María Pérez Niebla

Expediente 376/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
376/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • María Pérez Niebla

Actuaciones

  1. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE PROVEÍDO DE DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL Y EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, EL PROVEÍDO DE DOS DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA PARTE QUEJOSA MARÍA PÉREZ NIEBLA, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda que dio origen al expediente que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Por otra parte, como de la certificación de cuenta se advierte que obran documentos (en copia cotejada) en el juicio en que se actúa, ante tal circunstancia, con apoyo en el punto décimo primero del acuerdo invocado, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, acuda a recoger los documentos exhibidos en el expediente, apercibiéndola que en caso de no hacerlo, dichas documentales podrán ser destruidas junto con el expediente en el momento oportuno. Por tanto, se hace de su conocimiento que la cita para la entrega de los documentos de que se trata es en un horario de las trece a las diecisiete horas. Asimismo, se indica a la parte quejosa, que, a fin de ingresar al Órgano Jurisdiccional, deberá agendar la cita respectiva a la brevedad posible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, de conformidad con los artículos 3 y 6, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia que, conforme a los numerales enunciados, la generación de la cita otorgará a la persona a cuyo nombre se solicita, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional; sin embargo, el acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse; aunado al hecho que, el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Asimismo, precisa indicar que, conforme a la normativa enunciada, el Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE PROVEÍDO DE DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL Y EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE QUEJOSA MARÍA PÉREZ NIEBLA, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por María Pérez Niebla, por propio derecho, contra actos que atribuye al Fiscal Regional de Coalcomán de Vázquez Pallares, Michoacán, y otras autoridades; se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno. Análisis de procedencia del juicio de amparo. En principio, es conveniente precisar que el quejoso reclama en el presente juicio de amparo lo siguiente: "La ilegal orden escrita o verbal de aseguramiento dictada en contra de mi patrimonio familiar, decretada por la autoridad responsable ordenadora y cumplimentada o ejecutada por la autoridad ejecutora Director de la Policía de Investigación y policías de investigación, consistente en la privación y aseguramiento del vehículo de mi propiedad mismo que se identifica con los siguientes datos: Clase y tipo automóvil sedan, marca Chevrolet, versión o línea Malibu LT, modelo 2013, número de serie 1G1195SA4DF1333465, motor hecho en USA, procedencia importado, tal y como lo acredito con la factura número A689, expedida por la agencia automotriz MONTOTO CHEVROLET S.A. DE C.V., orden de las responsables a todas luces inconstitucional pues no existe orden o mandato judicial que les haya autorizado legalmente el aseguramiento y la retención del vehículo descrito anteriormente." En tales condiciones de todo lo expuesto, se pone de manifiesto que, desde el uno de abril de dos mil veintidós, la quejosa tuvo total conocimiento del acto reclamado el aseguramiento del automor que defiende. Por tal motivo, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; lo cual conlleva a desechar de plano la demanda de amparo como se expondrá a continuación. De conformidad con el artículo y fracción transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquellos contra los que no se promueve la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, es decir, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento o se ostenta sabedor del acto reclamado. Para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días. Plazo que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. Pues la Ley de Amparo además de la notificación en términos de la Ley ordinaria de la cual provenga el acto reclamado, también establece la posibilidad de que el quejoso conozca del acto de manera informal, sin exigir formalismo para ello, y esté en condiciones de combatirlo, esto es, simplemente que no lo desconozca. Así, se tiene que la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado el uno de abril de dos mil veintidós, fecha en la que es ineludible que la demanda de amparo que nos ocupa se encuentra presentada fuera del término legal de quince días hábiles posteriores a que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado. Ello es así toda vez que en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, los plazos para la presentación de la demanda de amparo indirecto se computarán a partir del día siguiente a aquél en que la quejosa se ostente sabedora del acto reclamado, en el caso, el uno de abril de dos mil veintidós, fue la fecha en la que el quejoso supo la existencia del acto reclamado, acorde con lo narrado en párrafos precedentes. De tal modo, el plazo para presentar la demanda de amparo contra los actos reclamados, transcurrió del cuatro al veintisiete de abril de dos mil veintidós, ello es así, en virtud de que, en dicho plazo no se computaron los días que mediaron previstos en el numeral 19 de la Ley de Amparo. Por ende, si la demanda de amparo fue presentada el dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la oficina de correspondencia común, y turnada a este en esa misma data, es evidente que ello ocurrió fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados. Esto es, aun excluyendo de dicho cómputo los días no laborables, la presentación de la demanda de amparo sigue estando fuera del plazo que la ley exige para estudiar los actos reclamados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito de los actos reclamados, que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. DOMICILIO PROCESAL. Por otra parte, toda vez que la promovente señaló los estrados del Juzgado, para oír y recibir notificaciones, tal circunstancia faculta a este Tribunal para ordenar que las subsecuentes notificaciones, aun las personales, se practiquen por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; bajo apercibimiento que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no resulte indispensable que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado, en cuyo caso no se podrá celebrar la audiencia constitucional, salvo que en su momento se reúnan las condiciones necesarias para llevar a cabo la audiencia por videoconferencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de los días que llegaran a declararse inhábiles laborables, para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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