María Petra González González
Expediente 423/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/04/2015
Partes del expediente
- María Petra González González
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ****; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción I, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías.
- Principal
.Por tanto, el Juez y la Ejecutora, ambos adscritos al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México al solicitar aclaración de sentencia generan una dilación procesal injustificada en el procedimiento de origen. En efecto, atento a la naturaleza de los derechos que son materia de análisis y debate en el procedimiento de origen, el Juez del conocimiento debe: a) Respetar el derecho ostentado por el aquí quejoso (tercero extraño a juicio); lo anterior, a fin de que se restituya al solicitante de amparo en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados. b) Lo anterior, pues al resultar que efectivamente el quejoso es extraño a la controversia de origen, el efecto de la protección constitucional es restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que le fueron afectados (derechos de propiedad) al no ser partícipe de esa relación procesal, lo que no implica la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que es extraño, pues la única intención del tercero en comento es simplemente extraer de aquella controversia sus derechos. Ello es así, pues el quejoso demostró que es copropietario del inmueble involucrado en el juicio reivindicatorio, y no se aprecia prueba que refleje que estaba enterado de ese procedimiento o que fue oído a través de la asociación que representa al condominio, por tanto, se le violó su garantía de audiencia. Tal pronunciamiento no se afecta por el hecho de que en el juicio seguido contra la demandada se hayan observado las formalidades del procedimiento (emplazamiento, oportunidad de que contestara la demanda, ofreciera pruebas y formulara alegatos, la emisión de una sentencia y su impugnación), pues lo relevante es que todas esas no se observaron en relación con quien demostró tener derechos de copropiedad respecto del inmueble litigioso. Es importante hacer notar que el tribunal revisor determinó inexacto que la concesión dé lugar a considerar que deben llamarse a juicio a los ochenta y cinco propietarios de los lotes que conforman el condominio, habida cuenta de que este órgano jurisdiccional no señaló que debía integrarse a la relación jurídico-procesal al quejoso o a otros condóminos, pues se hace hincapié que la concesión del amparo es para que las autoridades responsables respeten el derecho de aquel. De ahí que no existe posibilidad de que sean llamados al procedimiento natural, como lo pretende hacer ver el recurrente, a fin de reflejar el alargamiento en la ejecución de sentencia. Lo anterior es así, pues de la legislación aplicable del Estado de México, se desprende que el contrato de compraventa es una de las figuras jurídicas que contempla la ley sustantiva del Estado, que regulan la transmisión de la propiedad y que constituye un título apto para tal efecto, aunque su estudio, como se anotó en la sentencia de amparo, no debe llevarse al extremo de dilucidar cuestiones relativas a conocer quién tiene el mejor derecho respecto del bien inmueble en controversia, pues las cuestiones de propiedad no pueden dilucidarse en el juicio de garantías sin haber sido resueltas previamente por la potestad común. No obstante que desde la ejecutoria de amparo sólo existe un requerimiento para el cumplimiento de ésta, lo cierto es que el núcleo esencial del amparo otorgado no fue realizado con la precisión necesaria y, por el momento, no se encuentra justificado imponer la multa a que alude el artículo 192 de la Ley de Amparo. En ese orden, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase por segunda ocasión al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo, lo cual deberá acreditar en el mismo lapso con las constancias respectivas, la cual se concedió para los efectos ya precisados Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen por virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en la Constitución Federal. Es aplicable, la tesis emitida por tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional. [10a. Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de la Federación; 1a. CX/2015 (10a.)]. Asimismo, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo. Justifica la actual determinación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. [10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; Pág. 627]. También resulta, por las consideraciones que contiene, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: RECURSO DE INCONFORMIDAD. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN CONCEDIDA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA CUMPLIR LAS SENTENCIAS DE AMPARO, ENCUENTRA SU LÍMITE EN EL CONTENIDO DE LOS DERECHOS HUMANOS AL DEBIDO PROCESO Y DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. [10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 5, Abril de 2014, Tomo I; página 811]. Se apercibe a la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México que de no hacerlo en el tiempo concedido, o de no informar lo conducente conforme a la legislación de la materia, se le impondrá una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Sin perjuicio de lo anterior, y tomando en consideración que el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México no tiene superior jerárquico, también se le apercibe que, en caso de no acatar el presente mandato, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo vigente. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de ley de la materia. Tiene aplicación la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, visible en la página 5, cuyo rubro dice: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). [10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; Pág. 7.]
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