María Olga Loya García

Expediente 622/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
622/2018
Año
2018
Actuaciones
27
Última actuación
19/11/2019

Partes del expediente

  • María Olga Loya García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Del estado procesal de autos se que ya transcurrió el término de quince días previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad en contra del auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve, en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de amparo. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que este asunto es depurable. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente, así como las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. NOTIFÍQUESE; por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que con fecha nueve de octubre del año en curso, se ordenó se notificar a la parte quejosa de forma personal, toda vez que mediante auto veintinueve de agosto de la presente anualidad se le ordenó notificar por lista la notificaciones aún las de carácter personal, sin que obre tal notificación a la parte quejosa en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, por tanto se ordena la publicación del proveído de nueve de octubre del año en curso como lo dispone el numeral 29, fracciones I, II, III y IV de la Ley de Amparo, toda vez que la publicación por medio de lista que se publica en los estrados de este Órgano Jurisdiccional y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a las Partes, del citado proveído. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JUDICIAL, EL PROVEÍDO DE NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los cuales se advierte que por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del contenido del oficio 1725/2019, así como de las copias certificadas anexas, remitidos por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, con los que informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, término que transcurrió del cuatro al seis de septiembre de dos mil diecinueve, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Por tanto, se hacen efectivos los apercibimientos decretados, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su cumplimiento. ACTO RECLAMADO Cabe recordar que María Olga Loya García, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto siguiente: La sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dentro del toca civil I-324/2018, por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Su ejecución. EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO En sentencia de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictada por este Juzgado, la cual causó ejecutoria en proveído de cuatro de junio del año en curso, se concedió a la quejosa, la protección constitucional, para el efecto de que: Que el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, deje insubsistente la resolución reclamada; y, Emita otra, en la que en base a las consideraciones asentadas en esta resolución determine la operancia de los agravios esgrimidos por la parte apelante, aquí quejosa, y los resuelva conforme a derecho corresponda, con plenitud de jurisdicción, decidiendo de la misma forma el resto de temas propios de la apelación. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución, atribuidos al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Uruapan al no reclamarse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de lo reclamado a la autoridad judicial. DOCUMENTOS QUE APORTARON LAS RESPONSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO La Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante oficio 681 de diez de junio de dos mil diecinueve, informó que el asunto sería turnado entre las demás salas de la misma materia, debido al retiro del Magistrado adscrito a la Octava Sala Civil; así por oficio 728 hace del conocimiento que el encargado de la cumplimentación de la ejecutoria de amparo lo será el Titular de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien mediante diverso 1067 informa que se avoca al conocimiento del asunto A fin de acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, remitieron los oficios 1089 y 1725/2019 de dos y tres de mayo de dos mil diecinueve, a los cuales adjuntaron en copia certificada lo siguiente: La resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve emitida por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en la que se determinó lo siguiente: "(.) SEXTO. Aduce la recurrente que la resolución recurrida, viola los artículos 719, 722 y 740, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ya que sin fundar y motivar la resolución impugnada se niega a ejecutar la resolución de fecha 3 tres de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, violando con ello el principio de inalterabilidad de la cosa juzgada, que rige para la ejecución de las sentencias y convenios y su garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, en virtud de que dicha garantía consagra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la completa e integral ejecución de sus fallos, cuestión que al ser de orden público debió, observar aun oficiosamente el resolutor primigenio; que sin justificación alguna se negó a cumplimentar su resolución; sólo por el hecho de que la persona que encontró en el interior del inmueble se opuso al desalojo ordenado, sin acreditar tener algún derecho respecto del inmueble, puesto que, como atinadamente el juez le explicó, ya había perdido en juicio el derecho tutelado por la escritura y la resolución se estaba ejecutando en contra de su causahabiente y sus copropietarios, lo que, no fue observado por el resolutor de origen, en el sentido de que se violaba su derecho de defensa, pues el mismo ya no tenía el derecho de propiedad al que aludió, por lo que dice, resulta ilegal y violatoria de los preceptos legales señalados, que garantizan el derecho a que se ejecute el convenio celebrado en autos, por lo que asegura, debe revocarse la resolución recurrida, ordenando el cumplimiento del auto de fecha 3 tres de noviembre del ario 2016 dos mil dieciséis, que ordenó ponerla en posesión del referido inmueble que se adjudicó en el presente juicio, a efecto de no dejarla en estado de indefensión y de no paralizar el procedimiento. Son esencialmente fundados los anteriores motivos de inconformidad. (.) Ahora bien, los agravios de la apelante van encaminados a combatir esencialmente, el hecho de que el juez primigenio no señaló día y hora para llevar a cabo la entrega real y material a su favor, como ésta lo pidió y a la que refiere tener derecho, conforme a lo establecido en los artículos 719 y 722 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, sino que dicha autoridad de primer grado, simplemente sostuvo que la solicitante debía estarse a lo determinado en la diligencia de diez de enero de dos mil diecisiete, sin esgrimir los motivos y fundamentos del por qué lo estimo de esa manera. Argumento que resulta fundado, porque el juez de origen, no fundó ni motivo por qué la decisión del actuario, en una diligencia de ejecución; sobre dejar a salvo los derechos de la actora al no poder en su concepto, entregar el inmueble, le obligaba, para ordenar a la quejosa que se estuviera a lo decidido por el actuario y no indicó el fundamento legal que permitía al actuario dictar resoluciones vinculantes sobre el tema. La negativa del resolutor de origen de ejecutar el auto de fecha 3 tres de noviembre de 2018; que ordenó poner a la ahora apelante en posesión real y material del inmueble adjudicado a su favor es violatorio de garantías. (.) En virtud de lo anterior, la determinación reclamada en esta instancia, es violatoria en detrimento de la parte apelante. En congruencia con lo anterior, lo que procede en reparación del agravio cometido en perjuicio de la apelante, es revocar, como así se hace, el auto apelado, a efecto de que se dé cumplimento al proveído de fecha tres de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, que ordenó poner a la adjudicataria, ahora apelante, en posesión real y material del inmueble materia de la adjudicación en su favor. Por consiguiente, el auto recurrido deberá quedar redactado en lo subsecuente, en los siguientes términos: "Uruapan, Michoacán, a 20 veinte de septiembre de 2018 dos mil dieciocho. (sic) Visto el escrito que suscribe María Olga Loya García, en cuando adjudicataria del bien inmueble rematado en autos, téngasele haciendo las manifestaciones que indica: asimismo, se le tiene exhibiendo copias certificadas del expediente 375/2017, y con ello manifestando que Roberto Mendoza Espinoza, es la misma persona. Como lo solicita, se señalan las (aquí el juzgado de primera instancia deberá señalar la hora en que tendrá verificativo la audiencia, de acuerdo con la agenda que se lleva en el mismo) del día (aquí se anotará el día) del mes de (también marcará el mes) de 2019 dos mil diecinueve, para que el tribunal se constituya en el inmueble consistente en un solar urbano con construcción para casa habitación, con frente a la calle Morelos número 125 ciento veinticinco de la colonia Morelos de la ciudad de Uruapan, Michoacán, y ponga en posesión real y material del mismo a la referida adjudicataria." SÉPTIMO. En la especie, dada la materia del presente recurso, no se actualiza ninguno de los supuestos fácticos a que se contraen los artículos 137, 138 y 140 del Código de Procedimientos Civiles, de condena forzosa al pago de costas, por tanto, no se hace especial condena en costas de esta instancia. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los artículos 682, 719 y 720 del ordenamiento procesal civil, se resuelve: PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO. Este tribunal es competente para conocer y resolver el presente recurso. SEGUNDO. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo indirecto civil número 622/2019, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, Michoacán, promovido por María Olga Loya García, contra actos de la Octava Sala Civil, se declaró insubsistente la sentencia pronunciada dentro del presente toca de fecha 31 treinta y uno de octubre de 2018 dos mil dieciocho. TERCERO. Resultaron esencialmente fundados los agravios expresados por María Olga Loya García. CUARTO. Se revoca el auto apelado, QUINTO. No se hace especial condena en costas de esta instancia. (...) Acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por el que, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Septima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, señala fecha y hora para llevar a cabo la diligencia ordenada y poner en posesión real y material del inmueble a la aquí quejosa. CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA Como se advierte del examen de las documentales aludidas, las que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende que la autoridad responsable cumplió en sus términos con la sentencia de amparo, dado que de las constancias enunciadas se advierte que el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán realizó lo siguiente: Se dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Octava Sala Civil Del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Dictó una nueva el cuatro de julio de dos mil diecinueve, fundada y motivada, en la que se determinó la operancia que le resultaba a los agravios presentados por la parte apelante (aquí quejosa), los cuales resultaron esencialmente fundados, ordenándose revocar el auto apelado y señalando como deberá ser redactado. Por su parte, el Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, en acatamiento a la nueva resolución emitida por la sala civil antes descrita, se sirvió señalar fecha y hora para llevar a cabo la diligencia ordenada en el auto apelado. En consecuencia, procede concluir que, el agravio sufrido por la parte quejosa ha sido reparado, por tanto, se declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Atento a lo anterior, se ordena notificar a la parte quejosa y tercero interesada, haciéndoles saber que cuentan con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, en términos de lo previsto por el artículo 196 de la citada legislación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCEROS INTERESADOS.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los cuales se advierte que por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del contenido del oficio 1725/2019, así como de las copias certificadas anexas, remitidos por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, con los que informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, término que transcurrió del cuatro al seis de septiembre de dos mil diecinueve, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Por tanto, se hacen efectivos los apercibimientos decretados, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su cumplimiento. ACTO RECLAMADO Cabe recordar que María Olga Loya García, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto siguiente: La sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dentro del toca civil I-324/2018, por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Su ejecución. EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO En sentencia de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, dictada por este Juzgado, la cual causó ejecutoria en proveído de cuatro de junio del año en curso, se concedió a la quejosa, la protección constitucional, para el efecto de que: Que el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, deje insubsistente la resolución reclamada; y, Emita otra, en la que en base a las consideraciones asentadas en esta resolución determine la operancia de los agravios esgrimidos por la parte apelante, aquí quejosa, y los resuelva conforme a derecho corresponda, con plenitud de jurisdicción, decidiendo de la misma forma el resto de temas propios de la apelación. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución, atribuidos al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Uruapan al no reclamarse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de lo reclamado a la autoridad judicial. DOCUMENTOS QUE APORTARON LAS RESPONSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO La Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante oficio 681 de diez de junio de dos mil diecinueve, informó que el asunto sería turnado entre las demás salas de la misma materia, debido al retiro del Magistrado adscrito a la Octava Sala Civil; así por oficio 728 hace del conocimiento que el encargado de la cumplimentación de la ejecutoria de amparo lo será el Titular de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien mediante diverso 1067 informa que se avoca al conocimiento del asunto A fin de acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, remitieron los oficios 1089 y 1725/2019 de dos y tres de mayo de dos mil diecinueve, a los cuales adjuntaron en copia certificada lo siguiente: La resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve emitida por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en la que se determinó lo siguiente: "(.) SEXTO. Aduce la recurrente que la resolución recurrida, viola los artículos 719, 722 y 740, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ya que sin fundar y motivar la resolución impugnada se niega a ejecutar la resolución de fecha 3 tres de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, violando con ello el principio de inalterabilidad de la cosa juzgada, que rige para la ejecución de las sentencias y convenios y su garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, en virtud de que dicha garantía consagra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la completa e integral ejecución de sus fallos, cuestión que al ser de orden público debió, observar aun oficiosamente el resolutor primigenio; que sin justificación alguna se negó a cumplimentar su resolución; sólo por el hecho de que la persona que encontró en el interior del inmueble se opuso al desalojo ordenado, sin acreditar tener algún derecho respecto del inmueble, puesto que, como atinadamente el juez le explicó, ya había perdido en juicio el derecho tutelado por la escritura y la resolución se estaba ejecutando en contra de su causahabiente y sus copropietarios, lo que, no fue observado por el resolutor de origen, en el sentido de que se violaba su derecho de defensa, pues el mismo ya no tenía el derecho de propiedad al que aludió, por lo que dice, resulta ilegal y violatoria de los preceptos legales señalados, que garantizan el derecho a que se ejecute el convenio celebrado en autos, por lo que asegura, debe revocarse la resolución recurrida, ordenando el cumplimiento del auto de fecha 3 tres de noviembre del ario 2016 dos mil dieciséis, que ordenó ponerla en posesión del referido inmueble que se adjudicó en el presente juicio, a efecto de no dejarla en estado de indefensión y de no paralizar el procedimiento. Son esencialmente fundados los anteriores motivos de inconformidad. (.) Ahora bien, los agravios de la apelante van encaminados a combatir esencialmente, el hecho de que el juez primigenio no señaló día y hora para llevar a cabo la entrega real y material a su favor, como ésta lo pidió y a la que refiere tener derecho, conforme a lo establecido en los artículos 719 y 722 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, sino que dicha autoridad de primer grado, simplemente sostuvo que la solicitante debía estarse a lo determinado en la diligencia de diez de enero de dos mil diecisiete, sin esgrimir los motivos y fundamentos del por qué lo estimo de esa manera. Argumento que resulta fundado, porque el juez de origen, no fundó ni motivo por qué la decisión del actuario, en una diligencia de ejecución; sobre dejar a salvo los derechos de la actora al no poder en su concepto, entregar el inmueble, le obligaba, para ordenar a la quejosa que se estuviera a lo decidido por el actuario y no indicó el fundamento legal que permitía al actuario dictar resoluciones vinculantes sobre el tema. La negativa del resolutor de origen de ejecutar el auto de fecha 3 tres de noviembre de 2018; que ordenó poner a la ahora apelante en posesión real y material del inmueble adjudicado a su favor es violatorio de garantías. (.) En virtud de lo anterior, la determinación reclamada en esta instancia, es violatoria en detrimento de la parte apelante. En congruencia con lo anterior, lo que procede en reparación del agravio cometido en perjuicio de la apelante, es revocar, como así se hace, el auto apelado, a efecto de que se dé cumplimento al proveído de fecha tres de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, que ordenó poner a la adjudicataria, ahora apelante, en posesión real y material del inmueble materia de la adjudicación en su favor. Por consiguiente, el auto recurrido deberá quedar redactado en lo subsecuente, en los siguientes términos: "Uruapan, Michoacán, a 20 veinte de septiembre de 2018 dos mil dieciocho. (sic) Visto el escrito que suscribe María Olga Loya García, en cuando adjudicataria del bien inmueble rematado en autos, téngasele haciendo las manifestaciones que indica: asimismo, se le tiene exhibiendo copias certificadas del expediente 375/2017, y con ello manifestando que Roberto Mendoza Espinoza, es la misma persona. Como lo solicita, se señalan las (aquí el juzgado de primera instancia deberá señalar la hora en que tendrá verificativo la audiencia, de acuerdo con la agenda que se lleva en el mismo) del día (aquí se anotará el día) del mes de (también marcará el mes) de 2019 dos mil diecinueve, para que el tribunal se constituya en el inmueble consistente en un solar urbano con construcción para casa habitación, con frente a la calle Morelos número 125 ciento veinticinco de la colonia Morelos de la ciudad de Uruapan, Michoacán, y ponga en posesión real y material del mismo a la referida adjudicataria." SÉPTIMO. En la especie, dada la materia del presente recurso, no se actualiza ninguno de los supuestos fácticos a que se contraen los artículos 137, 138 y 140 del Código de Procedimientos Civiles, de condena forzosa al pago de costas, por tanto, no se hace especial condena en costas de esta instancia. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los artículos 682, 719 y 720 del ordenamiento procesal civil, se resuelve: PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO. Este tribunal es competente para conocer y resolver el presente recurso. SEGUNDO. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo indirecto civil número 622/2019, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, Michoacán, promovido por María Olga Loya García, contra actos de la Octava Sala Civil, se declaró insubsistente la sentencia pronunciada dentro del presente toca de fecha 31 treinta y uno de octubre de 2018 dos mil dieciocho. TERCERO. Resultaron esencialmente fundados los agravios expresados por María Olga Loya García. CUARTO. Se revoca el auto apelado, QUINTO. No se hace especial condena en costas de esta instancia. (...) Acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por el que, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Septima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, señala fecha y hora para llevar a cabo la diligencia ordenada y poner en posesión real y material del inmueble a la aquí quejosa. CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA Como se advierte del examen de las documentales aludidas, las que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende que la autoridad responsable cumplió en sus términos con la sentencia de amparo, dado que de las constancias enunciadas se advierte que el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán realizó lo siguiente: Se dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Octava Sala Civil Del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Dictó una nueva el cuatro de julio de dos mil diecinueve, fundada y motivada, en la que se determinó la operancia que le resultaba a los agravios presentados por la parte apelante (aquí quejosa), los cuales resultaron esencialmente fundados, ordenándose revocar el auto apelado y señalando como deberá ser redactado. Por su parte, el Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, en acatamiento a la nueva resolución emitida por la sala civil antes descrita, se sirvió señalar fecha y hora para llevar a cabo la diligencia ordenada en el auto apelado. En consecuencia, procede concluir que, el agravio sufrido por la parte quejosa ha sido reparado, por tanto, se declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Atento a lo anterior, se ordena notificar a la parte quejosa y tercero interesada, haciéndoles saber que cuentan con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, en términos de lo previsto por el artículo 196 de la citada legislación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCEROS INTERESADOS.

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