Maria Piedra Canalizo
Expediente 2332/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2332/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Piedra Canalizo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por José Fernando Aguilar Palma y María Concepción Cárdenas Fuan en su carácter de Presidente Municipal y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, personalidad que acredita con copia de la constancia de mayoría expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del diez de junio de dos mil quince y copia certificada del nombramiento de uno de enero de dos mil dieciséis, por el cual, señalan domicilio para oír y recibir notificaciones, y designan Delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, asimismo, hace del conocimiento los nombres de los Integrantes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, solicitando una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda Atento a lo anterior, se tiene como domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones el ubicado en Plaza diez de abril sin número, colonia Centro de Emiliano Zapata, Morelos, y por Delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas propuestas para ello. Asimismo, se hace del conocimiento a las autoridades lo siguiente: Por sentencia terminada de engrosar el veintinueve de noviembre de dos mil trece (fojas 178 a 200 tomo I), se concedió el amparo a CADENA COMERCIAL OXXO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra los actos que se reclaman del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, Tesorería Municipal del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, que se hicieron consistir en la iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación y refrendo de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 144, 145, 146 y 146 bis, así como la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil trece, particularmente de su artículo 18, precisando los efectos siguientes: "En tales condiciones, con apoyo en lo establecido en el artículo 77 y 78 de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la moral denominada CADENA COMERCIAL OXXO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para el efecto de que una vez que se le notifique que la presente sentencia ha causado ejecutoria, la Tesorería Municipal del Municipio de Emiliano Zapata, realice lo siguiente: a) Se abstenga de exigir a la parte quejosa, el pago del derecho por servicio de alumbrado público, durante la vigencia de las multicitadas leyes tildadas de inconstitucionales. b) No le sea cobrado por la Comisión Federal de Electricidad, por conducto de sus agencias locales, la contribución por el derecho de alumbrado público. c) En particular, proceda a la devolución de la suma de las cantidades contenidas en los avisos recibos 295 110 631 286, 295 110 235 046, 295 060 843 015, 295 100 239 230, 295 091 043 734, 295 100 637 278, 295 110 152 426, y 295 090 732 579, correspondientes al periodo del doce de abril de dos mil trece al quince de mayo de dos mil trece, y los tres últimos del quince de abril de dos mil trece al veinte de mayo de dos mil trece, los cuales contienen el cobro por concepto de derecho de alumbrado público, y que sumadas arrojan la cantidad de $10,366.46 (diez mil trescientos sesenta y seis pesos 46/100 moneda nacional), contenidas en el aviso-recibo del servicio de suministro de energía eléctrica a nombre de la quejosa expedido por la Comisión Federal de Electricidad." La sentencia antes referida causó ejecutoria el veintitrés de diciembre de dos mil trece, por lo que se requirió su cumplimiento a la responsable Tesorería Municipal de Emiliano Zapata, Morelos. Mediante resolución de veinticinco de enero del año en curso, relativa al incidente innominado sobre la actualización por derecho de alumbrado público, determinando lo siguiente: ".PRIMERO. Ha procedido el incidente innominado sobre actualización por derecho de alumbrado público, realizado por la persona moral quejosa Cadena Comercial OXXO Sociedad Anónima de Capital Variable, en términos de la parte considerativa de esta resolución. SEGUNDO. La autoridad responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos (María Concepción Cárdenas Fuan), deberá reintegrar a la persona moral quejosa Cadena Comercial OXXO Sociedad Anónima de Capital Variable, la suma de $194,285.41 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 41/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de derecho de alumbrado público durante la vigencia de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 144, 145, 146 y 146 bis, así como la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil trece." Ahora bien, por su naturaleza, la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relativa a la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal, siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, ya que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, máxime que una de ellas es de carácter penal. Atento a lo anterior, se concluye que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 29/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, Marzo de 2007, página 80, que dice: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO. La materia de un incidente de inejecución de sentencia la constituye el análisis y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo y de la contumacia de las autoridades responsables para ello, a fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal. Ahora bien, por su naturaleza, las referidas sanciones siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, toda vez que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, máxime que una de ellas es de carácter penal. Además, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda pronunciarse respecto de la procedencia de su aplicación, previamente deberá agotarse el procedimiento establecido en el Capítulo XII de la Ley de Amparo, el cual salvaguarda la garantía de audiencia, tanto de las autoridades responsables como de sus superiores jerárquicos, pues merced a los requerimientos que se les hagan estarán informadas de la ejecutoria que están obligadas a cumplir, lo cual les permitirá acatarla y evitar que se les apliquen las sanciones correspondientes. En congruencia con lo anterior, se concluye que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo. En esas condiciones se estima necesario establecer a María Concepción Cárdenas Fuan quien funge como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, que en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, se determinó conceder el amparo para el efecto de que devuelva la cantidad de $194,285.41 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 41/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de derecho de alumbrado público durante la vigencia de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 144, 145, 146 y 146 bis, así como la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil trece. Consecuentemente, es procedente requerir ahora a María Concepción Cárdenas Fuan quien funge actualmente como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos y su superior jerárquico José Fernando Aguilar Palma quien funge actualmente como Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos precisando lo siguiente: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. II. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (MARÍA CONCEPCIÓN CÁRDENAS FUAN), para que dentro del término de veinte días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, esto es reintegre a la quejosa la cantidad de $194,285.41 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 41/100 MONEDA NACIONAL) [cantidad que fue actualizada el veinticinco de enero del año en curso] por concepto de derecho de alumbrado público durante la vigencia de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 144, 145, 146 y 146 bis, así como la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil trece. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (JOSÉ FERNANDO AGUILAR PALMA), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual remite copia certificada del auto de nueve de julio de dos mil quince, del cual se desprende que ordenó girar exhorto a su homóloga con residencia en México Distrito Federal; agréguese a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes, en virtud de que por auto de quince de julio de dos mil quince, se acordó lo conducente. Ahora bien, de autos se advierte que el Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, remitió diversas constancias de las cuales se aprecia que no logro notificar a los atestes ofrecidos por la parte demandada del juicio laboral de origen, por las razones que expuso; en consecuencia remítanse dichas constancias a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, para mejor proveer sobre el cumplimiento, se requiere a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente auto, remita copia certificada del acuerdo que haya recaído a dichas constancias las cuales se anexan al oficio en el cual se transcribe el presente proveído. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258[1] de la ley de la materia NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, tomando en cuenta que la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil quince, remitió copia certificada del acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil quince, del que se advierte que declaró cerrada la instrucción y turnó los autos a proyecto de resolución en forma de laudo se provee: Toda vez que la Junta responsable se encuentra realizando actos tendientes al cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, es procedente requerir a la misma, para que en el término de ocho días contados a partir de que se encuentre debidamente notificada del presente proveído, a efecto de que remita a éste juzgado copia certificada del laudo dictado en el expediente laboral 01/1385/13. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, veintinueve de diciembre de dos mil quince. SUBSANA PREVENCIÓN. Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda presentado por María Piedra Canalizo, mediante el cual, subsana la prevención que le fuese realizada el dieciséis de diciembre del año en curso, y manifiesta que si señala como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público encargado de integrar la carpeta de investigación SC01/6551/2015 y, precisa los actos y omisiones que le reclama, en atención al primer punto de la prevención antes referida. Por otra parte, con respecto al segundo punto de la citada prevención, señala que los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación SC01/6551/2015, se remontan al veinticinco de julio de dos mil quince, y del estudio integral del escrito de cuenta, se advierte que no promovió recurso de queja en contra de las omisiones reclamadas al Agente del Ministerio Público encargado de integrar la carpeta de investigación SC01/6551/2015. DESECHAMIENTO PARCIAL. Ahora bien, sentado lo anterior y vista la demanda presentada por MARIA PIEDRA CANALIZO, por su propio derecho contra actos del Fiscal General de Estado de Morelos y otras autoridades; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la misma, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: De un estudio integral de la demanda de garantías se advierte que la promovente controvierte en esta instancia constitucional "las omisiones de Ministerio Público en la Investigación de los delitos, no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación SC01/6551/2015, desistimiento de la acción penal y por suspensión de procedimiento en virtud de que no está satisfecha la reparación del daño". Al respecto, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, en su artículo 226, establece lo siguiente: ".Artículo 226. Control judicial. Las decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar y no ejercicio de la acción penal, así como de otras omisiones durante la investigación, en los casos en que no esté satisfecha la reparación del daño, podrán ser impugnadas en queja por la víctima u ofendido ante el juez de control. En este caso, el juez convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en caso de que la resolución impugnada sea la de no ejercicio de la acción penal, al imputado y a su defensor. En caso de incomparecencia a la audiencia por parte de la víctima, el ofendido o sus representantes legales, a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación y confirmará la decisión de archivo temporal, abstenerse de investigar o no ejercicio de la acción penal. El juez podrá dejar sin efecto la decisión del Ministerio Público y ordenarle reabrir la investigación y continuar con la persecución penal, sólo cuando considere que no se está en presencia de los supuestos que la ley establece para disponer alguna de las decisiones mencionadas en el párrafo anterior." Ahora bien, debe resaltarse que de conformidad con el análisis de las consideraciones de iniciativa de la reforma al Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, se advierte que fue espíritu del Legislador el establecer un medio sencillo y accesible para impugnar las decisiones u omisiones del Ministerio Público, tal como se desprende de lo siguiente: "Ahora, también en el tema de la impugnación de las resoluciones de no ejercicio de la acción penal y resoluciones equivalentes, se avanza considerablemente respecto a la legislación vigente. Hoy en día, para impugnar una determinación del Procurador General de Justicia de no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido se ven en la necesidad de acudir al amparo, pues en la legislación procesal vigente no se establece medio de impugnación ante órgano jurisdiccional de este tipo de determinaciones. Ello implica que la impugnación de las mismas se vuelve inaccesible para la gran mayoría de las víctimas u ofendidos, especialmente para las de escasos recursos económicos, pues para nadie es noticia que el amparo se ha vuelto un medio demasiado técnico y, por ende, fuera del alcance de la gran mayoría de la población. En el Nuevo Código se establece un medio sencillo y accesible para impugnar ante órgano jurisdiccional (Juez de garantía), no sólo las decisiones de no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, (sic) sino de resoluciones equivalentes (no inicio de investigación, archivo temporal y ejercicio de algún criterio de oportunidad). De esta manera se cumple también con el mandato implícito del párrafo cuarto del artículo 21 constitucional, consistente en establecer una vía jurisdiccional para impugnar este tipo de determinaciones del Ministerio Público. También cabe destacar que no sólo se conceden a las víctimas u ofendidos, medios para inconformarse ante las citadas resoluciones del Ministerio Público sino para quejarse en contra de la inactividad injustificada del Ministerio Público o su negativa a tomar una determinación teniendo los elementos para ello. Con lo que se espera combatir la práctica de algunos agentes del Ministerio Público de no actuar en la averiguación previa sino 'a instancia' del denunciante o querellante o bien, la de no resolver la averiguación previa para evitar la impugnación de sus resoluciones." Como se puede observar, la legislación aplicable al caso concreto, establece un medio de impugnación, por las decisiones del Ministerio Público sobre el abstenerse de investigar, no ejercicio de la acción penal, así como de otras omisiones durante la investigación, en los casos en que no esté satisfecha la reparación del daño, lo que en la especie acontece, ya que, el acto reclamado consiste en "las omisiones de Ministerio Público en la Investigación de los delitos, no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación SC01/6551/2015, desistimiento de la acción penal y por suspensión de procedimiento en virtud de que no está satisfecha la reparación del daño"; por tanto, lo que jurídicamente procede, es la queja establecida en el artículo 226 de la Codificación Penal antes aludida, la cual no ha sido promovida por la peticionaria a pesar de que está obligada a hacerlo previamente al juicio de amparo. En consecuencia, como en el caso no se cumple con el principio de definitividad que regula la procedencia del juicio de garantías, es indiscutible que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, puesto que a través de la queja, se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto impugnado en este Juzgado Federal. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a. /J. 16/2011 (10a.), visible en la página 41, del Tomo XXXIII, marzo de 2011, de la Primera Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto es: "ACCIÓN PENAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU NO EJERCICIO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO ALPRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). En términos de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente, entre otros supuestos, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin que exista obligación de agotar esos recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación. Ahora bien, de los artículos 28 y 29 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se advierte que procede el recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa, contra la determinación del Procurador General de Justicia del Estado que confirma el no ejercicio de la acción penal. De ahí que al preverse ese medio de defensa en una ley formal y materialmente, y tener como efecto revocar, modificar o nulificar dicho acto de autoridad, además de no encontrarse en el supuesto de excepción contenido en la citada fracción XV del artículo 73, se impone a la quejosa agotarlo, previo al juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad que rige su procedencia. Lo anterior es así, en virtud de que la observancia del citado presupuesto de procedencia exige la exclusión de interpretaciones arbitrarias ambiguas, pues de lo contrario se generaría una amplia gama de excepciones ajenas a las establecidas legalmente y contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa que representa. Así como la Jurisprudencia 1ª./J. 118/2010, de la Primera Sala, visible en la página 17, del Tomo XXXIII, marzo de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental." De lo anterior, esta sede constitucional concluye que la interposición de la queja, satisface los requisitos establecidos para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, que la quejosa debió agotar antes de acudir al juicio de amparo, y de esa forma obtener el resarcimiento de los derechos que estima afectados. En efecto, este juzgado sostiene este aserto, con base en que el medio de impugnación en mención, tiene por objeto desaparecer la determinación que lesiona los intereses de la impetrante, precisamente porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis XVIII.4o.2 P (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página dos mil dos, registro 2003203, que a la letra establece: Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3 "ACCIÓN PENAL. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, PREVIO A PROMOVER EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ FACULTADO PARA RESOLVER SU NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO, DEBE AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 413, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES (SISTEMA DE JUSTICIA ACUSATORIO EN EL ESTADO DE MORELOS). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 118/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 17, de rubro: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008).", estableció que la víctima u ofendido del delito debe impugnar las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado y que contra la resolución que se emita al respecto procede el juicio de garantías, conforme al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, dicho órgano no se pronunció en cuanto a la aplicabilidad del principio de definitividad respecto de la resolución que emita el Juez facultado dentro del sistema acusatorio, sino del derecho de la víctima u ofendido de reclamar en la vía constitucional la determinación de no ejercicio o desistimiento de la acción penal. Ahora bien, el recurso de queja previsto en el artículo 226 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos constituye un medio de impugnación en sede judicial de las decisiones del Ministerio Público que pueden afectar los derechos de las víctimas y ofendidos, esto es, fuera del ámbito administrativo en el que se desenvuelve dicha representación social; asimismo, contra la resolución de dicho recurso de queja procede la apelación a que se refiere el artículo 413, fracción I, del citado código. Por ello, si el legislador estableció una doble instancia jurisdiccional para controvertir el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, es inconcuso que para la víctima u ofendido es imperativo agotar la queja y luego la apelación, y contra la resolución que se emita en esta última, podrá promover el juicio de amparo indirecto, ya que en el caso no opera algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Lo anterior sin soslayar que en términos de la fracción VII del artículo 114 de la ley de la materia, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, conforme al artículo 21, párrafo cuarto, constitucional; pues dicha norma de procedencia del juicio de garantías perdió su vigencia, y aun cuando sea aplicada por analogía al texto constitucional vigente, no dispensa la aplicación del principio de definitividad, en caso de que la impugnación en sede judicial sea biinstancial, por lo que, de ser así, debe agotarse la vía jurisdiccional y no existe motivo alguno que justifique que el juicio de amparo indirecto suplante al recurso apelación establecido en la legislación ordinaria, de manera que sólo contra la resolución que decida en definitiva el control judicial del no ejercicio de la acción penal procederá el juicio de amparo indirecto." En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por tanto SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, promovida por María Piedra Canalizo por cuanto a los actos reclamados al Agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación SC01/6551/2015, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. ADMISIÓN DE DEMANDA. Ahora bien, por cuanto al acto reclamado al Fiscal General del Estado de Morelos y Director de Averiguaciones Previas y/o Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana, consistente en la omisión de acordar los escritos presentados el diecinueve de noviembre, veintisiete de noviembre y uno de diciembre, todos del dos mil quince; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse incidente de suspensión, por no haber sido solicitado expresamente por la quejosa. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con el artículo de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable el informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días contado desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrá que exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y deberá acompañar, en su caso, copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoye, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con apoyo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil días de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada como al efecto lo establece el artículo 238 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a éste tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, se les aplicará una multa de treinta a trescientos días ochenta días de salario, como al efecto lo dispone el numeral 251 de la legislación federal en consulta, que se trascribe a continuación. PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE QUEJOSA De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas que ofrece la quejosa a su escrito inicial de demanda, las cuales, se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el Actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que ordena hacer públicas las sentencias que haya causado estado o ejecutoria, y con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias que haya causado estado o ejecutoria, de conformidad con los artículos 8° y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicará dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx y seguir estos pasos: 1.- Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2.- Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3.- Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4.- Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5.- Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, habida cuenta que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Por último, se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la carta magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos; asimismo, se indica que las promociones que dirija a este juicio de amparo, deben contener el número de expediente y mesa de trámite. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6655/2015 de veintitrés de noviembre de dos mil quince, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
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