionada con la pensión alimenticia decretada en su favor. Además de que previo al divorcio incausado 319/2019, ya había pronunciamiento en el juicio de alimentos 447/2005 y por tal razón ya no era viable pronunciarse sobre esa obligación alimentaria en el juicio de origen sin desnaturalizar la Institución de los alimentos pues de acceder a ello implicaría como ya lo indicó que se duplicara la pensión, generándose una fuente de lucro para el acreedor, de ahí que resulte infundado su concepto de violación. Además que el derecho a recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción, si bien se da la existencia de un acuerdo de voluntades respecto de los alimentos dentro de un juicio debidamente juzgado, ello no representa obstáculo o impedimento legal alguno para que el acreedor alimentario reclame del deudor, mediante acción autónoma, el pago de la pensión alimenticia a que se encuentra obligado legalmente, pues si bien es cierto que ante el incumplimiento de los contratos procede la acción relativa para exigir su cumplimiento, también lo es que crecería de sentido condicionar el ejercicio de aquella acción a un procedimiento previo en el que se hicieran valer otros recursos o medios legales de defensa, ya que ello tornaría inoportuna la atención de esa necesidad que en si misma implica la subsistencia de la persona, máxime que la aludida pensión es una institución de derecho familiar que prospera siempre que se satisfagan los requisitos de posibilidad-necesidad, por lo que retrasar su ministración por formalismos procesales pondría en peligro la subsistencia del acreedor y, en tal caso, corresponderá al juzgador atender la acción ejercida para exigir el cumplimiento inmediato de tan apremiante necesidad. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada en contra de la resolución de nueve de mayo de dos mil diecinueve, emitida por la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Actuario adscrito a dicha Sala, dado que su constitucionalidad se hace depender de la resolución reclamada a la Sala responsable. Se cita en apoyo la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible a foja 146 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGATIVA DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.". Por lo anteriormente expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO promovido por MARÍA POSADAS SÁNCHEZ contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo a la autoridad responsable Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por los motivos expuesto en el cuarto considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a MARÍA POSADAS SÁNCHEZ, contra las autoridades y actos reclamados precisados y por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe hasta hoy once de septiembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, del que se advierte que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda interpuesta por MARÍA POSADAS SÁNCHEZ, por propio derecho, contra actos de los Integrantes de la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otras autoridades; por lo que ordenó turnar los autos del citado juicio de amparo por conocimiento previo. Atento a lo anterior, acúsese recibo de estilo correspondiente al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, e infórmese que este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo. Consecuentemente, se homologan las actuaciones realizadas en el citado juicio de amparo; asimismo, comuníquese a las partes que las promociones relativas al juicio de amparo 764/2019-A-V, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, deberán ser dirigidas al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con el número de amparo 1027/2019-II. COMPENSACIÓN. De igual forma, comuníquese el presente auto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que realice la compensación correspondiente respecto de la demanda de amparo registrada bajo el número 006907/2019. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que sea necesario proveer sobre la apertura del incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Asimismo, no ha lugar a requerir a las autoridades responsables su informe justificado, en virtud de que por autos de veintiuno de junio y tres de julio del presente año, se tuvieron por rendidos dentro de los autos del juicio de amparo 764/2019-A y se ordenó dar vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo que se asienta para los efectos legales procedentes a los que haya lugar. Infórmese a las autoridades responsables que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. DETERMINACIÓN DE LA PARTE TERCERO INTERESADA. De igual forma, le asiste el carácter de tercero interesado ALBERTO RAMÍREZ MARTÍNEZ, en términos del inciso b) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo; sin embargo, no ha lugar a ordenar su emplazamiento, toda vez que el diecisiete de junio del presente año, se emplazó dentro del juicio de amparo 764/2019-A. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a éste tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, se les aplicará una multa de treinta a trescientos días ochenta unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el numeral 251 de la legislación federal en consulta. OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el Actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. NOTIFICACIONES. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, habida cuenta que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." FORMACIÓN DE ANEXO. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remite el Juez homólogo, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y por autorizados en los términos que precisa a las personas propuestas. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de uno de agosto de dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, uno de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, del que se advierte que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda interpuesta por MARÍA POSADAS SÁNCHEZ, por propio derecho, contra actos de los Integrantes de la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otras autoridades; por lo que ordenó turnar los autos del citado juicio de amparo por conocimiento previo. Atento a lo anterior, acúsese recibo de estilo correspondiente al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, e infórmese que este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo. Consecuentemente, se homologan las actuaciones realizadas en el citado juicio de amparo; asimismo, comuníquese a las partes que las promociones relativas al juicio de amparo 764/2019-A-V, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, deberán ser dirigidas al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con el número de amparo 1027/2019-II. COMPENSACIÓN. De igual forma, comuníquese el presente auto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que realice la compensación correspondiente respecto de la demanda de amparo registrada bajo el número 006907/2019. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que sea necesario proveer sobre la apertura del incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Asimismo, no ha lugar a requerir a las autoridades responsables su informe justificado, en virtud de que por autos de veintiuno de junio y tres de julio del presente año, se tuvieron por rendidos dentro de los autos del juicio de amparo 764/2019-A y se ordenó dar vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo que se asienta para los efectos legales procedentes a los que haya lugar. Infórmese a las autoridades responsables que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. DETERMINACIÓN DE LA PARTE TERCERO INTERESADA. De igual forma, le asiste el carácter de tercero interesado ALBERTO RAMÍREZ MARTÍNEZ, en términos del inciso b) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo; sin embargo, no ha lugar a ordenar su emplazamiento, toda vez que el diecisiete de junio del presente año, se emplazó dentro del juicio de amparo 764/2019-A. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a éste tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, se les aplicará una multa de treinta a trescientos días ochenta unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el numeral 251 de la legislación federal en consulta. OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el Actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. NOTIFICACIONES. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, habida cuenta que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." FORMACIÓN DE ANEXO. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remite el Juez homólogo, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y por autorizados en los términos que precisa a las personas propuestas. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

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