Maria Petra Benitez Cruz

Expediente 1952/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1952/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • Maria Petra Benitez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, once de enero de dos mil veintitrés. Desahogo de prevención Intégrese el escrito signado por la quejosa a través del cual, desahoga la prevención de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Consideración previa Del análisis a la demanda, así como del escrito de desahogo, se advierte que la quejosa, reclama lo siguiente: El auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, de la estadística del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, en el que se dejó insubsistente lo actuado respecto al emplazamiento del demandado al existir diversas irregularidades en éste, así como la citación a las partes para dictado de sentencia. La sentencia interlocutoria de ********************, que declaro infundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de treinta y uno octubre del año pasado, dictada en el expediente ********************, de la estadística del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México. Desechamiento Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Así, se colige que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que, aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Desechamiento del acto reclamado identificado con el inciso a) Por lo que hace al acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en: El acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, de la estadística del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, en el que se dejó insubsistente lo actuado respecto al emplazamiento del demandado al existir diversas irregularidades en éste, así como la citación a las partes para dictado de sentencia. Cabe señalar que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Del dispositivo transcrito se aprecia que el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causal de improcedencia citada debe entenderse en dos supuestos, a saber: a) Por revocación o derogación; y, b) Por sustitución. La primera hipótesis se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se da por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Se invoca en apoyo, la tesis I.2o.P.4 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, registro electrónico 2013461, de título, subtítulo y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Puntualizado lo anterior, conviene retomar que, en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa consiste en el auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, de la estadística del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, en el que se dejó insubsistente lo actuado respecto al emplazamiento del demandado al existir diversas irregularidades en éste, así como la citación a las partes para dictado de sentencia. Sin embargo, a la óptica del suscrito han cesado en sus efectos, ya que del escrito inicial de demanda, se advierte que la aquí peticionaria del amparo interpuso recurso de revocación contra dicha determinación, esto es, el acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós -acto aquí reclamado-. Mismo que, se admitió a trámite y sustanciado en sus etapas, el ********************, resolvió lo siguiente. "PRIMERO. Es infundado el recurso de revocación planteado por MARIA PETRA BENITEZ CRUZ en contra del auto emitido en fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022). SEGUNDO.- En consecuencia, queda intocado el auto emitido en fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022). TERCERO NOTIFIQUESE PERSONALMENTE." En consecuencia, resulta evidente que el acto reclamado, ha sido sustituido procesalmente por la determinación que resolvió el recurso de revocación, pues a pesar de que no logró conseguir la reparación del derecho que aduce violado, es claro que tal resolución sustituyó procesalmente a la determinación primaria. En efecto, no obstante que pudiese subsistir la violación de derechos, el primer acto ya no es susceptible de ser materia de examen en el juicio de amparo biinstancial, sino que en su caso debe ser la resolución dictada con motivo del medio de impugnación que interpuso la propia quejosa ante la autoridad de instancia. Sirve de apoyo la jurisprudencia III.2o.C. J/22, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1579, tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, es inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que hace al acto identificado con el inciso a) Desechamiento del acto reclamado identificado con el inciso b. Por otra parte, en relación al diverso acto reclamado identificado con el inciso b), consistente en: La sentencia interlocutoria de ********************, que declaro infundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de treinta y uno octubre del año pasado, dictada en el expediente ********************, de la estadística del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México. Se considera se actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que los actos de molestia, no afectan derechos sustantivos protegidos por la Constitución Federal y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, a favor de la promovente, como se expondrá a continuación. Los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De acuerdo a lo establecido en los numerales trascritos, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial, respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y tratados internaciones tales como la libertad, vida, propiedad, entre otros; para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese tenor, es preciso señalar que los denominados derechos adjetivos o procesales sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Bajo esa premisa, el juicio constitucional intentado resulta improcedente en la especie, toda vez que como se indicó la quejosa se duele de la sentencia interlocutoria de ********************, que declaro infundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de treinta y uno octubre del año pasado, dictada en el expediente ********************, de la estadística del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo, resolución en a que en esencia se indicó que: ". Luego entonces ante esta serie de irregularidades, lo conducente es dejar insubsistente lo actuado, respecto al emplazamiento por edictos del demandado ********************, para el efecto de, primero agotar el domicilio ubicado en (.), para que posteriormente y como diligencias para mejor proveer y para así poder proceder a emplazar al demandado cumplimiento para ello puntual y cabalmente lo previsto en los artículos 1.173, 1.174, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, y 1.179 ." De la transcripción que antecede se puede constatar el motivo por el cual la autoridad responsable ordenó declarar infundado el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, en el que como se señaló, se procedió a dejar sin efectos el emplazamiento realizado por edictos a la parte demandada, al existir diversas irregularidades en éste. Ahora, tal reclamo, no constituyen un acto que tenga una ejecución de imposible reparación; esto así, porque en todo caso, sólo afectan derechos procesales de la parte quejosa. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio biinstancial resulta improcedente contra actos en juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como en el caso acontece, toda vez que el acto impugnado, no es de aquellos que lleve en sí una ejecución de imposible reparación, ya que no causa algún daño jurídico que no sea reparable, sino que solamente repercute en el procedimiento de origen, y puede ser reparable con la sentencia que ponga fin al juicio de origen si es acorde a los intereses de la quejosa; de ahí que, los actos reclamados no son considerados de imposible reparación para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. Máxime que de acuerdo a los antecedentes narrados por la peticionaria del amparo se advierte que en el juicio de origen a la fecha en que se emite el presente auto, no se ha dictado sentencia que ponga fin a ese procedimiento; de ahí que si al momento en que se dicte, resulta favorable a los intereses de la quejosa, ningún perjuicio le causa a esta última, ya que los efectos de los actos reclamados habrán desaparecido, lo que conlleva a establecer que el acto no es de imposible reparación y, por ende, el juicio biinstancial se torna improcedente. Además de que contra la sentencia que resuelva en definitiva la controversia planteada en el expediente ********************, puede hacerse valer el amparo directo, en términos de la fracción l del diverso ordinal 170 de la legislación en comento, toda vez que hasta ese momento del dictado la sentencia definitiva se podrá apreciar si se vulneraron sus defensas, trascendiendo tal violación al resultado del fallo, pues de no considerarse así, todos los actos de carácter procesal, tendrían que ser combatidos en la vía indirecta y se haría nugatoria la mencionada fracción I del numeral 170 de la Ley de Amparo. De ahí que no proceda el juicio de amparo indirecto, porque contrario a lo que se pretende, el último de los ordinales citados, dispone que procede el juicio de amparo directo, contra las sentencias definitivas, en las que se podrá alegar las violaciones que se cometan durante el procedimiento y que afecten las defensas de las impetrantes del amparo que hayan trascendiendo al resultado del fallo. Tiene aplicación a lo antes expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 37/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2000789, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, visible en la página 741, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio". Así como la diversa tesis sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital: 160816, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, visible en la página 1662, de rubro y texto: "NULIDAD DE ACTUACIONES POR DEFECTOS EN EL EMPLAZAMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE, POR TAL RAZÓN, ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO, AUNQUE ELLO PUEDE IMPLICAR REALIZARLO POR EDICTOS. De la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", se advierte, medularmente, que la resolución que ordena reponer el procedimiento por falta de emplazamiento constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva (en materia civil, estricto o lato sensu), en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, por no afectar, directa e inmediatamente, derechos sustantivos establecidos en la Constitución, y el perjuicio procesal no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, dado que éste continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada, lo que no encuentra obstáculo en el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque el propio Alto Tribunal señaló: "... tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta.". Adicionalmente, a la misma conclusión debe arribarse cuando se trata de una resolución que ordena reponer el procedimiento por defectos en el emplazamiento y que, en su caso, puede significar que deba realizarse nuevamente mediante edictos y a cargo de la parte quejosa, puesto que tal hecho constituye un acto futuro e incierto que, de concretarse, implicaría un acto de molestia a la parte inconforme con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, pero que no está contemplado como elemento que determine la irreparabilidad del acto que reclama e, inclusive, la afectación económica puede ser objeto de las costas causadas en el juicio a la parte condenada, en las hipótesis establecidas en la ley que rige al acto". En consecuencia al actualizarse las causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX1 y XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria María Eréndira Pérez Pérez, que da fe.SMV

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Razón actuarial Intégrese la razón actuarial, a través de la cual, la actuaria judicial adscrita a este juzgado manifiesta su imposibilidad para notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, por los motivos que expone. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso a), en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, practíquese la notificación del proveído de veintitrés de diciembre del año actual, y la relativa al presente acuerdo, así como las subsecuentes, por medio de las listas que se fijan en este órgano federal. EN CUMPLIMIENTO A LO DETERMINADO EN EL AUTO QUE ANTECEDE, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA ** EL AUTO DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022, MISMO QUE EN LA ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Radicación y registro Vista la demanda que promueve *****, por propio derecho; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1952/2022-IV-B. Consideraciones previas Del análisis del escrito inicial de demanda se advierte que a la parte quejosa reclama lo siguiente: La sentencia interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por la que por la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de treinta y uno octubre del año en curso, dictada en el expediente 1003/2008, de la estadística del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México. El auto de ********************, dictado en el expediente 1003/2008, de la estadística del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México. Sin embargo, no se advierte que la quejosa señale cuando tuvo conocimiento de los actos reclamados. Prevención Previo a acordar lo conducente respecto de la procedencia de la instancia constitucional, en vista de que existen irregularidades en la demanda de amparo que deben subsanarse, con fundamento en los artículos 108, 110 y 114, fracción II y V, fracción, de la Ley, requiérase a la promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Deberá exhibir copia autorizada o transcribir el auto de treinta y uno de octubre del año en curso; así como la resolución que reclama. Deberá manifestar de manera clara y precisa la fecha en la cual tuvo conocimiento o se hizo sabedora de los actos reclamados, toda vez que del escrito de demanda no se advierte dicha circunstancia; y, Exhiba tres copias más del escrito de demanda, toda vez que la parte quejosa únicamente exhibe el original de su demanda, y se necesitan cuatro para su tramitación a efecto de correr traslado a las partes, de la siguiente manera: una para la autoridad responsable, una para el agente del ministerio público adscrito a este juzgado, una para la parte tercera interesada, y una más para integrar el sumario en que se actúa. En el entendido que además deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes. Asimismo, apercibido de las sanciones a que pueden hacerse acreedores a aquellos que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con los actos reclamados, en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Aunado a que la aclaración la tendrá que hacer de manera directa, por escrito, en razón de que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración se realice con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de ella, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. ****." Asimismo, la jurisprudencia **** de la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Apercibimiento Se apercibe a la promovente que de no cumplir con lo requerido, transcurrido el término señalado, con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. Domicilio, acceso y notificaciones electrónicas Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computados legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones. En caso de no contar con un usuario registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera extraordinaria y conforme a lo establecido el artículo 257, fracción I del referido Acuerdo General, en el mismo término, deberá proporcionar un número telefónico, a fin de establecer comunicación no procesal y, por excepción, procesal, para realizar las notificaciones a las que les recaiga el carácter personal por este medio, apercibido que de ser omiso al respecto, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda. Instrucciones para la creación de usuario electrónico A fin de realizar lo anterior, deberá crear su usuario electrónico y tramitarse la firma electrónica vigente (FIREL), así como, solicitarse la autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal, debiendo indicar el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Para lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. Autorizados Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Consulta del expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Radicación y registro Vista la demanda que promueve *****, por propio derecho; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1952/2022-IV-B. Consideraciones previas Del análisis del escrito inicial de demanda se advierte que a la parte quejosa reclama lo siguiente: La sentencia interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por la que por la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de treinta y uno octubre del año en curso, dictada en el expediente 1003/2008, de la estadística del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México. El auto de ********************, dictado en el expediente 1003/2008, de la estadística del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México. Sin embargo, no se advierte que la quejosa señale cuando tuvo conocimiento de los actos reclamados. Prevención Previo a acordar lo conducente respecto de la procedencia de la instancia constitucional, en vista de que existen irregularidades en la demanda de amparo que deben subsanarse, con fundamento en los artículos 108, 110 y 114, fracción II y V, fracción, de la Ley, requiérase a la promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Deberá exhibir copia autorizada o transcribir el auto de treinta y uno de octubre del año en curso; así como la resolución que reclama. Deberá manifestar de manera clara y precisa la fecha en la cual tuvo conocimiento o se hizo sabedora de los actos reclamados, toda vez que del escrito de demanda no se advierte dicha circunstancia; y, Exhiba tres copias más del escrito de demanda, toda vez que la parte quejosa únicamente exhibe el original de su demanda, y se necesitan cuatro para su tramitación a efecto de correr traslado a las partes, de la siguiente manera: una para la autoridad responsable, una para el agente del ministerio público adscrito a este juzgado, una para la parte tercera interesada, y una más para integrar el sumario en que se actúa. En el entendido que además deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes. Asimismo, apercibido de las sanciones a que pueden hacerse acreedores a aquellos que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con los actos reclamados, en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Aunado a que la aclaración la tendrá que hacer de manera directa, por escrito, en razón de que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración se realice con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de ella, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. ****." Asimismo, la jurisprudencia **** de la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Apercibimiento Se apercibe a la promovente que de no cumplir con lo requerido, transcurrido el término señalado, con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. Domicilio, acceso y notificaciones electrónicas Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computados legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones. En caso de no contar con un usuario registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera extraordinaria y conforme a lo establecido el artículo 257, fracción I del referido Acuerdo General, en el mismo término, deberá proporcionar un número telefónico, a fin de establecer comunicación no procesal y, por excepción, procesal, para realizar las notificaciones a las que les recaiga el carácter personal por este medio, apercibido que de ser omiso al respecto, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda. Instrucciones para la creación de usuario electrónico A fin de realizar lo anterior, deberá crear su usuario electrónico y tramitarse la firma electrónica vigente (FIREL), así como, solicitarse la autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal, debiendo indicar el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Para lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. Autorizados Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Consulta del expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

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